lunes, 19 de diciembre de 2011

La Suprema Corte y la libertad de expresión


Jorge Castañeda dice en su reciente e interesante libro Mañana o pasado. El misterio de los mexicanos que un rasgo especialmente negativo de éstos es su rechazo a la confrontación directa. Por lo general, dice Castañeda, los mexicanos rehúyen a la confrontación cara a cara y prefieren atacar por la espalda, subrepticiamente. Los mexicanos suelen hablarse entre ellos con extrema cordialidad porque saben su mutua intolerancia a las expresiones rudas; nadie aguanta que se le hable golpeado. Este rasgo, dice Castañeda, además del individualismo, el no reconocerse como una sociedad mayoritariamente de clase media, el miedo a los extranjeros y la falta de respeto a las leyes, impiden que la sociedad mexicana se inscriba entre las sociedades modernas y evita el desarrollo de la democracia.

Más allá de las razones que expone Castañeda en su libro sobre los motivos del rechazo de los mexicanos a la confrontación, coincido con él en cuanto a que este rasgo del ethos mexicano, impuesto desde el poder, ha sido profundamente pernicioso para la consolidación de nuestra democracia.

En nuestro país, quien se excedía en sus críticas a la clase política, en particular en contra del Presidente, o a cualquier poderoso podía ser encarcelado y sufrir, además, la pérdida de su patrimonio. La difamación y la calumnia eran delitos federales hasta hace poco. Bastaba que alguien difundiera públicamente hechos ciertos o falsos sobre alguna persona para ser sancionado con años de prisión. Las demandas por daño moral se declaraban fundadas con la simple existencia de expresiones públicas que a los jueces, desde su moral particular, les parecieran ofensivas.

Esta situación empezó a cambiar radicalmente a partir de que la actual Suprema Corte tomó cartas en el asunto y empezó a sustentar criterios protectores de la libertad de expresión, en general, y del trabajo periodístico, en lo particular, al replicar y en algunos casos mejorar los criterios garantistas desarrollados históricamente por otros tribunales constitucionales y por las cortes internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La actual Suprema Corte empezó con la prohibición del empleo del derecho penal en los casos relacionados con la libertad de expresión. En 2009, el Máximo Tribunal le otorgó el amparo al director del periódico La Antorcha, quien había sido condenado a tres años de prisión por informar en su periódico de los presuntos actos de corrupción del entonces presidente municipal de Acámbaro, Guanajuato.

Después, la Corte restringió los alcances represivos de las demandas por daño moral cuando pretendían limitar la libertad de expresión en temas de interés público. Los criterios protectores del derecho de pensar y de opinar con libertad en nuestro país han sido defendidos coherente, progresiva y sistemáticamente por la actual Suprema Corte, hasta llegar a la histórica sentencia de la Primera Sala en el caso La Jornada versus Letras Libres.

Los hechos del caso son ampliamente conocidos: la revista Letras Libres, por conducto de su entonces subdirector, Fernando García Ramírez, acusó en sus páginas al diario La Jornada de ser cómplice del terror de la organización Euskadi Ta Askatasuna (ETA), con motivo de su línea editorial con relación al grupo armado, por un acuerdo de colaboración con el periódico Gara (acusado en España de tener vínculos con la ETA) y por el trato informativo que le dio a una diligencia judicial que realizó en México el juez Baltasar Garzón por el caso de varios vascos detenidos y acusados de ser miembros de la organización separatista.

La Jornada, con el alegato del daño moral, demandó civilmente a Letras Libres. Después de un largo litigio, la Suprema Corte atrajo el caso. El asunto fue turnado al ministro Arturo Zaldívar, que se ha caracterizado por ser un sólido y sincero defensor de las libertades en México. El ministro Zaldívar propuso en su proyecto absolver del daño moral a Letras Libres porque la revista ejerció libremente su derecho a opinar críticamente. Por mayoría, la Primera Sala adoptó el proyecto de sentencia.

La Suprema Corte, en la sentencia del caso, reiteró lo que ha sustentado en asuntos resueltos previamente, algunos ampliamente difundidos, como el de Martha Sahagún versus Proceso y Olga Wornat.

El Tribunal Constitucional de México ha dicho que el daño moral sólo debe ser producto de expresiones ilícitas que generen daños reales al patrimonio moral de los afectados. Las manifestaciones no son ilícitas cuando versan sobre temas de interés público, por muy críticas que parezcan. Los medios de comunicación, los funcionarios y los particulares que realizan actividades de interés público tienen un umbral de protección menor de su patrimonio moral, como el derecho al honor; por tanto, deben ser especialmente tolerantes con las críticas, aunque les parezcan falsas, ofensivas o de mal gusto. Las opiniones no son verdaderas ni falsas, pues, todas, son parciales y subjetivas. El debate en México sobre los temas de interés público, ha dicho la Corte, debe ser desinhibido, franco y desafiante.

La postura de la Corte implica el triunfo del relativismo epistemológico y ético. La verdad y la moral son relativas cuando se trata de pensar y de opinar sobre temas de interés público. Es un triunfo histórico en contra del absolutismo y del totalitarismo.

Con su sentencia en el caso La Jornada versus Letras Libres, la Suprema Corte blindó sólidamente el derecho a opinar y a informar críticamente y limitó severamente las posibilidades represivas de los poderosos. Por ello, me parecen particularmente perturbadores los injustos ataques de una parte de la izquierda a la Suprema Corte y al ministro Zaldívar. Parece que la izquierda, acostumbrada a perder, es incapaz de percibir que ha obtenido una importante victoria.

Luis Hernández Navarro, de La Jornada, opina sobre la sentencia que dictó el Tribunal Constitucional de México en el caso "La Jornada vs Letras Libres":


jueves, 8 de diciembre de 2011

El amparo tuitero

Comparto esta entrevista que me hicieron en "Redes al aire" sobre el amparo tuitero. Desde mi punto de vista, el amparo procede cuando los políticos, como el Presidente de México, bloquean a los usuarios de Twitter.


Para consultar el artículo que escribí en Contralínea sobre el tema, en el siguiente vínculo:

                           El Presidente Calderón y Twitter

martes, 25 de octubre de 2011

El caso de Alfonso Martín del Campo Dodd, con Carmen Aristegui





Más información sobre el caso Martín del Campo:

El empleo abusivo del derecho penal en México contra las radios comunitarias. Mi artículo en Dfensor, publicación de la CDHDF



El artículo "El empleo abusivo del derecho penal en México contra las radios comunitarias" está disponible en:

lunes, 22 de agosto de 2011

Comentario a la primera sentencia penal en México, en la que se inaplica un tipo penal contrario a los derechos humanos

Foto del Magistrado Carlos Arenas.

El 8 de agosto de 2011, el magistrado Carlos Emilio Arenas Bátiz, titular de la Cuarta Sala Unitaria Penal, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, dictó una sentencia histórica, en un recurso de apelación en contra de un auto de término constitucional, en la que decidió ejercer su facultad constitucional como juzgador de ser garante de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales.

El magistrado Arenas analizó un caso en el que dos policías preventivos del municipio de Santa Catarina, en el Estado de Nuevo León, fueron detenidos por elementos de la Armada de México porque a los militares les pareció que los policías municipales realizaban funciones de halcones (vigilantes) al servicio de crimen organizado.

Según los supuestos hechos del caso, a las 7:20 de la mañana y con motivo de una denuncia anónima, dos vehículos de la Armada de México realizaban labores de inteligencia respecto de una bodega utilizada por el crimen organizado. Al momento de estar realizando la inspección, los militares fueron alertados por un sujeto, de que un policía municipal, a bordo de una patrulla estacionada, estaba hablando por un Nextel para informar sobre la ubicación de los vehículos de la Marina. Los militares detuvieron al policía y lo desarmaron. Diez minutos después, otro agente municipal llegó en su patrulla al lugar. Al ver a los marinos, el policía intentó escapar, pero uno de los vehículos militares le cerró el paso. El policía también fue detenido.

Los dos policías municipales fueron acusados por el Ministerio Público por dos delitos. El primero denominado “delito cometido contra instituciones oficiales y servidores públicos”, y el segundo, “delito cometido en la administración y procuración de justicia”.

El primer tipo penal, establecido en el artículo 192 del Código Penal de Nuevo León, sanciona a quien “aceche o vigile o realice actos tendientes a obtener información sobre la ubicación, las actividades, los operativos o en general las labores de seguridad pública, de persecución o sanción del delito o la ejecución de penas.” Este tipo penal se creó, entre otros motivos, para sancionar a los llamados halcones, que son personas que realizan labores de vigilancia callejera o de inteligencia para el crimen organizado.

El segundo tipo penal, contemplado en el artículo 224 de la ley penal de Nuevo León, sanciona a los servidores públicos administrativos o judiciales, por “no cumplir una disposición que legalmente se les comunique por su Superior competente, sin causa fundada para ello”.

El Ministerio Público le pidió al juez penal que juzgara a los policías municipales porque habían incumplido con la orden de sus superiores de no utilizar radios o teléfonos que no se les hubiesen asignado oficialmente, como eran los radios Nextel que supuestamente habían utilizado para informar a los delincuentes sobre las labores de la Armada de México.

El 8 de noviembre de 2010, el Juez Penal del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Nuevo León determinó que los policías serían juzgados únicamente por el delito de halconeo y no por la desobediencia a las órdenes de sus superiores. El motivo que dio el juez, fue que el Ministerio Público había acusado a los policías de dos delitos diferentes, a partir de una sola conducta, la cual sólo es idónea para cometer o el delito de halconeo o bien el delito de desobediencia, pero no ambos al mismo tiempo. La Constitución, dijo el juez, prohíbe que una persona sea sancionada dos veces a partir de una conducta que sólo tipifica un único delito. La “recalificación de la conducta”, que es lo que pretendía el Ministerio Púbico, está prohibida constitucionalmente.

Tanto el Ministerio Público como la defensa apelaron la resolución del juez de primera instancia. La defensa se inconformó porque los policías habían sido sujetos a un juicio por el delito de halconeo, y el Ministerio Público manifestó su oposición a que los agentes municipales no fuesen juzgados por el delito de desobediencia.

El magistrado Arenas dijo en su sentencia, dictada en el Toca Penal 43/11 (así se les denomina a los expedientes de las apelaciones), que los policías eran inocentes de ambos delitos, así que determinó liberarlos.

El magistrado dijo que los policías no eran responsables del delito de halconeo, porque los radios Nextel sólo los habían utilizado para comunicarse entre ellos lo relativo a la ubicación de los miembros de la Marina y no para comunicar esa información a un grupo criminal, por lo que habían actuado conforme a su deber legal de mantenerse debidamente informados de la problemática delictiva en su municipio y de dar a conocer esa información dentro de su propia corporación policiaca, con lo cual su conducta tenía una justificación legal. Además, en su acusación, el propio Ministerio Público había sostenido que los policías sólo se habían comunicado entre ellos con los radios. La conducta de los policías, dijo el magistrado, no era antijurídica, porque habían actuado conforme a lo dispuesto por la Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León y conforme a la ley penal que les obliga a cumplir con su deber.

Por lo que respecta a la desobediencia, el magistrado señaló que el tipo penal que la sanciona (artículo 224, fracción V) era inconstitucional. Sostuvo que el delito que sanciona la desobediencia de los servidores públicos a las órdenes de los superiores atentaba en contra del derecho humano a la legalidad penal, establecido en el artículo 14 de la Constitución Federal.

El magistrado señaló que el tipo penal era un caso de una “norma penal en blanco” o “de reenvío”. Se les denomina así, a las normas que establecen en términos generales y abstractos una conducta delictiva, pero que requieren ser completadas por otras normas, contenidas en otras leyes, para integrarse plenamente.

No en todos los casos las “normas penales en blanco” son inconstitucionales. No son contrarias a la Constitución, aquellas normas penales generales y abstractas que para integrarse plenamente requieren de otras normas contenidas en un mismo ordenamiento legal o en otras leyes conexas, pero que han sido dictadas por el Congreso, con apoyo en sus facultades constitucionales.

Sólo el Congreso está facultado constitucionalmente para crear normas penales que sancionen conductas delictivas. A esto se le denomina “reserva de ley” en materia penal. Los tipos penales sólo pueden existir en leyes, no en reglamentos, acuerdos, circulares u otros ordenamientos administrativos o legislativos de menor jerarquía.

El magistrado Arenas afirmó que el tipo penal que sanciona la desobediencia de los servidores públicos no cumplía con el principio de “reserva de ley” en materia penal, pues el tipo requería para su debida integración de las órdenes particulares de cada superior jerárquico. Por tanto, la ley penal sólo podía ser complementada, para su debida integración, por las decisiones administrativas discrecionales y coyunturales de los superiores jerárquicos, las cuales se denominan genéricamente como “órdenes”, y no por lo dispuesto en una ley emitida por el Congreso del Estado de Nuevo León.

Además, el “tipo penal en blanco” era contrario a los principios de “taxatividad” y de “determinación” a los que está sujeta la ley penal, porque, según lo dijo el magistrado, el juez penal había aplicado una norma que no correspondía con el caso concreto, y porque el legislador no había descrito de manera clara y precisa la conducta prohibida, así como sus consecuencias legales.

Esto trajo como consecuencia, que el magistrado Arenas determinara que por ser inconstitucional, el tipo penal de “desobediencia de las órdenes de los superiores” no debía aplicarse al caso concreto.

El magistrado fundó su competencia para declarar la inaplicación o desaplicación (como la denomina) del tipo penal, en tres fuentes novedosas y fundamentales:

1. En el artículo 1º de la Constitución Federal, modificado mediante la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio del presente año, que establece la obligación de todas las autoridades del país, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

2. En la sentencia del Caso Radilla Pacheco vs Los Estados Unidos Mexicanos, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 23 de noviembre de 2009.

Es muy interesante y muy relevante, que el magistrado haya fundado su competencia en el párrafo 339 de la sentencia en el Caso Radilla, que expone una línea jurisprudencial fundamental de la Corte Interamericana, en el sentido de confirmar como obligatorio para todos los órganos de gobierno de los Estados, lo que incluye al Poder Judicial, de ejercer un “control de convencionalidad” ex officio (sin que nadie se lo pida) entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias.

3. En la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 14 de julio del mismo año, por la que resolvió la consulta a trámite, del expediente Varios 912/2010, relativa al cumplimiento que el Poder Judicial de la Federación le daría a la sentencia del Caso Radilla Pacheco.

