domingo, 26 de septiembre de 2010

La Suprema Corte y el caso Radilla





A las víctimas inocentes de la guerra del señor Calderón


El 31 de agosto del presente año, el Pleno de la Suprema Corte inició uno de los debates jurídicos más importantes en la historia judicial de nuestro país, con el objeto de resolver si las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano y sus órganos de gobierno. El asunto se discutió también en las siguientes sesiones del Pleno, los días 2, 6 y 7 de septiembre de 2010.

Durante la presentación de un libro jurídico, en la que participaba el presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, uno de los panelistas le dijo al ministro que la sentencia del caso Radilla, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de noviembre de 2009, vinculaba también al Poder Judicial de la Federación, pues la resolución establecía obligaciones específicas a su cargo:

1) la implementación, en un plazo razonable y con la respectiva disposición presupuestaria, de programas o cursos permanentes dirigidos a los jueces federales, relativos al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en relación con los límites de la jurisdicción penal militar, y

2) La implementación de un programa de formación para los jueces federales, sobre el debido juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas, lo que implicaba la restricción de la competencia de la jurisdicción penal militar.

El tema también se había discutido en el seno del Consejo de la Judicatura Federal, órgano encabezado igualmente por Ortiz. Como el tópico le había parecido de grande importancia, el ministro presidente les solicitó al resto de los consejeros de la judicatura que detuvieran la discusión, hasta en tanto se pronunciara el Pleno de la Suprema Corte.

Para determinar lo que procedía respecto al cumplimiento de la sentencia del caso Radilla por parte del Poder Judicial de la Federación, el ministro Ortiz formuló al Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país, la consulta a trámite número 489/2010. Le correspondió al ministro José Ramón Cossío elaborar el proyecto de dictamen.

El ministro Cossío propuso en su proyecto que:

1) El Estado mexicano tenía el deber de cumplir con todas las obligaciones que adquirió al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como con todas las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo involucren, por haber aceptado su competencia contenciosa desde el 16 de diciembre de 1998,

2) La jurisprudencia de la Corte Interamericana era obligatoria para el Estado mexicano, sólo en aquellos casos en los que México fuese parte. El resto de la jurisprudencia interamericana a pesar de no ser obligatoria, constituía un criterio interpretativo relevante de los derechos humanos y era un parámetro para cumplir con los instrumentos internacionales por parte de los jueces federales,

3) La sentencia del caso Radilla establecía deberes específicos en materia de reparaciones que el Poder Judicial de la Federación debía cumplir, en particular en lo relacionado con la adecuación de los criterios judiciales relativos a la restricción de la jurisdicción penal militar,

4) Había medidas establecidas en la sentencia que, no obstante no ser consideradas como reparaciones, el Poder Judicial de la Federación debía cumplir, como el deber de los jueces federales de interpretar los derechos y las libertades en armonía con lo que disponen los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pues con esta práctica se ampliaba el alcance de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución, lo que garantizaba la protección eficaz de la persona humana, y

5) El Poder Judicial de la Federación debía atender y cumplir la sentencia del caso Radilla, para lo cual el presidente de la Suprema Corte debía dictar un acuerdo para iniciar el procedimiento encaminado a ello.

Sin duda, el proyecto de dictamen elaborado por el ministro Cossío resultaba ampliamente garantista y representaba un avance extraordinario para la protección y la defensa de los derechos humanos en México. Con todo y ello, la propuesta de Cossío enfrentó la oposición franca y beligerante del ministro Sergio Aguirre Anguiano, cuyas posiciones fueron respaldadas por los ministros José de Jesús Gudiño y Luis María Aguilar.

Como hábil tribuno, el ministro Aguirre logró entorpecer el debate en el Pleno, empleando argumentos absurdos e insostenibles. Primero alegó que la Corte no había sido formalmente notificada de la sentencia, luego dijo que la consulta a trámite no tenía base constitucional, después señaló que no existía norma alguna que regulara el procedimiento para que la Suprema Corte diese cumplimiento a una sentencia dictada por la Corte Interamericana. Incluso, don Sergio Salvador llegó a sostener una barbaridad, apoyada fielmente por el ministro Gudiño: que la jurisdicción de la Corte Interamericana, aceptada ya por el Estado mexicano, no tenía base constitucional, pues la Constitución Federal sólo reconocía la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Lamentablemente para el país, Aguirre logró su propósito y el proyecto de Cossío fue desechado. El presidente de la Corte designó a la ministra Margarita Luna Ramos como nueva ponente.

La postergación del cumplimiento de la sentencia del caso Radilla por parte del Estado mexicano, es un acto de profunda irresponsabilidad. El 15 de diciembre de este año, el Estado deberá reportar a la Corte Interamericana la situación que guarda el cumplimiento de la sentencia; sin embargo, al Máximo Tribunal parece no importarle.

1 comentario:

RADIO TyL dijo...

Estimado Sergio:
En su momento, la sentencia de la CoIDH generó grandes esperanzas de que por fin se haría justicia en este caso y quedaría sentado un importantísimo precedente para la protección de los DDHH frente a la impunidad militar y la burla que el gobierno mexicano ha perpretado contra los mismos.
Lo que comentas sobre la posición de la mayoría de los ministros de la SCJ exhibe a este tribunal como un cómplice de los violadores institucionales no solo ante el pueblo de este país, sino a nivel internacional.
Solo que la CoIDH ya les metió otro banderillazo en el duro lomo, con la sentencia en el caso de Inés y Valentina.- A ver si Aguirre y secuaces los siguen sacando de apuros. Gracias por compartir tus comentarios, precisos y oportunos.