lunes, 1 de agosto de 2011

Hacia una nueva cultura jurídica garantista en México


Los días 31 de agosto, 2, 6 y 7 de septiembre de 2010, así como los días 4, 5, 7, 11, 12 y 14 de julio de 2011, los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron la consulta a trámite sometida por su Presidente, en los expedientes varios 489/2010 y 912/2010, relativa al cumplimiento por Parte del Poder Judicial de la Federación de la sentencia del Caso Rosendo Radilla vs Los Estados Unidos Mexicanos, dictada el 23 de noviembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Corte Interamericana condenó al Estado Mexicano por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, por parte de las Fuerzas Armadas, en un retén militar en 1974. La sentencia del tribunal internacional le impuso varias obligaciones por cumplir al Poder Judicial de la Federación, entre las que destacan: adoptar los estándares internacionales relativos a los límites del Fuero de Guerra para conocer de casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares en contra de los civiles, así como acatar los criterios internacionales para juzgar casos sobre desapariciones forzadas de personas.

El 14 de julio de 2011, día de clausura del primer periodo de sesiones del año, el Tribunal Constitucional aprobó varios criterios en relación con los derechos humanos y las sentencias de la Corte Interamericana que resultan inéditos e históricos y que tienen efectos en todo el país. Me interesa destacar estos criterios fundamentales y garantistas más allá del tema de la limitación al Fuero de Guerra, determinación muy relevante pero particular en la decisión de la Suprema Corte y del que ya se ha hablado y escrito muchísimo. Los tres elementos centrales de la decisión de la Suprema Corte son:

1. Las sentencias que dicte la Corte Interamericana en las que el Estado Mexicano sea parte, son obligatorias para éste en sus términos. No son revisables por el Poder Judicial de la Federación.

2. La jurisprudencia de la Corte Interamericana es criterio orientador para el Poder Judicial de la Federación, en los casos en los que el Estado Mexicano no sea parte.

3. El control de convencionalidad en materia de derechos humanos es obligatorio y oficioso para todos los jueces del Estado Mexicano.

Estos tres criterios son la base de lo que considero es el nuevo paradigma de interpretación constitucional en materia de derechos humanos en México y que, sin duda, serán el motivo de una profunda transformación de la cultura jurídica en nuestro país, que pasara del formalismo atávico sujeto al dogma de la ley (mal entendiendo a Kelsen), al garantismo basado en los valores libertarios y justicieros y centrado en la dignidad de los seres humanos y no en la ley que es un mero referente, no un dogma.

Lo que la Suprema Corte aprobó es un auténtico control de constitucionalidad en materia de derechos humanos, de naturaleza difusa (no es exclusivo de algunos tribunales), obligatoria (no es opcional) y oficiosa (no se requiere que alguien lo pida) a cargo de todos los jueces del país, pues las normas internacionales en materia de derechos humanos tienen rango constitucional por virtud de la reforma a la Constitución Federal en materia de derechos humanos de 10 de junio del presente año.

Esto implica que todos los jueces del país están obligados constitucionalmente a convertirse en auténticos guardianes de los derechos humanos. Además, están constitucionalmente obligados a interpretar las normas de la manera que resulte más favorable para la protección de los derechos humanos de las personas. Están prohibidas las interpretaciones que restrinjan o limiten los derechos humanos.

Mi única crítica a la decisión de la Suprema Corte es en lo relativo a que la jurisprudencia general de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenga sólo carácter orientador (opcional) y no obligatorio. Lo quieran o no los ministros y las ministras, la jurisdicción de la Suprema Corte mexicana está acotada por la jurisdicción de los tribunales internacionales. El Estado Mexicano está obligado a respetar los tratados internacionales de derechos humanos y si no lo hace compromete su responsabilidad internacional. Para cumplir con estos tratados, necesariamente deben acatarse las interpretaciones autorizadas que de ellos hacen los órganos competentes, o sea, los propios tribunales internacionales. Estoy seguro que con el tiempo superaremos está momentánea limitación. Soy optimista.

Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011 y con la decisión de la Suprema Corte de 14 de julio del mismo año, se ha inaugurado en México la era neoconstitucional, caracterizada por la priorización no sólo del reconocimiento de los derechos humanos en términos amplios, sino también del reconocimiento y fortalecimiento de sus garantías.

El garantismo también se caracteriza por postular que no basta la existencia del derecho, sino que, además, debe estar claramente determinado el obligado a cumplir con la expectativa de su respeto, por la vía de un procedimiento idóneo que constituya su garantía.

Para el garantismo neoconstitucionalista, los derechos humanos han dejado de ser únicamente proclamas ideológicas, políticas y programáticas sin posibilidad alguna de ser cumplidas. Todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, deben ser acatados y para ello debe posibilitarse su cumplimiento por medio de las garantías. Esto explica la razón por la que también se reformó sustancialmente la constitución de nuestro país para fortalecer el juicio de amparo. El tres de junio de dos mil once fue promulgada la reforma constitucional en materia de amparo, la garantía constitucional por excelencia.

Los defensores de los derechos humanos tienen ahora una gran herramienta para contestarle al poder y para intentar construir un México mejor. Un país en el que no se respeten los derechos humanos está condenado a desaparecer por inviable. Hay que ser idealistas y luchar por lo imposible.

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