martes, 1 de junio de 2010

El caso de Héctor Camero Haro de la radio comunitaria "Tierra y Libertad", de Monterrey, Nuevo León. Un ejemplo de la criminalización de la radiodifusión comunitaria en México

Foto del doctor Héctor Camero Haro

Históricamente, la Organización “Tierra y Libertad” se ha dedicado a gestionar, siempre de forma pacífica y dentro de la legalidad, proyectos sociales, políticos y culturales, con el objetivo de defender los derechos humanos de los sectores más vulnerables e impulsar el desarrollo humano de sus miembros y de la sociedad regiomontana. Con la finalidad de difundir su labor humanista y mantener debidamente informadas a las familias agremiadas sobre sus actividades, la organización decidió conformar una radio comunitaria. Actualmente, Radio "Tierra y Libertad" pertenece a la red de radios comunitarias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias-México (AMARC-México).

En el año de 2002, con el ánimo de mantenerse dentro del marco de la ley, los integrantes de Tierra y Libertad acudieron ante el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Nuevo León para solicitar un permiso para operar una radiodifusora comunitaria. No obstante la respuesta de la autoridad fue discrecional, arbitraria y ambigua, lo que en los hechos implicó una negativa a otorgar el permiso.

El 18 de abril de 2008, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, en representación del titular de la dependencia, presentó una denuncia en contra de “Tierra y Libertad”, ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales (UEIDAPLE), de la Procuraduría General de la República (PGR), por el supuesto uso, explotación y aprovechamiento del espectro radioeléctrico sin permiso o autorización, conducta tipificada en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, misma que fue radicada bajo el número de averiguación previa 83/UEIDAPLE/2/2008. 

El 6 de junio del mismo año, elementos de corporaciones policíacas del orden federal llegaron hasta las instalaciones de la radiodifusora “Tierra y Libertad” y aseguraron los enseres y aparatos para la trasmisión (transmisor y antena), así como dos computadoras, una consola y micrófonos (no considerados como enseres y aparatos para la trasmisión). Posteriormente, por medio de notas periodísticas, la comunidad “Tierra y Libertad” tuvo conocimiento de que el operativo se realizó para cumplir la orden de cateo 54/2008, emitida por el Juez Cuarto de Distrito.

Por la tarde del 3 de octubre del 2008, Héctor Camero Haro y Gilfrido Verdugo Corral, integrantes de la comunidad “Tierra y Libertad”, recibieron un citatorio para que se presentaran a las diez de la mañana del mismo día ante un agente del Ministerio Público de la delegación de la PGR en Nuevo León. El Estado había dado inicio a la integración de una averiguación previa y, con ello, puso en marcha una estrategia represiva en la que se privilegian medidas de naturaleza penal. 

A instancia de la PGR, los señores Camero y Verdugo comparecieron en la averiguación previa en calidad de testigos y no de indiciados o de acusados, con la clara intención, por parte del Estado, de privarlos de los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a todo acusado en un procedimiento penal: el derecho a contar con abogado defensor, a tener acceso al expediente y a no declarar para no autoincriminarse. 

El 14 de octubre de 2008, por citación de la PGR, Héctor Camero Haro compareció en calidad de testigo ante el Ministerio Público. El 14 de noviembre de 2008, Héctor Camero y Gilfredo Verdugo nuevamente comparecieron con la misma calidad. El 12 de marzo de 2009, el agente del Ministerio Público le notificó al señor Camero que tenía la calidad de indiciado. El 1 de abril de 2009, Héctor Camero Haro rindió su declaración ministerial en calidad de probable responsable.

Adicionalmente, la comunidad “Tierra y Libertad” nunca fue notificada legalmente de que se hubiera iniciado algún procedimiento administrativo que deviniera en la clausura y desmantelamiento de la radio comunitaria que operaba. Con ello, el Estado impidió de manera deliberada que la comunidad se defendiera en un procedimiento menos lesivo que el procedimiento penal.

