lunes, 17 de enero de 2011

La absurda sentencia dictada por la jueza 54 Civil del DF en contra de los periodistas de la revista Contralínea


Estas son algunas partes de la sentencia dictada por la jueza 54 Civil del Distrito Federal, Ýassmín Alonso Tolamatl, el 3 de enero de 2011, en contra de los periodistas de la revista Contralínea:

“Por último, resulta aplicable el contenido de los artículo 1916 del Código Civil, el cual reza lo siguiente:

“ARTÍCULO 1916: (cita textualmente el artículo)

“Asimismo, cobra vigencia la LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL DISTRITO FEDERAL, publicada en la Gaceta de Gobierno del Distrito Federal el día diecinueve de mayo de dos mil seis, cuyos artículos disponen lo siguiente:

“Artículo 9.- (cita textualmente el artículo)

“Artículo 10.- (cita textualmente el artículo)

“Artículo 11.- (cita textualmente el artículo)

“Artículo 12.- (cita textualmente el artículo)

“Artículo 23.- (cita textualmente el artículo)

“Artículo 24.- (cita textualmente el artículo)

“Artículo 25.- (cita textualmente el artículo)

“Artículo 26.- (cita textualmente el artículo)

“Artículo 27.- (cita textualmente el artículo)

“Ahora bien, tomando en consideración que estamos en presencia de una resolución de primer grado, corresponde a la suscrita realizar de manera oficiosa el análisis de los elementos constitutivos de la acción, en términos de la siguiente jurisprudencia: (cita la jurisprudencia con número de registro 190846, cuyo rubro es: ACCIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA.)

“Ahora bien, como ha quedado apuntado en el presente sumario se ejercita la acción de daño moral derivado del ejercicio indebido de la libertad de expresión . Por lo que a efecto de determinar la procedencia de la acción intentada, se debe tomar en cuenta que el artículo 1916 del Código Civil, dispone que por daño moral se entiende la alteración profunda que la víctima sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación, honor, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito; por su parte el diverso numeral 1830 del ordenamiento legal en cita, establece que es ilícito el hecho contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres.

“En ese orden de ideas, para no incurrir en alguna de las hipótesis contenidas en tales preceptos legales, los medios de comunicación impresa están obligados a corroborar la veracidad de las notas informativas que pretendan publicar; es decir, debe verificar que aquello que van a hacer del conocimiento público se apegue a la realidad, para estar en aptitud d publicar una información objetiva y veraz, y no afectar el honor y reputación de las personas, causándoles un demérito en su prestigio, lo que de acuerdo con el artículo 1º de la Ley de Imprenta vigente, constituye un ataque a la vida privada, única limitante a la libertad de expresión, prevista en los numerales 6º y 7º de la Constitución Federal; en consecuencia, dichos medios deben ajustar a la verdad sus notas informativas, cuidando además los términos que emplean al radactarlas, atendiendo a que no debe ser justificante que quien hace una publicación ignore el significado jurídico del término empleado, puesto que el desconocimiento de la ley no puede servir de excusa para un medio de comunicación que se presume cuenta con especialistas y profesionales en la labor informativa.

“En efecto, el ejercicio de los derechos de opinión, crítica, expresión e información, no puede realizarse indiscriminadamente, dado que la libertad de expresar libremente las ideas, no puede exceder los límites establecidos en los artículos 6º y 7º de la Constitución, mismos que, respectivamente, señalan: (cita la jueza textualmente los artículos. Cita algunas jurisprudencias: la 189,743, DAÑO MORAL. EXPRESIONES CUYA PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVO ACREDITAN EN SÍ MISMAS QUE SE PRODUJO y la 191,835, DAÑO MORAL. PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS QUE LO CAUSAN.)

“Luego entonces si en el presente sumario, como ha quedado apuntado se ejercita la acción de daño moral, en términos del artículo 1916 del Código Civil, por lo cual los extremos a probar según la Teoría Objetivista , es únicamente el ataque directo efectuado en contra de los demandados, sin que sea necesario el acreditamiento del daño efectuado y la relación de causalidad entre el ataque sufrido y el daño efectuado, lo anterior atendiendo a la exposición de motivos efectuada para la reforma del artículo 1916 del Código Civil, en la que dispone la teoría objetivista, que indica que el daño moral se causa con la realización de un hecho ilícito, entendiéndose como tal un acto contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres.

“El elemento antes mencionado ha quedado debidamente acreditado con la simple exhibición de los artículos materia de esta resolución, atento a que los mismos por sí solos constituyen un ilícito, dado que son un ataque directo a los actores pues se está realizando un ejercicio indebido de la libertad de expresión, puesto que los mismos contienen información que no fue corroborada al afirmar que las licitaciones fueron obtenida (sic) de manera contraria a derecho, y en base a influencias, siendo que en el presente sumario no quedo (sic) debidamente acreditado que las licitaciones hayan sido adjudicadas de manera ilegal, puesto que no existe resolución alguna que así lo haya decretado; por lo que queda acreditado la ilicitud en el actuar atento a que se excedieron en la libertad de expresión al afirmar situaciones que no fueron debidamente comprobadas y que constituyen un ataque a los actores. (Cita la jurisprudencia 170,103, DAÑO MORAL. HIPÓTESIS PARA LA PROCEDENCIA DE SU RECLAMACIÓN.)

“Al respecto, tomando en consideración que en el presente controvertido se ejercita la acción de reparación de daño derivado de la publicación de notas periodísticas, estamos en presencia de la libertad de expresión, (…).

“Sin embargo, como ha quedado apuntado, dicha libertad de expresión tiene sus limitantes, entre ellas, la que con la publicación de diversos artículos periodísticos no se afecte el derecho de privacidad de las personas que se mencionan, al respecto también es cierto que dentro de la legislación aplicable, los periodistas tienen el derecho a guardar secresía (sic) en relación a las fuentes de donde tuvieron la información contenida en sus notas periodísticas, empero como ya quedo precisado. En el caso a estudio, no se actualiza tal hipótesis dado que el actor no pretende que se revelen las fuentes de información sino que ejercita la acción de daño moral derivada del ejercicio indebido de la libertad de expresión que como ya se vio, queda acreditado con las publicaciones reseñadas a lo largo de esta resolución y que por sí mismas constituyen un ataque directo a los accionantes. Lo anterior se encuentra regulado en el artículo 25 de la LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL DISTRITO FEDERAL, mismo que es del tenor literal siguiente: (cita el artículo textual).

“Ahora bien, la parte actora a efecto de acreditar la acción intentada rindió de su parte los siguientes medios de prueba: (cita todas las pruebas aportadas por las partes actoras)

“Los medios de convicción antes rendidos debidamente valorados, de conformidad con las reglas de la experiencia jurídica, en términos de los estatuido en el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, influye en el ánimo de la suscrita para determinar la procedencia parcial de la acción intentada. (…)

“En la especie con las publicaciones efectuadas se causa un daño a la parte actora, atento a que de conformidad con la teoría objetiva, es menester únicamente acreditar el ataque directo, lo que queda debidamente colmado en atención a que las publicaciones efectuadas se utilizan palabras, frases insultantes por sí misma (sic), (la jueza refiere los contenidos de las columnas y los reportajes de los periodistas Miguel Badillo, Nancy Flores y Ana Lilia Pérez).

“En ese orden de ideas del contenido en general de los artículos periodísticos se desprende que los mismos se refieren a frase (sic) insultantes en contra de los actores, puesto que refieren en primer término a ANTONIO JUAN MARCOS ISSA, como el ciego y que si bien es cierto que el mismo es invidente como lo refiere, también lo es que no es dable señalarlo en los términos peyorativos con lo que se realizó y más aún con el adjetivo calificativo antes precisado dado que con el mismo se denosta y se hace resaltar la diferente capacidad por cuanto hace a la ausencia de visión del antes mencionado; asimismo se refiere a los demás actores como personas que forman parte de una banda y que las empresas accionantes se tratan de empresas deshonestas y que obtienen sus contratos de manera desapegada a la ley, lo que en si (sic) implica una afectación a la imagen de los mismos, acreditando dicha afectación con las testimoniales a cargo de Manuel Mayoral Piana y Gerardo Amado Rodríguez Gaytan (sic); Jorge Armando Basualdo Ramírez, José Luis Ramos Rivera y Guillermo Kelly Salinas, desahogada en audiencia de fecha ocho de septiembre e dos mil diez, en la que la totalidad de los testigos son contestes en cuanto al conocimiento de la parte demandada, las publicaciones efectuadas, en las que se tacha a los actores como miembros de una mafia organizada, que utilizan artimañas y que de manera ilegal han sido beneficiadas en cuanto hace a la obtención de las licitaciones; refiriendo que a raíz de las publicaciones efectuadas en las revistas CONTRALINEA (sic), FORTUNA, en la columna OFICIO DE PAPEL y la editorial que las maneja, que en las mismas se refiere a ANTONO JUAN MARCOS ISSA, lo de determinan como “EL CIEGO”; y que a raíz de dichas publicaciones la imagen y la credibilidad de las empresas accionantes y las personas físicas se vieron afectadas, existiendo entre el actuar y el daño causado la relación de causalidad entre ambas, puesto que con las publicaciones efectuadas se disminuyó la consideración de las demás personas hacia los actores.

“Lo anterior en términos de los artículos 24 y 25 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, los cuales rezan: (cita la jueza el texto de los artículos).

“En ese orden de ideas, se declara que los demandados actuaron de manera ilícita al haber efectuado imputaciones carentes de sustento hacia los actores al referirse como una mafia y adjetivos denostativos, violando con ello la limitante a la libertad de expresión dado que se atacó de manera directa a los demandados al emitir artículos cuyo contenido se encuentra encaminado a desprestigiarlos al referirse que se trata de mafias.

“En efecto, en primer término no quedó demostrado que los actores hayan actuado de manea ilegal en la obtención de las licitaciones a que hacen mérito, puesto que el hecho de que se encuentren abiertos diversos procedimientos de investigación, de ninguna manera acredita por si (sic) solo el actuar con desapego a la ley; por otra parte, en relación a que la información proporcionad (sic) es información de interés público, dicha cuestión no puede ser considerado atento a que por interés público, el Diccionario Jurídico Contemporáneo, escrito por el Maestro Rafael Martínez Morales, editado por IURE EDITORES, en su página precisa que el interés público, lo define como el deseo social para el logro de determinado beneficio común o para la realización de ciertas acciones tendientes a la consecución de los fines que persigue un grupo nacional, que pueden estar o no previstos en el orden jurídico.

“Así, es claro que las licitaciones efectuadas por PEMEX, no pueden ser consideradas como de interés público, puesto que, en primer término LA PETROQUÍMICA, es una rama de la industria que en nuestro país no ha sido desarrollada a gran escala, siendo ésta una rama específica que cuenta con una teminología especial y conocimientos técnicos que el público en general e inclusive la suscrita desconoce, puesto que los expertos en tal cuestión son las empresas dedicadas a la citada rama, y por ende al carecer de dichos conocimientos, no es factible que el público en general tenga interés si sería más conveniente a los intereses de la paraestatal el comprar un buque o rentarlo, dado que dicha cuestión es inherente a la paraestatal y por el hecho de que maneje recursos que son del erario, no podría válidamente considerarse como de interés público dado que se caería en el absurdo de que se tendría que cuestionar y por ende facultar a los periodistas para emitir opiniones subjetivas en relación a cualquier adquisición, licitación o actuar de cualquier ente de Gobierno, por lo cual en la especie no se actualiza la excluyente de responsabilidad prevista en el segundo párrafo del artículo 25 de ley de Responsabilidad Civil.

“(…)”


SIN PALABRAS.

domingo, 16 de enero de 2011

Una propuesta para el presidente de la Corte

Publicado en el número 216 de la revista Contralínea, del 16 al 22 de enero de 2011. Dar click en este vínculo.


En México nos han hecho creer que los jueces no realizan funciones políticas, que no gobiernan, que no tienen ideología, que son imparciales y que lo que piensan no se ve reflejado en sus decisiones. Es más, se nos ha hecho creer que sólo el poder ejecutivo es el que gobierna. Por eso, en la publicidad del ejecutivo siempre aparece la leyenda “gobierno de la república”. Sin embargo, esta es una creencia absolutamente falsa, que no encuentra sustento en la realidad social.

En una república como la mexicana, los órganos del Estado son los que ejercen la función política, de dominación, de gobierno. El legislativo gobierna emitiendo leyes, el ejecutivo gobierna haciéndolas cumplir y el judicial gobierna dirimiendo controversias. Entre los tres órganos de gobierno se reparte la gestión integral del Estado. Es por ello que, sin la menor duda, los jueces tienen encomendada una clara función política.

Ahora bien, la función política, de gobierno, tiene un sentido ideológico, no se realiza desde la imparcialidad de la conciencia. En México, el gobierno es de tendencia liberal, individualista, conservadora. Ese sentido ideológico se encuentra formalizado en las leyes, que son textos que emplean los jueces para cumplir con la parte de la gestión del Estado que les corresponde: solucionar conflictos entre los diversos sectores sociales.

En las escuelas de Derecho, dominadas por los positivistas individualistas conservadores, se les enseña a los futuros juristas a olvidarse del sentido ideológico de las leyes y les dicen que sólo se deben de encargar de su sentido deóntico, que es aquel que transmite la especial forma de pensar de que algo debe ser realizado por alguien. De esta manera, los juristas, que después se integrarán a la judicatura, se quedan con la idea de que su labor consiste en aplicar las leyes dejando de lado su propia conciencia, sus deseos, sus pasiones, su lado humano. Según esta creencia, para que los jueces sean objetivos y certeros, deben aplicar las leyes sin criticarlas desde su cosmovisión.

La imparcialidad de la práctica jurídica, por supuesto, no existe, pues aunque sea de manera pretendidamente oculta y con cierta culpa, los jueces siempre interpretan y argumentan desde su propia conciencia. Esto es algo que todos sabemos porque es inocultable. Fuimos testigos, por ejemplo, de la manera como el ministro naturalista ultra conservador, Sergio Aguirre Anguiano, defendió su ideología confesional cuando se discutió en el Pleno de la Suprema Corte lo relativo a la constitucionalidad de la interrupción del embarazo y del matrimonio gay en el Distrito Federal.

Es por ello que me parece fundamental que se abandone la falsa creencia de que los jueces no gobiernan, que son objetivos o imparciales ideológicamente. Los juristas necesitan tener claro que su función es fundamentalmente política y que precisamente por ello es completamente legítimo promover el ejercicio de una práctica jurídica alternativa, solidaria, crítica, de izquierda, distinta a la que hoy es hegemónica y que se basa en el individualismo.

El poder judicial es un espacio privilegiado para promover y ejercer una práctica jurídica alternativa, pero para ello hay que modificar de raíz el modelo judicial, profundamente represor, que ahoga toda pretensión de crítica ideológica en su interior. En Europa, por ejemplo, existen asociaciones nacionales y regionales de jueces que se organizan a partir de su manera de pensar, según sean de izquierda o de derecha. Con el actual modelo judicial mexicano, algo así resulta imposible. En 2008, el magistrado federal Francisco Salvador Pérez fue sancionado por el Consejo de la Judicatura Federal porque se atrevió a expresar su opinión a favor de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APPO, y del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, aunque, claro, el Consejo dijo que los motivos de la sanción fueron las supuestas irregularidades cometidas por el magistrado en el ejercicio de su encargo.

El 3 de enero de 2011, el ministro liberal, garantista, Juan Silva Meza, fue elegido como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el periodo 2011-2014. Entre el abanico de personalidades conservadoras en el Pleno del tribunal constitucional, sin duda, Silva era el mejor candidato, por su acreditado compromiso con la defensa de los derechos humanos: estuvo a favor de juzgar por genocidio a Echeverría, votó en contra de la Ley Televisa, apoyó a Lydia Cacho, a las víctimas de la Guardería ABC y a los presos políticos de Atenco, sólo por dar algunos pocos ejemplos de su compromiso moral con la libertad. Si bien el liberalismo, como ideología política, está a la derecha, la afiliación de Silva al garantismo jurídico, lo ubica en la extrema izquierda dentro de la tendencia individualista.

Ahora que el ministro Silva Meza será tanto el presidente del Pleno de la Corte como del Consejo de la Judicatura Federal, le propongo que defienda la libertad de conciencia y de opinión de los jueces y magistrados federales, a partir de la protección a los derechos humanos de los gobernados, y no únicamente su autonomía técnica. El trabajo jurídico consiste fundamentalmente en interpretar y argumentar y respecto de ello nadie tiene la verdad absoluta, como lo demuestran las discusiones que se llevan a cabo en los órganos del Poder Judicial de la Federación.

Es importante que desde el propio poder judicial se promueva la constitución de organizaciones de jueces con sentido político, a partir de sus ideologías, tal y como ocurre en Europa. Una medida de este tipo abonaría a la transparencia y permitiría que la sociedad conozca más y mejor a los juzgadores federales, lo que democratizaría la función judicial. Se debe estar atento a lo que pasa en la judicatura, ya que, a fin de cuentas, en una sociedad que aspira ser democrática, como la mexicana, la última palabra siempre será la de un juez.