domingo, 10 de julio de 2016

La discusión sobre si los hombres pueden ser feministas


Diré mi opinión sobre este tema. Sé que con ello me ganaré el odio y la descalificación de muchas personas. No me importa. De todas maneras expresaré lo que pienso.

Jamás he creído que sólo puedo ser amigo de las personas que piensan igual que yo. Nunca he creído que tenga la verdad absoluta. Sólo tengo mi verdad, que puede coincidir o no coincidir con la verdad de otras personas.

Siempre defiendo mis ideas con profunda convicción, lo que no me impide cambiar de opinión cuando considero que la otra persona tiene una mejor idea. Pero esta posibilidad se da después de compartir vehementemente nuestras mutuas opiniones, lo cual implica dialogar.

Cuando alguien cancela el diálogo porque su interlocutor o interlocutora no piensa igual, cancela la posibilidad de entendimiento y de comprensión recíproca. Siempre, tras un diálogo fructífero y sincero, los o las participantes enriquecen su visión del mundo, hayan estado o no de acuerdo con la persona con la que dialogaron.

Lamento que el ideologismo dogmático de algunas personas les lleve a excluirme de su círculo de contactos o, peor, de amistades. La pérdida de contacto y la imposibilidad de compartir y conocer nuestra forma de pensar siempre será, para mí, lamentable.

Pero, no obstante las represalias, jamás diré nada por dar gusto a alguien o a un movimiento o a un partido o a un grupo de personas. Con franqueza, no me interesa quedar bien o mal con las personas en términos intelectuales. Sí me interesa no estar mal en términos personales. Me interesa compartir ideas con libertad. Sé muy bien qué valores defiendo y a partir de ello tomo mis propias decisiones. Ante todo, siempre, soy intelectualmente honesto.

La discusión sobre si los hombres pueden o no ser feministas me parece criticable si se pretende asumir una postura esencializante sobre ello con la finalidad de excluir. No sólo me parece criticable, sino peligroso.

Mi crítica a ciertas personas que asumen un discurso esencializante, no es una crítica a todos los feminismos, ni a las feministas que luchan por la libertad y la igualdad.

Mi crítica es a cierta forma de pensar que sostiene que la naturaleza, la historia o "el sistema" determina indefectiblemente las afinidades o las fobias ideológicas. Mi crítica es a esa idea que sostiene que los hombres nacieron o que "se hicieron necesariamente" machos y malvados y las mujeres feministas y buenas.

Me opongo a la idea de un orden social opresivo, sistémico, estructural e indefectible producto de la supuesta existencia de "leyes" permanentes surgidas de la historia de la Humanidad, que determinan con un sentido de necesidad el comportamiento humano y social opresivo. Pretender que el "patriarcado", como forma de gobierno ilegítimo, es consustancial a todos y cada uno de los hombres, implica considerar que hay cierto orden, cualquiera que sea su supuesto origen y fundamento, que determina el comportamiento opresivo de todos los hombres, como un absoluto.

Es cierto: hay una base empírica sólida para imputarle a muchos o pocos hombres la violencia sistemática (como conducta continua), generalizada y estructural en contra de las mujeres. No obstante, esa conducta opresiva de esos muchos o pocos hombres no es un designio natural ni una imposición de las "leyes de la historia", de un orden sistémico necesario o cualquier idea similar que pretenda coartar la libertad humana y su capacidad de decisión.

La violencia es una construcción cultural, social, política y contingente, por tanto no es consustancial a nadie. La gente decide ser violenta y decide oprimir a otras personas.

El orden patriarcal es producto de una hipertrofia del poder que ciertos hombres, muchos o pocos, con el apoyo de ciertas mujeres, muchas o pocas, han ejercido para construir y mantener ilegítimamente un régimen opresivo que implica privilegios inaceptables. Este orden opresivo que privilegia a ciertos hombres, muchos o pocos, en detrimento de la mayoría de las mujeres, es producto de la voluntad de quienes lo han construido.

Así como hay hombres que han construido el régimen patriarcal para mantener sus privilegios, hay otros hombres que abominan y combaten ese orden -que siempre será contingente- con tanta vehemencia como muchas mujeres que pelean para defender la libertad. Por eso, hay hombres, muchos o pocos, que critican sus privilegios, cuando los tienen, así como lo hacen las mujeres, muchas o pocas.

Ese es mi punto. Las posturas esencialistas y absolutas de ciertas personas que sostienen que una ideología está vedada por la ley causal o las leyes de la historia o un supuesto orden sistémico indefectible a aquellas personas que nacieron natural o socialmente con cierta forma de ser, son tan conservadoras, excluyentes y opresivas como el orden social ilegitimo que dicen combatir.

Conclusión:

No existen determinismos ni naturales ni históricos ni sistémicos respecto al comportamiento humano interactivo opresivo. El trato ilegítimo que nos damos socialmente es producto de la voluntad personal, en última instancia, aunque contingentemente la sociedad y sus instituciones puedan ejercer relativamente algún tipo de influencia. Nadie nace opresor o como victimario. El entorno influye de manera crucial pero no de manera determinante. El entorno, no impone ideologias ni formas de ser de manera necesaria. Se es opresor porque se desea oprimir. Son las personas las que deciden, siempre, ser opresoras, aunque se pretende mitigar la responsabilidad con la idea de supuestos órdenes necesarios, que sólo existen en la mente de los teóricos, pero que son desmentidos por nuestra experiencia diaria.

Me opongo radicalmente a las ideologías que pretenden coartar la libertad humana y evitar así la directa responsabilidad de cada individuo, con motivo de sus propios actos, en la construcción de cada sociedad histórica.

Cada quien responde por su propia forma de pensar y por sus propios actos en su justa dimensión, apreciación y alcance, independientemente de que dicha forma de pensar o que dichos actos se generalicen y se mantengan por cierto tiempo y en determinado lugar.

martes, 21 de junio de 2016

Ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones a los derechos humanos en contra de los maestros y pobladores de Oaxaca


Sin duda, la actuación de la Policía Federal en Oaxaca no tiene justificación alguna. El asesinato de 8 personas, con motivo de las protestas de la CNTE en contra de reforma educativa, deben calificarse como ejecuciones extrajudiciales e implican delitos graves, así como graves violaciones a los derechos humanos.

Hay una diferencia entre ejecuciones extrajudiciales, ejecuciones arbitrarias y ejecuciones sumarias, en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos.

En términos generales, las diferencias son las siguientes:

Las ejecuciones extrajudiciales son aquellos asesinatos deliberados, intencionales, a cargo de agentes del Estado -como policías y militares- o como consecuencia de la intervención de particulares que actúan con el apoyo, aquiescencia o por omisión de los agentes del Estado.

Las ejecuciones arbitrarias son aquellos asesinatos que son consecuencia del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública.

Las ejecuciones sumarias son aquellos asesinatos cometidos por la aplicación de la pena de muerte en circunstancias irregulares y, por tanto, ilícitas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha calificado las ejecuciones extrajudiciales como violaciones graves a los derechos humanos.

En Oaxaca, el asesinato de maestros y pobladores fue de manera deliberada. A la policía no "se le pasó la mano" cuando empleó la fuerza en contra del movimiento magisterial y popular.

Hay, ya, una gran cantidad de testimonios y evidencias -fotos y videos- que prueban que la Policía Federal iba armada y que, por ello, consideraba como posibilidad deliberada el uso de la fuerza letal. Estas mismas pruebas demuestran que la policía disparó a matar a los contingentes de maestros que protestaban desarmados.

Jamás debe llevarse ni usarse armas letales para controlar protestas en las que participan civiles desarmados. El Gobierno de Peña Nieto sabe que los maestros y las maestras de la Coordinadora, y la población que les acompaña y apoya, SIEMPRE están desarmados.

Por ello, en Oaxaca los asesinatos de profesores y pobladores, a cargo de la Policía Federal, son auténticas ejecuciones extrajudiciales e implican la violación grave del derecho a la vida y a otros derechos humanos en perjuicio de las víctimas directas, indirectas y población participante.

La CNDH debería, por tanto, ejercer su facultad constitucional de investigar la represión en Oaxaca como graves violaciones a los derechos humanos. El Ombudsperson está obligado por la Constitución a exigir que se finquen cargos penales y que se impongan responsabilidades políticas en contra de los policías participantes, así como en contra de los altos funcionarios del Estado.

Sobre el uso de la fuerza con motivo de protestas violentas y sin control

El uso de la fuerza pública para controlar protestas violentas jamás debe ser con fines letales cuando en ellas participan personas desarmadas.

Desde luego, lo ideal es no tener que usar la fuerza para controlar protestas que pueden afectar a personas ajenas al conflicto. Siempre debe recurrirse al diálogo y a la negociación para solucionar cualquier problema o reclamo.

Un Gobierno que opera en una sociedad con pretensiones democráticas y de protección de los derechos humanos jamás cancela las vías de entendimiento.

En los casos en los que el uso de la fuerza pública es necesaria, los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben actuar de la siguiente forma:

1. Si la policía sabe que son civiles desarmados los que organizan la protesta violenta, no debe llevar ni usar jamás armas letales.

2. Si las protestas se hacen violentas, pero sin armas letales, la policía puede y debe responder proporcionalmente, haciendo uso razonable de la fuerza, lo que excluye, desde luego, el uso de armas letales. El uso de la fuerza siempre será para controlar la situación y no se debe recurrir a ella con la finalidad de reprimir o castigar. Las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley, siempre deben velar por la protección de las personas.

3. Si las protestas se hacen violentas y algunos civiles usan armas letales y otros no, la policía debe replegarse para valorar la situación y después actuar de tal manera que la reacción jamás pueda dañar a los civiles desarmados.

Esta última situación implica una labor de valoración posterior y no en el momento, pues si la reacción es inmediata, la policía puede dañar a civiles inocentes y desarmados.

4. Cuando la policía actúa a sabiendas de que en la protesta participan personas desarmadas y que, quizá, también actúen personas armadas, no debe usar jamás la fuerza letal. No cabe el "pagan justos por pecadores".

La policía siempre debe velar por la protección y seguridad de los civiles desarmados, ya sea que participen en la protesta o, bien, que sean ajenos a ella.

5. Cuando la policía actúa en contra de civiles armados, usando la fuerza letal, sabiendo que también puede dañar a los civiles desarmados e inocentes, actúa con dolo eventual. Cuando la policía actúa así, acepta el daño a los inocentes en aras de repeler un ataque con armas de fuego y/o dar de baja a las personas armadas. Esto es criminal.

6. Una policía con inteligencia y bien entrenada no arrasa con inocentes y culpables y, menos, cuando tenemos una clara tradición de grupos infiltrados por el propio Gobierno y de participación de grupos extremista para provocar actos de represión.

Sin duda, Peña Nieto, Nuño, Osorio y demás funcionarios involucrados han comprometido su responsabilidad política y penal por las ejecuciones deliberadas por parte de la Policía Federal.


martes, 5 de abril de 2016

Comentarios a la ley reglamentaria del artículo 29 costitucional, sobre suspensión de derechos en estados de excepción

Comparto este video en el que expogo mi opinión sobre la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, "ley de suspensión de derechos", que recientemente aprobó el Congreso mexicano.

Aquí pueden consultar el dictamen del Senado y la versión turnada a la Cámara de Diputados que fue aprobada sin cambios:

Dictamen del Senado de la República

Documento remitido a la Cámara de Diputados

Aquí el video:



¿Ustedes qué opinan?

miércoles, 24 de febrero de 2016

En defensa del City Manager de la Miguel Hidalgo

Xóchitl Gálvez y Arne Aus den Ruthen. Foto de Irving Pineda.

Arne Sydney Aus den Ruthen Haag.

Sí, parece un trabalenguas impronunciable, pero es el nombre de uno de los políticos más interesantes de los que yo haya tenido memoria.

Arne -como le dicen- fue Jefe Delegacional de la Miguel Hidalgo y diputado local, en ambos casos por el PAN. Renunció al PAN y años después fue candidato independiente a Jefe Delegacional en la misma demarcación. Perdió frente a Xóchitl Gálvez, quien inteligente y generosamente lo invitó a trabajar con ella como "City Manager". Esta denominación para su cargo es un alias, pues la verdadera es Director General de Administración.

Como funcionario, Arne ha hecho lo que parecía impensable: obligar a los ciudadanos de la Miguel Hidalgo –por lo pronto– a respetar la ley. Y lo hace –claro– con el apoyo total de la jafa delegacional, Xóchitl Gálvez, mujer valiente y combativa que está decidida a que la Miguel Hidalgo sea un espacio para toda la ciudadanía y que se respeten las normas mínimas de convivencia. Las convicciones de Xóchitl y de Arne son sin duda subversivas, porque en México pedir que se respete la ley es, francamente, un acto revolucionario y provocador.

Desde hace unos meses, Arne ha encabezado operativos en contra de los "vecinos gandallas" que se apropian ilícita e ilegítimamente del espacio público, que, además, transmite en tiempo real mediante Periscope. Estas transmisiones –como era previsible– han provocado una interesante y novedosa polémica sobre los derechos humanos de los presuntos infractores que podrían ser afectados.

Algunos defensores de los derechos humanos, incluida la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez, se han pronunciado en contra de los operativos por diversas razones. En resumen, han argumentado que la difusión pública de los operativos implica la difusión de los datos personales de los presuntos infractores; los somete al escarnio y al odio público, que es una sanción no contemplada por las leyes, y viola sus derecho a la presunción de inocencia y a un trato digno.

Por cierto, algunas personas han dicho que Arne, con el cargo que ostenta, no tiene facultades para llevar a cabo esos operativos. No obstante, esta parte no la comentaré, porque la polémica se ha generado con motivo de la transmisión de los operativos en Periscope, que, además, es el tema que me interesa desarrollar.

No comparto ninguno de los argumentos de los detractores de la difusión de los operativos. Por ello, los refutaré uno a uno. Además, todos los argumentos que han expuesto me parecen muy elementales. Ninguno de los detractores, incluida la presidenta de la CDHDF, ha considerado todas las aristas que deben atenderse para analizar el estatus jurídico de la difusión pública de los operativos. No se puede partir de un criterio tan básico como el que han expresado los opositores.

Me parece que el análisis tiene que considerar la naturaleza de los hechos difundidos, del lugar donde se llevan a cabo, así como el interés que subyace en el desarrollo de los operativos. Además, debe considerar quién es la persona que difunde el operativo, así como quién es la personas que, eventualmente, puede llegar a ser objeto de la difusión de los mismos.

A continuación desarrollaré los siguientes temas: i) el alegado “escarnio público” como sanción innecesaria, ii) el derecho a la presunción de inocencia de los presuntos infractores y iii) la alegada difusión ilícita de “datos personales”.

Sobre el alegado “escarnio público” como sanción innecesaria

El objeto fundamental y principalísimo de las transmisiones de Arne por Periscope son los operativos que ejecutan las autoridades delegaciones para hacer cumplir las normas de convivencia. De ninguna manera, el objetivo de las transmisiones es difundir la conducta de los ciudadanos fuera del contexto de los operativos. Me parece muy relevante destacar esto.

No puede ser ilícita la difusión de los acontecimientos como lo hace Arne, pues todas las transmisiones se realizan en lugares públicos, ya que se llevan a cabo en la calle; se difunden hechos públicos, ya que pueden ser presenciados por todos, justamente por el lugar en el que se desarrollan; y exponen información de interés público, como es el caso de los acontecimientos que se presentan en los operativos para hacer cumplir las normas de convivencia. Ante el desorden generalizado y el abuso de autoridad que padecemos en todo el país, con énfasis, por supuesto, en la Ciudad de México, a toda la gente le interesa saber qué hace la autoridad y qué hacen los ciudadanos ante la exigencia de que se cumpla la ley  –la cantidad de seguidores de las transmisiones de Arne lo demuestra–. Por ello, lo que hace Arne es un ejercicio inédito de transparencia que permite que el comportamiento de todos, autoridad y ciudadanos, esté a la vista de todo el mundo. La publicidad de todos los acontecimientos –por el lugar en donde se desarrollan, los hechos que se difunden y el interés de los operativos– es una garantía para la protección de lo derechos humanos de todos los involucrados, incluidos los propios funcionarios. También son un factor de control social de los actos de las autoridades delegacionales cuando ejercen sus funciones.

La dura crítica a la reacción violenta, prepotente y grosera de los presuntos infractores que son, eventualmente, objeto de la difusión de los operativos, no es consecuencia de una conducta ilícita por parte de la autoridad, por tanto a esta última no le debe generar consecuencias jurídicas negativas. Además, la crítica es el ejercicio de la libertad de opinión de los ciudadanos ante la difusión de hechos que son de interés público, como ocurre en el caso del desarrollo de operativos que le importan a toda la gente, pues tienen que ver con el cumplimiento del deber de la autoridad de hacer cumplir las normas de convivencia. Por tanto, la crítica no es “escarnio”, ya que es producto del ejercicio legítimo de un derecho que es opinar respecto de acciones que, además, son producto de acciones lícitas de la autoridad. Por las mismas razones, la crítica no es una sanción, ni es una pena, como incorrectamente pretende que lo sea la CDHDF. Es peligrosísimo que en una sociedad que aspira a ser democrática, como la mexicana, la crítica se califique como “escarnio” o como “sanción” ilegal, cuando ésta es dura, directa e incómoda y tiene que ver con hechos que son del interés público.

Además, la crítica negativa y dura de la gente –si se analiza objetivamente– no es por la infracción que en sí cometen las personas, sino, fundamentalmente, por la reacción ilegítima de algunos presuntos infractores, ante la exigencia legítima de la autoridad de que se respeten las normas de convivencia. Muchos presuntos infractores, prepotentes e influyentes, reaccionan como si defendieran la verdad, la justicia y el derecho, como si toda la sociedad estuviera mal y ellos bien. La gente tiene pleno derecho a criticar duramente estas nefastas conductas que se han convertido en una auténtica lacra en nuestro país. ¡Basta de Lords y de Ladies –como jocosamente los ha calificado la ciudadanía indignada–, que se amparan en el anonimato para corromper e imponer su poder y sus intereses como si fueran los de todos! La principal aliada de la impunidad es la opacidad, no perdamos de vista esto.

Distinto sería si la difusión de la conducta de las personas, por parte de la autoridad, se hiciera fuera del contexto de los operativos. Todas las personas tienen el derecho a la vida privada, inclusive si se encuentran en la calle. Por ello, las autoridades violarían el derecho a la privacidad de las personas si las transmisiones por Periscope tuvieran el propósito de exponer cuáles son las actividades cotidianas de alguien, cuando la persona que es objeto de la difusión no ha dado su autorización para ello. Esto equivaldría a un acto de espionaje que resultaría notoriamente violatorio del derecho a la vida privada.

Otro ejemplo de una conducta que violaría los derechos humanos de los ciudadanos está en lo que hacían las autoridades municipales de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con las personas que eran sancionadas por tirar basura ilegalmente. El ayuntamiento decidió difundir en espectaculares las caras de los infractores que habían sido sancionados. Las fotos expuestas eran las que les habían tomado tras ser arrestados. Las autoridades exponían a los infractores con una leyenda que decía: “Detenido por cochino”. Además, los espectaculares –que eran varios– se encontraban en las principales vías de tránsito del municipio.

La mala e ilícita práctica del ayuntamiento de San Nicolás terminó cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León apercibió –con toda razón– a las autoridades municipales por la violación a los derechos humanos de los infractores.

¿Cuál es la diferencia de lo que hacía el ayuntamiento de San Nicolás de los Garza con lo que hacen en la delegación Miguel Hidalgo? Me parece que se encuentra, primero, en el objeto de la difusión del espectacular, que era la infracción en sí misma, que habían cometido las personas, así como el resultado del procedimiento que se les había seguido, en el que resultaron sancionadas. A diferencia con la Miguel Hidalgo, las autoridades de San Nicolás no difundían los operativos en sí, sino que su objeto eran las personas sancionadas, la infracción cometida y la sanción impuesta. El segundo elemento que hace la diferencia, lo encuentro en la imposibilidad del ciudadano de decidir la forma como su imagen es difundida en un medio público tras un arresto. Esto último, es determinante.

Debo insistir que la notable diferencia entre San Nicolás y la Miguel Hidalgo radica que en que esta última difunde en tiempo real operativos de interés público –que es el objeto fundamental de la transmisión por Periscope–, que realiza en la calle, respecto de hechos públicos. En cambio, para el municipio, el objeto de la difusión consistía en la imagen del infractor tras ser sancionado, así como la sanción impuesta. Lo anterior se agravaba, con la decisión de las autoridades municipales de difundir públicamente información generada en un espacio cerrado, que en este caso eran las oficinas de las autoridades administrativas sancionadoras que habían llevado a cabo el procedimiento contra la persona. Adicionalmente, la información difundida por las autoridades eran los datos personales de los infractores que había obtenido por medio de los procedimientos de sanción: las fotografías de sus rostros, sus nombres y sus antecedentes sobre las sanciones administrativas impuestas.

Las autoridades de la Miguel Hidalgo no utilizan Periscope para difundir información sobre el desarrollo o los resultados de los procedimientos administrativos que llevan a cabo contra los presuntos infractores en sus oficinas, lugares cerrados, que no son de acceso público generalizado. Nunca han difundido la información que generan en los expedientes, ni los nombres, ni las fotografías de los infractores, ni los antecedentes sobre las sanciones administrativas de ninguna persona.

Lo anterior me lleva al segundo tema que expondré: el derecho a la presunción de inocencia de las personas cuya imagen se difunde en las transmisiones de los operativos.

La alegada violación al derecho a la presunción de inocencia

Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación han determinado que en materia sancionatoria administrativa aplican los principios del derecho penal, entre ellos, el de la presunción de inocencia. Según dispuso la Corte, este principio opera como regla de trato. Esto significa que nadie debe ser tratado como culpable hasta que se demuestre lo contrario. Este tema, el de la regla de trato, lo quiero analizar considerando que la difusión de la información que hace Arne por Periscope, es respecto de los hechos públicos, desarrollados en la calle, que se presentan antes de que las personas sean sancionadas. No debe perderse de vista que Arne sólo difunde el desarrollo de los operativos y no el desarrollo de los procedimientos de sanción ante los jueces cívicos, ni la información contenida en los expedientes.

Como lo dije antes, un elemento central en la distinción entre lo que hacían las autoridades de San Nicolás de los Garza con lo que se hace en la Miguel Hidalgo radica en la completa libertad con la que los propios presuntos infractores deciden cómo comportarse ante la difusión de los acontecimientos que Arne hace por Periscope. Aquí entra un elemento absolutamente contingente que escapa por completo a la voluntad de la autoridad que realiza el operativo: la conducta que asumirá el presunto infractor. Es imposible saber cómo reaccionarán los ciudadanos en los operativos. Algunos actuarán decentemente, pero otros, muchos, responderán violentamente, con groserías y con amenazas. Por tanto, son los propios presuntos infractores los que deciden cómo quieren que su imagen, obtenida lícitamente por la autoridad, sea apreciada por el resto de los ciudadanos que siguen en vivo las transmisiones o que, después, ven los videos tanto en Periscope como en Youtube o en cualquier otra plataforma. Si el presunto infractor reacciona decentemente, como se esperaría de una persona civilizada y cívica, las personas no lo criticarán, al contrario, reconocerán su buen comportamiento. Pero si el presunto infractor actúa prepotentemente será duramente criticado, como es el derecho de todas las personas que viven en un país que pretende ser democrático, en el que está reconocida la libertad de expresión, de crítica y de opinión.

Por lo anterior, no puede existir una afectación al derecho de presunción de inocencia de las personas, como regla de trato, pues, primero, no se difunde información sobre los procedimientos de sanción ante los jueces cívicos y, segundo, es la propia persona, presunta infractora, la que decida libre y voluntariamente cómo quiere que su imagen sea apreciada por los demás. Sobre esto último no existe ningún tipo de injerencia por parte de la autoridad, pues no tiene posibilidad de controlar las decisiones que determinarán el comportamiento de las personas. Por otro lado, en los operativos no se hace pronunciamiento alguno sobre la culpabilidad o inocencia de los presuntos infractores, pues eso es decisión de los jueces cívicos o de los magistrados del tribunal contencioso administrativo o de los jueces de amparo, sino que simplemente se ejecutan en ejercicio de las facultades que la ley le otorga a las autoridades delegacionales, a partir de hechos objetivamente apreciables de los que se da cuenta durante las transmisiones.

La libertad de decidir cómo comportarse ante la transmisión del desarrollo de un operativo por Periscope, como lo hace Arne, es crucial para distinguir las malas prácticas de las autoridades cuando difunden la imagen de las personas tras ser detenidas, con esposas, y ante los medios de comunicación. O como lo hacían las autoridades de San Nicolás de los Garza. En los dos últimos casos –a diferencia de lo que pasa en la Miguel Hidalgo– la persona no puede decidir cómo comportarse ni cómo su imagen será difundida en el medio público. En estos casos, las autoridades tienen toda la responsabilidad y el control de la forma como será difunda la imagen de la persona presunta infractora o ya sancionada.

Como se puede apreciar de los videos que se han hechos públicos, en ningún de ellos Arne provoca a nadie. Él simplemente hace notar por qué se viola la ley y cuál será la consecuencia. Es la propia gente, presunta infractora, la que nos regala joyas divinas, como esa de la señora de la Sotelo, que por dicho de ella misma era servidora pública, que tiraba la basura en la calle, que le dijo a Arne "ignorante" y "quítate porque si no te pego en los guevos". O que tal el finísimo señor Raúl Libién, director de Miled, mejor conocido como el "Lord Me La Pelas", que le dijo a Arne que "le pelaba la verga parada", porque al funcionario se le ocurrió la "afrenta" de hacer que los guaruras del poderoso caballero no dejaran estacionados sus coches sobre la banqueta. O qué tal el vigilante que encañonó a Arne cuando retiraba conos para usar ilegalmente la calle como estacionamiento privado. O que tal cuando Arne fue levantado y golpeado por los presuntos escoltas de Raúl Libién, quienes además le robaron su teléfono celular.

Sobre la alegada difusión de “datos personales” en los operativos.

Resulta completamente equivocado que la CDHDF sostenga que la difusión de la imagen de una persona, tomada en un operativo con las características que he expuesto, implique difundir “datos personales”. La razón fundamental es que la imagen de la persona es tomada en un lugar público, respecto de hechos que son apreciables libremente por toda la gente y, fundamentalmente, en el contexto de un operativo de interés público. La misma regla aplica en el caso de otro tipo de información que por la naturaleza enteramente pública del acontecimiento también puede ser susceptible de ser difunda: las placas de los vehículos, las fachadas de las casas, etc. No deberán difundirse por parte de la autoridad aquellos datos que no sean de natural difusión con motivo de la publicidad del operativo. Me refiero a los nombres de las personas, los datos contenidos en los expedientes, la sanción impuesta y cualquier antecedente que tenga que ver con esto último.

Conclusión

Proporciones guardadas, el caso de Arne y de Xóchitl Gálvez me recuerda al caso de Giovanni Falcone, que Roberto Saviano expone magistralmente en un relato intitulado La maquina de fango, que es parte del libro Vente conmigo (editorial Anagrama). En este relato, Saviano muestra la incomprensión de la que fue víctima el fiscal Falcone en su lucha por combatir al crimen organizado en Italia. El fiscal alcanzó gran popularidad y notoriedad que provocó la envidia y la crítica tanto de figuras de la izquierda como de la derecha italiana, de intelectuales y de ciudadanos. Nadie quiso reconocerle en vida a Falcone su esfuerzo, su lucha, su sinceridad y el riesgo que decididamente tomaba para que en Italia se respetara la ley. No fue sino hasta que Falcone fue ejecutado por la mafia Italiana que tirios y troyanos reconocieron el gran valor del grandísimo fiscal.

Ahora, Xóchitl y Arne enfrentan la incomprensión de muchas personas que no se dan cuenta de su gran labor y del enorme riesgo que asumen. Todos fuimos testigos de las amenazas que ha sufrido Arne por su trabajo, así como del levantón y la agresión física que padeció por parte de los presuntos escoltas de Raúl Libién.


Por eso afirmo que ni de forma ni de fondo Arne actúa mal. Me complace que en el país de la impunidad, la opacidad y la prepotencia, haya funcionarios como Arne y como Xóchitl que con grandísima valentía arriesgan su vida y su integridad física por simplemente pedir que se respeten las reglas de convivencia. Pero en el país del cinismo pedir esto es peligroso hasta para la propia autoridad.

Aquí les dejo algunos videos de los operativos que lleva a cabo Arne.







jueves, 6 de agosto de 2015

Queja a la CNDH por violaciones graves a los derechos humanos por la masacre de la Colonia Narvarte

Justicia para los 5
QUEJA POR VIOLACIONES
GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS




Luis Raúl González Pérez
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos


Con fundamento en los artículos 1º, 8º y 102, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 y 26 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los abajo firmantes presentamos formalmente esta queja con la finalidad de que el organismo público que usted encabeza inicie una investigación por hechos que configuran graves violaciones a los derechos humanos. Los hechos y el fundamento jurídico de nuestra solicitud en vía de queja, son los siguientes:

HECHOS Y CONTEXTO

Por conducto de comunicados de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de diversos medios de comunicación, se ha hecho público que el viernes 31 de julio de 2015 el fotoperiodista Rubén Espinosa, la defensora de los derechos humanos Nadia Vera, Yesenia Quiroz Alfaro, y dos mujeres más que hasta ahora se sabe una se llamaba Nicole o Simone y la otra Alejandra, que era trabajadora doméstica, fueron asesinado y asesinadas de manera cruel en un departamento ubicado en la calle Luz Saviñón, de la colonia Narvarte. Según ha trascendido, las víctimas fueron torturadas y ejecutadas con el tiro de gracia. Inclusive se ha difundido públicamente que algunas de las víctimas mujeres fueron agredidas sexualmente antes de ser asesinadas. Estos últimos casos deben ser considerados como feminicidios, tanto por las lesiones infamantes que presentan los cuerpos, como por la tortura sexual que las víctimas padecieron.

Igualmente, se ha hecho público que el periodista Rubén Espinosa y la defensora de los derechos humanos Nadia Vera que vivían y trabajaban en el Estado de Veracruz fueron amenazados y hostigados por el Gobierno de la entidad, cuyo gobernador es Javier Duarte. Según denunciaron las propias víctimas en diversas entrevistas, su trabajo era la razón por la que recibían amenazas, eran hostigados y perseguidos por agentes del Estado, por personas presuntamente vinculadas con el Gobierno de Veracruz. En el caso de Rubén, su labor como fotoperiodista, y en el caso de Nadia, su trabajo como promotora y defensora de los derechos humanos, provocó las agresiones en su contra. Con motivo de lo anterior, tanto Nadia como Rubén se vieron obligados a trasladarse al Distrito Federal, en busca de protección, pues temían un ataque en contra de su vida y de su integridad personal. Rubén Espinosa llevaba viviendo en Veracruz 8 años y en el mes de junio de este año se refugió en la Ciudad de México, según informó Artículo 19, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos de las y los periodistas.  

Rubén Espinosa trabajaba para la revista Proceso, para la agencia Cuartoscuro y para AVC Noticias. Como fotoperiodista cubría movimientos sociales. Espinosa cubrió, entre otras, las movilizaciones y protestas por la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, por el asesinato de periodistas en Veracruz y en el país, así como la brutal represión del Gobierno de Veracruz en contra de los estudiantes de la Universidad Veracruzana que realizaban un acto de protesta. Rubén Espinosa se caracterizó por ser un periodista comprometido con la defensa de los derechos humanos; su trabajo reflejaba este compromiso. Se ha hecho público que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, enfureció aún más por las fotos que Rubén Espinosa le había tomado, particularmente dos, una, en la que Duarte aparecía con una gorra de la policía, y otra, en la que Duarte hacía una mueca de enojo mientras era entrevistado.

Nadia Vera era una antropóloga, originaria de Chiapas, activista, defensora de los derechos humanos, ex integrante del movimiento social Yo Soy 132 en el Estado de Veracruz. Era promotora cultural. Nadia era muy activa apoyando a los movimientos sociales. Apoyó las movilizaciones por la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, respaldó al movimiento magisterial y protestó por las agresiones y asesinatos de periodistas tanto en Veracruz como en el resto del país. Como activista, fue reprimida varias veces mientras participaba solidariamente en protestas y movilizaciones pacíficas. Se ha difundido en diversas notas de prensa que en 2012, en Xalapa, Nadia fue detenida y golpeada por policías. En 2013, también fue golpeada durante un violento desalojo de maestros en la Plaza Lerdo. En 2012, según difundió el diario La Jornada, el domicilio de Nadia fue allanado en el Estado de Veracruz. Por lo anterior, en una entrevista para Rompeviento TV, Nadia denunció que era víctima de persecución por parte del Gobierno de Veracruz y responsabilizó a Javier Duarte, el gobernador, de cualquier cosa que le pasara a ella, a su familia y a sus amigos.

Yesenia Quiroz Alfaro, hasta donde se ha hecho público, era maquillista o modelo, al parecer era originaria de Morelia, y vivía en el departamento en el que las 5 víctimas fueron torturadas y ejecutadas. Nicole, Simone o Mile Virginia Martin, era de origen colombiano, y Alejandra, era la trabajadora doméstica que vivía en el Estado de México y hacía la limpieza en el departamento.

Los delitos cometidos contra periodistas son competencia de la Federación y por ello, la Procuraduría General de la República (PGR) debe intervenir, (como fundadamente se verá mas adelante) Para conocer de los delitos cometidos en contra de los periodistas, cuando dichos actos tienen que ver con su trabajo profesional, la PGR creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), actualmente a cargo de Ricardo Nájera. Asimismo, como en el caso existen violaciones graves a los derechos humanos, la CNDH tiene competencia para investigar los hechos y emitir una recomendación que contribuya para que los hechos se esclarezcan, se identifiquen y sancionen a los responsables, y se repare adecuadamente a las víctimas. Actualmente, la investigación del caso la realiza la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que integra la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07. La PGR inició el acta circunstanciada 139/FEADLE/2015.

Calificamos el asesinato de las 5 víctimas como una masacre. Una masacre se caracteriza fundamentalmente por el estado de total indefensión en el que se encuentran las víctimas frente a los victimarios, así como por los actos de crueldad que se cometen en contra de las primeras por parte de los segundos. En hechos como estos resalta la posible intervención de agentes del Estado o de personas que actúan con la anuencia, aquiescencia y tolerancia de los agentes estatales. En el caso de la colonia Narvarte, se ha hecho público que los victimarios contaban con armas de fuego de alto calibre con las que sometieron a las víctimas, las cuales fueron agredidas y amarradas de pies y manos. Posteriormente fueron torturadas. En el caso de algunas de las mujeres víctimas, la tortura consistió en agresiones sexuales; trascendió que dos de las víctimas mujeres fueron violadas. Posteriormente, todas las víctimas fueron asesinadas. Al estar presuntamente involucrados en estos hechos agentes del Estado o personas vinculadas con agentes del Estado o que actuaron con la anuencia, aquiescencia o tolerancia de agentes estatales, los actos de violencia a los que fueron sometidas las víctimas antes de ser privadas de la vida, son considerados actos de tortura y los asesinatos (homicidio y feminicidios) deben considerarse ejecuciones extrajudiciales e investigarse de manera conjunta, con base en los estándares internacionales de derechos humanos.

En el caso de la masacre de la colonia Narvarte, existen sólidos indicios de que los hechos tienen origen en el trabajo periodístico de Rubén Espinosa y en el activismo social y a favor de los derechos humanos de Nadia Vera. Los indicios que se conocen apuntan al gobernador del Estado de Veracruz, quien debe ser investigado, pues las víctimas explícitamente lo responsabilizaron de los ataques que sufrieron mientras trabajaban en Veracruz e incluso mientras permanecían en el Distrito Federal. Por tanto, se hace indispensable que las autoridades que conocen actualmente del caso prioricen esta línea de investigación y no privilegien otras como las de un posible robo o un ajuste de cuentas por asuntos de supuesto narcotráfico en contra de una de la víctimas mujeres que vivía en el departamento, lugar de los hechos.

Asimismo, la masacre de la colonia Narvarte está enmarcada en un contexto de violencia grave, objetiva, sistemática y generalizada en contra de las y los periodistas en el estado de Veracruz, lo que agudiza el riesgo de las y los periodistas y personas defensoras de derechos humanos que aún se encuentran en la entidad, así como de aquellas que han tenido que desplazarse a otros estados con la intención de salvaguardar su vida e integridad. Según la organización civil de derechos humanos Artículo 19, a principios de 2014, el Estado de Veracruz estaba catalogado como la entidad más peligrosa en América Latina para ejercer el periodismo. Hasta esa fecha, iniciando desde 2011, 10 periodistas habían sido asesinados. En todo el país, del 2000 a la fecha han sido asesinados 88 periodistas. El grave riesgo a que están sometidos los y las periodistas en Veracruz y en el país para ejercer su profesión fue documentado por la organización Artículo 19 en su informe “Disentir en silencio: Violencia contra la prensa y criminalización de la protesta, México 2013”. Los casos de Rubén y de Nadia se presentan en este grave contexto represivo, imputado tanto por las víctimas como por amplios sectores de la sociedad a Javier Duarte, gobernador del Estado de Veracruz, quien a la fecha no ha sido investigado por la situación que impera en la entidad que gobierna. Lo anterior, exige una declaración de Alerta e intervención urgente por parte del Estado mexicano ante el contexto sistemático de violencia contra personas defensoras de los derechos humanos y periodistas en la entidad.


FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA QUEJA

La Constitución Federal dispone lo siguiente:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

[…]

XXI. Para expedir:

a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.

b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellos deben imponerse; así como legislar en materia de delincuencia organizada;

c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismo alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fueron común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales.

Como puede apreciarse, el penúltimo párrafo de la fracción XXI del artículo transcrito equipara los delitos en contra de los periodistas como delitos federales. Esto significa que este tipo de delitos fue “federalizado”. También es claro, que la competencia de la PGR respecto de los delitos cometidos en contra de periodistas surte de manera obligatoria y directa. En efecto, según el párrafo analizado, lo que es potestativo para la PGR es el conocimiento de los delitos del fueron común que tengan conexidad con los delitos cometidos en contra de periodistas. Por lo anterior, la PGR está obligada constitucionalmente a investigar la masacre de la colonia Narvarte, pues una de las víctimas es un periodista.

Lo anterior se refuerza por lo dispuesto en el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales que la letra establece:

Artículo 10. […]

[…]

En los casos de delitos del fueron común cometidos contra algún periodista, persona o instalación, que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, el Ministerio Público de la Federación podrá ejercer la facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos, y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos. Esta facultad se ejercerá en los casos de delitos en los que se presuma intención dolosa y cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:

I. Cuando existan indicios de que en el hecho constitutivo de delitos hubiere participado algún servidor público de los órdenes estatal o municipal;

[…]

III. Cuando se trate  de delitos graves así calificados por la ley;

[…]

VI. Cuando los hechos constitutivos de delito impacten de manera trascendente al ejercicio al derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta;

VII. Cuando en la entidad federativa en la que se hubiere realizado el hecho constitutivo de delito o se hubieren manifestado sus resultados, existan circunstancias objetivas y generalizadas de riesgo para el ejercicio del derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta;

VII. Cuando el hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas;

[…]

En el caso de la masacre de la colonia Narvarte se presentan todos los elementos anteriormente transcritos: i) Existen indicios objetivos de la intervención de agentes estatales vinculados al Gobierno de Veracruz; ii) una de las víctimas es un periodista que por su labor fue perseguido y reprimido por el Gobierno de Veracruz y por eso se encontraba refugiado en el Distrito Federal; iii) los delitos cometidos en contra de las víctimas son graves: homicidio, feminicidio, violación y tortura; iv) los delitos anteriores impactan en el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, tanto por la labor periodística como por el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, pues los indicios apuntan a que Rubén Espinosa y Nadia Vera fueron acosados por su trabajo periodístico y de activismo social; v) los delitos que se cometieron en contra de Rubén Espinosa ha trascendido el ámbito de dos entidades federativas: Veracruz, en donde empezó el hostigamiento, y el Distrito Federal, en el que el periodista fue ejecutado y vi) en una de las entidades federativas involucradas, Veracruz, existen condiciones objetivas de riesgo para el trabajo periodístico, documentadas ampliamente, y que están íntimamente vinculadas con el asesinato de Rubén Espinosa y el resto de las víctimas.

Dichas consideraciones, encuentran coincidencia con lo referido recientemente por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien en relación con el presente caso manifestó:   

La Relatoría Especial considera que se debe evaluar de manera urgente si deben activarse los mecanismos de atracción de manera que estos casos puedan ser investigados y judicializados de inmediato por las autoridades federales. Asimismo, considera esencial que se consolide el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y que se fortalezcan los mecanismos de coordinación interinstitucional entre las autoridades federales y los distintos niveles del gobierno para asegurar la adecuada adopción e implementación de las medidas de protección, especialmente para aquellos periodistas en situación de riesgo que debieron desplazarse.[1]

Por lo anterior, la PGR, por conducto de la FEADLE, debe ejercer con prontitud la facultad de atracción para conocer de todos los delitos del fueron común conexos con el homicidio de Rubén Espinosa; garantizando la integralidad de las investigaciones y la debida diligencia mediante la aplicación de la perspectiva de género y de derechos humanos. La competencia de la PGR es obligatoria, por mandato constitucional, no obstante, se ha negado a conocer de los hechos de la colonia Narvarte y ha permitido que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal lleve a cabo la investigación; máxime que, mediante comunicado oficial de la PGJDF difundido el pasado 3 de agosto, dicha dependencia local informó que recibió de la FEADLE copia certificada de la averiguación previa iniciada por Rubén Espinosa en septiembre de 2013, por hechos que ponían en riesgo su vida e integridad, relacionados con su trabajo periodístico en Veracruz. No obstante lo anterior, la Procuradora General de la República hizo público mediante su cuenta de Twitter que la FEADLE sólo integra un acta circunstanciada.

Por otro lado, la CNDH tiene competencia constitucional para investigar casos en los que existan violaciones graves a los derechos humanos. El Artículo 102, apartado B, último párrafo, de la Constitución Federal establece lo siguiente:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.

En el caso de la colonia Narvarte se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, presuntamente por parte de agentes del Estado, como ya se ha indicado. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha calificado la tortura, las ejecuciones sumarias o extrajudiciales y la violencia sexual en contra de las mujeres, como graves violaciones a los derechos humanos:

129. Ante esta situación, la Corte reitera su jurisprudencia constante sobre la incompatibilidad de figuras como la prescripción y la amnistía en los casos de graves violaciones a los derechos humanos, que de manera clara ha establecido que:

‘El Estado debe garantizar que los procesos internos tendientes a investigar [eventualmente] sancionar a los responsables de los hechos de este caso surtan sus debidos efectos y, en particular, de abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad. En ese sentido, el Tribunal ya ha señalado que […] son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extrajudiciales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos’.[2]

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que la violencia sexual en contra de las mujeres es una forma de tortura:

114. Independientemente de lo anterior, la Corte ha establecido que un acto de tortura puede ser perpetrado tanto mediante actos de violencia física como a través de actos que produzcan en la víctima un sufrimiento psíquico o moral agudo. Adicionalmente, este Tribunal ha reconocido que la violencia sexual es una experiencia sumamente traumática que tiene severas consecuencias y causa gran daño físico y psicológico que deja a la víctima “humillada física y emocionalmente”, situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece en otras experiencias traumáticas. De ello se desprende que es inherente a la violación sexual el sufrimiento severo de la víctima, aun cuando no existe evidencia de lesiones o enfermedades físicas. En efecto, no en todos los casos las consecuencias de una violación sexual serán enfermedades o lesiones corporales. Las mujeres víctimas de violación sexual también experimentan severos daños y secuelas psicológicas y aun sociales[3].

En el caso de la masacre de la colonia Narvarte, las víctimas fueron torturadas, algunas violadas y todas ejecutadas extrajudicialmente, presuntamente por agentes del Estado. Las propias autoridades capitalinas, que actualmente realizan las investigaciones, han dicho que no descartan la línea de investigación relacionada con el gobernador del Estado de Veracruz.

Por ello, la CNDH debe investigar este caso por las diversas conductas ilícitas que tipifican graves violaciones a los derechos humanos. En estos términos, no cabe la reserva respecto de la información que se incorpora en el expediente que integran las autoridades del Estado sobre este caso, pues así lo dispone el artículo 5 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

La CNDH, por tanto, en este caso está obligada a divulgar públicamente el proceso de su investigación y sus resultados, pues la sociedad mexicana tiene derecho a conocer la verdad. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que:

78. Por consiguiente, la Corte reitera que el Estado tiene la obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones de la Convención Americana en el presente caso, así como de divulgar públicamente los resultados de dicha investigación y sancionar a los responsables[4].


PRUEBAS

1. Entrevista al periodista Rubén Espinosa para Rompeviento. Televisión por internet, en la que narra el hostigamiento del que había sido víctima por parte del gobierno del Estado de Veracruz. La entrevista se puede ver en el siguiente vínculo: http://rompeviento.tv/RompevientoTv/?p=2003

2. Entrevista a la defensora de los derechos humanos Nadia Vera para Rompeviento. Televisión por internet, en la que narra la situación de violencia en contra de los movimientos sociales y los periodistas en el Estado de Veracruz y responsabiliza a Javier Duarte, gobernador de la entidad, por cualquier cosa que le ocurra a ella, a su familia y a sus amigos. La entrevista se puede ver en el siguiente vínculo: http://rompeviento.tv/RompevientoTv/?p=2031

En los próximos días seguiremos aportando pruebas y argumentos adicionales.

PETITORIOS

Por lo expuesto y fundado, a usted, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con base en nuestro interés jurídico solicitamos:

Para esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos:

Primero. Se admita la presente queja y se integre un expediente de queja e investigue el caso por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos. Todos los elementos se configuran, según los estándares internacionales de derechos humanos. En el caso de la colonia Narvarte se cometieron ejecuciones extrajudiciales, tortura y violencia sexual en contra de las mujeres, conductas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos a calificado como graves violaciones a los derechos humanos.

Segundo. Requiera información sobre las diligencias realizadas de forma oficiosa por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en relación con el caso que nos ocupa.

Tercero. Informe de las acciones que esta CNDH ha realizado de manera oficiosa en relación con las investigaciones y medidas de protección que debió garantizar la PGR desde la presentación de la denuncia de Rubén Espinoza en septiembre de 2013, así como las desahogadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Cuarto. Que por tratarse de un caso de graves violaciones a los derechos humanos, pedimos que se nos permita el acceso a la investigación del caso, pues no cabe la reserva de la información, según lo dispone la Ley General de Transparencia. Como sociedad tenemos derecho a la participación y a la verdad, en su dimensión colectiva. Estamos legitimados para supervisar la investigación que realicen las autoridades.

Que esta CNDH, solicite a la Procuraduría General de la República:

Primero. Ejerza de manera urgente la facultad de atracción respecto del homicidio del periodista Rubén Espinosa, así como de los 4 feminicidios, en el que una de las víctimas era una defensora de los derechos humanos y se investigue además la tortura por violencia sexual de la que fueron objeto, garantizando la participación de las víctimas y la coadyuvancia en todas las actuaciones.

Segundo. Informe de manera fundada y motivada la omisión de investigar el caso del homicidio del periodista Rubén Espinoza y de atraer los cuatro feminicidios conexos, cuando tiene competencia constitucional directa respecto del primero, y que exponga las razones por las que no dio trámite a la investigación cuando existe una denuncia ante la FEADLE por parte del periodista desde septiembre de 2013.

Tercero. Informe qué medidas de protección a implementado para garantizar la seguridad, vida e integridad de las y los periodistas del estado de Veracruz, tengan o no averiguación previa, así como de todas aquellas víctimas directas, indirectas y potenciales.

Cuarto. Informe de las acciones de colaboración en materia de protección e investigación con la PGJDF y con la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz.

Quinto. Informe de las acciones de colaboración con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación para la protección de las y los periodistas del estado de Veracruz.  

Que esta CNDH, solicite a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal:

Primero. Informe de manera fundada y motivada la omisión de declinar la competencia a la Procuraduría General de la Republica, particularmente a la FEADLE.

Segundo. Informe sobre las diligencias realizadas en la investigación, vinculadas con el trabajo periodístico de Rubén Espinoza, desde el momento en que tuvo conocimiento de los hechos delictivos.

Tercero. Informe sobre las diligencias específicas realizadas, atendiendo al Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del delito de Feminicidio; Protocolo de Estambul; Protocolo de actuación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en la Investigación del delito Tortura, Atención de las Victimas y Persecución de los Imputados; Protocolo Modelo para la Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias (Protocolo de Minessota); así como los lineamientos relativos a la protección de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. 

Cuarto. Informe sobre las actuaciones de protección e investigación que formalmente ha realizado en coordinación con la Procuraduría General de la República, relacionadas con el presente caso.

Quinto. Informe sobre las actuaciones de coordinación con la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz.

Sexto. Informe cómo ha sido garantizado el ejercicio de los humanos de las víctimas, en particular el derecho a la información y a coadyuvar con el Ministerio Público.

Séptimo. Informe sobre las medidas de Protección y acciones realizadas para garantizar la vida, seguridad e integridad de las víctimas y testigos, así como de sus representantes. En caso de no existir medidas de protección, requiérale a la autoridad su implementación.   

Octavo. Se abstenga de filtrar información, pretendiendo centrar la investigación únicamente en una línea y adelantar conclusiones dejando de lado el posible móvil político y el involucramiento de agentes del Estado de Veracruz. Reitere que la información sobre el avance de la investigación debe ser dada a conocer, de inicio a las víctimas indirectas y posteriormente de manera mediática con la finalidad de dotar de transparencia para que la sociedad tenga información certera sobre la investigación.

Que esta CNDH, solicite a la Secretaría de Gobernación:

Primero. Informe de las acciones implementadas, según el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, particularmente, de las acciones de protección para asegurar la integridad y la vida de todas las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas del estado de Veracruz, así como de las que han sido desplazadas buscando refugio en la Ciudad de México, ante el clima de persecución e inseguridad que se vive en el estado de Veracruz.

Segundo. Implemente, a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, medidas de protección integrales para las y los periodistas del estado de Veracruz y de aquellas que han sido desplazadas buscando refugio en la Ciudad de México. 



A t e n t a m e n t e
México, Distrito Federal, 6 de agosto de 2015.







[1] CIDH, relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Comunicado de prensa R84/15, 5 de agosto de 2015.

[2] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Masacre de las Dos Erres vs Guatemala. Sentencia de 24 de noviembre de 2009 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 129.
[3] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Rosendo Cantú y otra vs México. Sentencia de 31 de agosto de 2010 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 114.
[4]  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Bámaca Velásquez vs Guatemala. Sentencia de 22 de febrero de 2002 (Reparaciones y Costas), párrafo 78.