El 26 de mayo del presente año, Héctor Camero fue consignado por el Ministerio Público de la Federación ante un Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. El delito por el que consignaron al señor Camero no es grave. El Código Federal de Procedimientos Penales señala que los jueces de distrito que instruyen procesos tienen dos días para radicar las consignaciones y diez días para librar o negar las órdenes de aprehensión. Contra la posible orden de aprehensión, el jueves 11 de junio los abogados de AMARC-México presentaron un amparo ante los jueces de distrito en materia penal en el Estado de Nuevo León, mismo que fue turnado por incompetencia a los jueces de distrito del Estado de Coahuila. El lunes 15 de junio de 2009, el juez de distrito competente de Coahuila otorgó una suspensión provisional a favor de Héctor Camero para que no fuese detenido por la PGR. 

El 12 de junio, el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nuevo León libró una orden de aprehensión en contra de Héctor Camero; éste no fue detenido por contar con una suspensión provisional otorgada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila. Este último juez le fijó al señor Camero una garantía de $5,000.00 y le ordenó que compareciera ante el juez que libró la orden de aprehensión a efecto de que no dejara de surtir efecto la suspensión provisional.

El 24 de junio de 2009, el señor Camero, tal y como lo ordenó el juez de distrito de Coahuila, rindió su declaración preparatoria ante el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, asistido por lo abogados de AMARC-México. 

El martes 30 de junio del mismo año, el juez federal en materia penal del Estado de Nuevo León dictó un auto de formal prisión en contra de Héctor Camero, no obstante no fue detenido ni ingresado a prisión por contar con una suspensión provisional otorgada por un juez de amparo. El mismo día, el juez que instruyó el procedimiento penal contra el señor Camero, también notificó la apertura de la instrucción dentro de un juicio ordinario. 

El 2 de julio de 2009, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila resolvió otorgarle al doctor Camero la suspensión definitiva en contra de la orden de aprehensión. El mismo día, el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León fijó la cantidad de $18,277.00, como monto de la caución que Héctor Camero debía cubrir para mantener su libertad, una vez que la suspensión definitiva dejara de surtir efectos, por el cambio de su situación jurídica al ser declarado formalmente preso. 

Mediante escrito presentado el primero de septiembre de 2009, Héctor Camero ofreció una primera tanda de pruebas de descargo, consistentes en la ampliación de sus declaraciones (ministerial y preparatoria), testimoniales y la inspección judicial de un cd de audio que contenía algunos de los programas que transmitía la Radio “Tierra y Libertad”. El mismo día, el doctor Camero ofreció un segundo grupo de pruebas de descargo: documentales privadas, en las que decenas de integrantes de la comunidad “Tierra y Libertad” expusieron ante el juez penal su apoyo a la labor de la radio y al trabajo de Héctor Camero. Asimismo, se ofreció la ratificación de todas y cada una de estas pruebas documentales. Mediante acuerdo de 3 de septiembre de 2009, el juez instructor fijó los días 13 a 16 de octubre y 19 a 23 del mismo mes para el desahogo de las pruebas ofrecidas. En los días determinados por el juez penal fueron desahogadas todas las pruebas de la defensa del doctor Camero.

Mediante acuerdo de fecha 20 de octubre de 2009, notificado al día siguiente, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila determinó sobreseer el juicio de amparo con número de expediente 480/2009, por haber cambiado la situación jurídica del doctor Camero al dictarse en su contra el auto de formal prisión por el juez penal instructor. Por acuerdo de 10 de noviembre de 2009, notificado al día siguiente, el juez de amparo informó que la resolución de sobreseimiento había causado ejecutoria.

El 5 de noviembre de 2009, el juez penal instructor les notificó a Héctor Camero y a sus abogados defensores, que el día 4 del mismo mes y año había declarado agotada la instrucción y ponía el expediente a disposición de las partes para que en el término de diez días ofrecieran más pruebas, las cuales debían ser desahogadas en un término de 15 días hábiles posteriores al día de su admisión.