La sentencia del magistrado Arenas es histórica, porque por primera vez un juzgador ejerce el control difuso de constitucionalidad en materia de derechos humanos, en términos de las tres fuentes anteriormente citadas.

La resolución del magistrado Arenas es impecable por lo que respecta a la declaratoria de inaplicación del tipo penal de “desobediencia”, fundamentalmente porque hace una interpretación garantista del tipo penal en relación con los hechos, además de fundar correctamente su competencia para ejercer el control difuso de constitucionalidad en materia de derechos humanos en las fuentes expuestas con antelación. Sin embargo, no obstante el argumento sólido sobre uno de los tipos, la sentencia se queda corta por lo que respecta al tipo penal de halconeo.

El tipo que sanciona a quienes realizan espionaje o inteligencia o vigilancia de las acciones de las autoridades militares, policiacas o civiles en el contexto de sus labores vinculadas con la seguridad pública, persecución o sanción de los delitos y la ejecución de penas, es claramente inconstitucional, porque es una norma imprecisa, que no cumple con los principios de taxatividad, determinación y lesividad en materia de derecho punitivo, lo que propicia el empleo abusivo y desproporcionado del derecho penal.

La norma no precisa lo que debe entenderse por “acechar” o “vigilar” o “realizar actos tendientes” para la obtención de información sobre la labor de las autoridades en materia de seguridad. Tampoco precisa que tipo de “actividades”, “operativos” o “labores en general” deben entenderse como claramente referidas a la seguridad pública.

Esto implica que sea un auténtico acto de atribución subjetiva, sin ningún tipo de límite, por parte de las autoridades que sostengan la acusación, la calificación de alguna conducta como acción de “vigilancia” o de “acecho”, por ejemplo. Cualquier conducta, sospechosa o no, podrá ser calificada discrecionalmente como acechante, vigilante o tendiente a obtener información de los movimientos de las autoridades.

Por otro lado, el tipo penal sólo sanciona el mero hecho de “vigilar”, “acechar” o de “realizar actos tendientes a obtener información” sobre las labores de los cuerpos de seguridad pública, lo que podría implicar, lógicamente, como conducta ilícita y sancionable, la mera solicitud, por ejemplo, por medio de los procedimientos de transparencia, de información relativa a la labores de los cuerpos de seguridad pública que operan en Nuevo León, lo que es, sin duda, muy peligroso, pues esto podría impedir la vigilancia y el control ciudadanos de los cuerpos represivos, en el marco de una sociedad democrática.

Con una norma penal de este tipo, por muy lícitas que aparenten ser las solicitudes de información pública en materia de seguridad pública, y no obstante constituir aparentemente el ejercicio de un derecho (causa de justificación), las autoridades, discrecionalmente, de manera arbitraria, podrían calificar como halconeo cualquier solicitud de acceso a la información.

El tipo penal no cumple, a partir de lo anterior, con el “principio de lesión”, pues no establece en qué condiciones la simple “vigilancia”, “el acecho” o la “realización de actos tendientes a obtener información” sobre las autoridades de seguridad pública, pueden generar una afectación o lesión a la función estatal de garantizar la seguridad ciudadana. Esto impide la apreciación del grado de gravedad de la conducta, de la lesión y, por tanto, imposibilita la graduación de la sanción, pues en esas circunstancias, toda conducta, afecte o no la labor de los cuerpos de seguridad, será sancionada de manera idéntica, ya que no hay parámetros legales para calificar los hechos. Por tanto, el tipo penal incumple con el principio de proporcionalidad en la calificación de las conductas, en la graduación de la gravedad de las mismas, así como de las posibles sanciones. Esto, con independencia de que se sancione con más severidad a los servidores públicos, lo que implica una diferencia con los civiles, porque respecto de quienes se encuentren en la misma hipótesis, civiles o servidores públicos, no se podrá diferenciar normativamente la ilicitud de su conducta, su gravedad, así como la gravedad de la lesión, todo lo cual es el necesario referente para determinar proporcionalmente la sanción.

Este es un claro ejemplo de una norma penal represiva, cuya única finalidad es otorgarles un cheque en blanco a las autoridades para perseguir penalmente a quienes ellas mismas definan, según sus deseos, como halcones (espías al servicio del crimen organizado), como fue el caso de los policías preventivos que fueron liberados por el magistrado Arenas.

Es por ello, que el magistrado Arenas bien pudo declarar la inaplicación del tipo penal de halconeo por resultar notoriamente inconstitucional. Quizá el magistrado pensó que sería excesivo declarar la inaplicación de dos tipos penales y que, por lo pronto, sería suficiente con uno, para medir el efecto de su decisión en la opinión pública, en el foro y en la academia.

Como sea, la decisión del magistrado Arenas fue correcta, garantista y, sobre todo, muy valiente. Le felicito por su decisión inspiradora.

Conferencia del magistrado Carlos Arenas sobre el control difuso de constitucionalidad:



Jorge Domene, vocero de seguridad del estado de Nuevo León, expone que el tipo penal que inaplicó el magistrado Arenas será revisado por el congreso local:

lunes, 1 de agosto de 2011

Hacia una nueva cultura jurídica garantista en México


Los días 31 de agosto, 2, 6 y 7 de septiembre de 2010, así como los días 4, 5, 7, 11, 12 y 14 de julio de 2011, los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron la consulta a trámite sometida por su Presidente, en los expedientes varios 489/2010 y 912/2010, relativa al cumplimiento por Parte del Poder Judicial de la Federación de la sentencia del Caso Rosendo Radilla vs Los Estados Unidos Mexicanos, dictada el 23 de noviembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Corte Interamericana condenó al Estado Mexicano por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, por parte de las Fuerzas Armadas, en un retén militar en 1974. La sentencia del tribunal internacional le impuso varias obligaciones por cumplir al Poder Judicial de la Federación, entre las que destacan: adoptar los estándares internacionales relativos a los límites del Fuero de Guerra para conocer de casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares en contra de los civiles, así como acatar los criterios internacionales para juzgar casos sobre desapariciones forzadas de personas.

El 14 de julio de 2011, día de clausura del primer periodo de sesiones del año, el Tribunal Constitucional aprobó varios criterios en relación con los derechos humanos y las sentencias de la Corte Interamericana que resultan inéditos e históricos y que tienen efectos en todo el país. Me interesa destacar estos criterios fundamentales y garantistas más allá del tema de la limitación al Fuero de Guerra, determinación muy relevante pero particular en la decisión de la Suprema Corte y del que ya se ha hablado y escrito muchísimo. Los tres elementos centrales de la decisión de la Suprema Corte son:

1. Las sentencias que dicte la Corte Interamericana en las que el Estado Mexicano sea parte, son obligatorias para éste en sus términos. No son revisables por el Poder Judicial de la Federación.

2. La jurisprudencia de la Corte Interamericana es criterio orientador para el Poder Judicial de la Federación, en los casos en los que el Estado Mexicano no sea parte.

3. El control de convencionalidad en materia de derechos humanos es obligatorio y oficioso para todos los jueces del Estado Mexicano.

Estos tres criterios son la base de lo que considero es el nuevo paradigma de interpretación constitucional en materia de derechos humanos en México y que, sin duda, serán el motivo de una profunda transformación de la cultura jurídica en nuestro país, que pasara del formalismo atávico sujeto al dogma de la ley (mal entendiendo a Kelsen), al garantismo basado en los valores libertarios y justicieros y centrado en la dignidad de los seres humanos y no en la ley que es un mero referente, no un dogma.

Lo que la Suprema Corte aprobó es un auténtico control de constitucionalidad en materia de derechos humanos, de naturaleza difusa (no es exclusivo de algunos tribunales), obligatoria (no es opcional) y oficiosa (no se requiere que alguien lo pida) a cargo de todos los jueces del país, pues las normas internacionales en materia de derechos humanos tienen rango constitucional por virtud de la reforma a la Constitución Federal en materia de derechos humanos de 10 de junio del presente año.

Esto implica que todos los jueces del país están obligados constitucionalmente a convertirse en auténticos guardianes de los derechos humanos. Además, están constitucionalmente obligados a interpretar las normas de la manera que resulte más favorable para la protección de los derechos humanos de las personas. Están prohibidas las interpretaciones que restrinjan o limiten los derechos humanos.

Mi única crítica a la decisión de la Suprema Corte es en lo relativo a que la jurisprudencia general de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenga sólo carácter orientador (opcional) y no obligatorio. Lo quieran o no los ministros y las ministras, la jurisdicción de la Suprema Corte mexicana está acotada por la jurisdicción de los tribunales internacionales. El Estado Mexicano está obligado a respetar los tratados internacionales de derechos humanos y si no lo hace compromete su responsabilidad internacional. Para cumplir con estos tratados, necesariamente deben acatarse las interpretaciones autorizadas que de ellos hacen los órganos competentes, o sea, los propios tribunales internacionales. Estoy seguro que con el tiempo superaremos está momentánea limitación. Soy optimista.

Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011 y con la decisión de la Suprema Corte de 14 de julio del mismo año, se ha inaugurado en México la era neoconstitucional, caracterizada por la priorización no sólo del reconocimiento de los derechos humanos en términos amplios, sino también del reconocimiento y fortalecimiento de sus garantías.

El garantismo también se caracteriza por postular que no basta la existencia del derecho, sino que, además, debe estar claramente determinado el obligado a cumplir con la expectativa de su respeto, por la vía de un procedimiento idóneo que constituya su garantía.

Para el garantismo neoconstitucionalista, los derechos humanos han dejado de ser únicamente proclamas ideológicas, políticas y programáticas sin posibilidad alguna de ser cumplidas. Todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, deben ser acatados y para ello debe posibilitarse su cumplimiento por medio de las garantías. Esto explica la razón por la que también se reformó sustancialmente la constitución de nuestro país para fortalecer el juicio de amparo. El tres de junio de dos mil once fue promulgada la reforma constitucional en materia de amparo, la garantía constitucional por excelencia.

Los defensores de los derechos humanos tienen ahora una gran herramienta para contestarle al poder y para intentar construir un México mejor. Un país en el que no se respeten los derechos humanos está condenado a desaparecer por inviable. Hay que ser idealistas y luchar por lo imposible.

miércoles, 22 de junio de 2011

La defensa de los derechos humanos: una actividad subversiva




                                               Al doctor Óscar Correas,
                                               formador de conciencias críticas.


Recuerdo la respuesta de un compañero de clase cuando el profesor de filosofía del derecho habló del libro “El proceso de Jesucristo” del doctor Burgoa. La crítica fue que el libro era una mala novela con pretensiones académicas. La conversación derivó en una reflexión del compañero sobre la maestría en derecho que estudiamos. Dijo algo así como: “bueno, si yo hubiera querido estudiar filosofía me hubiera metido a una maestría en filosofía y no a una maestría en derecho”. Es justo este tipo de pensamiento el que debe ser superado por parte de los juristas.

Óscar Correas, cuya teoría crítica estudio y aplico, dice que uno de los principales problemas que tienen los juristas es su completo desconocimiento de los temas filosóficos. Yo diría: el completo desconocimiento de los términos del debate filosófico histórico, que, afirmo, siempre ha sido el mismo –con sus respectivos matices-: ¿la verdad, lo bueno y lo bello son de apreciación objetiva? La respuesta no es de ninguna manera simple.

Mi experiencia me ha enseñado, que los juristas creen que los temas jurídicos se circunscriben a las reflexiones técnicas. No se dan cuenta, porque no lo han analizado, que los debates trascendentes no versan sobre la técnica, sino sobre la filosofía y la teoría. Además, sostengo que para que sea entendido el debate esencial entre los teóricos del derecho, lo primero es entender el fundamento de ese debate y, por tanto, es necesario para los juristas iniciar desde el principio: desde el estudio de la historia del pensamiento filosófico; no sólo a partir de los resúmenes expuestos en los libros de historia del pensamiento filosófico, que son necesarios, claro, sino, principalmente, a partir de la lectura de los libros de los pensadores, o sea, de una fuente más o menos directa.

Antes de entrar a la maestría intuía la importancia del pensamiento filosófico, pero fue, debo admitirlo con todas sus palabras, hasta que ingresé al posgrado que entendí la enorme potencia del pensamiento filosófico para la acción política. Mi guía en este camino tan complejo y muchas veces inentendible y desesperante fue Correas.

Ahora puedo sostener que el debate filosófico fundamental es en términos epistemológicos. La guerra en el pensamiento filosófico y teórico, y que es el fundamento de todas las luchas políticas, tiene como elemento central a la verdad. A lo largo de la historia, los pensadores y los políticos pragmáticos han batallado para imponerle al resto de la Humanidad lo que consideran como lo verdadero, lo real, lo objetivo, lo inobjetable. La verdad, siempre, como fundamento del poder político. La verdad, como base del discurso prestigioso; como sustento determinante del liderazgo.

En este debate entre las posturas epistemológicas, desde mi punto de vista, los griegos lo dijeron todo. El debate filosófico esencial fue planteado, desde todas sus posibles aristas, por los pensadores griegos. Después, los otros filósofos han contribuido al enriquecimiento de las posturas defendidas por los pensadores helénicos, pero no han sido creadores de ningún pensamiento auténticamente original.

Los griegos, dicen, descubrieron la razón, el logos, a la que está sometido el mundo. La Naturaleza, sostienen los racionalistas, está determinada por un orden perfecto, necesario y predecible. Nada es contingente. Para notar este orden perfecto del mundo, es indispensable que el logos de la Naturaleza se empate con el logos de la mente humana, también determinada por el orden perfecto. De esta manera, si se tiene un método correcto de pensar, se puede apreciar el máximo descubrimiento de la Humanidad: la lógica con la que el mundo opera. Lo aparente es un engaño de los sentidos; lo verdadero, lo real, subyace entre lo que el sentido común es incapaz de apreciar.

Para los racionalistas absolutos que creen haber descubierto la “lógica del mundo”, el orden perfecto que se aprecia de la Naturaleza ha demostrado que no daña, sino que más bien beneficia: a quién perjudica que de la cruza entre un perro y una perra nazca un perrito y no un delfín. Si el orden lógico del mundo beneficia, entonces es bueno y los seres humanos deben imitar esa perfección con su comportamiento. Lo natural, por tanto, es lo bueno, lo ético. El racionalismo-naturalista conduce de esta manera al absolutismo ético: ningún comportamiento humano que no tenga sustento en el logos totalizador es bueno, pues no está fundamentado en lo absolutamente verdadero, en lo natural, que es lo único digno de aprecio.

Lo que han intentado los racionalistas a lo largo de la historia es, por tanto, naturalizar a los seres humanos, eliminar su libertad de elección para acabar con su voluntad. Los racionalistas-naturalistas son los amantes permanentes del orden absoluto y odian cualquier cosa que les quite la certeza en su vida, que acabe con lo que tanto desean: un mundo predecible y, por ello, seguro. Lo verdadero se convierte en sinónimo de seguridad y tiene como efecto la tranquilidad emocional. La vida es placentera si se saben con precisión, y de antemano, cuáles son los efectos de todos los comportamientos posibles. A los seres humanos les encantan las fórmulas simples: si me porto bien me irá bien.

Pero este pensamiento apologeta del orden perfecto y absolutista, se ha enfrentado históricamente al pensamiento libertario, al que pregona que nada es necesario, que todo es contingente, incluida la Naturaleza, y que la verdad no existe: el irracionalismo relativista y escéptico, fundamento filosófico de la libertad.

El debate histórico entre racionalistas e irracionalistas se ha manifestado desde el origen del pensamiento filosófico. Heráclito y Parménides, así como los sofistas y Sócrates, en la Edad Antigua; los nominalistas y los teólogos de influencia aristotélica, en la Edad Media; los racionalistas ilustrados y los empiristas, en la época moderna; todos, constituyen una viva representación del debate histórico entre dos posturas filosóficas que se disputan el poder político.

Heráclito de Efeso, el Oscuro, sostenía que todo es fugaz, cambiante y momentáneo: “La existencia es la corriente de un río, en el cual no podemos bañarnos dos veces en las mismas aguas”. Postura, evidentemente irracionalista. Las afirmaciones de Heráclito son, desde tiempos inmemoriales, el terror de los amantes de la certeza. Nada es absoluto, todo es relativo para Heráclito. Postura, claro que se opone a lo sustentado por un racionalista como Parménides, para quien la existencia de los individuos y el constante cambio de la cosas son un engaño de los “ojos ciegos, los oídos sordos, la lengua que es sólo un eco”.

Los sofistas, extraordinarios oradores y retóricos, eran capaces de enarbolar y defender cualquier causa en una asamblea política, a partir de una convicción básica: la moral es relativa como la verdad. Postura combatida por Sócrates, Platón y Aristóteles.

Protágoras, el más grande de los sofistas, expuso sus convicciones irracionalistas y libertarias cuando dijo: “el hombre es la medida de todas las cosas”. Frase que no significa otra cosa que todo pensamiento humano es relativo por ser subjetivo. Nadie aprecia las cosas de la misma manera, ni la verdad, ni lo bueno ni lo bello. En cambio Aristóteles, en su Ética a Nicómaco, intenta objetivizar los valores y construir una ética totalizadora, influida por la razón.

Los escolásticos, de influencia aristotélica, construyeron una suma teológica que les permitió sustentar la existencia de Dios en la supuesta evidencia de la lógica del mundo que expone y demuestra el pensamiento racional. A esta postura se opusieron los nominalistas, irracionalistas, a quienes se les llamó agnósticos, que sostienen que la existencia de Dios no puede ser demostrada por el pensamiento racional. La razón tiene sus límites.

Los racionalistas ilustrados, como Descartes, combatieron el escepticismo con todo su talento intelectual, su apuesta fue “dirigir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias”. A esta postura, se opusieron los empiristas ingleses, como David Hume, el más brillante y radical de todos. El escepticismo relativista de Hume merece ser rescatado y expuesto en la actualidad, sostiene Correas.

No faltaron, claro, las posturas eclécticas, cuyo máximo representante es Kant. Este filósofo construyó una suma filosófica racionalista-empírica, que ha influido enormemente en el pensamiento filosófico histórico.

¿De cuál lado estar? ¿De los absolutistas amantes del orden extremo y de la certeza total? ¿o del lado de los libertarios, que entienden que nada es absoluto y que rechazan las posturas totalitarias? Yo tengo muy claro de qué lado estoy.

Correas sostiene, y yo estoy de acuerdo con él, que hay que visitar a Hume para tener un sólido fundamento filosófico irracionalista, relativista y escéptico, que defienda el valor de lo subjetivamente axiologizado y axiomatizado y que sea una herramienta para combatir el absolutismo epistemológico y ético.

Ser un relativista en términos éticos, significa que la moral siempre es individual, no que no se tengan convicciones. El irracionalismo, para los políticamente correctos, puede ser entendido como una razón relativa y subjetiva, esto es, el orden es particular y no total y está en la mente de cada quien y no en las cosas. El escepticismo es una sana actitud de duda que permite el desarrollo del conocimiento a partir de la experiencia.

Que la moral sea relativa y no absoluta, no significa que los libertarios no tengan también la vocación de universalidad. El universalismo es un concepto opuesto al de totalitarismo, y ambos tienen un proceso de construcción radicalmente diferente. Mientras que el universalismo parte del relativismo particular y sostiene que lo verdadero es producto del acuerdo humano, el totalitarismo es absolutista y no permite una construcción histórica y convencional de la verdad, sostiene que lo verdadero existe por sí mismo, con independencia de la participación de la voluntad de los seres humanos.

El universalismo democrático y libertario, encuentra su fundamento en la filosofía humeana. El filósofo escocés sostuvo que el conocimiento se genera por medio de las “impresiones” que se tienen del mundo real (“real” en el sentido de simplemente existente). Estas impresiones, cuando ya no se tiene directamente el referente empírico, se quedan almacenadas en la mente humana en forma de “pensamientos”. La impresión es concreta y proviene indefectiblemente de la experiencia sensorial; los “pensamientos” son vagos, abstractos e imprecisos. Las ideas no son otra cosa que el producto de la abstracción que los seres humanos hacen de lo que perciben por medio de los sentidos; esto es, de las impresiones que se convierten en pensamientos. Cada ser humano percibe los hechos de manera particular y diferente, por eso, lo que cada quien cree del mundo es producto de su propia subjetividad concreta, de la “sensación” o “sentimiento” que lo real provoca. La moral es relativa porque es producto de ideas generadas a partir de una manera particular de percibir, abstraer y de generar “pensamientos”, o sea de una manera muy personal de “sentir”.

Una contribución fundamental de Hume, particularmente sugerente para el pensamiento relativista libertario, es su teoría de la falta de referente de lo causal. Para Hume, la “causalidad” es una sucesión de operaciones mentales, de impresiones; no es una sucesión real de “hechos naturales”. Con esto, Hume niega la supuesta necesidad y la lógica supuestamente inherente del mundo, como lo sostienen los racionalistas. Si existe un orden, no está en la Naturaleza sino en la mente de los seres humanos. El filósofo empirista lo explica así:

“La primera vez que un hombre vio la comunicación del movimiento mediante el impulso, como por el choque de dos bolas de billar, no podía decir que el acontecimiento estuviera conectado con el otro, sino tan sólo que estaba conjuntado. Después de haber observado varios casos de esta naturaleza dice que están conectados. Qué alteración ha sobrevenido para que nazca esta nueva idea de conexión? Nada, sino que ahora siente que estos hechos están conectados en su imaginación y puede fácilmente predecir la existencia de uno de ellos a partir de la aparición del otro.”

El pensamiento humeano permite hacer una afirmación: es posible producir enunciados con aspiración de universalidad, sólo que circunscritos a un tiempo específico. No hay nada que garantice que los seres humanos construyan siempre igual la “sucesión de percepciones” como para permitirles explicar lo que aprecian del mundo de la misma manera, por siempre y para siempre. Lo que denota la filosofía humeana es la idea de prudencia en la explicación científica de los hechos del mundo.

Los hechos, y esto es lo más relevante, no son percibidos ni explicados objetivamente. Nadie piensa igual ni siente igual. Esta es la más grande contribución filosófica que los juristas deberían (como imperativo ético) conocer. Sin embargo, como dice Correas, si algo caracteriza a los juristas, es su bien cimentado desprecio por lo externo a la técnica en el derecho.

A los juristas en las escuelas de derecho se les enseña una máxima: el derecho es coherente, completo y permite generar “certeza” a los justiciables; esto es, la “certeza” es la predecibilidad de las decisiones fundamentadas en los textos jurídicos.

Pero si el derecho es un hecho, cuyo referente empírico es un texto, cuyo contenido está cifrado con diversos signos que tienen que ser interpretados para determinar su significado, y esos signos constituyen los elementos de un lenguaje, entonces no es posible determinar objetivamente lo que el derecho quiere decir, porque los seres humanos no perciben ni sienten los hechos de la misma manera.

Siguiendo la filosofía humeana, se puede afirmar que el orden, la lógica, la coherencia no está en el discurso del derecho contenido en los textos jurídicos, sino en la mente de quien los estudia para interpretarlos según su muy particular subjetividad. El derecho no otorga certeza.

Si el derecho no otorga certeza, que es la única capaz de producir la tranquilidad que al ser humano le da la idea de la predecibilidad, entonces, ¿que sí puede dar certeza? Mi respuesta es: nada. El derecho jamás producirá certeza, porque nadie piensa ni siente igual. A los juristas les cuesta mucho trabajo aceptar esta afirmación, pues, para empezar, rara vez se cuestionan lo que hacen y por qué lo hacen.

En realidad, el derecho, como discurso subjetivo, no es más que uno de los campos en donde se da una batalla sin cuartel por la hegemonía y el dominio político. El derecho, dice Correas, es un discurso irracional, prescriptivo, autorizado, que amenaza con la violencia. De esta manera, tanto la interpretación del discurso como su argumentación tienen una clara finalidad política. El trabajo de los juristas, visto de esta manera, es esencialmente político.

Pero en las escuelas de derecho, jamás se les enseñará a los estudiantes a pensar en términos filosóficos. Se les enseña a pensar en términos técnicos. La intención es utilitaria.

Los estudiantes tienen que aprender su nuevo oficio técnico para que sobrevivan de algo, en una sociedad tan competitiva y tan excluyente como la nuestra. Pero también hay otra razón, que es claramente política: el Estado, que es producto histórico, controlado por los poderosos, tiene que ser administrado y, para ello, se necesita un tipo específico de jurista: el que crea que el derecho es esencialmente bueno, imparcial, con un sentido unívoco, porque a todos conviene que no haya ideologías peligrosas que critiquen al poder.

El poderoso quiere que el derecho, como instrumento de dominación, sirva para lo que fue creado: para imponer los intereses de quienes controlan al Estado y, para logarlo, lo primero que hay que hacer es controlar el pensamiento de los juristas. Los abogados, para ser funcionales al poder, tienen que interpretar y argumentar en el sentido que al poderoso le conviene y quiere, y si el jurista no hace eso, es peligroso.

Sostengo que la enseñanza del derecho tendría que hacerse de manera inversa, esto es, en lugar de que la filosofía se enseñe como tema relevante en el posgrado, se debería enseñar como materia fundamental en la licenciatura. Es más, soy más contundente: en la UNAM, el plan de estudios del posgrado debería ser el de la licenciatura y el de la licenciatura el del posgrado.

Por eso me escandalizó que el compañero de la clase dijera que la filosofía no tiene importancia y que para él, la materia es algo así como un mero complemento prescindible de su formación intelectual. Vaya disparate.

Como dije, el trabajo de los juristas es político, y sobre “lo político” no hay posibilidad de control. Aplaudo los intentos teóricos de Ferrajoli para construir un sistema garantista, basado en postulados y valores libertarios, con vocación universalista. Sin embargo, jamás, ninguna propuesta teórica, por más coherente y sólida que sea, será asumida por todos los juristas que participan, directa o indirectamente, en la administración del Estado y/o en la actividad política y social.

La teoría garantista de Ferrajoli es muy útil ideológicamente para quienes, como yo, tienen la convicción de luchar por las libertades, desde la izquierda, en contra del orden social injusto, pero, con todo, ni el garantismo ni ninguna otra ideología podrá ser el sustento de la certeza. Las posturas encontradas siempre mantendrán en constante tensión al derecho: no hay nada que garantice que un derecho ganado no sea eliminado después. Todo será el resultado de la correlación de fuerzas entre posturas antagónicas.

La tensión constante que genera lo político en el derecho, me permite otra reflexión: los libertarios están en perfectas condiciones de utilizar alternativamente un instrumento –el derecho- que nació con vocación de poder, de manera alternativa; diría Ferrajoli: de forma garantista.

El ejercicio de la profesión jurídica puede hacerse de una manera sólidamente alternativa, no a favor de los poderosos, sino a favor de los sectores sociales dominados y excluidos históricamente. Y, justamente, los defensores de los derechos humanos nos dedicamos a construir una sociedad alternativa, explotando el potencial transformador del discurso del derecho cuando se interpreta a partir de valores libertarios. Potencial transformador limitado por sí mismo, pero muy poderoso y con importantes alcances justicieros si va acompañado de la acción social directa, esto es, con la movilización y la protesta.

En un mundo dominado políticamente por los totalitarismos, el activismo de los defensores de los derechos humanos no sólo implica una labor alternativa con fines libertarios y justicieros, sino también una labor profundamente subversiva. El reto es subvertir el orden social injusto cuando éste es reproducido por el derecho. Y esta labor jurídica subversiva es muy peligrosa. Es tan peligrosa y arriesgada, que a los defensores de los derechos humanos se les asesina por atentar en contra de los intereses de los poderosos.

El ejercicio alternativo de la profesión jurídica no sólo puede desarrollarse desde el movimiento social, sino también desde el Poder Judicial. En México se le ha hecho creer a la gente que los jueces no realizan funciones políticas, que no gobiernan, que no tienen ideología, que son imparciales y que lo que piensan no se ve reflejado en sus decisiones. Es más, ha hecho creer a las personas que sólo el poder ejecutivo es el que gobierna. Por eso, en la publicidad del ejecutivo siempre aparece la leyenda “gobierno de la República”. Sin embargo, esta es una creencia absolutamente falsa, que no encuentra sustento en la realidad social.

