domingo, 10 de julio de 2016

La discusión sobre si los hombres pueden ser feministas


Diré mi opinión sobre este tema. Sé que con ello me ganaré el odio y la descalificación de muchas personas. No me importa. De todas maneras expresaré lo que pienso.

Jamás he creído que sólo puedo ser amigo de las personas que piensan igual que yo. Nunca he creído que tenga la verdad absoluta. Sólo tengo mi verdad, que puede coincidir o no coincidir con la verdad de otras personas.

Siempre defiendo mis ideas con profunda convicción, lo que no me impide cambiar de opinión cuando considero que la otra persona tiene una mejor idea. Pero esta posibilidad se da después de compartir vehementemente nuestras mutuas opiniones, lo cual implica dialogar.

Cuando alguien cancela el diálogo porque su interlocutor o interlocutora no piensa igual, cancela la posibilidad de entendimiento y de comprensión recíproca. Siempre, tras un diálogo fructífero y sincero, los o las participantes enriquecen su visión del mundo, hayan estado o no de acuerdo con la persona con la que dialogaron.

Lamento que el ideologismo dogmático de algunas personas les lleve a excluirme de su círculo de contactos o, peor, de amistades. La pérdida de contacto y la imposibilidad de compartir y conocer nuestra forma de pensar siempre será, para mí, lamentable.

Pero, no obstante las represalias, jamás diré nada por dar gusto a alguien o a un movimiento o a un partido o a un grupo de personas. Con franqueza, no me interesa quedar bien o mal con las personas en términos intelectuales. Sí me interesa no estar mal en términos personales. Me interesa compartir ideas con libertad. Sé muy bien qué valores defiendo y a partir de ello tomo mis propias decisiones. Ante todo, siempre, soy intelectualmente honesto.

La discusión sobre si los hombres pueden o no ser feministas me parece criticable si se pretende asumir una postura esencializante sobre ello con la finalidad de excluir. No sólo me parece criticable, sino peligroso.

Mi crítica a ciertas personas que asumen un discurso esencializante, no es una crítica a todos los feminismos, ni a las feministas que luchan por la libertad y la igualdad.

Mi crítica es a cierta forma de pensar que sostiene que la naturaleza, la historia o "el sistema" determina indefectiblemente las afinidades o las fobias ideológicas. Mi crítica es a esa idea que sostiene que los hombres nacieron o que "se hicieron necesariamente" machos y malvados y las mujeres feministas y buenas.

Me opongo a la idea de un orden social opresivo, sistémico, estructural e indefectible producto de la supuesta existencia de "leyes" permanentes surgidas de la historia de la Humanidad, que determinan con un sentido de necesidad el comportamiento humano y social opresivo. Pretender que el "patriarcado", como forma de gobierno ilegítimo, es consustancial a todos y cada uno de los hombres, implica considerar que hay cierto orden, cualquiera que sea su supuesto origen y fundamento, que determina el comportamiento opresivo de todos los hombres, como un absoluto.

Es cierto: hay una base empírica sólida para imputarle a muchos o pocos hombres la violencia continua, deliberada, ordenada y generalizada en contra de las mujeres. No obstante, esa conducta opresiva de esos muchos o pocos hombres no es un designio natural ni una imposición de las "leyes de la historia", de un orden sistémico necesario o cualquier idea similar que pretenda coartar la libertad humana y la capacidad de decisión.

La violencia es una construcción cultural, social, política y contingente, por tanto no es consustancial a nadie. La gente decide ser violenta y decide oprimir a otras personas.

El orden patriarcal es producto de una hipertrofia del poder que ciertos hombres, muchos o pocos, con el apoyo de ciertas mujeres, muchas o pocas, han ejercido para construir y mantener ilegítimamente un régimen opresivo que implica privilegios inaceptables. Este orden opresivo que privilegia a ciertos hombres, muchos o pocos, en detrimento de la mayoría de las mujeres, es producto de la voluntad de quienes lo han construido.

Así como hay hombres que han construido el régimen patriarcal para mantener sus privilegios, hay otros hombres que abominan y combaten ese orden -que siempre será contingente- con tanta vehemencia como muchas mujeres que pelean para defender la libertad. Por eso, hay hombres, muchos o pocos, que critican sus privilegios, cuando los tienen, así como lo hacen las mujeres, muchas o pocas.

Ese es mi punto. Las posturas esencialistas y absolutas de ciertas personas que sostienen que una ideología está vedada por la ley causal o las leyes de la historia o un supuesto orden sistémico indefectible a aquellas personas que nacieron natural o socialmente con cierta forma de ser, son tan conservadoras, excluyentes y opresivas como el orden social ilegitimo que dicen combatir.

Conclusión:

No existen determinismos ni naturales ni históricos ni sistémicos respecto al comportamiento humano interactivo opresivo. El trato ilegítimo que nos damos socialmente es producto de la voluntad personal, en última instancia, aunque contingentemente la sociedad y sus instituciones puedan ejercer relativamente algún tipo de influencia. Nadie nace opresor o como victimario. El entorno influye de manera crucial pero no de manera determinante. El entorno, no impone ideologias ni formas de ser de manera necesaria. Se es opresor porque se desea oprimir. Son las personas las que deciden, siempre, ser opresoras, aunque se pretende mitigar la responsabilidad con la idea de supuestos órdenes necesarios, que sólo existen en la mente de los teóricos, pero que son desmentidos por nuestra experiencia diaria.

Me opongo radicalmente a las ideologías que pretenden coartar la libertad humana y evitar así la directa responsabilidad de cada individuo, con motivo de sus propios actos, en la construcción de cada sociedad histórica.

Cada quien responde por su propia forma de pensar y por sus propios actos en su justa dimensión, apreciación y alcance, independientemente de que dicha forma de pensar o que dichos actos se generalicen y se mantengan por cierto tiempo y en determinado lugar.

martes, 21 de junio de 2016

Ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones a los derechos humanos en contra de los maestros y pobladores de Oaxaca


Sin duda, la actuación de la Policía Federal en Oaxaca no tiene justificación alguna. El asesinato de 8 personas, con motivo de las protestas de la CNTE en contra de reforma educativa, deben calificarse como ejecuciones extrajudiciales e implican delitos graves, así como graves violaciones a los derechos humanos.

Hay una diferencia entre ejecuciones extrajudiciales, ejecuciones arbitrarias y ejecuciones sumarias, en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos.

En términos generales, las diferencias son las siguientes:

Las ejecuciones extrajudiciales son aquellos asesinatos deliberados, intencionales, a cargo de agentes del Estado -como policías y militares- o como consecuencia de la intervención de particulares que actúan con el apoyo, aquiescencia o por omisión de los agentes del Estado.

Las ejecuciones arbitrarias son aquellos asesinatos que son consecuencia del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública.

Las ejecuciones sumarias son aquellos asesinatos cometidos por la aplicación de la pena de muerte en circunstancias irregulares y, por tanto, ilícitas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha calificado las ejecuciones extrajudiciales como violaciones graves a los derechos humanos.

En Oaxaca, el asesinato de maestros y pobladores fue de manera deliberada. A la policía no "se le pasó la mano" cuando empleó la fuerza en contra del movimiento magisterial y popular.

Hay, ya, una gran cantidad de testimonios y evidencias -fotos y videos- que prueban que la Policía Federal iba armada y que, por ello, consideraba como posibilidad deliberada el uso de la fuerza letal. Estas mismas pruebas demuestran que la policía disparó a matar a los contingentes de maestros que protestaban desarmados.

Jamás debe llevarse ni usarse armas letales para controlar protestas en las que participan civiles desarmados. El Gobierno de Peña Nieto sabe que los maestros y las maestras de la Coordinadora, y la población que les acompaña y apoya, SIEMPRE están desarmados.

Por ello, en Oaxaca los asesinatos de profesores y pobladores, a cargo de la Policía Federal, son auténticas ejecuciones extrajudiciales e implican la violación grave del derecho a la vida y a otros derechos humanos en perjuicio de las víctimas directas, indirectas y población participante.

La CNDH debería, por tanto, ejercer su facultad constitucional de investigar la represión en Oaxaca como graves violaciones a los derechos humanos. El Ombudsperson está obligado por la Constitución a exigir que se finquen cargos penales y que se impongan responsabilidades políticas en contra de los policías participantes, así como en contra de los altos funcionarios del Estado.

Sobre el uso de la fuerza con motivo de protestas violentas y sin control

El uso de la fuerza pública para controlar protestas violentas jamás debe ser con fines letales cuando en ellas participan personas desarmadas.

Desde luego, lo ideal es no tener que usar la fuerza para controlar protestas que pueden afectar a personas ajenas al conflicto. Siempre debe recurrirse al diálogo y a la negociación para solucionar cualquier problema o reclamo.

Un Gobierno que opera en una sociedad con pretensiones democráticas y de protección de los derechos humanos jamás cancela las vías de entendimiento.

En los casos en los que el uso de la fuerza pública es necesaria, los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben actuar de la siguiente forma:

1. Si la policía sabe que son civiles desarmados los que organizan la protesta violenta, no debe llevar ni usar jamás armas letales.

2. Si las protestas se hacen violentas, pero sin armas letales, la policía puede y debe responder proporcionalmente, haciendo uso razonable de la fuerza, lo que excluye, desde luego, el uso de armas letales. El uso de la fuerza siempre será para controlar la situación y no se debe recurrir a ella con la finalidad de reprimir o castigar. Las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley, siempre deben velar por la protección de las personas.

3. Si las protestas se hacen violentas y algunos civiles usan armas letales y otros no, la policía debe replegarse para valorar la situación y después actuar de tal manera que la reacción jamás pueda dañar a los civiles desarmados.

Esta última situación implica una labor de valoración posterior y no en el momento, pues si la reacción es inmediata, la policía puede dañar a civiles inocentes y desarmados.

4. Cuando la policía actúa a sabiendas de que en la protesta participan personas desarmadas y que, quizá, también actúen personas armadas, no debe usar jamás la fuerza letal. No cabe el "pagan justos por pecadores".

La policía siempre debe velar por la protección y seguridad de los civiles desarmados, ya sea que participen en la protesta o, bien, que sean ajenos a ella.

5. Cuando la policía actúa en contra de civiles armados, usando la fuerza letal, sabiendo que también puede dañar a los civiles desarmados e inocentes, actúa con dolo eventual. Cuando la policía actúa así, acepta el daño a los inocentes en aras de repeler un ataque con armas de fuego y/o dar de baja a las personas armadas. Esto es criminal.

6. Una policía con inteligencia y bien entrenada no arrasa con inocentes y culpables y, menos, cuando tenemos una clara tradición de grupos infiltrados por el propio Gobierno y de participación de grupos extremista para provocar actos de represión.

Sin duda, Peña Nieto, Nuño, Osorio y demás funcionarios involucrados han comprometido su responsabilidad política y penal por las ejecuciones deliberadas por parte de la Policía Federal.


martes, 5 de abril de 2016

Comentarios a la ley reglamentaria del artículo 29 costitucional, sobre suspensión de derechos en estados de excepción

Comparto este video en el que expogo mi opinión sobre la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, "ley de suspensión de derechos", que recientemente aprobó el Congreso mexicano.

Aquí pueden consultar el dictamen del Senado y la versión turnada a la Cámara de Diputados que fue aprobada sin cambios:

Dictamen del Senado de la República

Documento remitido a la Cámara de Diputados

Aquí el video:



¿Ustedes qué opinan?

miércoles, 24 de febrero de 2016

En defensa del City Manager de la Miguel Hidalgo

Xóchitl Gálvez y Arne Aus den Ruthen. Foto de Irving Pineda.

Arne Sydney Aus den Ruthen Haag.

Sí, parece un trabalenguas impronunciable, pero es el nombre de uno de los políticos más interesantes de los que yo haya tenido memoria.

Arne -como le dicen- fue Jefe Delegacional de la Miguel Hidalgo y diputado local, en ambos casos por el PAN. Renunció al PAN y años después fue candidato independiente a Jefe Delegacional en la misma demarcación. Perdió frente a Xóchitl Gálvez, quien inteligente y generosamente lo invitó a trabajar con ella como "City Manager". Esta denominación para su cargo es un alias, pues la verdadera es Director General de Administración.

Como funcionario, Arne ha hecho lo que parecía impensable: obligar a los ciudadanos de la Miguel Hidalgo –por lo pronto– a respetar la ley. Y lo hace –claro– con el apoyo total de la jafa delegacional, Xóchitl Gálvez, mujer valiente y combativa que está decidida a que la Miguel Hidalgo sea un espacio para toda la ciudadanía y que se respeten las normas mínimas de convivencia. Las convicciones de Xóchitl y de Arne son sin duda subversivas, porque en México pedir que se respete la ley es, francamente, un acto revolucionario y provocador.

Desde hace unos meses, Arne ha encabezado operativos en contra de los "vecinos gandallas" que se apropian ilícita e ilegítimamente del espacio público, que, además, transmite en tiempo real mediante Periscope. Estas transmisiones –como era previsible– han provocado una interesante y novedosa polémica sobre los derechos humanos de los presuntos infractores que podrían ser afectados.

Algunos defensores de los derechos humanos, incluida la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez, se han pronunciado en contra de los operativos por diversas razones. En resumen, han argumentado que la difusión pública de los operativos implica la difusión de los datos personales de los presuntos infractores; los somete al escarnio y al odio público, que es una sanción no contemplada por las leyes, y viola sus derecho a la presunción de inocencia y a un trato digno.

Por cierto, algunas personas han dicho que Arne, con el cargo que ostenta, no tiene facultades para llevar a cabo esos operativos. No obstante, esta parte no la comentaré, porque la polémica se ha generado con motivo de la transmisión de los operativos en Periscope, que, además, es el tema que me interesa desarrollar.

No comparto ninguno de los argumentos de los detractores de la difusión de los operativos. Por ello, los refutaré uno a uno. Además, todos los argumentos que han expuesto me parecen muy elementales. Ninguno de los detractores, incluida la presidenta de la CDHDF, ha considerado todas las aristas que deben atenderse para analizar el estatus jurídico de la difusión pública de los operativos. No se puede partir de un criterio tan básico como el que han expresado los opositores.

Me parece que el análisis tiene que considerar la naturaleza de los hechos difundidos, del lugar donde se llevan a cabo, así como el interés que subyace en el desarrollo de los operativos. Además, debe considerar quién es la persona que difunde el operativo, así como quién es la personas que, eventualmente, puede llegar a ser objeto de la difusión de los mismos.

A continuación desarrollaré los siguientes temas: i) el alegado “escarnio público” como sanción innecesaria, ii) el derecho a la presunción de inocencia de los presuntos infractores y iii) la alegada difusión ilícita de “datos personales”.

Sobre el alegado “escarnio público” como sanción innecesaria

El objeto fundamental y principalísimo de las transmisiones de Arne por Periscope son los operativos que ejecutan las autoridades delegaciones para hacer cumplir las normas de convivencia. De ninguna manera, el objetivo de las transmisiones es difundir la conducta de los ciudadanos fuera del contexto de los operativos. Me parece muy relevante destacar esto.

No puede ser ilícita la difusión de los acontecimientos como lo hace Arne, pues todas las transmisiones se realizan en lugares públicos, ya que se llevan a cabo en la calle; se difunden hechos públicos, ya que pueden ser presenciados por todos, justamente por el lugar en el que se desarrollan; y exponen información de interés público, como es el caso de los acontecimientos que se presentan en los operativos para hacer cumplir las normas de convivencia. Ante el desorden generalizado y el abuso de autoridad que padecemos en todo el país, con énfasis, por supuesto, en la Ciudad de México, a toda la gente le interesa saber qué hace la autoridad y qué hacen los ciudadanos ante la exigencia de que se cumpla la ley  –la cantidad de seguidores de las transmisiones de Arne lo demuestra–. Por ello, lo que hace Arne es un ejercicio inédito de transparencia que permite que el comportamiento de todos, autoridad y ciudadanos, esté a la vista de todo el mundo. La publicidad de todos los acontecimientos –por el lugar en donde se desarrollan, los hechos que se difunden y el interés de los operativos– es una garantía para la protección de lo derechos humanos de todos los involucrados, incluidos los propios funcionarios. También son un factor de control social de los actos de las autoridades delegacionales cuando ejercen sus funciones.

La dura crítica a la reacción violenta, prepotente y grosera de los presuntos infractores que son, eventualmente, objeto de la difusión de los operativos, no es consecuencia de una conducta ilícita por parte de la autoridad, por tanto a esta última no le debe generar consecuencias jurídicas negativas. Además, la crítica es el ejercicio de la libertad de opinión de los ciudadanos ante la difusión de hechos que son de interés público, como ocurre en el caso del desarrollo de operativos que le importan a toda la gente, pues tienen que ver con el cumplimiento del deber de la autoridad de hacer cumplir las normas de convivencia. Por tanto, la crítica no es “escarnio”, ya que es producto del ejercicio legítimo de un derecho que es opinar respecto de acciones que, además, son producto de acciones lícitas de la autoridad. Por las mismas razones, la crítica no es una sanción, ni es una pena, como incorrectamente pretende que lo sea la CDHDF. Es peligrosísimo que en una sociedad que aspira a ser democrática, como la mexicana, la crítica se califique como “escarnio” o como “sanción” ilegal, cuando ésta es dura, directa e incómoda y tiene que ver con hechos que son del interés público.

Además, la crítica negativa y dura de la gente –si se analiza objetivamente– no es por la infracción que en sí cometen las personas, sino, fundamentalmente, por la reacción ilegítima de algunos presuntos infractores, ante la exigencia legítima de la autoridad de que se respeten las normas de convivencia. Muchos presuntos infractores, prepotentes e influyentes, reaccionan como si defendieran la verdad, la justicia y el derecho, como si toda la sociedad estuviera mal y ellos bien. La gente tiene pleno derecho a criticar duramente estas nefastas conductas que se han convertido en una auténtica lacra en nuestro país. ¡Basta de Lords y de Ladies –como jocosamente los ha calificado la ciudadanía indignada–, que se amparan en el anonimato para corromper e imponer su poder y sus intereses como si fueran los de todos! La principal aliada de la impunidad es la opacidad, no perdamos de vista esto.

Distinto sería si la difusión de la conducta de las personas, por parte de la autoridad, se hiciera fuera del contexto de los operativos. Todas las personas tienen el derecho a la vida privada, inclusive si se encuentran en la calle. Por ello, las autoridades violarían el derecho a la privacidad de las personas si las transmisiones por Periscope tuvieran el propósito de exponer cuáles son las actividades cotidianas de alguien, cuando la persona que es objeto de la difusión no ha dado su autorización para ello. Esto equivaldría a un acto de espionaje que resultaría notoriamente violatorio del derecho a la vida privada.

Otro ejemplo de una conducta que violaría los derechos humanos de los ciudadanos está en lo que hacían las autoridades municipales de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con las personas que eran sancionadas por tirar basura ilegalmente. El ayuntamiento decidió difundir en espectaculares las caras de los infractores que habían sido sancionados. Las fotos expuestas eran las que les habían tomado tras ser arrestados. Las autoridades exponían a los infractores con una leyenda que decía: “Detenido por cochino”. Además, los espectaculares –que eran varios– se encontraban en las principales vías de tránsito del municipio.

La mala e ilícita práctica del ayuntamiento de San Nicolás terminó cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León apercibió –con toda razón– a las autoridades municipales por la violación a los derechos humanos de los infractores.

¿Cuál es la diferencia de lo que hacía el ayuntamiento de San Nicolás de los Garza con lo que hacen en la delegación Miguel Hidalgo? Me parece que se encuentra, primero, en el objeto de la difusión del espectacular, que era la infracción en sí misma, que habían cometido las personas, así como el resultado del procedimiento que se les había seguido, en el que resultaron sancionadas. A diferencia con la Miguel Hidalgo, las autoridades de San Nicolás no difundían los operativos en sí, sino que su objeto eran las personas sancionadas, la infracción cometida y la sanción impuesta. El segundo elemento que hace la diferencia, lo encuentro en la imposibilidad del ciudadano de decidir la forma como su imagen es difundida en un medio público tras un arresto. Esto último, es determinante.

Debo insistir que la notable diferencia entre San Nicolás y la Miguel Hidalgo radica que en que esta última difunde en tiempo real operativos de interés público –que es el objeto fundamental de la transmisión por Periscope–, que realiza en la calle, respecto de hechos públicos. En cambio, para el municipio, el objeto de la difusión consistía en la imagen del infractor tras ser sancionado, así como la sanción impuesta. Lo anterior se agravaba, con la decisión de las autoridades municipales de difundir públicamente información generada en un espacio cerrado, que en este caso eran las oficinas de las autoridades administrativas sancionadoras que habían llevado a cabo el procedimiento contra la persona. Adicionalmente, la información difundida por las autoridades eran los datos personales de los infractores que había obtenido por medio de los procedimientos de sanción: las fotografías de sus rostros, sus nombres y sus antecedentes sobre las sanciones administrativas impuestas.

Las autoridades de la Miguel Hidalgo no utilizan Periscope para difundir información sobre el desarrollo o los resultados de los procedimientos administrativos que llevan a cabo contra los presuntos infractores en sus oficinas, lugares cerrados, que no son de acceso público generalizado. Nunca han difundido la información que generan en los expedientes, ni los nombres, ni las fotografías de los infractores, ni los antecedentes sobre las sanciones administrativas de ninguna persona.

Lo anterior me lleva al segundo tema que expondré: el derecho a la presunción de inocencia de las personas cuya imagen se difunde en las transmisiones de los operativos.

La alegada violación al derecho a la presunción de inocencia

Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación han determinado que en materia sancionatoria administrativa aplican los principios del derecho penal, entre ellos, el de la presunción de inocencia. Según dispuso la Corte, este principio opera como regla de trato. Esto significa que nadie debe ser tratado como culpable hasta que se demuestre lo contrario. Este tema, el de la regla de trato, lo quiero analizar considerando que la difusión de la información que hace Arne por Periscope, es respecto de los hechos públicos, desarrollados en la calle, que se presentan antes de que las personas sean sancionadas. No debe perderse de vista que Arne sólo difunde el desarrollo de los operativos y no el desarrollo de los procedimientos de sanción ante los jueces cívicos, ni la información contenida en los expedientes.

Como lo dije antes, un elemento central en la distinción entre lo que hacían las autoridades de San Nicolás de los Garza con lo que se hace en la Miguel Hidalgo radica en la completa libertad con la que los propios presuntos infractores deciden cómo comportarse ante la difusión de los acontecimientos que Arne hace por Periscope. Aquí entra un elemento absolutamente contingente que escapa por completo a la voluntad de la autoridad que realiza el operativo: la conducta que asumirá el presunto infractor. Es imposible saber cómo reaccionarán los ciudadanos en los operativos. Algunos actuarán decentemente, pero otros, muchos, responderán violentamente, con groserías y con amenazas. Por tanto, son los propios presuntos infractores los que deciden cómo quieren que su imagen, obtenida lícitamente por la autoridad, sea apreciada por el resto de los ciudadanos que siguen en vivo las transmisiones o que, después, ven los videos tanto en Periscope como en Youtube o en cualquier otra plataforma. Si el presunto infractor reacciona decentemente, como se esperaría de una persona civilizada y cívica, las personas no lo criticarán, al contrario, reconocerán su buen comportamiento. Pero si el presunto infractor actúa prepotentemente será duramente criticado, como es el derecho de todas las personas que viven en un país que pretende ser democrático, en el que está reconocida la libertad de expresión, de crítica y de opinión.

Por lo anterior, no puede existir una afectación al derecho de presunción de inocencia de las personas, como regla de trato, pues, primero, no se difunde información sobre los procedimientos de sanción ante los jueces cívicos y, segundo, es la propia persona, presunta infractora, la que decida libre y voluntariamente cómo quiere que su imagen sea apreciada por los demás. Sobre esto último no existe ningún tipo de injerencia por parte de la autoridad, pues no tiene posibilidad de controlar las decisiones que determinarán el comportamiento de las personas. Por otro lado, en los operativos no se hace pronunciamiento alguno sobre la culpabilidad o inocencia de los presuntos infractores, pues eso es decisión de los jueces cívicos o de los magistrados del tribunal contencioso administrativo o de los jueces de amparo, sino que simplemente se ejecutan en ejercicio de las facultades que la ley le otorga a las autoridades delegacionales, a partir de hechos objetivamente apreciables de los que se da cuenta durante las transmisiones.

La libertad de decidir cómo comportarse ante la transmisión del desarrollo de un operativo por Periscope, como lo hace Arne, es crucial para distinguir las malas prácticas de las autoridades cuando difunden la imagen de las personas tras ser detenidas, con esposas, y ante los medios de comunicación. O como lo hacían las autoridades de San Nicolás de los Garza. En los dos últimos casos –a diferencia de lo que pasa en la Miguel Hidalgo– la persona no puede decidir cómo comportarse ni cómo su imagen será difundida en el medio público. En estos casos, las autoridades tienen toda la responsabilidad y el control de la forma como será difunda la imagen de la persona presunta infractora o ya sancionada.

Como se puede apreciar de los videos que se han hechos públicos, en ningún de ellos Arne provoca a nadie. Él simplemente hace notar por qué se viola la ley y cuál será la consecuencia. Es la propia gente, presunta infractora, la que nos regala joyas divinas, como esa de la señora de la Sotelo, que por dicho de ella misma era servidora pública, que tiraba la basura en la calle, que le dijo a Arne "ignorante" y "quítate porque si no te pego en los guevos". O que tal el finísimo señor Raúl Libién, director de Miled, mejor conocido como el "Lord Me La Pelas", que le dijo a Arne que "le pelaba la verga parada", porque al funcionario se le ocurrió la "afrenta" de hacer que los guaruras del poderoso caballero no dejaran estacionados sus coches sobre la banqueta. O qué tal el vigilante que encañonó a Arne cuando retiraba conos para usar ilegalmente la calle como estacionamiento privado. O que tal cuando Arne fue levantado y golpeado por los presuntos escoltas de Raúl Libién, quienes además le robaron su teléfono celular.

Sobre la alegada difusión de “datos personales” en los operativos.

Resulta completamente equivocado que la CDHDF sostenga que la difusión de la imagen de una persona, tomada en un operativo con las características que he expuesto, implique difundir “datos personales”. La razón fundamental es que la imagen de la persona es tomada en un lugar público, respecto de hechos que son apreciables libremente por toda la gente y, fundamentalmente, en el contexto de un operativo de interés público. La misma regla aplica en el caso de otro tipo de información que por la naturaleza enteramente pública del acontecimiento también puede ser susceptible de ser difunda: las placas de los vehículos, las fachadas de las casas, etc. No deberán difundirse por parte de la autoridad aquellos datos que no sean de natural difusión con motivo de la publicidad del operativo. Me refiero a los nombres de las personas, los datos contenidos en los expedientes, la sanción impuesta y cualquier antecedente que tenga que ver con esto último.

Conclusión

Proporciones guardadas, el caso de Arne y de Xóchitl Gálvez me recuerda al caso de Giovanni Falcone, que Roberto Saviano expone magistralmente en un relato intitulado La maquina de fango, que es parte del libro Vente conmigo (editorial Anagrama). En este relato, Saviano muestra la incomprensión de la que fue víctima el fiscal Falcone en su lucha por combatir al crimen organizado en Italia. El fiscal alcanzó gran popularidad y notoriedad que provocó la envidia y la crítica tanto de figuras de la izquierda como de la derecha italiana, de intelectuales y de ciudadanos. Nadie quiso reconocerle en vida a Falcone su esfuerzo, su lucha, su sinceridad y el riesgo que decididamente tomaba para que en Italia se respetara la ley. No fue sino hasta que Falcone fue ejecutado por la mafia Italiana que tirios y troyanos reconocieron el gran valor del grandísimo fiscal.

Ahora, Xóchitl y Arne enfrentan la incomprensión de muchas personas que no se dan cuenta de su gran labor y del enorme riesgo que asumen. Todos fuimos testigos de las amenazas que ha sufrido Arne por su trabajo, así como del levantón y la agresión física que padeció por parte de los presuntos escoltas de Raúl Libién.


Por eso afirmo que ni de forma ni de fondo Arne actúa mal. Me complace que en el país de la impunidad, la opacidad y la prepotencia, haya funcionarios como Arne y como Xóchitl que con grandísima valentía arriesgan su vida y su integridad física por simplemente pedir que se respeten las reglas de convivencia. Pero en el país del cinismo pedir esto es peligroso hasta para la propia autoridad.

Aquí les dejo algunos videos de los operativos que lleva a cabo Arne.