Mediante escrito presentado el día 12 de noviembre de 2009, la defensa de Héctor Camero ofreció una nueva tanda de pruebas de descargo, consistentes en documentales públicas y privadas entre las que se encontraba el expediente que integra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la criminalización de los integrantes de la Radio “Tierra y Libertad” por parte del Estado, así como inspecciones judiciales sobre diversas páginas de internet. El juez penal determinó que el desahogo de las pruebas sería el día 11 de diciembre de 2009. Tal y como se programó, el día de las audiencias se desahogaron la totalidad de las pruebas ofrecidas por la defensa del doctor Camero. Durante la audiencia, la defensa de Héctor Camero le indicó al juez penal que no había acordado nada respecto del ofrecimiento del expediente de la CNDH como prueba de descargo. El juez tomó nota y señaló que acordaría lo conducente a la brevedad. Mediante acuerdo de fecha 5 de enero de 2010, el juez penal instructor le solicitó a la CNDH la remisión del expediente de la queja CNDH/5/2008/3436/Q, y para ello le otorgó un término de 5 días, contados a partir de la fecha en que le fuese notificado el acuerdo de mérito. La CNDH, en atención al requerimiento del juez, remitió el expediente solicitado.

El veintisiete de enero de dos mil diez, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), determinó otorgar el permiso en materia de radiodifusión a la persona moral denominada “Por la Igualdad Social Asociación Civil”, del Estado de Nuevo León, asignándole la frecuencia 98.5 de Frecuencia Modulada (FM). La COFETEL difundió el otorgamiento del permiso mediante el boletín de prensa 05/2010. La asociación beneficiada tiene su origen y nacimiento en la comunidad “Tierra y Libertad”, por lo que el otorgamiento del permiso favorece fundamentalmente a esta última.

El otorgamiento del permiso a “Tierra y Libertad” motivó el ofrecimiento de una nueva tanda de pruebas de descargo a favor de Héctor Camero Haro. Se ofrecieron testimonios y documentos que demuestran que el permiso concedido a “Por la Igualdad Social” también beneficia a Héctor Camero, pues la persona moral permisionada es propiedad de la comunidad “Tierra y Libertad”, a la que pertenece el inculpado. La defensa anunció al juez instructor que entre las pruebas que ofrecería para su admisión y desahogo se encuentraba la protocolización del acta de asamblea de la asociación “Por la Igualdad Social”, en la que consta la incorporación formal de Héctor Camero a dicha organización.

El juez instructor admitió en su totalidad la nueva tanda de pruebas de descargo y citó a Camero a una nueva audiencia para su desahogo, la cual se verificó sin ninguna complicación.

El acta notariada de la incorporación del señor Camero a "Por la Igualdad Social" fue debidamente exhibida ante la COFETEL y el acuse correspondiente fue presentado ante el juez penal. Este documento fue la última prueba de descargo que se ofreció a favor del doctor Camero.

El 19 de julio de 2010, la defensa del señor Camero le solicitó al juez penal el cierre de la instrucción por no haber más pruebas de descargo que ofrecer. El 20 de julio de 2010, el juez acordó el cierre de la instrucción y le dio al Ministerio Público de la Federación veinticinco días para presentar su escrito de conclusiones. El Ministerio Público presentó conclusiones acusatorias. Asimismo, el juez le otorgó el mismo término al doctor Camero para presentar sus conclusiones, lo cual hizo el 29 de septiembre de 2010.

Todas las pruebas aportadas por la defensa del doctor Camero acreditan que "Radio Tierra y Libertad" es un medio de comunicación comunitario, propiedad de toda la comunidad denominada "Tierra y Libertad", sin fines de lucro y cuya operación sin permiso no generó ningún daño ni a otros particulares ni al espectro radioeléctrico. Igualmente, los abogados de AMARC-México demostraron que el doctor Camero apoya a la radio como mero locutor, sin obtener sueldo alguno y que es un luchador social con un comportamiento ejemplar y solidario con sus semejantes. 

La argumentación central de la defensa ha sido que el empleo del derecho penal en contra de los integrantes de las radios comunitarias es abusivo, pues no es un medio necesario, ni proporcional ni idóneo para sancionar el empleo sin permiso del espectro radioeléctrico. Asimismo, la defensa ha argumentado que el empleo abusivo e ilícito del derecho penal en contra de las radios comunitarias inhibe la libertad de expresión de los integrantes de las radios y el derecho a la información de sus audiencias. El Estado cuenta con otros medios menos lesivos que el derecho penal para recuperar las frecuencias que son utilizadas sin permiso estatal. El Estado no gana nada con encarcelar a los integrantes de las radios comunitarias que operan radios sin permiso, pues los medios administrativos, que no implican la imposición de sanciones privativas de la libertad, son suficientes para evitar el empleo ilícito del espectro radioeléctrico.

No obstante el cúmulo de argumentos vertidos y de pruebas ofrecidas por la defensa del señor Camero para que fuese absuelto, el juez penal dictó sentencia condenatoria el 29 de octubre de 2010, misma que le fue notificada al acusado el 3 de noviembre del mismo año. El juez decidió imponerle al doctor Camero dos años de prisión como sanción, el pago de una multa y la pérdida de los enseres de la radios asegurados por la PGR.

El 9 de noviembre de 2010, los abogados de AMARC-México interpusieron el recurso de apelación en contra de la sentencia condenatoria. El recurso fue turnado al Segundo Tribunal Unitario del Cuarto Circuito. Se integró el Toca Penal 713/2010. Posteriormente se expresaron los agravios respectivos.

El 20 de mayo de 2011, el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Cuarto Circuito dictó sentencia, en el sentido de confirmar en sus términos la sentencia condenatoria dictada en contra del doctor Camero por el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León.

En contra de la sentencia del tribunal de segunda instancia, el señor Héctor Camero Haro presentó una demanda de amparo directo, misma que fue admitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, Nuevo León, mediante acuerdo de fecha 25 de agosto de 2011, recaído en el expediente 190/2011.

A finales del mes de septiembre de 2011, el doctor Héctor Camero, con la asistencia de los abogados de AMARC-México, solicitó a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atracción del amparo directo que promovió, por considerarlo de interés y trascendencia jurídicas.

El 4 de noviembre de 2011, en sesión privada de la Primera Sala de la Suprema Corte, el Ministro José Ramón Cossío Díaz decidió hacer suya la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción presentada por el doctor Héctor Camero.

Asimismo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ejercicio de la facultad de atracción del caso. A finales de mes de noviembre de 2011, la Primera Sala de la Suprema Corte admitió a trámite la solicitud del tribunal colegiado y turnó los autos a la ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz. El señor Ministro ya turnó su proyecto al resto de los ministros y la ministra de la Primera Sala.

Actualmente, AMARC-México está en espera de que la Primera Sala fije la fecha para discutir si atrae o no atrae el caso del señor Héctor Camero, con la finalidad de resolver el fondo de manera definitiva.

Para más información sobre la criminalización de las radios comunitarias en México, visitar los siguientes vínculos en los que se pueden consultar los artículos que he escrito al respecto:

Las radios perseguidas. Artículo publicado en la revista Contralínea.

El empleo abusivo del derecho penal en México contra las radios comunitarias. Artículo publicado en la revista Dfensor, de la CDHDF.

El caso de Rosa Cruz Rosas, integrante de la radio comunitaria indígena "Uékakua" (La Preferida), de Michoacán, perseguida por el Estado mexicano.

El doctor Héctor Camero Haro cuenta la historia de la fundación de "Radio Tierra y Libertad", de Monterrey, Nuevo Léon:




Reportaje sobre el desmantelamiento por parte de la PGR de la radio comunitaria "Tierra y Libertad":