En una República como la mexicana, los órganos del Estado son los que ejercen la función política, de dominación, de gobierno. El legislativo gobierna emitiendo leyes, el ejecutivo gobierna haciéndolas cumplir y el judicial gobierna dirimiendo controversias. Entre los tres órganos de gobierno se reparte la gestión integral del Estado. Es por ello que, sin la menor duda, los jueces tienen encomendada una clara función política.

Ahora bien, la función política, de gobierno, tiene un sentido ideológico, no se realiza desde la imparcialidad de la conciencia. En México, el gobierno es de tendencia liberal, individualista, conservadora. Ese sentido ideológico se encuentra formalizado en las leyes, que son textos que emplean los jueces para cumplir con la parte de la gestión del Estado que les corresponde: solucionar conflictos entre los diversos sectores sociales.

Retomo la idea: en las escuelas de derecho, dominadas por los positivistas individualistas conservadores, se les enseña a los futuros juristas a olvidarse del sentido ideológico de las leyes y les dicen que sólo se deben de encargar de su sentido deóntico, que es aquel que transmite la especial forma de pensar de que algo debe ser realizado por alguien. De esta manera, los juristas, que después se integrarán a la judicatura, se quedan con la idea de que su labor consiste en aplicar las leyes dejando de lado su propia conciencia, sus deseos, sus pasiones, su lado humano. Según esta creencia, para que los jueces sean objetivos y certeros, deben aplicar las leyes sin criticarlas desde su cosmovisión.

La imparcialidad de la práctica jurídica, por supuesto, no existe, pues aunque sea de manera pretendidamente oculta y con cierta culpa, los jueces siempre interpretan y argumentan desde su propia conciencia. Esto es algo que todos sabemos porque es inocultable. Fuimos testigos, por ejemplo, de la manera como el ministro naturalista ultra conservador, Sergio Aguirre Anguiano, defendió su ideología confesional cuando se discutió en el Pleno de la Suprema Corte lo relativo a la constitucionalidad de la interrupción del embarazo y del matrimonio gay en el Distrito Federal.

Es por ello que me parece fundamental que se abandone la falsa creencia de que los jueces no gobiernan, que son objetivos o imparciales ideológicamente. Los juristas necesitan tener claro que su función es fundamentalmente política y que precisamente por ello es completamente legítimo promover el ejercicio de una práctica jurídica alternativa, solidaria, crítica, de izquierda, distinta a la que hoy es hegemónica y que se basa en el individualismo.

El poder judicial es un espacio privilegiado, como también lo es el movimiento social, para promover y ejercer una práctica jurídica alternativa, pero para ello hay que modificar de raíz el modelo judicial, profundamente represor, que ahoga toda pretensión de crítica ideológica en su interior.

En Europa, por ejemplo, existen asociaciones nacionales y regionales de jueces que se organizan a partir de su manera de pensar, según sean de izquierda o de derecha. Con el actual modelo judicial mexicano, algo así resulta imposible. En 2008, el magistrado federal Francisco Salvador Pérez fue sancionado por el Consejo de la Judicatura Federal porque se atrevió a expresar su opinión a favor de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APPO, y del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, aunque, claro, el Consejo dijo que los motivos de la sanción fueron las supuestas irregularidades cometidas por el magistrado en el ejercicio de su encargo. Ser un jurista alternativo siempre es costoso, no importa si la labor se desarrolla en el movimiento social o en el Poder Judicial.

Por eso me interesa que quede claro lo que afirmo con este pequeño ensayo: los juristas deben incursionar y especializarse en los estudios filosóficos, pues si no lo hacen serán invariablemente reducidos a meros tecnócratas, a meros instrumentos de los poderosos. Insisto: el debate jurídico importante, el sustancial, el que verdaderamente importa, jamás será el técnico, sino el filosófico y el teórico.

jueves, 14 de abril de 2011

La reforma constitucional de derechos humanos



La dignidad, la libertad, la igualdad y la justicia son aspiraciones legítimas de todo ser humano; son la base de la vida buena y feliz. Estos principios, por su gran valor, constituyen el fundamento ético de las sociedades contemporáneas. Es por ello, que su reconocimiento vinculante por parte de todos los sectores que conforman los factores reales de poder, resulta indispensable para la viabilidad de cualquier comunidad, pues son el sustento ideológico de las reglas para la convivencia sana y fraterna. Estas reglas, además, tienen una denominación que denota su esencia generosa: derechos humanos.

La nación mexicana es un claro ejemplo de la lucha constante por lograr que los derechos humanos sean para todos y para todas. El camino, sin duda, ha estado plagado de obstáculos que afortunadamente han sido esquivados. Un momento histórico fundamental en este constante bregar, es la reforma constitucional en materia de derechos humanos, aprobada por el Congreso de la Unión el pasado 8 de marzo.

Cabe destacar que desde hace varios años, organizaciones de la sociedad civil, académicos e instituciones trabajaron para que los derechos humanos fueran elevados a rango constitucional. Desde el 2004, el entonces jefe del Ejecutivo mexicano, Vicente Fox Quesada, presentó al Senado de la República una iniciativa en la materia; sin embargo, dicha propuesta fue de corto alcance.

La reforma a los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determinó la inclusión de los derechos humanos en la educación y en la política exterior; la prohibición de celebrar tratados internacionales que vulneren los derechos humanos; la universalidad, interdependencia, indivisivilidad y progresividad de los derechos; las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones por parte de todas las autoridades; el reconocimiento de la condición de refugiado por razones humanitarias y de asilado por razones políticas; la modificación del artículo 33 para reconocer el derecho de audiencia de las personas extranjeras que se pretenda expulsar del territorio nacional; un nuevo sistema de suspensión de derechos en situaciones de emergencia; el reconocimiento de la autonomía de los organismos públicos autónomos de derechos humanos y sus nuevas facultades para conocer de violaciones a los derechos laborales así como para investigar violaciones graves a los derechos humanos.

Sin embargo, lo más significativo de la reforma está en que la Constitución mexicana se convierte en un catálogo mínimo de derechos humanos que puede ser ampliado por los tratados internacionales, así como por cualquier norma que implique una mayor protección para los derechos de los habitantes de nuestro país. El nuevo artículo 1º de la Carta Magna ha determinado la existencia de un “bloque de constitucionalidad” en materia de derechos humanos que estará constantemente en expansión.

Además, todas las autoridades, tanto administrativas como judiciales, tienen la obligación constitucional de no interpretar restrictivamente las normas que contemplan derechos humanos (principio de progresividad). Esto implica, que toda autoridad tiene la obligación de interpretar las normas siempre de manera favorable para los gobernados (principio pro persona).

Con la ampliación del catálogo de derechos humanos, las garantías para su protección también se fortalecen. El juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad y, eventualmente, las controversias constitucionales se convierten en medios procesales de defensa tanto de la Constitución (control de constitucionalidad) como de los tratados internacionales (control de convencionalidad). Esto es muy importante, porque recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar las facultades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para proteger los derechos fundamentales por medio de las acciones de inconstitucionalidad, determinó que los organismos públicos autónomos sólo estaban facultados para proteger directamente los derechos humanos establecidos en la constitución y no los contemplados en los tratados internacionales. Con la reforma, el criterio restrictivo de la Corte pierde vigencia.

Asimismo, la jurisprudencia de los órganos internacionales protectores de los derechos humanos, tanto regionales como universales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Justicia, podrá ser considerada válidamente como criterios autorizados para interpretar las normas constitucionales y convencionales de derechos humanos. Con esto, se le da una nueva dimensión ampliada de protección a las libertades de los habitantes de nuestro país, por conducto de los criterios judiciales novedosos y garantistas emitidos por los órganos autorizados para interpretar los tratados internacionales que contemplen derechos humanos de los que México sea Parte.

Además, con la reforma constitucional en materia de juicio de amparo (aún no en vigor) las posibilidades de defensa de los derechos humanos se amplían. Por ejemplo, la reforma al amparo mexicano permitirá que más personas accedan a la Justicia Federal y que la Suprema Corte se pronuncie, en ciertas circunstancias, por la inconstitucionalidad de leyes con efectos generales.

La reforma en materia de derechos humanos ha sorteado la aprobación en el Congreso, proceso que resultó muy incierto, pues las Cámaras de Diputados y de Senadores realizaron diversas modificaciones a las minutas, lo que provocó el retraso de la aprobación de la reforma. Incluso, de último momento, los senadores panistas, de ideología ultraconservadora, pretendieron frenar la aprobación de la reforma, con el argumento de la que la protección constitucional a las preferencias sexuales implicaba la protección de conductas delictivas como la pederastia.

El Senado ha remitido la minuta de la reforma para su aprobación por parte de las legislaturas estatales, tal y como lo ordena nuestra Constitución en materia de aprobación de reformas al texto fundamental de nuestro país. Ya sólo falta el último paso y no hay que confiarnos. Debemos mantener la exigencia de que la reforma sea una realidad formal y lo más importante: que una vez que entre en vigor, sea una realidad material, palpable en la vida de todos los habitantes de México.

lunes, 14 de marzo de 2011

Alfonso Martín del Campo, otro presunto culpable


Foto de Alfonso Martín del Camp Dodd

En la madrugada del sábado 30 de mayo de 1992, Patricia Martín del Campo Dodd y su esposo Gerardo Zamudio Aldaba fueron asesinados en su domicilio por desconocidos. Patricia recibió veintinueve puñaladas, Gerardo treinta y siete. Alfonso Martín del Campo Dodd, hermano de Patricia, que vivía en la misma casa, fue golpeado y secuestrado por dos sujetos que cubrían sus cabezas con medias negras. Los delincuentes robaron un vehículo de la casa de las víctimas, encerraron a Alfonso en la cajuela y lo abandonaron sobre la carretera México-Cuernavaca. Coludidos con los homicidas, los agentes ministeriales encargados del caso detuvieron arbitrariamente a Alfonso y lo torturaron para obligarlo a confesar los crímenes.

El 28 de mayo de 1993, el Juez por Ministerio de Ley dictó sentencia condenatoria; consideró a Martín del Campo penalmente responsable de doble homicidio calificado y le impuso cincuenta años de prisión. El juez le otorgó valor jurídico pleno a pruebas ilegalmente generadas y avaló hechos que constituyeron violaciones graves al debido proceso legal.

Martín del Campo interpuso el recurso de apelación ante la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF); se le asignó el número de Toca 454/93. El 17 de agosto de 1993, la Sala confirmó la sentencia de primera instancia. En su sentencia, los magistrados señalaron que “la declaración confesoria (…), rendida por el ahora procesado, resulta ser el único indicio de prueba relevante en cuanto al esclarecimiento de los hechos que nos ocupan. (…)”.

Entre los órganos que se han pronunciado a favor de Alfonso Martín del Campo están:

a) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que emitió el informe de fondo provisional 63/02, en el que le señaló al Estado mexicano que la confesión debía quedar sin valor, el procedimiento debía ser revisado integralmente y el señor Martín del Campo debía ser liberado;

b) El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, mediante la Opinión Número 9/2005. El Grupo de Trabajo señaló que fue detenido arbitrariamente y fue objeto de tortura. La opinión obra en la página cuarenta, del informe que el Grupo de Trabajo presentó a la Comisión de Derechos Humanos en su sexagésimo segundo período de sesiones;

c) La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, mediante la recomendación 13/2002, recaída en el expediente CDHDF/121/98/BJ/N4489.000. En el cual concluyó, tras investigar los hechos y practicarle al señor Martín del Campo un estudio pericial basado en Protocolo de Estambul, que fue detenido arbitrariamente, torturado y que se cometieron en su perjuicio graves violaciones al debido proceso legal;

d) El Senado de la República, de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, mediante el Punto de Acuerdo de fecha 9 de marzo de 2006, por medio del cual se le emite un exhorto al Ejecutivo Federal para que dé cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en consecuencia disponga la inmediata liberación del señor Martín del Campo, identifique y sancione a los responsables de las violaciones a sus derechos y repare el daño que ha sufrido;

e) La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de la III Legislatura, mediante punto de acuerdo de fecha 25 de abril de 2006, en el que se emite un exhorto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con el objeto de que implemente las medidas legales conducentes con la finalidad de contribuir al cumplimiento de las recomendaciones derivadas del Informe de fondo provisional número 63/02, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relativo al caso del señor Martín del Campo, lo cual debe tener como efecto su excarcelación;

f) La Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, mediante resolución administrativa de 14 de octubre de 1994, recaída en el expediente QC/0011/FEB-94, misma que no fue recurrida y quedó firme, por la que se sanciona al policía Sotero Galván Gutiérrez como consecuencia de que detuvo arbitrariamente y atentó en contra de la integridad física del señor Martín del Campo. Este documento es del conocimiento de las autoridades del Distrito Federal.

El 2 de junio de 2002, el periodista Kevin Sullivan publicó en el periódico estadunidense The Washington Post, un reportaje intitulado “Tortura, un fantasma en el closet de México”, en el que documenta y expone el caso de Alfonso Martín del Campo, víctima de tortura. Con este trabajo, el señor Sullivan ganó el premio Pulitzer.

El día 7 de mayo del 2008, se presentó el “Diagnóstico de derechos humanos del Distrito Federal”, cuya elaboración corrió a cargo de los tres órganos de gobierno de la capital del país. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos participó como observadora permanente. En la parte quinta del diagnóstico, intitulada “Núcleo Sistema de Justicia”, se señala como ejemplo del empleo de la tortura para obtener confesiones autoinculpatorias por parte de las autoridades del Distrito Federal, el caso del señor Martín del Campo.

El 12 de noviembre de 2009, la Comisión Interamericana emitió el informe de fondo definitivo 117/09, en el que le solicita al Estado mexicano que anule la confesión de Martín del Campo, obtenida mediante tortura por los agentes ministeriales de Distrito Federal, así como todas las actuaciones y pruebas que se derivan de ella; que revise integralmente el proceso penal instruido en su contra y disponga su inmediata libertad.

El 3 de agosto de 2010, Martín del Campo, que sigue peleando por su libertad, presentó un incidente de reconocimiento de inocencia que actualmente estudia el TSJDF.

Como lo expone el documental Presunto culpable, las cárceles de la Ciudad de México están llenas de inocentes. Esperemos que el TSJDF haya aprendido la lección y libere a Martín del Campo.

El caso de Alfonso Martín del Campo Dodd, comentado en Proyecto 40 por los académicos Alejandro Madrazo y Ana Laura Magaloni:


Más sobre el caso de Alfonso Martín del Campo Dodd: