jueves, 6 de agosto de 2015

Queja a la CNDH por violaciones graves a los derechos humanos por la masacre de la Colonia Narvarte

Justicia para los 5
QUEJA POR VIOLACIONES
GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS




Luis Raúl González Pérez
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos


Con fundamento en los artículos 1º, 8º y 102, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 y 26 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los abajo firmantes presentamos formalmente esta queja con la finalidad de que el organismo público que usted encabeza inicie una investigación por hechos que configuran graves violaciones a los derechos humanos. Los hechos y el fundamento jurídico de nuestra solicitud en vía de queja, son los siguientes:

HECHOS Y CONTEXTO

Por conducto de comunicados de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de diversos medios de comunicación, se ha hecho público que el viernes 31 de julio de 2015 el fotoperiodista Rubén Espinosa, la defensora de los derechos humanos Nadia Vera, Yesenia Quiroz Alfaro, y dos mujeres más que hasta ahora se sabe una se llamaba Nicole o Simone y la otra Alejandra, que era trabajadora doméstica, fueron asesinado y asesinadas de manera cruel en un departamento ubicado en la calle Luz Saviñón, de la colonia Narvarte. Según ha trascendido, las víctimas fueron torturadas y ejecutadas con el tiro de gracia. Inclusive se ha difundido públicamente que algunas de las víctimas mujeres fueron agredidas sexualmente antes de ser asesinadas. Estos últimos casos deben ser considerados como feminicidios, tanto por las lesiones infamantes que presentan los cuerpos, como por la tortura sexual que las víctimas padecieron.

Igualmente, se ha hecho público que el periodista Rubén Espinosa y la defensora de los derechos humanos Nadia Vera que vivían y trabajaban en el Estado de Veracruz fueron amenazados y hostigados por el Gobierno de la entidad, cuyo gobernador es Javier Duarte. Según denunciaron las propias víctimas en diversas entrevistas, su trabajo era la razón por la que recibían amenazas, eran hostigados y perseguidos por agentes del Estado, por personas presuntamente vinculadas con el Gobierno de Veracruz. En el caso de Rubén, su labor como fotoperiodista, y en el caso de Nadia, su trabajo como promotora y defensora de los derechos humanos, provocó las agresiones en su contra. Con motivo de lo anterior, tanto Nadia como Rubén se vieron obligados a trasladarse al Distrito Federal, en busca de protección, pues temían un ataque en contra de su vida y de su integridad personal. Rubén Espinosa llevaba viviendo en Veracruz 8 años y en el mes de junio de este año se refugió en la Ciudad de México, según informó Artículo 19, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos de las y los periodistas.  

Rubén Espinosa trabajaba para la revista Proceso, para la agencia Cuartoscuro y para AVC Noticias. Como fotoperiodista cubría movimientos sociales. Espinosa cubrió, entre otras, las movilizaciones y protestas por la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, por el asesinato de periodistas en Veracruz y en el país, así como la brutal represión del Gobierno de Veracruz en contra de los estudiantes de la Universidad Veracruzana que realizaban un acto de protesta. Rubén Espinosa se caracterizó por ser un periodista comprometido con la defensa de los derechos humanos; su trabajo reflejaba este compromiso. Se ha hecho público que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, enfureció aún más por las fotos que Rubén Espinosa le había tomado, particularmente dos, una, en la que Duarte aparecía con una gorra de la policía, y otra, en la que Duarte hacía una mueca de enojo mientras era entrevistado.

Nadia Vera era una antropóloga, originaria de Chiapas, activista, defensora de los derechos humanos, ex integrante del movimiento social Yo Soy 132 en el Estado de Veracruz. Era promotora cultural. Nadia era muy activa apoyando a los movimientos sociales. Apoyó las movilizaciones por la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, respaldó al movimiento magisterial y protestó por las agresiones y asesinatos de periodistas tanto en Veracruz como en el resto del país. Como activista, fue reprimida varias veces mientras participaba solidariamente en protestas y movilizaciones pacíficas. Se ha difundido en diversas notas de prensa que en 2012, en Xalapa, Nadia fue detenida y golpeada por policías. En 2013, también fue golpeada durante un violento desalojo de maestros en la Plaza Lerdo. En 2012, según difundió el diario La Jornada, el domicilio de Nadia fue allanado en el Estado de Veracruz. Por lo anterior, en una entrevista para Rompeviento TV, Nadia denunció que era víctima de persecución por parte del Gobierno de Veracruz y responsabilizó a Javier Duarte, el gobernador, de cualquier cosa que le pasara a ella, a su familia y a sus amigos.

Yesenia Quiroz Alfaro, hasta donde se ha hecho público, era maquillista o modelo, al parecer era originaria de Morelia, y vivía en el departamento en el que las 5 víctimas fueron torturadas y ejecutadas. Nicole, Simone o Mile Virginia Martin, era de origen colombiano, y Alejandra, era la trabajadora doméstica que vivía en el Estado de México y hacía la limpieza en el departamento.

Los delitos cometidos contra periodistas son competencia de la Federación y por ello, la Procuraduría General de la República (PGR) debe intervenir, (como fundadamente se verá mas adelante) Para conocer de los delitos cometidos en contra de los periodistas, cuando dichos actos tienen que ver con su trabajo profesional, la PGR creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), actualmente a cargo de Ricardo Nájera. Asimismo, como en el caso existen violaciones graves a los derechos humanos, la CNDH tiene competencia para investigar los hechos y emitir una recomendación que contribuya para que los hechos se esclarezcan, se identifiquen y sancionen a los responsables, y se repare adecuadamente a las víctimas. Actualmente, la investigación del caso la realiza la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que integra la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07. La PGR inició el acta circunstanciada 139/FEADLE/2015.

Calificamos el asesinato de las 5 víctimas como una masacre. Una masacre se caracteriza fundamentalmente por el estado de total indefensión en el que se encuentran las víctimas frente a los victimarios, así como por los actos de crueldad que se cometen en contra de las primeras por parte de los segundos. En hechos como estos resalta la posible intervención de agentes del Estado o de personas que actúan con la anuencia, aquiescencia y tolerancia de los agentes estatales. En el caso de la colonia Narvarte, se ha hecho público que los victimarios contaban con armas de fuego de alto calibre con las que sometieron a las víctimas, las cuales fueron agredidas y amarradas de pies y manos. Posteriormente fueron torturadas. En el caso de algunas de las mujeres víctimas, la tortura consistió en agresiones sexuales; trascendió que dos de las víctimas mujeres fueron violadas. Posteriormente, todas las víctimas fueron asesinadas. Al estar presuntamente involucrados en estos hechos agentes del Estado o personas vinculadas con agentes del Estado o que actuaron con la anuencia, aquiescencia o tolerancia de agentes estatales, los actos de violencia a los que fueron sometidas las víctimas antes de ser privadas de la vida, son considerados actos de tortura y los asesinatos (homicidio y feminicidios) deben considerarse ejecuciones extrajudiciales e investigarse de manera conjunta, con base en los estándares internacionales de derechos humanos.

En el caso de la masacre de la colonia Narvarte, existen sólidos indicios de que los hechos tienen origen en el trabajo periodístico de Rubén Espinosa y en el activismo social y a favor de los derechos humanos de Nadia Vera. Los indicios que se conocen apuntan al gobernador del Estado de Veracruz, quien debe ser investigado, pues las víctimas explícitamente lo responsabilizaron de los ataques que sufrieron mientras trabajaban en Veracruz e incluso mientras permanecían en el Distrito Federal. Por tanto, se hace indispensable que las autoridades que conocen actualmente del caso prioricen esta línea de investigación y no privilegien otras como las de un posible robo o un ajuste de cuentas por asuntos de supuesto narcotráfico en contra de una de la víctimas mujeres que vivía en el departamento, lugar de los hechos.

Asimismo, la masacre de la colonia Narvarte está enmarcada en un contexto de violencia grave, objetiva, sistemática y generalizada en contra de las y los periodistas en el estado de Veracruz, lo que agudiza el riesgo de las y los periodistas y personas defensoras de derechos humanos que aún se encuentran en la entidad, así como de aquellas que han tenido que desplazarse a otros estados con la intención de salvaguardar su vida e integridad. Según la organización civil de derechos humanos Artículo 19, a principios de 2014, el Estado de Veracruz estaba catalogado como la entidad más peligrosa en América Latina para ejercer el periodismo. Hasta esa fecha, iniciando desde 2011, 10 periodistas habían sido asesinados. En todo el país, del 2000 a la fecha han sido asesinados 88 periodistas. El grave riesgo a que están sometidos los y las periodistas en Veracruz y en el país para ejercer su profesión fue documentado por la organización Artículo 19 en su informe “Disentir en silencio: Violencia contra la prensa y criminalización de la protesta, México 2013”. Los casos de Rubén y de Nadia se presentan en este grave contexto represivo, imputado tanto por las víctimas como por amplios sectores de la sociedad a Javier Duarte, gobernador del Estado de Veracruz, quien a la fecha no ha sido investigado por la situación que impera en la entidad que gobierna. Lo anterior, exige una declaración de Alerta e intervención urgente por parte del Estado mexicano ante el contexto sistemático de violencia contra personas defensoras de los derechos humanos y periodistas en la entidad.


FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA QUEJA

La Constitución Federal dispone lo siguiente:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

[…]

XXI. Para expedir:

a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.

b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellos deben imponerse; así como legislar en materia de delincuencia organizada;

c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismo alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fueron común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales.

Como puede apreciarse, el penúltimo párrafo de la fracción XXI del artículo transcrito equipara los delitos en contra de los periodistas como delitos federales. Esto significa que este tipo de delitos fue “federalizado”. También es claro, que la competencia de la PGR respecto de los delitos cometidos en contra de periodistas surte de manera obligatoria y directa. En efecto, según el párrafo analizado, lo que es potestativo para la PGR es el conocimiento de los delitos del fueron común que tengan conexidad con los delitos cometidos en contra de periodistas. Por lo anterior, la PGR está obligada constitucionalmente a investigar la masacre de la colonia Narvarte, pues una de las víctimas es un periodista.

Lo anterior se refuerza por lo dispuesto en el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales que la letra establece:

Artículo 10. […]

[…]

En los casos de delitos del fueron común cometidos contra algún periodista, persona o instalación, que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, el Ministerio Público de la Federación podrá ejercer la facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos, y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos. Esta facultad se ejercerá en los casos de delitos en los que se presuma intención dolosa y cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:

I. Cuando existan indicios de que en el hecho constitutivo de delitos hubiere participado algún servidor público de los órdenes estatal o municipal;

[…]

III. Cuando se trate  de delitos graves así calificados por la ley;

[…]

VI. Cuando los hechos constitutivos de delito impacten de manera trascendente al ejercicio al derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta;

VII. Cuando en la entidad federativa en la que se hubiere realizado el hecho constitutivo de delito o se hubieren manifestado sus resultados, existan circunstancias objetivas y generalizadas de riesgo para el ejercicio del derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta;

VII. Cuando el hecho constitutivo de delito trascienda el ámbito de una o más entidades federativas;

[…]

En el caso de la masacre de la colonia Narvarte se presentan todos los elementos anteriormente transcritos: i) Existen indicios objetivos de la intervención de agentes estatales vinculados al Gobierno de Veracruz; ii) una de las víctimas es un periodista que por su labor fue perseguido y reprimido por el Gobierno de Veracruz y por eso se encontraba refugiado en el Distrito Federal; iii) los delitos cometidos en contra de las víctimas son graves: homicidio, feminicidio, violación y tortura; iv) los delitos anteriores impactan en el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, tanto por la labor periodística como por el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, pues los indicios apuntan a que Rubén Espinosa y Nadia Vera fueron acosados por su trabajo periodístico y de activismo social; v) los delitos que se cometieron en contra de Rubén Espinosa ha trascendido el ámbito de dos entidades federativas: Veracruz, en donde empezó el hostigamiento, y el Distrito Federal, en el que el periodista fue ejecutado y vi) en una de las entidades federativas involucradas, Veracruz, existen condiciones objetivas de riesgo para el trabajo periodístico, documentadas ampliamente, y que están íntimamente vinculadas con el asesinato de Rubén Espinosa y el resto de las víctimas.

Dichas consideraciones, encuentran coincidencia con lo referido recientemente por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien en relación con el presente caso manifestó:   

La Relatoría Especial considera que se debe evaluar de manera urgente si deben activarse los mecanismos de atracción de manera que estos casos puedan ser investigados y judicializados de inmediato por las autoridades federales. Asimismo, considera esencial que se consolide el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y que se fortalezcan los mecanismos de coordinación interinstitucional entre las autoridades federales y los distintos niveles del gobierno para asegurar la adecuada adopción e implementación de las medidas de protección, especialmente para aquellos periodistas en situación de riesgo que debieron desplazarse.[1]

Por lo anterior, la PGR, por conducto de la FEADLE, debe ejercer con prontitud la facultad de atracción para conocer de todos los delitos del fueron común conexos con el homicidio de Rubén Espinosa; garantizando la integralidad de las investigaciones y la debida diligencia mediante la aplicación de la perspectiva de género y de derechos humanos. La competencia de la PGR es obligatoria, por mandato constitucional, no obstante, se ha negado a conocer de los hechos de la colonia Narvarte y ha permitido que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal lleve a cabo la investigación; máxime que, mediante comunicado oficial de la PGJDF difundido el pasado 3 de agosto, dicha dependencia local informó que recibió de la FEADLE copia certificada de la averiguación previa iniciada por Rubén Espinosa en septiembre de 2013, por hechos que ponían en riesgo su vida e integridad, relacionados con su trabajo periodístico en Veracruz. No obstante lo anterior, la Procuradora General de la República hizo público mediante su cuenta de Twitter que la FEADLE sólo integra un acta circunstanciada.

Por otro lado, la CNDH tiene competencia constitucional para investigar casos en los que existan violaciones graves a los derechos humanos. El Artículo 102, apartado B, último párrafo, de la Constitución Federal establece lo siguiente:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.

En el caso de la colonia Narvarte se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, presuntamente por parte de agentes del Estado, como ya se ha indicado. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha calificado la tortura, las ejecuciones sumarias o extrajudiciales y la violencia sexual en contra de las mujeres, como graves violaciones a los derechos humanos:

129. Ante esta situación, la Corte reitera su jurisprudencia constante sobre la incompatibilidad de figuras como la prescripción y la amnistía en los casos de graves violaciones a los derechos humanos, que de manera clara ha establecido que:

‘El Estado debe garantizar que los procesos internos tendientes a investigar [eventualmente] sancionar a los responsables de los hechos de este caso surtan sus debidos efectos y, en particular, de abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad. En ese sentido, el Tribunal ya ha señalado que […] son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extrajudiciales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos’.[2]

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que la violencia sexual en contra de las mujeres es una forma de tortura:

114. Independientemente de lo anterior, la Corte ha establecido que un acto de tortura puede ser perpetrado tanto mediante actos de violencia física como a través de actos que produzcan en la víctima un sufrimiento psíquico o moral agudo. Adicionalmente, este Tribunal ha reconocido que la violencia sexual es una experiencia sumamente traumática que tiene severas consecuencias y causa gran daño físico y psicológico que deja a la víctima “humillada física y emocionalmente”, situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece en otras experiencias traumáticas. De ello se desprende que es inherente a la violación sexual el sufrimiento severo de la víctima, aun cuando no existe evidencia de lesiones o enfermedades físicas. En efecto, no en todos los casos las consecuencias de una violación sexual serán enfermedades o lesiones corporales. Las mujeres víctimas de violación sexual también experimentan severos daños y secuelas psicológicas y aun sociales[3].

En el caso de la masacre de la colonia Narvarte, las víctimas fueron torturadas, algunas violadas y todas ejecutadas extrajudicialmente, presuntamente por agentes del Estado. Las propias autoridades capitalinas, que actualmente realizan las investigaciones, han dicho que no descartan la línea de investigación relacionada con el gobernador del Estado de Veracruz.

Por ello, la CNDH debe investigar este caso por las diversas conductas ilícitas que tipifican graves violaciones a los derechos humanos. En estos términos, no cabe la reserva respecto de la información que se incorpora en el expediente que integran las autoridades del Estado sobre este caso, pues así lo dispone el artículo 5 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

La CNDH, por tanto, en este caso está obligada a divulgar públicamente el proceso de su investigación y sus resultados, pues la sociedad mexicana tiene derecho a conocer la verdad. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que:

78. Por consiguiente, la Corte reitera que el Estado tiene la obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones de la Convención Americana en el presente caso, así como de divulgar públicamente los resultados de dicha investigación y sancionar a los responsables[4].


PRUEBAS

1. Entrevista al periodista Rubén Espinosa para Rompeviento. Televisión por internet, en la que narra el hostigamiento del que había sido víctima por parte del gobierno del Estado de Veracruz. La entrevista se puede ver en el siguiente vínculo: http://rompeviento.tv/RompevientoTv/?p=2003

2. Entrevista a la defensora de los derechos humanos Nadia Vera para Rompeviento. Televisión por internet, en la que narra la situación de violencia en contra de los movimientos sociales y los periodistas en el Estado de Veracruz y responsabiliza a Javier Duarte, gobernador de la entidad, por cualquier cosa que le ocurra a ella, a su familia y a sus amigos. La entrevista se puede ver en el siguiente vínculo: http://rompeviento.tv/RompevientoTv/?p=2031

En los próximos días seguiremos aportando pruebas y argumentos adicionales.

PETITORIOS

Por lo expuesto y fundado, a usted, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con base en nuestro interés jurídico solicitamos:

Para esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos:

Primero. Se admita la presente queja y se integre un expediente de queja e investigue el caso por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos. Todos los elementos se configuran, según los estándares internacionales de derechos humanos. En el caso de la colonia Narvarte se cometieron ejecuciones extrajudiciales, tortura y violencia sexual en contra de las mujeres, conductas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos a calificado como graves violaciones a los derechos humanos.

Segundo. Requiera información sobre las diligencias realizadas de forma oficiosa por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en relación con el caso que nos ocupa.

Tercero. Informe de las acciones que esta CNDH ha realizado de manera oficiosa en relación con las investigaciones y medidas de protección que debió garantizar la PGR desde la presentación de la denuncia de Rubén Espinoza en septiembre de 2013, así como las desahogadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Cuarto. Que por tratarse de un caso de graves violaciones a los derechos humanos, pedimos que se nos permita el acceso a la investigación del caso, pues no cabe la reserva de la información, según lo dispone la Ley General de Transparencia. Como sociedad tenemos derecho a la participación y a la verdad, en su dimensión colectiva. Estamos legitimados para supervisar la investigación que realicen las autoridades.

Que esta CNDH, solicite a la Procuraduría General de la República:

Primero. Ejerza de manera urgente la facultad de atracción respecto del homicidio del periodista Rubén Espinosa, así como de los 4 feminicidios, en el que una de las víctimas era una defensora de los derechos humanos y se investigue además la tortura por violencia sexual de la que fueron objeto, garantizando la participación de las víctimas y la coadyuvancia en todas las actuaciones.

Segundo. Informe de manera fundada y motivada la omisión de investigar el caso del homicidio del periodista Rubén Espinoza y de atraer los cuatro feminicidios conexos, cuando tiene competencia constitucional directa respecto del primero, y que exponga las razones por las que no dio trámite a la investigación cuando existe una denuncia ante la FEADLE por parte del periodista desde septiembre de 2013.

Tercero. Informe qué medidas de protección a implementado para garantizar la seguridad, vida e integridad de las y los periodistas del estado de Veracruz, tengan o no averiguación previa, así como de todas aquellas víctimas directas, indirectas y potenciales.

Cuarto. Informe de las acciones de colaboración en materia de protección e investigación con la PGJDF y con la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz.

Quinto. Informe de las acciones de colaboración con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación para la protección de las y los periodistas del estado de Veracruz.  

Que esta CNDH, solicite a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal:

Primero. Informe de manera fundada y motivada la omisión de declinar la competencia a la Procuraduría General de la Republica, particularmente a la FEADLE.

Segundo. Informe sobre las diligencias realizadas en la investigación, vinculadas con el trabajo periodístico de Rubén Espinoza, desde el momento en que tuvo conocimiento de los hechos delictivos.

Tercero. Informe sobre las diligencias específicas realizadas, atendiendo al Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del delito de Feminicidio; Protocolo de Estambul; Protocolo de actuación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en la Investigación del delito Tortura, Atención de las Victimas y Persecución de los Imputados; Protocolo Modelo para la Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias (Protocolo de Minessota); así como los lineamientos relativos a la protección de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. 

Cuarto. Informe sobre las actuaciones de protección e investigación que formalmente ha realizado en coordinación con la Procuraduría General de la República, relacionadas con el presente caso.

Quinto. Informe sobre las actuaciones de coordinación con la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz.

Sexto. Informe cómo ha sido garantizado el ejercicio de los humanos de las víctimas, en particular el derecho a la información y a coadyuvar con el Ministerio Público.

Séptimo. Informe sobre las medidas de Protección y acciones realizadas para garantizar la vida, seguridad e integridad de las víctimas y testigos, así como de sus representantes. En caso de no existir medidas de protección, requiérale a la autoridad su implementación.   

Octavo. Se abstenga de filtrar información, pretendiendo centrar la investigación únicamente en una línea y adelantar conclusiones dejando de lado el posible móvil político y el involucramiento de agentes del Estado de Veracruz. Reitere que la información sobre el avance de la investigación debe ser dada a conocer, de inicio a las víctimas indirectas y posteriormente de manera mediática con la finalidad de dotar de transparencia para que la sociedad tenga información certera sobre la investigación.

Que esta CNDH, solicite a la Secretaría de Gobernación:

Primero. Informe de las acciones implementadas, según el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, particularmente, de las acciones de protección para asegurar la integridad y la vida de todas las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas del estado de Veracruz, así como de las que han sido desplazadas buscando refugio en la Ciudad de México, ante el clima de persecución e inseguridad que se vive en el estado de Veracruz.

Segundo. Implemente, a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, medidas de protección integrales para las y los periodistas del estado de Veracruz y de aquellas que han sido desplazadas buscando refugio en la Ciudad de México. 



A t e n t a m e n t e
México, Distrito Federal, 6 de agosto de 2015.







[1] CIDH, relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Comunicado de prensa R84/15, 5 de agosto de 2015.

[2] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Masacre de las Dos Erres vs Guatemala. Sentencia de 24 de noviembre de 2009 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 129.
[3] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Rosendo Cantú y otra vs México. Sentencia de 31 de agosto de 2010 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 114.
[4]  Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Bámaca Velásquez vs Guatemala. Sentencia de 22 de febrero de 2002 (Reparaciones y Costas), párrafo 78.