lunes, 16 de julio de 2012

La licitud relativa de las detenciones por sospecha

El uso de las esposas debe ser idóneo, necesario y proporcional
A todo abogado penalista, que sea defensor, le ha tocado que la detención de algún cliente haya sido motivada por la sospecha. La policía, muy confiada de su instinto, justifica las detenciones que realiza con lugares comunes: “iba caminando de manera sospechosa”, “andaba en una colonia en la que nadie lo conocía”, “vestía de manera sospechosa”, "su notorio nerviosismo lo hizo sospechoso", “incurrió en varias contradicciones que lo hicieron sospechoso”. Pero resulta, que en casi todos los casos, los agentes no dicen en qué consistió la conducta sospechosa que motivó una detención; y lo peor: los agentes del Ministerio Público y los jueces avalan esta forma de actuar de la policía porque generalmente omiten analizar exhaustivamente los fundamentos jurídicos y los motivos de las capturas en las fases procesales en las que cada uno actúa; prácticamente han renunciado a su obligación de controlar las detenciones.

Las circunstancias descritas han provocado que los defensores de los derechos humanos consideren que la sospecha debe ser desterrada completamente de los motivos de las detenciones por la presunta comisión de algún delito en flagrancia. Sin embargo, esta postura, equivocada, puede dejar sin herramientas a la policía, cuyo deber es prevenir la comisión de delitos y, en el caso de la policía ministerial, procurar justicia para las víctimas.

El problema ha sido determinar los estándares para garantizar que la sospecha que motiva una detención sea razonable y no arbitraria como es la práctica frecuente. ¿La detención en flagrancia y por sospecha, es, en términos absolutos, ilícita? La respuesta es, no. Para que la sospecha pueda ser el motivo de una detención por delito flagrante, debe cumplir rigurosamente con requisitos de orden ontológico, lógico y normativo.

Para empezar, la sospecha del agente de la policía debe tener un referente fáctico (requisito de orden ontológico), que a su vez debe corresponder coherentemente (requisito de orden lógico) con una conducta tipificada como delito (requisito de orden normativo); si esto se cumple, la sospecha tiene un sustento válido y puede ser motivo de una detención, también válida. Todo esto implica, por supuesto, que el agente de la policía esté facultado normativamente para detener a una persona que comete un delito en flagrancia.

El juez y el Ministerio Público, para controlar una detención por sospecha de ser flagrantemente delictiva, deberán analizar el parte informativo de la policía, el cual deberá referir detalladamente el motivo y la dinámica de la detención; asimismo, el juzgador y el representante social deberán corroborar que los elementos objetivos relativos al tipo delictivo, referidos en el parte y que motivaron la sospecha y la detención, existan en el expediente puesto a su disposición. Esto, desde luego, sin perder de vista, que el dicho de la persona detenida y los contraindicios existentes sobre los motivos de la sospecha y de la detención, que generalmente son alternativos a la versión de la policía, deben ser analizados por el juez y por el Ministerio Público, para encartarlos o descartarlos.

¿Cómo se aplicarían estos criterios? Supongamos que vemos en la calle a un sujeto con cara de pocos amigos, notoriamente nervioso, a toda velocidad en una camioneta de lujo con vidrios polarizados, con una actitud prepotente con los otros conductores y escuchando narcocorridos. ¿Sería legítimo que la policía lo detuviera por considerarlo sospechoso de pertenecer a una banda del crimen organizado? ¿Sería legítimo detenerlo porque a la policía le parezca sospechoso de ser un sicario al servicio de algún cártel? Desde mi punto de vista, no. La razón, es que el cuadro descrito no es el referente fáctico u ontológico de algún delito tipificado como tal en el código penal. Tener cara de pocos amigos, verse nervioso, escuchar narcocorridos y manejar una camioneta de lujo a toda velocidad no puede ser considerado sospechoso de ser delictivo, por el hecho de que no existe un referente normativo para ello; es decir, no existe un tipo penal, descrito en las leyes penales, que sancione la portación de cara o la actitud nerviosa o escuchar narcocorridos o manejar de manera prepotente camionetas de lujo a toda velocidad.

Ahora, supongamos que vemos en la calle al mismo individuo, sólo que ahora es posible apreciar que en la parte trasera de la camioneta lleva a dos personas acostadas, amarradas de las manos y amordazadas. En este caso, sería perfectamente legítimo que la policía lo detuviera por ser sospechoso de cometer un delito en flagrancia. Es claro, que en el cuadro descrito existe el referente fáctico (dos personas acostadas, amarradas y amordazadas) de una conducta considerada normativamente delictiva, que se comete en el momento, es decir, en flagrancia: la privación ilegal de la libertad. En estas condiciones, por tanto, la detención por sospecha es perfectamente lícita. El juez y el Ministerio Público, para controlar correctamente la detención, deberán corroborar la existencia en el expediente de todos los elementos objetivos de la conducta típica que motivaron la sospecha y la detención, los cuales, a su vez, tendrían que estar descritos detalladamente en el parte informativo de la policía. En el caso concreto, el juez y el representante social contarían, por lo menos, con el sujeto sospechoso detenido, la camioneta asegurada, las dos víctimas rescatadas y el testimonio del policía sobre la dinámica de la detención motivada por una sospecha.

Si ocurre, como en la mayoría de las ocasiones, que los agentes de la policía no exponen a detalle los motivos de la sospecha para ejecutar una detención (que deben tener un vínculo directo con los elementos objetivos de un tipo penal vigente), pero cuentan con los objetos o con las personas aseguradas, entonces faltará el requisito de la existencia del vínculo normativo para fundar la captura por sospecha; si pasa lo contrario, es decir, que los agentes de la policía exponen con precisión las razones de la sospecha, pero no cuentan con los objetos o con las personas aseguradas, faltará el requisito de la existencia del vínculo ontológico para motivar la detención por sospecha. Si falta alguno de los dos vínculos, ya sea el ontológico o el normativo, entonces no será posible sostener coherentemente una detención por sospecha, por lo que faltará el requisito del vínculo lógico entre hecho y norma; en estos términos toda detención será ilícita.

La doctrina de la sospecha razonable no ha tenido asiento sólido en el sistema penal mexicano. Es urgente que los estándares que racionalizan la detención por sospecha se sigan por parte de la policía, los agentes del Ministerio Público y por los jueces; de esta manera, las detenciones serían correctas, las consignaciones sólidas y los controles ministeriales y judiciales se convertirían en una garantía auténtica del respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Yo siempre he sido partidario de acotar el poder de los funcionarios que representan al Estado; sin embargo, las limitaciones al ejercicio del poder deben ser razonables, pues con ellas se busca que el poder se ejerza en beneficio de todos, ya que con ello encuentra su legitimidad.

Ninguna detención injusta. Derecho humano número 9: