domingo, 25 de marzo de 2012

El caso Cassez y la Suprema Corte

Florence Cassez en prisión
Yo siempre he sostenido públicamente que creo en la inocencia de Florence Cassez. Soy un convencido de que la chica francesa es víctima de una terrible injusticia generada por los abusos intolerables de las autoridades mexicanas. Creo también que es víctima de un linchamiento público provocado por el gobierno del presidente Felipe Calderón y sus aliados del Movimiento Blanco. Me parece muy desalentador que buena parte de la sociedad mexicana no aprecie, en su enorme gravedad, los efectos perniciosos de las conductas ilícitas de la policía y de los agentes del ministerio público. Pienso que nadie está seguro en México; cualquiera en cualquier momento puede ser víctima de los abusos de las autoridades. Me parece incomprensible que un sector de la población de mi país clame sólo por venganza y deje de lado la justicia, valor que parece de plano inalcanzable.

En el caso de Florence Cassez está en juego el futuro de nuestras libertades. El asunto es tan paradigmático por sus implicaciones políticas y sociales que el presidente Calderón se atrevió a confrontar a la Suprema Corte en una actitud que fue muy criticada por la opinión pública.

Lo único bueno en este terrible escenario fue la actuación de la Corte. La Corte demostró una enorme solidez, integridad e independencia. En un caso tan complejo y plagado de aristas, logró mantener el equilibrio. No niego que me habría encantado que la Primera Sala aprobara el proyecto de sentencia del ministro Zaldívar que proponía otorgar el amparo y la libertad a Cassez. El proyecto fue valiente, generoso y pulcro jurídicamente. Sin embargo, en los asuntos legales nadie tiene la verdad absoluta. Es importante también reconocer que, tanto en el disenso como en el acuerdo, los ministros y la ministra de la Primera Sala mostraron contundencia y coherencia argumentativa, así como la independencia de sus criterios, también valientes.

Las posturas de quienes integran la Primera Sala de la Corte se fueron de un extremo a otro hasta llegar al centro, y es aquí en donde, al parecer, el tribunal constitucional se quedará para resolver el caso de Cassez. De la libertad propuesta por el ministro Zaldívar, en el proyecto que fue desechado, a la improcedencia del recurso, como lo sostuvo el ministro Guillermo Ortiz, la postura intermedia es la del ministro José Ramón Cossío, que propuso otorgar el amparo pero no para el efecto de liberar a Cassez, sino para anular algunas pruebas vinculadas a las violaciones procesales cometidas en contra de ésta.

El ministro Cossío dejó claro que otro resultado (seguramente más benéfico para Cassez) se habría presentado si la Corte hubiera conocido del caso mediante el ejercicio de la facultad de atracción y no mediante la revisión del amparo directo; en la primera (la atracción), el máximo tribunal se hubiera podido pronunciar con libertad respecto de todo el proceso, en cambio, en la segunda (la revisión), la Corte sólo lo podía hacer respecto de ciertos temas de constitucionalidad que no le permiten conocer de todo el juicio sino únicamente  de algunas de sus partes. Es por ello, que el ministro Cossío señaló que la naturaleza limitada del recurso impedía otorgar el amparo liso y llano a Cassez, lo que hubiera implicado su liberación.

Si bien no dejo de simpatizar con el proyecto del ministro Zaldívar, la postura del ministro Cossío también abre la posibilidad de que Florence Cassez sea liberada, no ya por la Suprema Corte, sino por un tribunal inferior. Creo que por las posturas que fijaron los ministros y la ministra de la Primera Sala, particularmente los tres que están a favor de otorgar el amparo, el nuevo proyecto de sentencia, que será elaborado por la ministra  Olga Sánchez Cordero, deberá conciliar las posturas del ministro Zaldívar y del ministro Cossío, que no me parecen esencialmente contradictorias. La propia ministra ponente expuso en su intervención, en la sesión de la Primera Sala del 21 de marzo, su apoyo al proyecto del ministro Zaldívar, que finalmente fue desechado.

Es indispensable, por el bien de la justicia en México, que los ministros Zaldívar, Cossío y la ministra Sánchez Cordero sean flexibles para incorporar las opiniones de los tres al nuevo proyecto, pues de no alcanzarse la votación necesaria para otorgar el amparo, en esta nueva ocasión, el asunto seguramente sería turnado al Pleno; si esto último pasa, será muy difícil que Cassez obtenga su libertad. Es probable que el resto de los ministros, que integran el Pleno, tengan criterios menos flexibles tanto para admitir el recurso como para otorgar el amparo.

El proyecto del ministro Zaldívar propuso que los temas constitucionales a tratar en el recurso fueran, 1) el principio de buena fe ministerial, 2) la interpretación de “sin demora” en al puesta a disposición ante el ministerio público, 3) la asistencia consular, 4) el “acceso a la justicia” y la “equidad procesal”, y 5) la presunción de inocencia. El ministro Cossío dijo que los temas netamente constitucionales sólo son los puntos 2 y 3. Sobre los efectos, el proyecto del ministro Zaldívar propuso la libertad inmediata; en cambio, el ministro Cossío dijo que los efectos sólo podían ser 1) la eliminación de las declaraciones de las víctimas en las que identifican a Cassez como consecuencia de las transmisiones en los noticieros y 2) la eliminación de la primera declaración ministerial de Cassez. Entre estas dos posturas habrá que conciliar para que el caso se resuelva favorablemente.

Si se genera un proyecto intermedio, quizá lo que ocurra es que la Corte otorgue el amparo para efectos y le ordene directamente al tribunal de apelación que dicte una nueva sentencia considerando las definiciones constitucionales y dejando fuera las declaraciones de las víctimas. Así, el tribunal de apelación podría liberar a Florence, condenarla o bien ordenar la reposición del procedimiento. El camino aún es largo para Florence.




Documental de France 5, "El último recurso", sobre el Caso de Florence Cassez:



miércoles, 7 de marzo de 2012

El nuevo rostro de la Suprema Corte

Publicado en la revista Contralínea, número 274, del 4 marzo de 2012.


La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un nuevo rostro: el de los derechos humanos. La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011 y la buena voluntad de la mayoría de quienes integran el Máximo Tribunal de nuestro país lo han hecho posible.

El Tribunal Constitucional de México hoy tiene características únicas en todo el mundo. Para empezar, es la única corte suprema que sesiona ante las cámaras de televisión. En ningún país de los llamados democráticos pasa algo semejante. Por ejemplo, los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos sistemáticamente se han opuesto a un ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia de esta naturaleza, con el argumento de que la gente no tiene la suficiente preparación académica para entender los debates. Incluso los jueces han dicho que tienen temor de que la prensa tergiverse lo que se dice en las sesiones. Se sabe también, que los jueces temen ser exhibidos, porque hasta la gente inteligente puede llegar a decir cosas poco inteligentes. Por ello, los debates públicos de los máximos jueces de nuestro país es algo que yo valoro mucho y me ha permito conocerles como juristas.

Además, en los últimos años, los ministros y las ministras han demostrado un sincero interés por escuchar las preocupaciones y los argumentos jurídicos de las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y de la sociedad en general. Fueron históricas, sin duda, las sesiones en las que las organizaciones de la sociedad civil expusieron públicamente sus posturas ante la Suprema Corte cuando se discutió la constitucionalidad de la despenalización de la interrupción del embarazo dentro las doce semanas de gestación en el Distrito Federal.

El ánimo de la Suprema Corte por facilitar la defensa de los derechos humanos no quedó allí. Los ministros y las ministras han ampliado, como nunca antes en la historia, las posibilidades de que los casos de interés y de trascendencia en materia de derechos humanos puedan ser conocidos por el Tribunal Constitucional.

La constitución señala que no cualquier persona puede solicitarle a la Suprema Corte que atraiga y que conozca algún caso importante. Sólo el Procurador General de la República, los tribunales colegiados o los propios ministros pueden hacerlo. Esta limitación generaba que, antes, la Corte desechara de plano aquellas solicitudes que no provenían de estos funcionarios y órganos. Sin embargo, la Corte notó que esta circunstancia provocaba que muchos casos relevantes, o aquellos en que se habían cometido graves injusticias, quedaran fuera de su conocimiento.

Es por ello, que los jueces constitucionales decidieron no desechar de plano las solicitudes que los ciudadanos y sus abogados les hacían para que conocieran y resolvieran algún caso relevante. El Pleno de la Corte adoptó un criterio en el que señaló que las solicitudes de atracción que el público le hacía eran valiosas, pues de otra manera el Tribunal Constitucional no tenía manera de conocer de muchos asuntos que resultaban de gran interés jurídico, político, económico y social. Asimismo, la Primera Sala, que se encarga de los casos civiles y penales, creó el Programa de Derechos Fundamentales, integrado por cinco secretarios de estudio y cuenta especializados en derechos humanos, con el objetivo de dictaminar las solicitudes de atracción de casos relevantes y ponerlas a consideración de los ministros y de la ministra que integran la sala. De esta manera, la Suprema Corte ha conocido y resuelto muchos asuntos de enorme importancia en materia de derechos humanos.

Entre los casos, que ahora ya son muchos, que ha conocido la Corte por medio del ejercicio de la facultad de atracción están el de los presos políticos de Atenco que fueron liberados; los de Teresa González y Alberta Alcántara, dos indígenas acusadas falsamente de secuestrar a seis policías, quienes recuperaron su libertad; los de discriminación en contra de las radios comunitarias por la contratación de publicidad oficial, que fueron amparadas; los de acoso judicial en contra de varios periodistas, que han sido absueltos y protegidos; el de Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla Pacheco, que fue amparada para que la PGR le entregara las copias de la investigación por la desaparición forzada de su padre.

Es más, los ministros Arturo Zaldívar y José Ramón Cossío, que son dos jueces muy comprometidos con la defensa de la justicia y de las libertades en México, han hecho llamados públicos a las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos para que sometan casos ante la Suprema Corte de Justicia la Nación.

Asimismo, el presidente del Máximo Tribunal, el ministro Juan Silva Meza, ha propiciado el acercamiento sano entre los defensores de los derechos humanos y la Suprema Corte. Se preparan foros, talleres, encuentros y se programan importantes audiencias con los ministros y las ministras. En esta labor, la Dirección General de Comunicación y Vinculación Social de la Corte, encabezada por Jorge Camargo, ha tenido un papel muy destacado.

Recientemente, gracias a la diligencia de la Dirección de Vinculación Social, varias organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad fueron recibidas en audiencia por el Pleno de la Segunda Sala y por un ministro y una ministra a título individual, con objeto de transmitirles a los jueces su inconformidad por un reciente fallo en el que se determinó limitar los derechos políticos de las personas con discapacidad. Los señores ministros y las señoras ministras fueron sensibles a este reclamo y ofrecieron escuchar las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil para generar una política judicial constructiva y adecuada en la materia.

Hoy, desde mi punto de vista, los defensores de los derechos humanos podemos tener en la Suprema Corte a una aliada para nuestra causa.

Entrevista al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz, sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos en México, del 10 de junio de 2011, y sobre el papel del Tribunal Constitucional de México:


Entrevista al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío Díaz sobre la nueva ley de amparo en México, a partir de la reforma constitucional en la materia, del 6 de junio de 2011: