jueves, 27 de agosto de 2009

El caso de Rosa Cruz Rosas, integrante de la radio comunitaria indígena "Uékakua" (La preferida), de Michoacán, perseguida por el Estado mexicano





Ocumicho, es una comunidad del municipio de Charapan, en el Estado de Michoacán de Ocampo. El municipio fue creado el 7 de diciembre 1877, y su denominación traducida del purépecha al español significa “Lugar de tierra colorada”. Charapan, San Felipe de los Herreros, Cocucho y Ocumicho son las comunidades representativas del municipio. La casi totalidad de los habitantes de estas comunidades son indígenas purépechas. La costumbre y los usos rigen sus relaciones; la historia y sus tradiciones definen su identidad como pueblo originario.

Entre los miembros de la comunidad la necesidad de comunicarse de manera efectiva, eficaz y en su propia lengua era indispensable. Necesitaban informar sobre sus propias necesidades; organizarse, convocarse, apoyarse. La transmisión escrita de información en una comunidad cuyos miembros casi no hablan español y en su mayoría no sabe leer ni escribir, además de cara, era claramente inadecuada. Es por ello que, en el ejercicio de sus derechos, la comunidad decidió instalar y operar su propia radio; decidieron instalarla en la casa del jefe de tenencia del pueblo, en la calle Emiliano Zapata, número 100, en Ocumicho. La bautizaron como “Radio Uékakua”, que en español significa “la preferida”. Era una pequeña radiodifusora con apenas 3 watts de potencia.

Quienes participaban en las transmisiones de “Radio Uékakua” eran, en su inmensa mayoría, mujeres purépechas, que hablaban en su propia lengua y transmitían información local que, por lo general, era sólo del interés para la propia comunidad. Quienes participaban eran voluntarias y voluntarios que no percibían remuneración alguna. Su compromiso con su comunidad, con su pueblo y con su Estado los distinguía. Entre quienes participaban en la radio, con el único afán de servir, se encontraba la señora Rosa Cruz Rosas.

La señora Cruz se gana la vida como artesana. Elabora hermosas y complejas figuras de barro, casi exclusivamente diablitos tradicionales de la región, que le han valido el reconocimiento de las autoridades federales y locales; doña Rosa es asidua ganadora de premios, por su estupenda y fructífera labor artística.

La comunidad purépecha de Ocumicho siempre mostró su ánimo de sujetarse a la legalidad, en lo que respecta a la operación de su radio. Desde el año 2002 solicitó el permiso que el Estado requiere para autorizar las transmisiones; no obstante, jamás obtuvo respuesta. La comunidad siguió operando su radio.

El día 29 de enero de 2009, la Procuraduría General de la República desplegó un inmenso operativo para desmantelar la radio de la comunidad de Ocumicho. Más de 100 elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) catearon el inmueble donde se encontraba la radiodifusora “Uékakua”. A la hora del cateo, sólo niños, niñas y mujeres, una de ellas embarazada, se encontraban en la casa particular, sede de “La preferida”. Con lujo de violencia, los agentes policíacos amedrentaron y golpearon a los y a las menores, así como a las mujeres: a una señora la sacaron de la casa a rastras, a una niña la estrujaron, le taparon la boca y la sometieron torciéndole la mano. La consecuencia más dramática del operativo, fue el aborto que se le provocó a la mujer embarazada. Sin miramientos, el equipo de la radio fue asegurado. “La preferida” dejó de transmitir.

La PGR intervino por una denuncia que presentó la Secretaría de Gobernación en el 2008, en contra de quien o quienes resultaran responsables de usar, aprovechar y explotar el espectro radioeléctrico sin permiso de la COFETEL, conducta tipificada en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales. Quienes son acusados de cometer este delito, corren el riesgo de que se les imponga una pena que va de 2 a 12 años de prisión y una multa que oscila entre los $16,440 y los $54,800, según lo dispone el artículo 149 de la misma ley.

No obstante el operativo policíaco en contra de la radio, la PGR no había logrado individualizar su acusación; necesitaba a alguien a quien incriminar y consignar. El 14 de mayo de 2009, a las 9 de la noche, supuestos agentes ministeriales, vestidos de civil, se presentaron en las oficinas de la Jefatura de Tenencia de Ocumicho. Le pidieron al policía del pueblo que buscara a cualquier persona que tuviera relación con la radiodifusora, pues, según dijeron, le regresarían el equipo que había sido asegurado en el operativo. El policía, un habitante de Ocumicho, confiado, le dijo a doña Rosa que atendiera a las personas. Cuando la señora Cruz se presentó, acompañada por su hija de 16 años, ante los supuestos agentes, éstos le preguntaron sobre la identidad de los dueños de los aparatos. Doña Rosa respondió que la comunidad de Ocumicho era la propietaria. Los sujetos le dijeron que debía firmar un documento sin saber su contenido, a lo que ella se negó. No obstante, la PGR había logrado identificar a una persona vinculada con la radio, contra la cual procedería penalmente. Los individuos anotaron en una libreta el nombre de doña Rosa y el de su hija. A raíz de este episodio, la PGR inició la integración de una averiguación previa en contra de la señora Cruz. A la procuraduría no le importó que doña Rosa ni siquiera hubiera estado presente el día que los agentes de la AFI desmantelaron violentamente la radio indígena.

El sábado 13 de junio de 2009, la PGR le notificó a doña Rosa Cruz que tenía la calidad indiciada en la averiguación previa 82/UEIDAPLE/LE/2/08. La citaron para que rindiera su declaración ministerial, en calidad de probable responsable, el día 15 de junio. El documento estaba fechado el día 3 del mismo mes y año. Doña Rosa debía presentarse en la Subdelegación B de la PGR, en Uruapan, Michoacán.

El 23 de junio de 2009, a las 10 de la mañana, doña Rosa Cruz se presentó en la Subdelegación de la PGR en Uruapan, acompañada por Sergio Méndez Silva y Omar Viniegra Ávila, abogados de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), sección México, así como por un profesor universitario que fungió como traductor. En la diligencia, la señora Cruz, por consejo de sus abogados, se abstuvo de declarar y solicitó rendir su declaración ministerial por escrito, ante el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales (UEIDAPLE), en la Ciudad de México. La solicitud fue aceptada por la procuraduría.

El día 27 de agosto de 2009, los abogados de AMARC tuvieron conocimiento de que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la UEIDAPLE, había determinado ejercitar acción penal en contra de la señora Cruz. Por ello, el 18 de septiembre de 2009 la señora Cruz presentó una demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Celaya, Guanajuato, en contra de todos los jueces federales en el Estado de Michoacán, por el posible libramiento de una orden de aprehensión. El mismo día, la demanda de garantías fue turnada al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien la radicó, la admitió y le asignó el número de expediente 761/2009. En la misma fecha, el juez de amparo le otorgó a la señora Cruz la suspensión provisional.

Mediante acuerdo de 28 de septiembre de 2009, publicado al siguiente día, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato les dio vista a la señora Cruz y a sus abogados, de los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables. Entre los informes se encontraban el del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, y el del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan.

El Juez Séptimo señaló en su informe, que por resolución interlocutoria del 27 de agosto de 2009, dictada dentro de la causa penal III-43/2009 instruida en contra de la señora Cruz, se declaró incompetente por razón del territorio para conocer de la citada causa penal. Manifestó que declinó su competencia a favor del juez de distrito en turno, con sede en Uruapan, Michoacán, pues en esa jurisdicción presuntamente se había cometido el supuesto delito. Remitió los autos en original y duplicado, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esa ciudad. El expediente fue turnado al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien el 10 de septiembre de 2009 ordenó abrir por separado un incidente para resolver la incompetencia planteada.

Asimismo, en su respectivo informe, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán señaló básicamente lo mismo que lo dicho por el Juez Séptimo; sólo agregó que al momento de rendir su informe no había emitido resolución alguna respecto del incidente de competencia, ni tampoco sobre la procedencia de la orden de aprehensión solicitada por el fiscal consignador. Ante esta circunstancia, la señora Cruz, por consejo de sus abogados, decidió desistirse de la demanda de amparo que interpuso. Mediante acuerdo de fecha cinco de octubre de dos mil nueve, publicado al día siguiente, el juez de distrito de amparo resolvió sobreseer el juicio de garantías con número de expediente 761/2009. Por medio del proveído de 22 de octubre del mismo año, el juez declaró que el auto anterior causo estado, pues la quejosa no interpuso el recurso de revisión en contra de la resolución de sobreseimiento.

Los abogados de AMARC-México le sugirieron a la señora Cruz que dejará pasar un tiempo prudente, antes de interponer una nueva demanda de amparo indirecto, para que el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, resolviera el incidente de incompetencia y lo relativo con la orden de aprehensión solicitada por la PGR. La señora Cruz estuvo de acuerdo con la recomendación de sus abogados.

El 6 de noviembre de 2009, la señora Cruz interpuso una nueva demanda de amparo indirecto ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Uruapan, en contra de una posible orden de aprehensión dictada por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. En la misma fecha, la demanda de garantías fue turnada a la Jueza Sexta de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien inmediatamente la radicó con el número de expediente 854/2009-I-S. En el mismo proveído, previo a la admisión de la demanda, la jueza federal previno a la quejosa para que aclarara ciertos puntos de su escrito inicial. Inmediatamente la señora Cruz desahogó la prevención, no obstante, la jueza de amparo, mediante acuerdo del 9 de noviembre, la tuvo por no desahogada por la falta de precisión en la información expuesta por la quejosa. Nuevamente la señora Cruz desahogó la prevención y la jueza, mediante proveído del 10 de noviembre, la tuvo por correctamente cumplida, por lo que determinó admitir a trámite la demanda de amparo, otorgar la suspensión provisional y requerirle a las autoridades demandadas, ordenadora y ejecutoras, sus respectivos informes previos y con justificación.

Mediante escrito de fecha 12 de noviembre de 2009, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán rindió su informe con justificación. El juez señaló que no era cierto el acto reclamado por la quejosa, pues el 23 de octubre de 2009, en la causa penal 106/2009-III, había determinado negar la orden de aprehensión solicitada por la PGR, en contra de la señora Rosa Cruz Rosas. El juez también señaló que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, había apelado su resolución, por lo que dicho recurso fue remitido al tribunal unitario en turno, del decimoprimer circuito judicial. Con estos elementos, la señora Cruz, por recomendación de sus abogados, decidió desistirse de su segunda demanda de amparo, el 19 de noviembre de 2009. Mediante acuerdo de la misma fecha, publicado el día 23 del mismo mes y año, la jueza de amparo decretó el sobreseimiento del juicio de garantías.

El recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público de la Federación fue turnado para su resolución, al Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito. El tribunal integró el toca 350/2009 y el 8 de diciembre de 2009 confirmó la decisión del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, en el sentido de negarle a la PGR la orden de aprehensión en contra de la señora Rosa Cruz Rosas. Con esta resolución, el juez federal instructor penal determinó regresar el expediente de la averiguación previa al agente del Ministerio Público investigador, para que continúe con la indagatoria. Al día de hoy, la averiguación previa está en etapa de perfeccionamiento.