domingo, 16 de enero de 2011

Una propuesta para el presidente de la Corte

Publicado en el número 216 de la revista Contralínea, del 16 al 22 de enero de 2011. Dar click en este vínculo.


En México nos han hecho creer que los jueces no realizan funciones políticas, que no gobiernan, que no tienen ideología, que son imparciales y que lo que piensan no se ve reflejado en sus decisiones. Es más, se nos ha hecho creer que sólo el poder ejecutivo es el que gobierna. Por eso, en la publicidad del ejecutivo siempre aparece la leyenda “gobierno de la república”. Sin embargo, esta es una creencia absolutamente falsa, que no encuentra sustento en la realidad social.

En una república como la mexicana, los órganos del Estado son los que ejercen la función política, de dominación, de gobierno. El legislativo gobierna emitiendo leyes, el ejecutivo gobierna haciéndolas cumplir y el judicial gobierna dirimiendo controversias. Entre los tres órganos de gobierno se reparte la gestión integral del Estado. Es por ello que, sin la menor duda, los jueces tienen encomendada una clara función política.

Ahora bien, la función política, de gobierno, tiene un sentido ideológico, no se realiza desde la imparcialidad de la conciencia. En México, el gobierno es de tendencia liberal, individualista, conservadora. Ese sentido ideológico se encuentra formalizado en las leyes, que son textos que emplean los jueces para cumplir con la parte de la gestión del Estado que les corresponde: solucionar conflictos entre los diversos sectores sociales.

En las escuelas de Derecho, dominadas por los positivistas individualistas conservadores, se les enseña a los futuros juristas a olvidarse del sentido ideológico de las leyes y les dicen que sólo se deben de encargar de su sentido deóntico, que es aquel que transmite la especial forma de pensar de que algo debe ser realizado por alguien. De esta manera, los juristas, que después se integrarán a la judicatura, se quedan con la idea de que su labor consiste en aplicar las leyes dejando de lado su propia conciencia, sus deseos, sus pasiones, su lado humano. Según esta creencia, para que los jueces sean objetivos y certeros, deben aplicar las leyes sin criticarlas desde su cosmovisión.

La imparcialidad de la práctica jurídica, por supuesto, no existe, pues aunque sea de manera pretendidamente oculta y con cierta culpa, los jueces siempre interpretan y argumentan desde su propia conciencia. Esto es algo que todos sabemos porque es inocultable. Fuimos testigos, por ejemplo, de la manera como el ministro naturalista ultra conservador, Sergio Aguirre Anguiano, defendió su ideología confesional cuando se discutió en el Pleno de la Suprema Corte lo relativo a la constitucionalidad de la interrupción del embarazo y del matrimonio gay en el Distrito Federal.

Es por ello que me parece fundamental que se abandone la falsa creencia de que los jueces no gobiernan, que son objetivos o imparciales ideológicamente. Los juristas necesitan tener claro que su función es fundamentalmente política y que precisamente por ello es completamente legítimo promover el ejercicio de una práctica jurídica alternativa, solidaria, crítica, de izquierda, distinta a la que hoy es hegemónica y que se basa en el individualismo.

El poder judicial es un espacio privilegiado para promover y ejercer una práctica jurídica alternativa, pero para ello hay que modificar de raíz el modelo judicial, profundamente represor, que ahoga toda pretensión de crítica ideológica en su interior. En Europa, por ejemplo, existen asociaciones nacionales y regionales de jueces que se organizan a partir de su manera de pensar, según sean de izquierda o de derecha. Con el actual modelo judicial mexicano, algo así resulta imposible. En 2008, el magistrado federal Francisco Salvador Pérez fue sancionado por el Consejo de la Judicatura Federal porque se atrevió a expresar su opinión a favor de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APPO, y del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, aunque, claro, el Consejo dijo que los motivos de la sanción fueron las supuestas irregularidades cometidas por el magistrado en el ejercicio de su encargo.

El 3 de enero de 2011, el ministro liberal, garantista, Juan Silva Meza, fue elegido como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el periodo 2011-2014. Entre el abanico de personalidades conservadoras en el Pleno del tribunal constitucional, sin duda, Silva era el mejor candidato, por su acreditado compromiso con la defensa de los derechos humanos: estuvo a favor de juzgar por genocidio a Echeverría, votó en contra de la Ley Televisa, apoyó a Lydia Cacho, a las víctimas de la Guardería ABC y a los presos políticos de Atenco, sólo por dar algunos pocos ejemplos de su compromiso moral con la libertad. Si bien el liberalismo, como ideología política, está a la derecha, la afiliación de Silva al garantismo jurídico, lo ubica en la extrema izquierda dentro de la tendencia individualista.

Ahora que el ministro Silva Meza será tanto el presidente del Pleno de la Corte como del Consejo de la Judicatura Federal, le propongo que defienda la libertad de conciencia y de opinión de los jueces y magistrados federales, a partir de la protección a los derechos humanos de los gobernados, y no únicamente su autonomía técnica. El trabajo jurídico consiste fundamentalmente en interpretar y argumentar y respecto de ello nadie tiene la verdad absoluta, como lo demuestran las discusiones que se llevan a cabo en los órganos del Poder Judicial de la Federación.

Es importante que desde el propio poder judicial se promueva la constitución de organizaciones de jueces con sentido político, a partir de sus ideologías, tal y como ocurre en Europa. Una medida de este tipo abonaría a la transparencia y permitiría que la sociedad conozca más y mejor a los juzgadores federales, lo que democratizaría la función judicial. Se debe estar atento a lo que pasa en la judicatura, ya que, a fin de cuentas, en una sociedad que aspira ser democrática, como la mexicana, la última palabra siempre será la de un juez.

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