lunes, 16 de julio de 2012

La licitud relativa de las detenciones por sospecha

El uso de las esposas debe ser idóneo, necesario y proporcional
A todo abogado penalista, que sea defensor, le ha tocado que la detención de algún cliente haya sido motivada por la sospecha. La policía, muy confiada de su instinto, justifica las detenciones que realiza con lugares comunes: “iba caminando de manera sospechosa”, “andaba en una colonia en la que nadie lo conocía”, “vestía de manera sospechosa”, "su notorio nerviosismo lo hizo sospechoso", “incurrió en varias contradicciones que lo hicieron sospechoso”. Pero resulta, que en casi todos los casos, los agentes no dicen en qué consistió la conducta sospechosa que motivó una detención; y lo peor: los agentes del Ministerio Público y los jueces avalan esta forma de actuar de la policía porque generalmente omiten analizar exhaustivamente los fundamentos jurídicos y los motivos de las capturas en las fases procesales en las que cada uno actúa; prácticamente han renunciado a su obligación de controlar las detenciones.

Las circunstancias descritas han provocado que los defensores de los derechos humanos consideren que la sospecha debe ser desterrada completamente de los motivos de las detenciones por la presunta comisión de algún delito en flagrancia. Sin embargo, esta postura, equivocada, puede dejar sin herramientas a la policía, cuyo deber es prevenir la comisión de delitos y, en el caso de la policía ministerial, procurar justicia para las víctimas.

El problema ha sido determinar los estándares para garantizar que la sospecha que motiva una detención sea razonable y no arbitraria como es la práctica frecuente. ¿La detención en flagrancia y por sospecha, es, en términos absolutos, ilícita? La respuesta es, no. Para que la sospecha pueda ser el motivo de una detención por delito flagrante, debe cumplir rigurosamente con requisitos de orden ontológico, lógico y normativo.

Para empezar, la sospecha del agente de la policía debe tener un referente fáctico (requisito de orden ontológico), que a su vez debe corresponder coherentemente (requisito de orden lógico) con una conducta tipificada como delito (requisito de orden normativo); si esto se cumple, la sospecha tiene un sustento válido y puede ser motivo de una detención, también válida. Todo esto implica, por supuesto, que el agente de la policía esté facultado normativamente para detener a una persona que comete un delito en flagrancia.

El juez y el Ministerio Público, para controlar una detención por sospecha de ser flagrantemente delictiva, deberán analizar el parte informativo de la policía, el cual deberá referir detalladamente el motivo y la dinámica de la detención; asimismo, el juzgador y el representante social deberán corroborar que los elementos objetivos relativos al tipo delictivo, referidos en el parte y que motivaron la sospecha y la detención, existan en el expediente puesto a su disposición. Esto, desde luego, sin perder de vista, que el dicho de la persona detenida y los contraindicios existentes sobre los motivos de la sospecha y de la detención, que generalmente son alternativos a la versión de la policía, deben ser analizados por el juez y por el Ministerio Público, para encartarlos o descartarlos.

¿Cómo se aplicarían estos criterios? Supongamos que vemos en la calle a un sujeto con cara de pocos amigos, notoriamente nervioso, a toda velocidad en una camioneta de lujo con vidrios polarizados, con una actitud prepotente con los otros conductores y escuchando narcocorridos. ¿Sería legítimo que la policía lo detuviera por considerarlo sospechoso de pertenecer a una banda del crimen organizado? ¿Sería legítimo detenerlo porque a la policía le parezca sospechoso de ser un sicario al servicio de algún cártel? Desde mi punto de vista, no. La razón, es que el cuadro descrito no es el referente fáctico u ontológico de algún delito tipificado como tal en el código penal. Tener cara de pocos amigos, verse nervioso, escuchar narcocorridos y manejar una camioneta de lujo a toda velocidad no puede ser considerado sospechoso de ser delictivo, por el hecho de que no existe un referente normativo para ello; es decir, no existe un tipo penal, descrito en las leyes penales, que sancione la portación de cara o la actitud nerviosa o escuchar narcocorridos o manejar de manera prepotente camionetas de lujo a toda velocidad.

Ahora, supongamos que vemos en la calle al mismo individuo, sólo que ahora es posible apreciar que en la parte trasera de la camioneta lleva a dos personas acostadas, amarradas de las manos y amordazadas. En este caso, sería perfectamente legítimo que la policía lo detuviera por ser sospechoso de cometer un delito en flagrancia. Es claro, que en el cuadro descrito existe el referente fáctico (dos personas acostadas, amarradas y amordazadas) de una conducta considerada normativamente delictiva, que se comete en el momento, es decir, en flagrancia: la privación ilegal de la libertad. En estas condiciones, por tanto, la detención por sospecha es perfectamente lícita. El juez y el Ministerio Público, para controlar correctamente la detención, deberán corroborar la existencia en el expediente de todos los elementos objetivos de la conducta típica que motivaron la sospecha y la detención, los cuales, a su vez, tendrían que estar descritos detalladamente en el parte informativo de la policía. En el caso concreto, el juez y el representante social contarían, por lo menos, con el sujeto sospechoso detenido, la camioneta asegurada, las dos víctimas rescatadas y el testimonio del policía sobre la dinámica de la detención motivada por una sospecha.

Si ocurre, como en la mayoría de las ocasiones, que los agentes de la policía no exponen a detalle los motivos de la sospecha para ejecutar una detención (que deben tener un vínculo directo con los elementos objetivos de un tipo penal vigente), pero cuentan con los objetos o con las personas aseguradas, entonces faltará el requisito de la existencia del vínculo normativo para fundar la captura por sospecha; si pasa lo contrario, es decir, que los agentes de la policía exponen con precisión las razones de la sospecha, pero no cuentan con los objetos o con las personas aseguradas, faltará el requisito de la existencia del vínculo ontológico para motivar la detención por sospecha. Si falta alguno de los dos vínculos, ya sea el ontológico o el normativo, entonces no será posible sostener coherentemente una detención por sospecha, por lo que faltará el requisito del vínculo lógico entre hecho y norma; en estos términos toda detención será ilícita.

La doctrina de la sospecha razonable no ha tenido asiento sólido en el sistema penal mexicano. Es urgente que los estándares que racionalizan la detención por sospecha se sigan por parte de la policía, los agentes del Ministerio Público y por los jueces; de esta manera, las detenciones serían correctas, las consignaciones sólidas y los controles ministeriales y judiciales se convertirían en una garantía auténtica del respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Yo siempre he sido partidario de acotar el poder de los funcionarios que representan al Estado; sin embargo, las limitaciones al ejercicio del poder deben ser razonables, pues con ellas se busca que el poder se ejerza en beneficio de todos, ya que con ello encuentra su legitimidad.

Ninguna detención injusta. Derecho humano número 9:

domingo, 25 de marzo de 2012

El caso Cassez y la Suprema Corte

Florence Cassez en prisión
Yo siempre he sostenido públicamente que creo en la inocencia de Florence Cassez. Soy un convencido de que la chica francesa es víctima de una terrible injusticia generada por los abusos intolerables de las autoridades mexicanas. Creo también que es víctima de un linchamiento público provocado por el gobierno del presidente Felipe Calderón y sus aliados del Movimiento Blanco. Me parece muy desalentador que buena parte de la sociedad mexicana no aprecie, en su enorme gravedad, los efectos perniciosos de las conductas ilícitas de la policía y de los agentes del ministerio público. Pienso que nadie está seguro en México; cualquiera en cualquier momento puede ser víctima de los abusos de las autoridades. Me parece incomprensible que un sector de la población de mi país clame sólo por venganza y deje de lado la justicia, valor que parece de plano inalcanzable.

En el caso de Florence Cassez está en juego el futuro de nuestras libertades. El asunto es tan paradigmático por sus implicaciones políticas y sociales que el presidente Calderón se atrevió a confrontar a la Suprema Corte en una actitud que fue muy criticada por la opinión pública.

Lo único bueno en este terrible escenario fue la actuación de la Corte. La Corte demostró una enorme solidez, integridad e independencia. En un caso tan complejo y plagado de aristas, logró mantener el equilibrio. No niego que me habría encantado que la Primera Sala aprobara el proyecto de sentencia del ministro Zaldívar que proponía otorgar el amparo y la libertad a Cassez. El proyecto fue valiente, generoso y pulcro jurídicamente. Sin embargo, en los asuntos legales nadie tiene la verdad absoluta. Es importante también reconocer que, tanto en el disenso como en el acuerdo, los ministros y la ministra de la Primera Sala mostraron contundencia y coherencia argumentativa, así como la independencia de sus criterios, también valientes.

Las posturas de quienes integran la Primera Sala de la Corte se fueron de un extremo a otro hasta llegar al centro, y es aquí en donde, al parecer, el tribunal constitucional se quedará para resolver el caso de Cassez. De la libertad propuesta por el ministro Zaldívar, en el proyecto que fue desechado, a la improcedencia del recurso, como lo sostuvo el ministro Guillermo Ortiz, la postura intermedia es la del ministro José Ramón Cossío, que propuso otorgar el amparo pero no para el efecto de liberar a Cassez, sino para anular algunas pruebas vinculadas a las violaciones procesales cometidas en contra de ésta.

El ministro Cossío dejó claro que otro resultado (seguramente más benéfico para Cassez) se habría presentado si la Corte hubiera conocido del caso mediante el ejercicio de la facultad de atracción y no mediante la revisión del amparo directo; en la primera (la atracción), el máximo tribunal se hubiera podido pronunciar con libertad respecto de todo el proceso, en cambio, en la segunda (la revisión), la Corte sólo lo podía hacer respecto de ciertos temas de constitucionalidad que no le permiten conocer de todo el juicio sino únicamente  de algunas de sus partes. Es por ello, que el ministro Cossío señaló que la naturaleza limitada del recurso impedía otorgar el amparo liso y llano a Cassez, lo que hubiera implicado su liberación.

Si bien no dejo de simpatizar con el proyecto del ministro Zaldívar, la postura del ministro Cossío también abre la posibilidad de que Florence Cassez sea liberada, no ya por la Suprema Corte, sino por un tribunal inferior. Creo que por las posturas que fijaron los ministros y la ministra de la Primera Sala, particularmente los tres que están a favor de otorgar el amparo, el nuevo proyecto de sentencia, que será elaborado por la ministra  Olga Sánchez Cordero, deberá conciliar las posturas del ministro Zaldívar y del ministro Cossío, que no me parecen esencialmente contradictorias. La propia ministra ponente expuso en su intervención, en la sesión de la Primera Sala del 21 de marzo, su apoyo al proyecto del ministro Zaldívar, que finalmente fue desechado.

Es indispensable, por el bien de la justicia en México, que los ministros Zaldívar, Cossío y la ministra Sánchez Cordero sean flexibles para incorporar las opiniones de los tres al nuevo proyecto, pues de no alcanzarse la votación necesaria para otorgar el amparo, en esta nueva ocasión, el asunto seguramente sería turnado al Pleno; si esto último pasa, será muy difícil que Cassez obtenga su libertad. Es probable que el resto de los ministros, que integran el Pleno, tengan criterios menos flexibles tanto para admitir el recurso como para otorgar el amparo.

El proyecto del ministro Zaldívar propuso que los temas constitucionales a tratar en el recurso fueran, 1) el principio de buena fe ministerial, 2) la interpretación de “sin demora” en al puesta a disposición ante el ministerio público, 3) la asistencia consular, 4) el “acceso a la justicia” y la “equidad procesal”, y 5) la presunción de inocencia. El ministro Cossío dijo que los temas netamente constitucionales sólo son los puntos 2 y 3. Sobre los efectos, el proyecto del ministro Zaldívar propuso la libertad inmediata; en cambio, el ministro Cossío dijo que los efectos sólo podían ser 1) la eliminación de las declaraciones de las víctimas en las que identifican a Cassez como consecuencia de las transmisiones en los noticieros y 2) la eliminación de la primera declaración ministerial de Cassez. Entre estas dos posturas habrá que conciliar para que el caso se resuelva favorablemente.

Si se genera un proyecto intermedio, quizá lo que ocurra es que la Corte otorgue el amparo para efectos y le ordene directamente al tribunal de apelación que dicte una nueva sentencia considerando las definiciones constitucionales y dejando fuera las declaraciones de las víctimas. Así, el tribunal de apelación podría liberar a Florence, condenarla o bien ordenar la reposición del procedimiento. El camino aún es largo para Florence.




Documental de France 5, "El último recurso", sobre el Caso de Florence Cassez:



miércoles, 7 de marzo de 2012

El nuevo rostro de la Suprema Corte

Publicado en la revista Contralínea, número 274, del 4 marzo de 2012.


La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un nuevo rostro: el de los derechos humanos. La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011 y la buena voluntad de la mayoría de quienes integran el Máximo Tribunal de nuestro país lo han hecho posible.

El Tribunal Constitucional de México hoy tiene características únicas en todo el mundo. Para empezar, es la única corte suprema que sesiona ante las cámaras de televisión. En ningún país de los llamados democráticos pasa algo semejante. Por ejemplo, los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos sistemáticamente se han opuesto a un ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia de esta naturaleza, con el argumento de que la gente no tiene la suficiente preparación académica para entender los debates. Incluso los jueces han dicho que tienen temor de que la prensa tergiverse lo que se dice en las sesiones. Se sabe también, que los jueces temen ser exhibidos, porque hasta la gente inteligente puede llegar a decir cosas poco inteligentes. Por ello, los debates públicos de los máximos jueces de nuestro país es algo que yo valoro mucho y me ha permito conocerles como juristas.

Además, en los últimos años, los ministros y las ministras han demostrado un sincero interés por escuchar las preocupaciones y los argumentos jurídicos de las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y de la sociedad en general. Fueron históricas, sin duda, las sesiones en las que las organizaciones de la sociedad civil expusieron públicamente sus posturas ante la Suprema Corte cuando se discutió la constitucionalidad de la despenalización de la interrupción del embarazo dentro las doce semanas de gestación en el Distrito Federal.

El ánimo de la Suprema Corte por facilitar la defensa de los derechos humanos no quedó allí. Los ministros y las ministras han ampliado, como nunca antes en la historia, las posibilidades de que los casos de interés y de trascendencia en materia de derechos humanos puedan ser conocidos por el Tribunal Constitucional.

La constitución señala que no cualquier persona puede solicitarle a la Suprema Corte que atraiga y que conozca algún caso importante. Sólo el Procurador General de la República, los tribunales colegiados o los propios ministros pueden hacerlo. Esta limitación generaba que, antes, la Corte desechara de plano aquellas solicitudes que no provenían de estos funcionarios y órganos. Sin embargo, la Corte notó que esta circunstancia provocaba que muchos casos relevantes, o aquellos en que se habían cometido graves injusticias, quedaran fuera de su conocimiento.

Es por ello, que los jueces constitucionales decidieron no desechar de plano las solicitudes que los ciudadanos y sus abogados les hacían para que conocieran y resolvieran algún caso relevante. El Pleno de la Corte adoptó un criterio en el que señaló que las solicitudes de atracción que el público le hacía eran valiosas, pues de otra manera el Tribunal Constitucional no tenía manera de conocer de muchos asuntos que resultaban de gran interés jurídico, político, económico y social. Asimismo, la Primera Sala, que se encarga de los casos civiles y penales, creó el Programa de Derechos Fundamentales, integrado por cinco secretarios de estudio y cuenta especializados en derechos humanos, con el objetivo de dictaminar las solicitudes de atracción de casos relevantes y ponerlas a consideración de los ministros y de la ministra que integran la sala. De esta manera, la Suprema Corte ha conocido y resuelto muchos asuntos de enorme importancia en materia de derechos humanos.

Entre los casos, que ahora ya son muchos, que ha conocido la Corte por medio del ejercicio de la facultad de atracción están el de los presos políticos de Atenco que fueron liberados; los de Teresa González y Alberta Alcántara, dos indígenas acusadas falsamente de secuestrar a seis policías, quienes recuperaron su libertad; los de discriminación en contra de las radios comunitarias por la contratación de publicidad oficial, que fueron amparadas; los de acoso judicial en contra de varios periodistas, que han sido absueltos y protegidos; el de Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla Pacheco, que fue amparada para que la PGR le entregara las copias de la investigación por la desaparición forzada de su padre.

Es más, los ministros Arturo Zaldívar y José Ramón Cossío, que son dos jueces muy comprometidos con la defensa de la justicia y de las libertades en México, han hecho llamados públicos a las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos para que sometan casos ante la Suprema Corte de Justicia la Nación.

Asimismo, el presidente del Máximo Tribunal, el ministro Juan Silva Meza, ha propiciado el acercamiento sano entre los defensores de los derechos humanos y la Suprema Corte. Se preparan foros, talleres, encuentros y se programan importantes audiencias con los ministros y las ministras. En esta labor, la Dirección General de Comunicación y Vinculación Social de la Corte, encabezada por Jorge Camargo, ha tenido un papel muy destacado.

Recientemente, gracias a la diligencia de la Dirección de Vinculación Social, varias organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad fueron recibidas en audiencia por el Pleno de la Segunda Sala y por un ministro y una ministra a título individual, con objeto de transmitirles a los jueces su inconformidad por un reciente fallo en el que se determinó limitar los derechos políticos de las personas con discapacidad. Los señores ministros y las señoras ministras fueron sensibles a este reclamo y ofrecieron escuchar las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil para generar una política judicial constructiva y adecuada en la materia.

Hoy, desde mi punto de vista, los defensores de los derechos humanos podemos tener en la Suprema Corte a una aliada para nuestra causa.

Entrevista al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz, sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos en México, del 10 de junio de 2011, y sobre el papel del Tribunal Constitucional de México:


Entrevista al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío Díaz sobre la nueva ley de amparo en México, a partir de la reforma constitucional en la materia, del 6 de junio de 2011:

martes, 14 de febrero de 2012

El caso Contralínea ante la Suprema Corte



El 18 de enero de este año, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió ejercer la facultad de atracción respecto del caso de la revista Contralínea, que actualmente sufre un grave e intolerable acoso judicial por parte de varios grupos empresariales que pretenden coartar la libertad de expresión de los periodistas y el derecho a la información de la sociedad mexicana.

Los periodistas de Contralínea fueron demandados por daño moral, en 2009, por un grupo de empresarios petroleros encabezados por Antonio Juan Marcos Issa, ex coordinador de asesores de tres ex directores generales de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Contralínea informó sobre una serie de negocios presuntamente ilícitos entre los empresarios y varios funcionarios de la paraestatal petrolera mexicana. Los periodistas documentaron que los empresarios le rentaban barcos en mal estado a PEMEX por un monto mayor de lo que hubiesen costado nuevos. Varios funcionarios fueron sancionados por la Secretaría de la Función Pública por estos hechos.

Los empresarios alegaron en su demanda que los periodistas habían afectado su honor y su vida privada porque la información que publicaron era falsa y porque empleaban en su contra lenguaje ofensivo; señalaron que para analizar el caso debían aplicarse los criterios del Código Civil. Los periodistas argumentaron al contestar la demanda que los negocios de los empresarios con PEMEX eran de interés público, que su información era veraz y que los particulares dedicados voluntariamente a los asuntos de interés público debían ser especialmente tolerantes con la crítica, por muy dura que les pareciese; asimismo dijeron que no era aplicable el Código Civil que contiene criterios restrictivos para la libertad de expresión y que debían aplicarse los criterios garantistas de la ley particular que protege el trabajo periodístico en el Distrito Federal.

A principio del mes de enero de 2011, tras un largo juicio, la Jueza 54 de lo Civil del Distrito Federal decidió condenar por daño moral a los periodistas de Contralínea. La jueza dijo en su sentencia, entre otras cosas, que los asuntos relacionados con PEMEX no eran de interés público, porque eran temas para especialistas que la gente y ella misma desconocían. Señaló que los periodistas no estaban autorizados para opinar sobre las licitaciones que llevaba a cabo el gobierno, puesto que no estaban calificados para determinar cuándo una licitación le convenía a PEMEX y cuándo no le convenía.

La juzgadora se apartó completamente del régimen jurídico garantista que regula, en el Distrito Federal, las acciones civiles que pueden ejercitarse en casos de presunto abuso de la libertad de expresión por parte de los periodistas. Este marco jurídico garantista está contemplado en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, publicada el 19 de mayo de 2006.

La Ley de Responsabilidad Civil, entre otras cosas, contempla los estándares internacionales protectores del trabajo periodístico, fundamentalmente los emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; reconoce el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información como base de la democracia; se aparta de los criterios absolutistas que sobre la verdad y la moral se habían fijado con base en el anterior régimen jurídico que tenía como fundamento la “teoría del daño objetivo”; establece como requisito para que se declare fundado el daño moral, la existencia de una lesión al patrimonio moral del presunto afectado, empíricamente acreditable durante el juicio; restringe el umbral de protección al patrimonio moral de los poderosos, como políticos, servidores públicos o empresarios, cuando las críticas o calificativos que les son dirigidos, versan sobre temas de interés público, lo que les obliga a una mayor tolerancia con el discurso de los periodistas, que está especialmente protegido en estas circunstancias; establece el estándar de la “malicia efectiva” como elemento fundamental a acreditar por parte de los supuestos afectados, cuando son servidores públicos, y en un grado inferior cuando se trata de figuras públicas, por lo que se deberá probar, antes de sancionar a un periodista, que la información se divulgó con el pleno conocimiento de que era falsa y con el único fin de dañar; prohíbe la censura previa del trabajo periodístico; impide la criminalización civil del trabajo periodístico, por la vía de las acciones judiciales civiles, al prever el uso preferente de las medidas menos lesivas para los periodistas, cuando éstos han sido condenados por el ejercicio ilícito de su libertad de expresión.

Los periodistas de Contralínea apelaron la sentencia. El recurso fue radicado en la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La Sala revisó el caso y decidió revocar la sentencia condenatoria y absolvió a los periodistas.

Los empresarios impugnaron la sentencia de la Sala mediante el juicio de amparo, el cual fue turnado al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Por la importancia del caso, los periodistas de la revista le solicitaron a la Corte que atrajera el caso, lo que finalmente ocurrió.

La Corte podrá determinar bajo qué estándares legales se deben estudiar las demandas por daño moral en contra de los periodistas en el Distrito Federal, si con base en el Código Civil o en la Ley de Responsabilidad Civil. Asimismo, por primera vez, la Corte analizará un caso en el que se podrá ponderar la libertad de expresión y el derecho a la información con relación al patrimonio moral, cuando están involucrados periodistas y empresarios cuya actuación tiene impacto en la vida política del país.

La Corte tiene una gran oportunidad para consolidar sus recientes y sólidos criterios protectores del trabajo periodístico; confiamos en ella.

La periodista Ana Lilia Pérez habla sobre la demanda por daño moral que un grupo de empresarios petroleros interpusieron en contra de los periodistas del semanario Contralínea: