martes, 21 de junio de 2016

Ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones a los derechos humanos en contra de los maestros y pobladores de Oaxaca


Sin duda, la actuación de la Policía Federal en Oaxaca no tiene justificación alguna. El asesinato de 8 personas, con motivo de las protestas de la CNTE en contra de reforma educativa, deben calificarse como ejecuciones extrajudiciales e implican delitos graves, así como graves violaciones a los derechos humanos.

Hay una diferencia entre ejecuciones extrajudiciales, ejecuciones arbitrarias y ejecuciones sumarias, en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos.

En términos generales, las diferencias son las siguientes:

Las ejecuciones extrajudiciales son aquellos asesinatos deliberados, intencionales, a cargo de agentes del Estado -como policías y militares- o como consecuencia de la intervención de particulares que actúan con el apoyo, aquiescencia o por omisión de los agentes del Estado.

Las ejecuciones arbitrarias son aquellos asesinatos que son consecuencia del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública.

Las ejecuciones sumarias son aquellos asesinatos cometidos por la aplicación de la pena de muerte en circunstancias irregulares y, por tanto, ilícitas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha calificado las ejecuciones extrajudiciales como violaciones graves a los derechos humanos.

En Oaxaca, el asesinato de maestros y pobladores fue de manera deliberada. A la policía no "se le pasó la mano" cuando empleó la fuerza en contra del movimiento magisterial y popular.

Hay, ya, una gran cantidad de testimonios y evidencias -fotos y videos- que prueban que la Policía Federal iba armada y que, por ello, consideraba como posibilidad deliberada el uso de la fuerza letal. Estas mismas pruebas demuestran que la policía disparó a matar a los contingentes de maestros que protestaban desarmados.

Jamás debe llevarse ni usarse armas letales para controlar protestas en las que participan civiles desarmados. El Gobierno de Peña Nieto sabe que los maestros y las maestras de la Coordinadora, y la población que les acompaña y apoya, SIEMPRE están desarmados.

Por ello, en Oaxaca los asesinatos de profesores y pobladores, a cargo de la Policía Federal, son auténticas ejecuciones extrajudiciales e implican la violación grave del derecho a la vida y a otros derechos humanos en perjuicio de las víctimas directas, indirectas y población participante.

La CNDH debería, por tanto, ejercer su facultad constitucional de investigar la represión en Oaxaca como graves violaciones a los derechos humanos. El Ombudsperson está obligado por la Constitución a exigir que se finquen cargos penales y que se impongan responsabilidades políticas en contra de los policías participantes, así como en contra de los altos funcionarios del Estado.

Sobre el uso de la fuerza con motivo de protestas violentas y sin control

El uso de la fuerza pública para controlar protestas violentas jamás debe ser con fines letales cuando en ellas participan personas desarmadas.

Desde luego, lo ideal es no tener que usar la fuerza para controlar protestas que pueden afectar a personas ajenas al conflicto. Siempre debe recurrirse al diálogo y a la negociación para solucionar cualquier problema o reclamo.

Un Gobierno que opera en una sociedad con pretensiones democráticas y de protección de los derechos humanos jamás cancela las vías de entendimiento.

En los casos en los que el uso de la fuerza pública es necesaria, los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben actuar de la siguiente forma:

1. Si la policía sabe que son civiles desarmados los que organizan la protesta violenta, no debe llevar ni usar jamás armas letales.

2. Si las protestas se hacen violentas, pero sin armas letales, la policía puede y debe responder proporcionalmente, haciendo uso razonable de la fuerza, lo que excluye, desde luego, el uso de armas letales. El uso de la fuerza siempre será para controlar la situación y no se debe recurrir a ella con la finalidad de reprimir o castigar. Las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley, siempre deben velar por la protección de las personas.

3. Si las protestas se hacen violentas y algunos civiles usan armas letales y otros no, la policía debe replegarse para valorar la situación y después actuar de tal manera que la reacción jamás pueda dañar a los civiles desarmados.

Esta última situación implica una labor de valoración posterior y no en el momento, pues si la reacción es inmediata, la policía puede dañar a civiles inocentes y desarmados.

4. Cuando la policía actúa a sabiendas de que en la protesta participan personas desarmadas y que, quizá, también actúen personas armadas, no debe usar jamás la fuerza letal. No cabe el "pagan justos por pecadores".

La policía siempre debe velar por la protección y seguridad de los civiles desarmados, ya sea que participen en la protesta o, bien, que sean ajenos a ella.

5. Cuando la policía actúa en contra de civiles armados, usando la fuerza letal, sabiendo que también puede dañar a los civiles desarmados e inocentes, actúa con dolo eventual. Cuando la policía actúa así, acepta el daño a los inocentes en aras de repeler un ataque con armas de fuego y/o dar de baja a las personas armadas. Esto es criminal.

6. Una policía con inteligencia y bien entrenada no arrasa con inocentes y culpables y, menos, cuando tenemos una clara tradición de grupos infiltrados por el propio Gobierno y de participación de grupos extremista para provocar actos de represión.

Sin duda, Peña Nieto, Nuño, Osorio y demás funcionarios involucrados han comprometido su responsabilidad política y penal por las ejecuciones deliberadas por parte de la Policía Federal.