jueves, 17 de octubre de 2013

Las capacidades jurídicas diferenciadas entre las personas con discapacidad, según la Suprema Corte

Primera Sala de la Suprema Corte

Con relación a la sentencia de la Suprema Corte, dictada ayer, en el caso de Ricardo Adair Coronel Robles, en el amparo en revisión 159/2013, quiero enfocar mi crítica en algo que los analistas de la sentencia no han comentado todavía.
 
El tema que quiero destacar es la decisión de la mayoría de los ministros de la Primera Sala de hacer una diferencia de capacidades jurídicas entre las personas con discapacidad. 
 
Asimismo, me parece importante resaltar que el ministro Cossío se pronunció con firmeza a favor de los derechos de las personas con discapacidad y votó en contra de la sentencia.

La Corte dispuso que en el procedimiento de interdicción deberá hacerse una graduación a la capacidad jurídica de ejercicio a partir de la diversidad funcional de cada persona con discapacidad en los casos concretos. Además, determinó la Corte, los efectos de la voluntad de las personas con discapacidad deberán graduarse según la diversidad funcional en cada caso y según el grado de capacidad de ejercicio reconocido. De esta manera, la capacidad jurídica de ejercicio, así como la voluntad de las personas con discapacidad, podrán restringirse absolutamente en unos casos y en otros no, con toda la diversidad de matices intermedios. Así, dispuso la Suprema Corte, el modelo de sustitución de la voluntad subsistirá, excepcional y temporalmente, para las personas con una discapacidad severa, mientras que el modelo de apoyos con salvaguardias se aplicará como regla general para el resto de las personas con discapacidad. Según la mayoría de los ministros de la Primera Sala, la restricción referida sería razonable y acorde con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

A partir de lo anterior, la Suprema Corte concluyó que la labor del juez en el procedimiento de interdicción consistirá en diseñar una limitación a la capacidad de ejercicio que sea proporcional a la discapacidad concreta de la persona.

La decisión de la Corte, expuesta con antelación, parte de un enfoque analítico que no comparto porque, en mi opinión, no es acorde con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La mencionada Convención dispone que los Estados partes en la misma, como México, se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad (artículo 4, primer párrafo). Asimismo, el instrumento internacional establece que los Estados partes deben reafirmar que las personas con discapacidad tienen el derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica (artículo 12, primer párrafo) y que los Estados reconocerán que las personas con discapacidad tiene capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida (artículo 12, segundo párrafo). Igualmente, el tratado dispone que los Estados deben garantizar el apoyo que las personas con discapacidad necesiten para el ejercicio de su capacidad jurídica, así como la existencia de salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir abusos. Dichas salvaguardias deberán asegurar que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencias indebidas, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias deberán ser proporcionales al grado en que dichas medidas afecten los derechos e intereses de la persona (artículo 12, párrafos 3 y 4).

Una vez expuesto el parámetro normativo de la Convención, me parece que la sentencia de la Suprema Corte confunde lo que debe ser graduado. El instrumento internacional determina claramente que la graduación deberá hacerse respecto de los apoyos y las salvaguardias y no respecto a la capacidad de ejercicio y la voluntad de las personas con discapacidad.

A mi parecer, la severidad de la discapacidad no debe ser un referente para graduar la capacidad de ejercicio y los efectos de la voluntad de las personas con discapacidad, sino, más bien y en el sentido de la Convención, para graduar la intensidad de los apoyos y de las salvaguardias, únicamente.

Afirmo que la severidad de la discapacidad, según el lenguaje empleado en la sentencia, no justifica de ninguna manera la restricción a la capacidad de ejercicio de las personas con discapacidad. En una circunstancia en la que, por ejemplo, una persona estuviese en una condición en la que le resultara imposible expresar su voluntad, ello ameritaría, en todo caso, que se le brindara el nivel máximo de apoyo. Desde mi punto de vista, el referido apoyo podría llegar, incluso, al grado de que otra persona tomé decisiones por la persona asistida, por el tiempo estrictamente necesario, si no hubiere otro medio disponible para saber cuál es la voluntad de esta última. En las condiciones descritas, la toma de decisiones por otra persona sería considerada un apoyo legítimo para la persona con discapacidad y no una razón para restringir su capacidad de ejercicio. Por tanto, la persona con discapacidad que es asistida en grado máximo, siempre deberá mantener su derecho a que se tome en cuenta su voluntad y a ejercer sus derechos, no obstante que, por su condición, no le sea posible decidir por sí misma. Por supuesto, un caso como el que he descrito ameritará las máximas salvaguardias para evitar posibles abusos de quien o quienes apoyen a la persona con discapacidad.

Por las razones que expongo, no comparto el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte respecto a los alcances de la capacidad de ejercicio de las personas con discapacidad. Considero que todas las personas con discapacidad, sin excepciones de ningún tipo, tienen derecho a que se considere su voluntad y a ejercer sus derechos por sí mismas, con la asistencia que requieran según el caso, con las salvaguardias necesarias y en condiciones de igualdad con todas las personas en todos los aspectos de la vida.