LA MOSCA PARLERA

El caso Contralínea ante la Suprema Corte

2012-02-14T18:01:00.000-08:00

Publicado en la revista Contralínea número 270, del 5 de febrero de 2012.

El 18 de enero de este año, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió ejercer la facultad de atracción respecto del caso de la revista Contralínea, que actualmente sufre un grave e intolerable acoso judicial por parte de varios grupos empresariales que pretenden coartar la libertad de expresión de los periodistas y el derecho a la información de la sociedad mexicana.

Los periodistas de Contralínea fueron demandados por daño moral, en 2009, por un grupo de empresarios petroleros encabezados por Antonio Juan Marcos Issa, ex coordinador de asesores de tres ex directores generales de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Contralínea informó sobre una serie de negocios presuntamente ilícitos entre los empresarios y varios funcionarios de la paraestatal petrolera mexicana. Los periodistas documentaron que los empresarios le rentaban barcos en mal estado a PEMEX por un monto mayor de lo que hubiesen costado nuevos. Varios funcionarios fueron sancionados por la Secretaría de la Función Pública por estos hechos.

Los empresarios alegaron en su demanda que los periodistas habían afectado su honor y su vida privada porque la información que publicaron era falsa y porque empleaban en su contra lenguaje ofensivo; señalaron que para analizar el caso debían aplicarse los criterios del Código Civil. Los periodistas argumentaron al contestar la demanda que los negocios de los empresarios con PEMEX eran de interés público, que su información era veraz y que los particulares dedicados voluntariamente a los asuntos de interés público debían ser especialmente tolerantes con la crítica, por muy dura que les pareciese; asimismo dijeron que no era aplicable el Código Civil que contiene criterios restrictivos para la libertad de expresión y que debían aplicarse los criterios garantistas de la ley particular que protege el trabajo periodístico en el Distrito Federal.

A principio del mes de enero de 2011, tras un largo juicio, la Jueza 54 de lo Civil del Distrito Federal decidió condenar por daño moral a los periodistas de Contralínea. La jueza dijo en su sentencia, entre otras cosas, que los asuntos relacionados con PEMEX no eran de interés público, porque eran temas para especialistas, que la gente y ella misma desconocían. Señaló que los periodistas no estaban autorizados para opinar sobre las licitaciones que llevaba a cabo el gobierno, puesto que no estaban calificados para determinar cuándo una licitación le convenía a PEMEX y cuándo no le convenía.

La juzgadora se apartó completamente del régimen jurídico garantista que regula, en el Distrito Federal, las acciones civiles que pueden ejercitarse en casos de presunto abuso de la libertad de expresión por parte de los periodistas. Este marco jurídico garantista está contemplado en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, publicada el 19 de mayo de 2006.

La Ley de Responsabilidad Civil, entre otras cosas, contempla los estándares internacionales protectores del trabajo periodístico, fundamentalmente los emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; reconoce el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información como base de la democracia; se aparta de los criterios absolutistas que sobre la verdad y la moral se habían fijado con base en el anterior régimen jurídico que tenía como fundamento la “teoría del daño objetivo”; establece como requisito para que se declare fundado el daño moral, la existencia de una lesión al patrimonio moral del presunto afectado, empíricamente acreditable durante el juicio; restringe el umbral de protección al patrimonio moral de los poderosos, como políticos, servidores públicos o empresarios, cuando las críticas o calificativos que les son dirigidos, versan sobre temas de interés público, lo que les obliga a una mayor tolerancia con el discurso de los periodistas, que está especialmente protegido en estas circunstancias; establece el estándar de la “malicia efectiva” como elemento fundamental a acreditar por parte de los supuestos afectados, cuando son servidores públicos, y en un grado inferior cuando se trata de figuras públicas, por lo que se deberá probar, antes de sancionar a un periodista, que la información se divulgó con el pleno conocimiento de que era falsa y con el único fin de dañar; prohíbe la censura previa del trabajo periodístico; impide la criminalización civil del trabajo periodístico, por la vía de las acciones judiciales civiles, al prever el uso preferente de las medidas menos lesivas para los periodistas, cuando éstos han sido condenados por el ejercicio ilícito de su libertad de expresión.

Los periodistas de Contralínea apelaron la sentencia. El recurso fue radicado en la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La Sala revisó el caso y decidió revocar la sentencia condenatoria y absolvió a los periodistas.

Los empresarios impugnaron la sentencia de la Sala mediante el juicio de amparo, el cual fue turnado al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Por la importancia del caso, los periodistas de la revista le solicitaron a la Corte que atrajera el caso, lo que finalmente ocurrió.

La Corte podrá determinar bajo qué estándares legales se deben estudiar las demandas por daño moral en contra de los periodistas en el Distrito Federal, si con base en el Código Civil o en la Ley de Responsabilidad Civil. Asimismo, por primera vez, la Corte analizará un caso en el que se podrá ponderar la libertad de expresión y el derecho a la información con relación al patrimonio moral, cuando están involucrados periodistas y empresarios cuya actuación tiene impacto en la vida política del país.

La Corte tiene una gran oportunidad para consolidar sus recientes y sólidos criterios protectores del trabajo periodístico; confiamos en ella.

Carmen Aristegui entrevista a la periodista Ana Lilia Pérez sobre la demanda por daño moral que un grupo de empresarios petroleros interpusieron en contra de los periodistas del semanario Contralínea:

La Suprema Corte y la libertad de expresión

2011-12-19T10:19:00.000-08:00

Publicado en la revista Contralínea, número 264, correspondiente al 18 de diciembre de 2011.

Jorge Castañeda dice en su reciente e interesante libro Mañana o pasado. El misterio de los mexicanos que un rasgo especialmente negativo de éstos es su rechazo a la confrontación directa. Por lo general, dice Castañeda, los mexicanos rehúyen a la confrontación cara a cara y prefieren atacar por la espalda, subrepticiamente. Los mexicanos suelen hablarse entre ellos con extrema cordialidad porque saben su mutua intolerancia a las expresiones rudas; nadie aguanta que se le hable golpeado. Este rasgo, dice Castañeda, además del individualismo, el no reconocerse como una sociedad mayoritariamente de clase media, el miedo a los extranjeros y la falta de respeto a las leyes, impiden que la sociedad mexicana se inscriba entre las sociedades modernas y evita el desarrollo de la democracia.

Más allá de las razones que expone Castañeda en su libro sobre los motivos del rechazo de los mexicanos a la confrontación, coincido con él en cuanto a que este rasgo del ethos mexicano, impuesto desde el poder, ha sido profundamente pernicioso para la consolidación de nuestra democracia.

En nuestro país, quien se excedía en sus críticas a la clase política, en particular en contra del Presidente, o a cualquier poderoso podía ser encarcelado y sufrir, además, la pérdida de su patrimonio. La difamación y la calumnia eran delitos federales hasta hace poco. Bastaba que alguien difundiera públicamente hechos ciertos o falsos sobre alguna persona para ser sancionado con años de prisión. Las demandas por daño moral se declaraban fundadas con la simple existencia de expresiones públicas que a los jueces, desde su moral particular, les parecieran ofensivas.

Esta situación empezó a cambiar radicalmente a partir de que la actual Suprema Corte tomó cartas en el asunto y empezó a sustentar criterios protectores de la libertad de expresión, en general, y del trabajo periodístico, en lo particular, al replicar y en algunos casos mejorar los criterios garantistas desarrollados históricamente por otros tribunales constitucionales y por las cortes internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La actual Suprema Corte empezó con la prohibición del empleo del derecho penal en los casos relacionados con la libertad de expresión. En 2009, el Máximo Tribunal le otorgó el amparo al director del periódico La Antorcha, quien había sido condenado a tres años de prisión por informar en su periódico de los presuntos actos de corrupción del entonces presidente municipal de Acámbaro, Guanajuato.

Después, la Corte restringió los alcances represivos de las demandas por daño moral cuando pretendían limitar la libertad de expresión en temas de interés público. Los criterios protectores del derecho de pensar y de opinar con libertad en nuestro país han sido defendidos coherente, progresiva y sistemáticamente por la actual Suprema Corte, hasta llegar a la histórica sentencia de la Primera Sala en el caso La Jornada versus Letras Libres.

Los hechos del caso son ampliamente conocidos: la revista Letras Libres, por conducto de su entonces subdirector, Fernando García Ramírez, acusó en sus páginas al diario La Jornada de ser cómplice del terror de la organización Euskadi Ta Askatasuna (ETA), con motivo de su línea editorial con relación al grupo armado, por un acuerdo de colaboración con el periódico Gara (acusado en España de tener vínculos con la ETA) y por el trato informativo que le dio a una diligencia judicial que realizó en México el juez Baltasar Garzón por el caso de varios vascos detenidos y acusados de ser miembros de la organización separatista.

La Jornada, con el alegato del daño moral, demandó civilmente a Letras Libres. Después de un largo litigio, la Suprema Corte atrajo el caso. El asunto fue turnado al ministro Arturo Zaldívar, que se ha caracterizado por ser un sólido y sincero defensor de las libertades en México. El ministro Zaldívar propuso en su proyecto absolver del daño moral a Letras Libres porque la revista ejerció libremente su derecho a opinar críticamente. Por mayoría, la Primera Sala adoptó el proyecto de sentencia.

La Suprema Corte, en la sentencia del caso, reiteró lo que ha sustentado en asuntos resueltos previamente, algunos ampliamente difundidos, como el de Martha Sahagún versus Proceso y Olga Wornat.

El Tribunal Constitucional de México ha dicho que el daño moral sólo debe ser producto de expresiones ilícitas que generen daños reales al patrimonio moral de los afectados. Las manifestaciones no son ilícitas cuando versan sobre temas de interés público, por muy críticas que parezcan. Los medios de comunicación, los funcionarios y los particulares que realizan actividades de interés público tienen un umbral de protección menor de su patrimonio moral, como el derecho al honor; por tanto, deben ser especialmente tolerantes con las críticas, aunque les parezcan falsas, ofensivas o de mal gusto. Las opiniones no son verdaderas ni falsas, pues, todas, son parciales y subjetivas. El debate en México sobre los temas de interés público, ha dicho la Corte, debe ser desinhibido, franco y desafiante.

La postura de la Corte implica el triunfo del relativismo epistemológico y ético. La verdad y la moral son relativas cuando se trata de pensar y de opinar sobre temas de interés público. Es un triunfo histórico en contra del absolutismo y del totalitarismo.

Con su sentencia en el caso La Jornada versus Letras Libres, la Suprema Corte blindó sólidamente el derecho a opinar y a informar críticamente y limitó severamente las posibilidades represivas de los poderosos. Por ello, me parecen particularmente perturbadores los injustos ataques de una parte de la izquierda a la Suprema Corte y al ministro Zaldívar. Parece que la izquierda, acostumbrada a perder, es incapaz de percibir que ha obtenido una importante victoria.

Entrevistas de Carmen Aristegui al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a Luis Hernández Navarro de La Jornada y a Enrique Krauze de Letras Libres, sobre la sentencia que dictó el Tribunal Constitucional de México en el caso "La Jornada vs Letras Libres":

El amparo tuitero

2011-12-08T10:20:00.000-08:00

Comparto esta entrevista que me hicieron en "Redes al aire" sobre el amparo tuitero. Desde mi punto de vista, el amparo procede cuando los políticos, como el Presidente de México, bloquean a los usuarios de Twitter.

Para consultar el artículo que escribí en Contralínea sobre el tema, en el siguiente vínculo:

El Presidente Calderón y Twitter

El caso de Alfonso Martín del Campo Dodd, con Carmen Aristegui

2011-10-25T11:56:00.000-07:00

1. Carmen Aristegui entrevista a Juan Carlos Gutiérrez, Director de la CMDPDH, y a Sergio Méndez Silva, Director de Defensa de la CMDPDH, sobre el caso Martín del Campo. Martes 25 de octubre de 2011.

2. Debate, en el programa de radio de Carmen Aristegui, entre Sergio Méndez Silva, Director de Defensa de la CMDPDH, y Samuel González Ruiz, abogado de Isabel Miranda de Wallace, sobre el caso Martín del Campo. Miércoles 26 de octubre de 2011.

3. Carmen Aristegui entrevista a Sergio Méndez Silva, Director de Defensa de la CMDPDH, sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del DF que le niega la libertad a Martín del Campo Dodd. Entrevista a Emilio Álvarez Icaza sobre el caso. Jueves 27 de octubre de 2011.

4. Carmen Aristegui entrevista a Alfonso Martín del Campo Dodd sobre su caso. Jueves 28 de octubre de 2011.

Los videos de las entrevistas:

Más información sobre el caso Martín del Campo:

Artículo sobre el caso Martín del Campo Dodd, en el blog de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, sobre lo que sigue en el caso tras la sentencia del TSJDF que declaró infundado el incidente de reconocimiento de inocencia.

El empleo abusivo del derecho penal en México contra las radios comunitarias. Mi artículo en Dfensor, publicación de la CDHDF

2011-10-25T11:47:00.000-07:00

El artículo "El empleo abusivo del derecho penal en México contra las radios comunitarias" está disponible en:

Revista Dfensor. Octubre de 2011.

Comentario a la primera sentencia penal en México, en la que se inaplica un tipo penal contrario a los derechos humanos

2011-08-22T10:27:00.000-07:00

Foto del Magistrado Carlos Arenas.

El 8 de agosto de 2011, el magistrado Carlos Emilio Arenas Bátiz, titular de la Cuarta Sala Unitaria Penal, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, dictó una sentencia histórica, en un recurso de apelación en contra de un auto de término constitucional, en la que decidió ejercer su facultad constitucional como juzgador de ser garante de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales.

El magistrado Arenas analizó un caso en el que dos policías preventivos del municipio de Santa Catarina, en el Estado de Nuevo León, fueron detenidos por elementos de la Armada de México porque a los militares les pareció que los policías municipales realizaban funciones de halcones (vigilantes) al servicio de crimen organizado.

Según los supuestos hechos del caso, a las 7:20 de la mañana y con motivo de una denuncia anónima, dos vehículos de la Armada de México realizaban labores de inteligencia respecto de una bodega utilizada por el crimen organizado. Al momento de estar realizando la inspección, los militares fueron alertados por un sujeto, de que un policía municipal, a bordo de una patrulla estacionada, estaba hablando por un Nextel para informar sobre la ubicación de los vehículos de la Marina. Los militares detuvieron al policía y lo desarmaron. Diez minutos después, otro agente municipal llegó en su patrulla al lugar. Al ver a los marinos, el policía intentó escapar, pero uno de los vehículos militares le cerró el paso. El policía también fue detenido.

Los dos policías municipales fueron acusados por el Ministerio Público por dos delitos. El primero denominado “delito cometido contra instituciones oficiales y servidores públicos”, y el segundo, “delito cometido en la administración y procuración de justicia”.

El primer tipo penal, establecido en el artículo 192 del Código Penal de Nuevo León, sanciona a quien “aceche o vigile o realice actos tendientes a obtener información sobre la ubicación, las actividades, los operativos o en general las labores de seguridad pública, de persecución o sanción del delito o la ejecución de penas.” Este tipo penal se creó, entre otros motivos, para sancionar a los llamados halcones, que son personas que realizan labores de vigilancia callejera o de inteligencia para el crimen organizado.

El segundo tipo penal, contemplado en el artículo 224 de la ley penal de Nuevo León, sanciona a los servidores públicos administrativos o judiciales, por “no cumplir una disposición que legalmente se les comunique por su Superior competente, sin causa fundada para ello”.

El Ministerio Público le pidió al juez penal que juzgara a los policías municipales porque habían incumplido con la orden de sus superiores de no utilizar radios o teléfonos que no se les hubiesen asignado oficialmente, como eran los radios Nextel que supuestamente habían utilizado para informar a los delincuentes sobre las labores de la Armada de México.

El 8 de noviembre de 2010, el Juez Penal del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Nuevo León determinó que los policías serían juzgados únicamente por el delito de halconeo y no por la desobediencia a las órdenes de sus superiores. El motivo que dio el juez, fue que el Ministerio Público había acusado a los policías de dos delitos diferentes, a partir de una sola conducta, la cual sólo es idónea para cometer o el delito de halconeo o bien el delito de desobediencia, pero no ambos al mismo tiempo. La Constitución, dijo el juez, prohíbe que una persona sea sancionada dos veces a partir de una conducta que sólo tipifica un único delito. La “recalificación de la conducta”, que es lo que pretendía el Ministerio Púbico, está prohibida constitucionalmente.

Tanto el Ministerio Público como la defensa apelaron la resolución del juez de primera instancia. La defensa se inconformó porque los policías habían sido sujetos a un juicio por el delito de halconeo, y el Ministerio Público manifestó su oposición a que los agentes municipales no fuesen juzgados por el delito de desobediencia.

El magistrado Arenas dijo en su sentencia, dictada en el Toca Penal 43/11 (así se les denomina a los expedientes de las apelaciones), que los policías eran inocentes de ambos delitos, así que determinó liberarlos.

El magistrado dijo que los policías no eran responsables del delito de halconeo, porque los radios Nextel sólo los habían utilizado para comunicarse entre ellos lo relativo a la ubicación de los miembros de la Marina y no para comunicar esa información a un grupo criminal, por lo que habían actuado conforme a su deber legal de mantenerse debidamente informados de la problemática delictiva en su municipio y de dar a conocer esa información dentro de su propia corporación policiaca, con lo cual su conducta tenía una justificación legal. Además, en su acusación, el propio Ministerio Público había sostenido que los policías sólo se habían comunicado entre ellos con los radios. La conducta de los policías, dijo el magistrado, no era antijurídica, porque habían actuado conforme a lo dispuesto por la Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León y conforme a la ley penal que les obliga a cumplir con su deber.

Por lo que respecta a la desobediencia, el magistrado señaló que el tipo penal que la sanciona (artículo 224, fracción V) era inconstitucional. Sostuvo que el delito que sanciona la desobediencia de los servidores públicos a las órdenes de los superiores atentaba en contra del derecho humano a la legalidad penal, establecido en el artículo 14 de la Constitución Federal.

El magistrado señaló que el tipo penal era un caso de una “norma penal en blanco” o “de reenvío”. Se les denomina así, a las normas que establecen en términos generales y abstractos una conducta delictiva, pero que requieren ser completadas por otras normas, contenidas en otras leyes, para integrarse plenamente.

No en todos los casos las “normas penales en blanco” son inconstitucionales. No son contrarias a la Constitución, aquellas normas penales generales y abstractas que para integrarse plenamente requieren de otras normas contenidas en un mismo ordenamiento legal o en otras leyes conexas, pero que han sido dictadas por el Congreso, con apoyo en sus facultades constitucionales.

Sólo el Congreso está facultado constitucionalmente para crear normas penales que sancionen conductas delictivas. A esto se le denomina “reserva de ley” en materia penal. Los tipos penales sólo pueden existir en leyes, no en reglamentos, acuerdos, circulares u otros ordenamientos administrativos o legislativos de menor jerarquía.

El magistrado Arenas afirmó que el tipo penal que sanciona la desobediencia de los servidores públicos no cumplía con el principio de “reserva de ley” en materia penal, pues el tipo requería para su debida integración de las órdenes particulares de cada superior jerárquico. Por tanto, la ley penal sólo podía ser complementada, para su debida integración, por las decisiones administrativas discrecionales y coyunturales de los superiores jerárquicos, las cuales se denominan genéricamente como “órdenes”, y no por lo dispuesto en una ley emitida por el Congreso del Estado de Nuevo León.

Además, el “tipo penal en blanco” era contrario a los principios de “taxatividad” y de “determinación” a los que está sujeta la ley penal, porque, según lo dijo el magistrado, el juez penal había aplicado una norma que no correspondía con el caso concreto, y porque el legislador no había descrito de manera clara y precisa la conducta prohibida, así como sus consecuencias legales.

Esto trajo como consecuencia, que el magistrado Arenas determinara que por ser inconstitucional, el tipo penal de “desobediencia de las órdenes de los superiores” no debía aplicarse al caso concreto.

El magistrado fundó su competencia para declarar la inaplicación o desaplicación (como la denomina) del tipo penal, en tres fuentes novedosas y fundamentales:

1. En el artículo 1º de la Constitución Federal, modificado mediante la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio del presente año, que establece la obligación de todas las autoridades del país, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

2. En la sentencia del Caso Radilla Pacheco vs Los Estados Unidos Mexicanos, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 23 de noviembre de 2009.

Es muy interesante y muy relevante, que el magistrado haya fundado su competencia en el párrafo 339 de la sentencia en el Caso Radilla, que expone una línea jurisprudencial fundamental de la Corte Interamericana, en el sentido de confirmar como obligatorio para todos los órganos de gobierno de los Estados, lo que incluye al Poder Judicial, de ejercer un “control de convencionalidad” ex officio (sin que nadie se lo pida) entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias.

3. En la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 14 de julio del mismo año, por la que resolvió la consulta a trámite, del expediente Varios 912/2010, relativa al cumplimiento que el Poder Judicial de la Federación le daría a la sentencia del Caso Radilla Pacheco.

La sentencia del magistrado Arenas es histórica, porque por primera vez un juzgador ejerce el control difuso de constitucionalidad en materia de derechos humanos, en términos de las tres fuentes anteriormente citadas.

La resolución del magistrado Arenas es impecable por lo que respecta a la declaratoria de inaplicación del tipo penal de “desobediencia”, fundamentalmente porque hace una interpretación garantista del tipo penal en relación con los hechos, además de fundar correctamente su competencia para ejercer el control difuso de constitucionalidad en materia de derechos humanos en las fuentes expuestas con antelación. Sin embargo, no obstante el argumento sólido sobre uno de los tipos, la sentencia se queda corta por lo que respecta al tipo penal de halconeo.

El tipo que sanciona a quienes realizan espionaje o inteligencia o vigilancia de las acciones de las autoridades militares, policiacas o civiles en el contexto de sus labores vinculadas con la seguridad pública, persecución o sanción de los delitos y la ejecución de penas, es claramente inconstitucional, porque es una norma imprecisa, que no cumple con los principios de taxatividad, determinación y lesividad en materia de derecho punitivo, lo que propicia el empleo abusivo y desproporcionado del derecho penal.

La norma no precisa lo que debe entenderse por “acechar” o “vigilar” o “realizar actos tendientes” para la obtención de información sobre la labor de las autoridades en materia de seguridad. Tampoco precisa que tipo de “actividades”, “operativos” o “labores en general” deben entenderse como claramente referidas a la seguridad pública.

Esto implica que sea un auténtico acto de atribución subjetiva, sin ningún tipo de límite, por parte de las autoridades que sostengan la acusación, la calificación de alguna conducta como acción de “vigilancia” o de “acecho”, por ejemplo. Cualquier conducta, sospechosa o no, podrá ser calificada discrecionalmente como acechadora, vigilante o tendiente a obtener información de los movimientos de las autoridades.

Por otro lado, el tipo penal sólo sanciona el mero hecho de “vigilar”, “acechar” o de “realizar actos tendientes a obtener información” sobre las labores de los cuerpos de seguridad pública, lo que podría implicar, lógicamente, como conducta ilícita y sancionable, la mera solicitud, por ejemplo, por medio de los procedimientos de transparencia, de información relativa a la labores de los cuerpos de seguridad pública que operan en Nuevo León, lo que es, sin duda, muy peligroso, pues esto podría impedir la vigilancia y el control ciudadanos de los cuerpos represivos, en el marco de una sociedad democrática.

Con una norma penal de este tipo, por muy lícitas que aparenten ser las solicitudes de información pública en materia de seguridad pública, y no obstante constituir aparentemente el ejercicio de un derecho (causa de justificación), las autoridades, discrecionalmente, de manera arbitraria, podrían calificar como halconeo cualquier solicitud de acceso a la información.

El tipo penal no cumple, a partir de lo anterior, con el “principio de lesión”, pues no establece en qué condiciones la simple “vigilancia”, “el acecho” o la “realización de actos tendientes a obtener información” sobre las autoridades de seguridad pública, pueden generar una afectación o lesión a quienes sean objeto de estas conductas. Esto impide la apreciación del grado de gravedad de la conducta, de la lesión y, por tanto, imposibilita la graduación de la sanción, pues en esas circunstancias, toda conducta, afecte o no la labor de los cuerpos de seguridad, será sancionada de manera idéntica, ya que no hay parámetros legales para calificar los hechos. Por tanto, el tipo penal incumple con el principio de proporcionalidad en la calificación de las conductas, en la graduación de la gravedad de las mismas, así como de las posibles sanciones. Esto, con independencia de que se sancione con más severidad a los servidores públicos, lo que implica una diferencia con los civiles, porque respecto de quienes se encuentren en la misma hipótesis, civiles o servidores públicos, no se podrá diferenciar normativamente la ilicitud de su conducta, su gravedad, así como la gravedad de la lesión, todo lo cual es el necesario referente para determinar proporcionalmente la sanción.

Este es un claro ejemplo de una norma penal represiva, cuya única finalidad es otorgarles un cheque en blanco a las autoridades para perseguir penalmente a quienes ellas mismas definan según sus deseos, como fue el caso de los policías preventivos que fueron liberados por el magistrado Arenas.

Es por ello, que el magistrado Arenas bien pudo declarar la inaplicación del tipo penal de halconeo por resultar notoriamente inconstitucional. Quizá el magistrado pensó que sería excesivo declarar la inaplicación de dos tipos penales y que, por lo pronto, sería suficiente con uno, para medir el efecto de su decisión en la opinión pública, en el foro y en la academia.

Como sea, la decisión del magistrado Arenas fue correcta, garantista y, sobre todo, muy valiente. Le felicito por su decisión inspiradora.

Hacia una nueva cultura jurídica garantista en México

2011-08-01T10:24:00.000-07:00

Publicado en la revista Contralínea, número 244, del 31 de julio de 2011. Dar click aquí.

Los días 31 de agosto, 2, 6 y 7 de septiembre de 2010, así como los días 4, 5, 7, 11, 12 y 14 de julio de 2011, los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron la consulta a trámite sometida por su Presidente, en los expedientes varios 489/2010 y 912/2010, relativa al cumplimiento por Parte del Poder Judicial de la Federación de la sentencia del Caso Rosendo Radilla vs Los Estados Unidos Mexicanos, dictada el 23 de noviembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Corte Interamericana condenó al Estado Mexicano por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, por parte de las Fuerzas Armadas, en un retén militar en 1974. La sentencia del tribunal internacional le impuso varias obligaciones por cumplir al Poder Judicial de la Federación, entre las que destacan: adoptar los estándares internacionales relativos a los límites del Fuero de Guerra para conocer de casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares en contra de los civiles, así como acatar los criterios internacionales para juzgar casos sobre desapariciones forzadas de personas.

El 14 de julio de 2011, día de clausura del primer periodo de sesiones del año, el Tribunal Constitucional aprobó varios criterios en relación con los derechos humanos y las sentencias de la Corte Interamericana que resultan inéditos e históricos y que tienen efectos en todo el país. Me interesa destacar estos criterios fundamentales y garantistas más allá del tema de la limitación al Fuero de Guerra, determinación muy relevante pero particular en la decisión de la Suprema Corte y del que ya se ha hablado y escrito muchísimo. Los tres elementos centrales de la decisión de la Suprema Corte son:

1. Las sentencias que dicte la Corte Interamericana en las que el Estado Mexicano sea parte, son obligatorias para éste en sus términos. No son revisables por el Poder Judicial de la Federación.

2. La jurisprudencia de la Corte Interamericana es criterio orientador para el Poder Judicial de la Federación, en los casos en los que el Estado Mexicano no sea parte.

3. El control de convencionalidad en materia de derechos humanos es obligatorio y oficioso para todos los jueces del Estado Mexicano.

Estos tres criterios son la base de lo que considero es el nuevo paradigma de interpretación constitucional en materia de derechos humanos en México y que, sin duda, serán el motivo de una profunda transformación de la cultura jurídica en nuestro país, que pasara del formalismo atávico sujeto al dogma de la ley (mal entendiendo a Kelsen), al garantismo basado en los valores libertarios y justicieros y centrado en la dignidad de los seres humanos y no en la ley que es un mero referente, no un dogma.

Lo que la Suprema Corte aprobó es un auténtico control de constitucionalidad en materia de derechos humanos, de naturaleza difusa (no es exclusivo de algunos tribunales), obligatoria (no es opcional) y oficiosa (no se requiere que alguien lo pida) a cargo de todos los jueces del país, pues las normas internacionales en materia de derechos humanos tienen rango constitucional por virtud de la reforma a la Constitución Federal en materia de derechos humanos de 10 de junio del presente año.

Esto implica que todos los jueces del país están obligados constitucionalmente a convertirse en auténticos guardianes de los derechos humanos. Además, están constitucionalmente obligados a interpretar las normas de la manera que resulte más favorable para la protección de los derechos humanos de las personas. Están prohibidas las interpretaciones que restrinjan o limiten los derechos humanos.

Mi única crítica a la decisión de la Suprema Corte es en lo relativo a que la jurisprudencia general de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenga sólo carácter orientador (opcional) y no obligatorio. Lo quieran o no los ministros y las ministras, la jurisdicción de la Suprema Corte mexicana está acotada por la jurisdicción de los tribunales internacionales. El Estado Mexicano está obligado a respetar los tratados internacionales de derechos humanos y si no lo hace compromete su responsabilidad internacional. Para cumplir con estos tratados, necesariamente deben acatarse las interpretaciones autorizadas que de ellos hacen los órganos competentes, o sea, los propios tribunales internacionales. Estoy seguro que con el tiempo superaremos está momentánea limitación. Soy optimista.

Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011 y con la decisión de la Suprema Corte de 14 de julio del mismo año, se ha inaugurado en México la era neoconstitucional, caracterizada por la priorización no sólo del reconocimiento de los derechos humanos en términos amplios, sino también del reconocimiento y fortalecimiento de sus garantías.

El garantismo también se caracteriza por postular que no basta la existencia del derecho, sino que, además, debe estar claramente determinado el obligado a cumplir con la expectativa de su respeto, por la vía de un procedimiento idóneo que constituya su garantía.

Para el garantismo neoconstitucionalista, los derechos humanos han dejado de ser únicamente proclamas ideológicas, políticas y programáticas sin posibilidad alguna de ser cumplidas. Todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, deben ser acatados y para ello debe posibilitarse su cumplimiento por medio de las garantías. Esto explica la razón por la que también se reformó sustancialmente la constitución de nuestro país para fortalecer el juicio de amparo. El tres de junio de dos mil once fue promulgada la reforma constitucional en materia de amparo, la garantía constitucional por excelencia.

Los defensores de los derechos humanos tienen ahora una gran herramienta para contestarle al poder y para intentar construir un México mejor. Un país en el que no se respeten los derechos humanos está condenado a desaparecer por inviable. Hay que ser idealistas y luchar por lo imposible.

Entrevista que me hizo, como abogado de la CMDPDH, la periodista Deyanira Morán, de Radio Trece, sobre la histórica decisión de la Suprema Corte de restringir el Fuero de Guerra

2011-07-22T11:05:00.000-07:00

Dar click aquí para escuchar la entrevista.

Entrevista que me hizo el periodista José Alfredo Gutiérrez Falcón, de ComunicaSíOn, sobre la reunión Sicilia-Calderón en el Castillo de Chapultepec

2011-06-28T19:48:00.000-07:00

Mi participación en el programa "Vientos de Libertad", conducido por el periodista Víctor Ronquillo en el Canal 22. Intervine, en representación de la CMDPDH, en la Segunda Mesa de Análisis, relativa a la reforma constitucional en materia de derechos humanos

2011-06-28T15:12:00.000-07:00

Parte 1 de 2

Parte 2 de 2

La defensa de los derechos humanos: una actividad subversiva

2011-06-22T12:12:00.000-07:00

Al doctor Óscar Correas,
formador de conciencias críticas.

Recuerdo la respuesta de un compañero de clase cuando el profesor de filosofía del derecho habló del libro “El proceso de Jesucristo” del doctor Burgoa. La crítica fue que el libro era una mala novela con pretensiones académicas. La conversación derivó en una reflexión del compañero sobre la maestría en derecho que estudiamos. Dijo algo así como: “bueno, si yo hubiera querido estudiar filosofía, me hubiera metido a una maestría en filosofía y no a una maestría en derecho”. Es justo este tipo de pensamiento el que debe que ser superado por parte de los juristas.

Óscar Correas, cuya teoría crítica estudio y aplico, dice que uno de los principales problemas que tienen los juristas es su completo desconocimiento de los temas filosóficos. Yo diría: el completo desconocimiento de los términos del debate filosófico histórico, que, afirmo, siempre ha sido el mismo –con sus respectivos matices-: ¿la verdad, lo bueno y lo bello son de apreciación objetiva? La respuesta no es de ninguna manera simple.

Mi experiencia me ha enseñado, que los juristas creen que los temas jurídicos se circunscriben a las reflexiones técnicas. No se dan cuenta, porque no lo han analizado, que los debates trascendentes no versan sobre la técnica, sino sobre la filosofía y la teoría. Además, sostengo que para que sea entendido el debate esencial entre los teóricos del derecho, lo primero es entender el fundamento de ese debate y, por tanto, es necesario para los juristas iniciar desde el principio: desde el estudio de la historia del pensamiento filosófico; no sólo a partir de los resúmenes expuestos en los libros de historia del pensamiento filosófico, que son necesarios, claro, sino, principalmente, a partir de la lectura de los libros de los pensadores, o sea, de una fuente más o menos directa.

Antes de entrar a la maestría intuía la importancia del pensamiento filosófico, pero fue, debo admitirlo con todas sus palabras, hasta que ingresé al posgrado que entendí la enorme potencia del pensamiento filosófico para la acción política. Mi guía en este camino tan complejo y muchas veces inentendible y desesperante fue Correas.

Ahora puedo sostener que el debate filosófico fundamental es en términos epistemológicos. La guerra en el pensamiento filosófico y teórico, y que es el fundamento de todas las luchas políticas, tiene como elemento central a la verdad. A lo largo de la historia, los pensadores y los políticos pragmáticos han batallado para imponerle al resto de la Humanidad lo que consideran como lo verdadero, lo real, lo objetivo, lo inobjetable. La verdad, siempre, como fundamento del poder político. La verdad, como base del discurso prestigioso; como sustento determinante del liderazgo.

En este debate entre las posturas epistemológicas, desde mi punto de vista, los griegos lo dijeron todo. El debate filosófico esencial fue planteado, desde todas sus posibles aristas, por los pensadores griegos. Después, los otros filósofos han contribuido al enriquecimiento de las posturas defendidas por los pensadores helénicos, pero no han sido creadores de ningún pensamiento auténticamente original.

Los griegos, dicen, descubrieron la razón, el logos, a la que está sometido el mundo. La Naturaleza, sostienen los racionalistas, está determinada por un orden perfecto, necesario y predecible. Nada es contingente. Para notar este orden perfecto del mundo, es indispensable que el logos de la Naturaleza se empate con el logos de la mente humana, también determinada por el orden perfecto. De esta manera, si se tiene un método correcto de pensar, se puede apreciar el máximo descubrimiento de la Humanidad: la lógica con la que el mundo opera. Lo aparente es un engaño de los sentidos; lo verdadero, lo real, subyace entre lo que el sentido común es incapaz de apreciar.

Para los racionalistas absolutos (y digo “absolutos” porque nada es a medias) que creen haber descubierto la “lógica del mundo”, el orden perfecto que se aprecia de la Naturaleza ha demostrado que no daña, sino que más bien beneficia: a quién perjudica que de la cruza entre un perro y una perra nazca un perrito y no un delfín. Si el orden lógico del mundo beneficia, entonces es bueno y los seres humanos deben imitar esa perfección con su comportamiento. Lo natural, por tanto, es lo bueno, lo ético. El racionalismo-naturalista conduce de esta manera al absolutismo ético: ningún comportamiento humano que no tenga sustento en el logos totalizador es bueno, pues no está fundamentado en lo absolutamente verdadero, en lo natural, que es lo único digno de aprecio.

Lo que han intentado los racionalistas a lo largo de la historia es, por tanto, naturalizar a los seres humanos, eliminar su libertad de elección para acabar con su voluntad. Los racionalistas-naturalistas son los amantes permanentes del orden absoluto y odian cualquier cosa que les quite la certeza en su vida, que acabe con lo que tanto desean: un mundo predecible y, por ello, seguro. Lo verdadero se convierte en sinónimo de seguridad y tiene como efecto la tranquilidad emocional. La vida es placentera si se saben con precisión, y de antemano, cuáles son los efectos de todos los comportamientos posibles. A los seres humanos les encantan las fórmulas simples: si me porto bien me irá bien.

Pero este pensamiento apologeta del orden perfecto y absolutista, se ha enfrentado históricamente al pensamiento libertario, al que pregona que nada es necesario, que todo es contingente, incluida la Naturaleza, y que la verdad no existe: el irracionalismo relativista y escéptico, fundamento filosófico de la libertad.

El debate histórico entre racionalistas e irracionalistas se ha manifestado desde el origen del pensamiento filosófico. Heráclito y Parménides, así como los sofistas y Sócrates, en la Edad Antigua; los nominalistas y los teólogos de influencia aristotélica, en la Edad Media; los racionalistas ilustrados y los empiristas, en la época moderna; todos, constituyen una viva representación del debate histórico entre dos posturas filosóficas que se disputan el poder político.

Heráclito de Efeso, el Oscuro, sostenía que todo es fugaz, cambiante y momentáneo: “La existencia es la corriente de un río, en el cual no podemos bañarnos dos veces en las mismas aguas”. Postura, evidentemente irracionalista. Las afirmaciones de Heráclito son, desde tiempos inmemoriales, el terror de los amantes de la certeza. Nada es absoluto, todo es relativo para Heráclito. Postura, claro que se opone a lo sustentado por un racionalista como Parménides, para quien la existencia de los individuos y el constante cambio de la cosas son un engaño de los “ojos ciegos, los oídos sordos, la lengua que es sólo un eco”.

Los sofistas, extraordinarios oradores y retóricos, eran capaces de enarbolar y defender cualquier causa en una asamblea política, a partir de una convicción básica: la moral es relativa como la verdad. Postura combatida por Sócrates, Platón y Aristóteles.

Protágoras, el más grande de los sofistas, expuso sus convicciones irracionalistas y libertarias cuando dijo: “el hombre es la medida de todas las cosas”. Frase que no significa otra cosa que todo pensamiento humano es relativo por ser subjetivo. Nadie aprecia las cosas de la misma manera, ni la verdad, ni lo bueno ni lo bello. En cambio Aristóteles, en su Ética a Nicómaco, intenta objetivizar los valores y construir una ética totalizadora, influida por la razón.

Los escolásticos, de influencia aristotélica, construyeron una suma teológica que les permitió sustentar la existencia de Dios en la supuesta evidencia de la lógica del mundo que expone y demuestra el pensamiento racional. A esta postura se opusieron los nominalistas, irracionalistas, a quienes se les llamó agnósticos, que sostienen que la existencia de Dios no puede ser demostrada por el pensamiento racional. La razón tiene sus límites.

Los racionalistas ilustrados, como Descartes, combatieron el escepticismo con todo su talento intelectual, su apuesta fue “dirigir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias”. A esta postura, se opusieron los empiristas ingleses, como David Hume, el más brillante y radical de todos. El escepticismo relativista de Hume merece ser rescatado y expuesto en la actualidad, sostiene Correas.

No faltaron, claro, las posturas eclécticas, cuyo máximo representante es Kant. Este filósofo construyó una suma filosófica racionalista-empírica, que ha influido enormemente en el pensamiento filosófico histórico.

¿De cuál lado estar? ¿De los absolutistas amantes del orden extremo y de la certeza total? ¿o del lado de los libertarios, que entienden que nada es absoluto y que rechazan las posturas totalitarias? Yo tengo muy claro de qué lado estoy.

Correas sostiene, y yo estoy de acuerdo con él, que hay que visitar a Hume para tener un sólido fundamento filosófico irracionalista, relativista y escéptico, que defienda el valor de lo subjetivamente axiologizado y axiomatizado y que sea una herramienta para combatir el absolutismo epistemológico y ético.

Ser un relativista en términos éticos, significa que la moral siempre es individual, no que no se tengan convicciones. El irracionalismo, para los políticamente correctos, puede ser entendido como una razón relativa y subjetiva, esto es, el orden es particular y no total y está en la mente de cada quien y no en las cosas. El escepticismo es una sana actitud de duda que permite el desarrollo del conocimiento a partir de la experiencia.

Que la moral sea relativa y no absoluta, no significa que los libertarios no tengan también la vocación de universalidad. El universalismo es un concepto opuesto al de totalitarismo, y ambos tienen un proceso de construcción radicalmente diferente. Mientras que el universalismo parte del relativismo particular y sostiene que lo verdadero es producto del acuerdo humano, el totalitarismo es absolutista y no permite una construcción histórica y convencional de la verdad, sostiene que lo verdadero existe por sí mismo, con independencia de la participación de la voluntad de los seres humanos.

El universalismo democrático y libertario, encuentra su fundamento en la filosofía humeana. El filósofo escocés sostuvo que el conocimiento se genera por medio de las “impresiones” que se tienen del mundo real (“real” en el sentido de simplemente existente). Estas impresiones, cuando ya no se tiene directamente el referente empírico, se quedan almacenadas en la mente humana en forma de “pensamientos”. La impresión es concreta y proviene indefectiblemente de la experiencia sensorial; los “pensamientos” son vagos, abstractos e imprecisos. Las ideas no son otra cosa que el producto de la abstracción que los seres humanos hacen de lo que perciben por medio de los sentidos; esto es, de las impresiones que se convierten en pensamientos. Cada ser humano percibe los hechos de manera particular y diferente, por eso, lo que cada quien cree del mundo es producto de su propia subjetividad concreta, de la “sensación” o “sentimiento” que lo real provoca. La moral es relativa porque es producto de ideas generadas a partir de una manera particular de percibir, abstraer y de generar “pensamientos”, o sea de una manera muy personal de “sentir”.

Una contribución fundamental de Hume, particularmente sugerente para el pensamiento relativista libertario, es su teoría de la falta de referente de lo causal. Para Hume, la “causalidad” es una sucesión de operaciones mentales, de impresiones; no es una sucesión real de “hechos naturales”. Con esto, Hume niega la supuesta necesidad y la lógica supuestamente inherente del mundo, como lo sostienen los racionalistas. Si existe un orden, no está en la Naturaleza sino en la mente de los seres humanos. El filósofo empirista lo explica así:

“La primera vez que un hombre vio la comunicación del movimiento mediante el impulso, como por el choque de dos bolas de billar, no podía decir que el acontecimiento estuviera conectado con el otro, sino tan sólo que estaba conjuntado. Después de haber observado varios casos de esta naturaleza dice que están conectados. Qué alteración ha sobrevenido para que nazca esta nueva idea de conexión? Nada, sino que ahora siente que estos hechos están conectados en su imaginación y puede fácilmente predecir la existencia de uno de ellos a partir de la aparición del otro.”

El pensamiento humeano permite hacer una afirmación: es posible producir enunciados con aspiración de universalidad, sólo que circunscritos a un tiempo específico. No hay nada que garantice que los seres humanos construyan siempre igual la “sucesión de percepciones” como para permitirles explicar lo que aprecian del mundo de la misma manera, por siempre y para siempre. Lo que denota la filosofía humeana es la idea de prudencia en la explicación científica de los hechos del mundo.

Los hechos, y esto es lo más relevante, no son percibidos ni explicados objetivamente. Nadie piensa igual ni siente igual. Esta es la más grande contribución filosófica que los juristas deberían (como imperativo ético) conocer. Sin embargo, como dice Correas, si algo caracteriza a los juristas, es su bien cimentado desprecio por lo externo a la técnica en el derecho.

A los juristas en las escuelas de derecho se les enseña una máxima: el derecho es coherente, completo y permite generar “certeza” a los justiciables; esto es, la “certeza” es la predecibilidad de las decisiones fundamentadas en los textos jurídicos.

Pero si el derecho es un hecho, cuyo referente empírico es un texto, cuyo contenido está cifrado con diversos signos que tienen que ser interpretados para determinar su significado, y esos signos constituyen los elementos de un lenguaje, entonces no es posible determinar objetivamente lo que el derecho quiere decir, porque los seres humanos no perciben ni sienten los hechos de la misma manera.

Siguiendo la filosofía humeana, se puede afirmar que el orden, la lógica, la coherencia no está en el discurso del derecho contenido en los textos jurídicos, sino en la mente de quien los estudia para interpretarlos según su muy particular subjetividad. El derecho no otorga certeza.

Si el derecho no otorga certeza, que es la única capaz de producir la tranquilidad que al ser humano le da la idea de la predecibilidad, entonces, ¿que sí puede dar certeza? Mi respuesta es: nada. El derecho jamás producirá certeza, porque nadie piensa ni siente igual. A los juristas les cuesta mucho trabajo aceptar esta afirmación, pues, para empezar, rara vez se cuestionan lo que hacen y por qué lo hacen.

En realidad, el derecho, como discurso subjetivo, no es más que uno de los campos en donde se da una batalla sin cuartel por la hegemonía y el dominio político. El derecho, dice Correas, es un discurso irracional, prescriptivo, autorizado, que amenaza con la violencia. De esta manera, tanto la interpretación del discurso como su argumentación tienen una clara finalidad política. El trabajo de los juristas, visto de esta manera, es esencialmente político.

Pero en las escuelas de derecho, jamás se les enseñará a los estudiantes a pensar en términos filosóficos. Se les enseña a pensar en términos técnicos. La intención es utilitaria.

Los estudiantes tienen que aprender su nuevo oficio técnico para que sobrevivan de algo, en una sociedad tan competitiva y tan excluyente como la nuestra. Pero también hay otra razón, que es claramente política: el Estado, que es producto histórico, controlado por los poderosos, tiene que ser administrado y, para ello, se necesita un tipo específico de jurista: el que crea que el derecho es esencialmente bueno, imparcial, con un sentido unívoco, porque a todos conviene que no haya ideologías peligrosas que critiquen al poder.

El poderoso quiere que el derecho, como instrumento de dominación, sirva para lo que fue creado: para imponer los intereses de quienes controlan al Estado y, para logarlo, lo primero que hay que hacer es controlar el pensamiento de los juristas. Los abogados, para ser funcionales al poder, tienen que interpretar y argumentar en el sentido que al poderoso le conviene y quiere, y si el jurista no hace eso, es peligroso.

Sostengo que la enseñanza del derecho tendría que hacerse de manera inversa, esto es, en lugar de que la filosofía se enseñe como tema relevante en el posgrado, se debería enseñar como materia fundamental en la licenciatura. Es más, soy más contundente: en la UNAM, el plan de estudios del posgrado debería ser el de la licenciatura y el de la licenciatura el del posgrado.

Por eso me escandalizó que el compañero de la clase dijera que la filosofía no tiene importancia y que para él, la materia es algo así como un mero complemento prescindible de su formación intelectual. Vaya disparate.

Como dije, el trabajo de los juristas es político, y sobre “lo político” no hay posibilidad de control. Aplaudo los intentos teóricos de Ferrajoli para construir un sistema garantista, basado en postulados y valores libertarios, con vocación universalista. Sin embargo, jamás, ninguna propuesta teórica, por más coherente y sólida que sea, será asumida por todos los juristas que participan, directa o indirectamente, en la administración del Estado y/o en la actividad política y social.

La teoría garantista de Ferrajoli es muy útil ideológicamente para quienes, como yo, tienen la convicción de luchar por las libertades, desde la izquierda, en contra del orden social injusto, pero, con todo, ni el garantismo ni ninguna otra ideología podrá ser el sustento de la certeza. Las posturas encontradas siempre mantendrán en constante tensión al derecho: no hay nada que garantice que un derecho ganado no sea eliminado después. Todo será el resultado de la correlación de fuerzas entre posturas antagónicas.

La tensión constante que genera lo político en el derecho, me permite otra reflexión: los libertarios están en perfectas condiciones de utilizar alternativamente un instrumento –el derecho- que nació con vocación de poder, de manera alternativa; diría Ferrajoli: de forma garantista.

El ejercicio de la profesión jurídica puede hacerse de una manera sólidamente alternativa, no a favor de los poderosos, sino a favor de los sectores sociales dominados y excluidos históricamente. Y, justamente, los defensores de los derechos humanos nos dedicamos a construir una sociedad alternativa, explotando el potencial transformador del discurso del derecho cuando se interpreta a partir de valores libertarios. Potencial transformador limitado por sí mismo, pero muy poderoso y con importantes alcances justicieros si va acompañado de la acción social directa, esto es, con la movilización y la protesta.

En un mundo dominado políticamente por los totalitarismos, el activismo de los defensores de los derechos humanos no sólo implica una labor alternativa con fines libertarios y justicieros, sino también una labor profundamente subversiva. El reto es subvertir el orden social injusto cuando éste es reproducido por el derecho. Y esta labor jurídica subversiva es muy peligrosa. Es tan peligrosa y arriesgada, que a los defensores de los derechos humanos se les asesina por atentar en contra de los intereses de los poderosos.

El ejercicio alternativo de la profesión jurídica no sólo puede desarrollarse desde el movimiento social, sino también desde el Poder Judicial. En México se le ha hecho creer a la gente que los jueces no realizan funciones políticas, que no gobiernan, que no tienen ideología, que son imparciales y que lo que piensan no se ve reflejado en sus decisiones. Es más, ha hecho creer a las personas que sólo el poder ejecutivo es el que gobierna. Por eso, en la publicidad del ejecutivo siempre aparece la leyenda “gobierno de la República”. Sin embargo, esta es una creencia absolutamente falsa, que no encuentra sustento en la realidad social.

En una República como la mexicana, los órganos del Estado son los que ejercen la función política, de dominación, de gobierno. El legislativo gobierna emitiendo leyes, el ejecutivo gobierna haciéndolas cumplir y el judicial gobierna dirimiendo controversias. Entre los tres órganos de gobierno se reparte la gestión integral del Estado. Es por ello que, sin la menor duda, los jueces tienen encomendada una clara función política.

Ahora bien, la función política, de gobierno, tiene un sentido ideológico, no se realiza desde la imparcialidad de la conciencia. En México, el gobierno es de tendencia liberal, individualista, conservadora. Ese sentido ideológico se encuentra formalizado en las leyes, que son textos que emplean los jueces para cumplir con la parte de la gestión del Estado que les corresponde: solucionar conflictos entre los diversos sectores sociales.

Retomo la idea: en las escuelas de derecho, dominadas por los positivistas individualistas conservadores, se les enseña a los futuros juristas a olvidarse del sentido ideológico de las leyes y les dicen que sólo se deben de encargar de su sentido deóntico, que es aquel que transmite la especial forma de pensar de que algo debe ser realizado por alguien. De esta manera, los juristas, que después se integrarán a la judicatura, se quedan con la idea de que su labor consiste en aplicar las leyes dejando de lado su propia conciencia, sus deseos, sus pasiones, su lado humano. Según esta creencia, para que los jueces sean objetivos y certeros, deben aplicar las leyes sin criticarlas desde su cosmovisión.

La imparcialidad de la práctica jurídica, por supuesto, no existe, pues aunque sea de manera pretendidamente oculta y con cierta culpa, los jueces siempre interpretan y argumentan desde su propia conciencia. Esto es algo que todos sabemos porque es inocultable. Fuimos testigos, por ejemplo, de la manera como el ministro naturalista ultra conservador, Sergio Aguirre Anguiano, defendió su ideología confesional cuando se discutió en el Pleno de la Suprema Corte lo relativo a la constitucionalidad de la interrupción del embarazo y del matrimonio gay en el Distrito Federal.

Es por ello que me parece fundamental que se abandone la falsa creencia de que los jueces no gobiernan, que son objetivos o imparciales ideológicamente. Los juristas necesitan tener claro que su función es fundamentalmente política y que precisamente por ello es completamente legítimo promover el ejercicio de una práctica jurídica alternativa, solidaria, crítica, de izquierda, distinta a la que hoy es hegemónica y que se basa en el individualismo.

El poder judicial es un espacio privilegiado, como también lo es el movimiento social, para promover y ejercer una práctica jurídica alternativa, pero para ello hay que modificar de raíz el modelo judicial, profundamente represor, que ahoga toda pretensión de crítica ideológica en su interior.

En Europa, por ejemplo, existen asociaciones nacionales y regionales de jueces que se organizan a partir de su manera de pensar, según sean de izquierda o de derecha. Con el actual modelo judicial mexicano, algo así resulta imposible. En 2008, el magistrado federal Francisco Salvador Pérez fue sancionado por el Consejo de la Judicatura Federal porque se atrevió a expresar su opinión a favor de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APPO, y del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, aunque, claro, el Consejo dijo que los motivos de la sanción fueron las supuestas irregularidades cometidas por el magistrado en el ejercicio de su encargo. Ser un jurista alternativo siempre es costoso, no importa si la labor se desarrolla en el movimiento social o en el Poder Judicial.

Por eso me interesa que quede claro lo que afirmo con este pequeño ensayo: los juristas deben incursionar y especializarse en los estudios filosóficos, pues si no lo hacen serán invariablemente reducidos a meros tecnócratas, a meros instrumentos de los poderosos. Insisto: el debate jurídico importante, el sustancial, el que verdaderamente importa, jamás será el técnico, sino el filosófico y el teórico.

La reforma constitucional de derechos humanos

2011-04-14T17:28:00.000-07:00

Publicado en la revista Contralínea, correspondiente al número 228, del 10 de abril de 2011. Dar click en este vínculo.

La dignidad, la libertad, la igualdad y la justicia son aspiraciones legítimas de todo ser humano; son la base de la vida buena y feliz. Estos principios, por su gran valor, constituyen el fundamento ético de las sociedades contemporáneas. Es por ello, que su reconocimiento vinculante por parte de todos los sectores que conforman los factores reales de poder, resulta indispensable para la viabilidad de cualquier comunidad, pues son el sustento ideológico de las reglas para la convivencia sana y fraterna. Estas reglas, además, tienen una denominación que denota su esencia generosa: derechos humanos.

La nación mexicana es un claro ejemplo de la lucha constante por lograr que los derechos humanos sean para todos y para todas. El camino, sin duda, ha estado plagado de obstáculos que afortunadamente han sido esquivados. Un momento histórico fundamental en este constante bregar, es la reforma constitucional en materia de derechos humanos, aprobada por el Congreso de la Unión el pasado 8 de marzo.

Cabe destacar que desde hace varios años, organizaciones de la sociedad civil, académicos e instituciones trabajaron para que los derechos humanos fueran elevados a rango constitucional. Desde el 2004, el entonces jefe del Ejecutivo mexicano, Vicente Fox Quesada, presentó al Senado de la República una iniciativa en la materia; sin embargo, dicha propuesta fue de corto alcance.

La reforma a los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determinó la inclusión de los derechos humanos en la educación y en la política exterior; la prohibición de celebrar tratados internacionales que vulneren los derechos humanos; la universalidad, interdependencia, indivisivilidad y progresividad de los derechos; las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones por parte de todas las autoridades; el reconocimiento de la condición de refugiado por razones humanitarias y de asilado por razones políticas; la modificación del artículo 33 para reconocer el derecho de audiencia de las personas extranjeras que se pretenda expulsar del territorio nacional; un nuevo sistema de suspensión de derechos en situaciones de emergencia; el reconocimiento de la autonomía de los organismos públicos autónomos de derechos humanos y sus nuevas facultades para conocer de violaciones a los derechos laborales así como para investigar violaciones graves a los derechos humanos.

Sin embargo, lo más significativo de la reforma está en que la Constitución mexicana se convierte en un catálogo mínimo de derechos humanos que puede ser ampliado por los tratados internacionales, así como por cualquier norma que implique una mayor protección para los derechos de los habitantes de nuestro país. El nuevo artículo 1º de la Carta Magna ha determinado la existencia de un “bloque de constitucionalidad” en materia de derechos humanos que estará constantemente en expansión.

Además, todas las autoridades, tanto administrativas como judiciales, tienen la obligación constitucional de no interpretar restrictivamente las normas que contemplan derechos humanos (principio de progresividad). Esto implica, que toda autoridad tiene la obligación de interpretar las normas siempre de manera favorable para los gobernados (principio pro persona).

Con la ampliación del catálogo de derechos humanos, las garantías para su protección también se fortalecen. El juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad y, eventualmente, las controversias constitucionales se convierten en medios procesales de defensa tanto de la Constitución (control de constitucionalidad) como de los tratados internacionales (control de convencionalidad). Esto es muy importante, porque recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar las facultades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para proteger los derechos fundamentales por medio de las acciones de inconstitucionalidad, determinó que los organismos públicos autónomos sólo estaban facultados para proteger directamente los derechos humanos establecidos en la constitución y no los contemplados en los tratados internacionales. Con la reforma, el criterio restrictivo de la Corte pierde vigencia.

Asimismo, la jurisprudencia de los órganos internacionales protectores de los derechos humanos, tanto regionales como universales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Justicia, podrá ser considerada válidamente como criterios autorizados para interpretar las normas constitucionales y convencionales de derechos humanos. Con esto, se le da una nueva dimensión ampliada de protección a las libertades de los habitantes de nuestro país, por conducto de los criterios judiciales novedosos y garantistas emitidos por los órganos autorizados para interpretar los tratados internacionales que contemplen derechos humanos de los que México sea Parte.

Además, con la reforma constitucional en materia de juicio de amparo (aún no en vigor) las posibilidades de defensa de los derechos humanos se amplían. Por ejemplo, la reforma al amparo mexicano permitirá que más personas accedan a la Justicia Federal y que la Suprema Corte se pronuncie, en ciertas circunstancias, por la inconstitucionalidad de leyes con efectos generales.

La reforma en materia de derechos humanos ha sorteado la aprobación en el Congreso, proceso que resultó muy incierto, pues las Cámaras de Diputados y de Senadores realizaron diversas modificaciones a las minutas, lo que provocó el retraso de la aprobación de la reforma. Incluso, de último momento, los senadores panistas, de ideología ultraconservadora, pretendieron frenar la aprobación de la reforma, con el argumento de la que la protección constitucional a las preferencias sexuales implicaba la protección de conductas delictivas como la pederastia.

El Senado ha remitido la minuta de la reforma para su aprobación por parte de las legislaturas estatales, tal y como lo ordena nuestra Constitución en materia de aprobación de reformas al texto fundamental de nuestro país. Ya sólo falta el último paso y no hay que confiarnos. Debemos mantener la exigencia de que la reforma sea una realidad formal y lo más importante: que una vez que entre en vigor, sea una realidad material, palpable en la vida de todos los habitantes de México.

Mi participación en el "Foro sobre libertad de expresión", celebrado el 28 de febrero de 2011, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

2011-03-16T09:38:00.000-07:00

Parte 1 de 3

Parte 2 de 3

Parte 3 de 3

Alfonso Martín del Campo, otro presunto culpable

2011-03-14T10:29:00.000-07:00

Publicado en el número 224 de la revista Contralínea, correspondiente al 13 de marzo de 2011.

Foto de Alfonso Martín del Camp Dodd

En la madrugada del sábado 30 de mayo de 1992, Patricia Martín del Campo Dodd y su esposo Gerardo Zamudio Aldaba fueron asesinados en su domicilio por desconocidos. Patricia recibió veintinueve puñaladas, Gerardo treinta y siete. Alfonso Martín del Campo Dodd, hermano de Patricia, que vivía en la misma casa, fue golpeado y secuestrado por dos sujetos que cubrían sus cabezas con medias negras. Los delincuentes robaron un vehículo de la casa de las víctimas, encerraron a Alfonso en la cajuela y lo abandonaron sobre la carretera México-Cuernavaca. Coludidos con los homicidas, los agentes ministeriales encargados del caso detuvieron arbitrariamente a Alfonso y lo torturaron para obligarlo a confesar los crímenes.

El 28 de mayo de 1993, el Juez por Ministerio de Ley dictó sentencia condenatoria; consideró a Martín del Campo penalmente responsable de doble homicidio calificado y le impuso cincuenta años de prisión. El juez le otorgó valor jurídico pleno a pruebas ilegalmente generadas y avaló hechos que constituyeron violaciones graves al debido proceso legal.

Martín del Campo interpuso el recurso de apelación ante la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF); se le asignó el número de Toca 454/93. El 17 de agosto de 1993, la Sala confirmó la sentencia de primera instancia. En su sentencia, los magistrados señalaron que “la declaración confesoria (…), rendida por el ahora procesado, resulta ser el único indicio de prueba relevante en cuanto al esclarecimiento de los hechos que nos ocupan. (…)”.

Entre los órganos que se han pronunciado a favor de Alfonso Martín del Campo están:

a) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que emitió el informe de fondo provisional 63/02, en el que le señaló al Estado mexicano que la confesión debía quedar sin valor, el procedimiento debía ser revisado integralmente y el señor Martín del Campo debía ser liberado;

b) El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, mediante la Opinión Número 9/2005. El Grupo de Trabajo señaló que fue detenido arbitrariamente y fue objeto de tortura. La opinión obra en la página cuarenta, del informe que el Grupo de Trabajo presentó a la Comisión de Derechos Humanos en su sexagésimo segundo período de sesiones;

c) La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, mediante la recomendación 13/2002, recaída en el expediente CDHDF/121/98/BJ/N4489.000. En el cual concluyó, tras investigar los hechos y practicarle al señor Martín del Campo un estudio pericial basado en Protocolo de Estambul, que fue detenido arbitrariamente, torturado y que se cometieron en su perjuicio graves violaciones al debido proceso legal;

d) El Senado de la República, de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, mediante el Punto de Acuerdo de fecha 9 de marzo de 2006, por medio del cual se le emite un exhorto al Ejecutivo Federal para que dé cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en consecuencia disponga la inmediata liberación del señor Martín del Campo, identifique y sancione a los responsables de las violaciones a sus derechos y repare el daño que ha sufrido;

e) La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de la III Legislatura, mediante punto de acuerdo de fecha 25 de abril de 2006, en el que se emite un exhorto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con el objeto de que implemente las medidas legales conducentes con la finalidad de contribuir al cumplimiento de las recomendaciones derivadas del Informe de fondo provisional número 63/02, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relativo al caso del señor Martín del Campo, lo cual debe tener como efecto su excarcelación;

f) La Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, mediante resolución administrativa de 14 de octubre de 1994, recaída en el expediente QC/0011/FEB-94, misma que no fue recurrida y quedó firme, por la que se sanciona al policía Sotero Galván Gutiérrez como consecuencia de que detuvo arbitrariamente y atentó en contra de la integridad física del señor Martín del Campo. Este documento es del conocimiento de las autoridades del Distrito Federal.

El 2 de junio de 2002, el periodista Kevin Sullivan publicó en el periódico estadunidense The Washington Post, un reportaje intitulado “Tortura, un fantasma en el closet de México”, en el que documenta y expone el caso de Alfonso Martín del Campo, víctima de tortura. Con este trabajo, el señor Sullivan ganó el premio Pulitzer.

El día 7 de mayo del 2008, se presentó el “Diagnóstico de derechos humanos del Distrito Federal”, cuya elaboración corrió a cargo de los tres órganos de gobierno de la capital del país. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos participó como observadora permanente. En la parte quinta del diagnóstico, intitulada “Núcleo Sistema de Justicia”, se señala como ejemplo del empleo de la tortura para obtener confesiones autoinculpatorias por parte de las autoridades del Distrito Federal, el caso del señor Martín del Campo.

El 12 de noviembre de 2009, la Comisión Interamericana emitió el informe de fondo definitivo 117/09, en el que le solicita al Estado mexicano que anule la confesión de Martín del Campo, obtenida mediante tortura por los agentes ministeriales de Distrito Federal, así como todas las actuaciones y pruebas que se derivan de ella; que revise integralmente el proceso penal instruido en su contra y disponga su inmediata libertad.

El 3 de agosto de 2010, Martín del Campo, que sigue peleando por su libertad, presentó un incidente de reconocimiento de inocencia que actualmente estudia el TSJDF.

Como lo expone el documental Presunto culpable, las cárceles de la Ciudad de México están llenas de inocentes. Esperemos que el TSJDF haya aprendido la lección y libere a Martín del Campo.

El caso de Alfonso Martín del Campo Dodd en el programa de CNN de Carmen Aristegui:

Más sobre el caso de Alfonso Martín del Campo Dodd:

Informe de fondo definitivo 117/2009, sobre el caso de Alfonso Martín del Campo Dodd, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Reportaje de la revista Proceso sobre el caso de Alfonso Martín del Campo Dodd, víctima de tortura y condenado a 50 años de prisión sin ser culpable.

El caso Contralínea

2011-02-14T08:27:00.000-08:00

Publicado en el número 220 de la revista Contralínea, correspondiente al 13 de febrero de 2011. Dar click en este vínculo.

Los periodistas de la revista Contralínea se han convertido en un referente de la anticorrupción en México. Su compromiso con el periodismo objetivo, valiente y crítico les ha valido tener una consistente credibilidad entre quienes reclaman, vehementemente, a los medios de comunicación, información veraz y útil.

En un mundo dominado por la poderosa oligarquía económica, interesada en mantener sus privilegios, los medios masivos de comunicación, como la televisión y la radio, no escapan a su rígido control.

Los beneficiarios de la corrupción pretenden controlar la información sobre los temas de interés público, respecto de los cuales construyen sus grandes negocios ilegítimos, e intentan mantenerse impunes, judicial y mediáticamente, con un sólido sentido de la complicidad. Por eso, una revista como Contralínea es tan apreciada: se arriesga para informar lo que a todos nos interesa; lucha por la transparencia.

Sin embargo, la otra cara de la moneda de informar con libertad es la represión que sufren los periodistas de Contralínea. Tanto empresarios como funcionarios han hecho todo lo posible por aniquilar a la revista incómoda. El gobierno federal le retiró la publicidad oficial cuando la periodista Ana Lilia Pérez exhibió los negocios presuntamente irregulares de Juan Camilio Mouriño y de César Nava con PEMEX. Para el señor Calderón, la osadía de la valiente periodista resultó imperdonable. A Jesús Zaragoza López, empresario gasero de Ciudad Juárez, y al señor Antonio Juan Marcos Issa, ex funcionario de PEMEX, no les gustó que los periodistas de Contralínea expusieran sus prácticas empresariales presuntamente ilícitas con la paraestatal petrolera mexicana. El costo de informar fueron varias demandas por daño moral en varios estados del país. Además, las oficinas de la revista han sido allanadas y saqueadas, lo que implica un claro mensaje intimidatorio.

Por ambas circunstancias, el boicot publicitario y el acoso judicial por las demandas del señor Zaragoza, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 57/2009. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal investiga los allanamientos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tiene conocimiento de los actos represivos.

Lo más reciente es la sentencia condenatoria en contra de los periodistas de la revista Contralínea, dictada, el 3 de enero de 2011, por la jueza 54 Civil del Distrito Federal, Yassmín Alonso Tolamtl. La resolución fue producto de un juicio por daño moral iniciado, entre otros, por el señor Antonio Juan Marcos Issa. Al empresario petrolero, ex coordinador de asesores de tres directores generales de PEMEX, le molestó sobremanera que Contralínea expusiera en sus páginas, entre otras cosas, que la Auditoria Superior de la Federación había señalado, que las empresas del demandante le rentaban barcos a la paraestatal de todos los mexicanos, por un monto mayor de lo que hubiesen costado nuevos.

Después de un juicio largo, la jueza 54 dictó una sentencia insólita, por resultar completamente absurda e ilícita. La señora Alonso dijo en su resolución que los asuntos relacionados con PEMEX no son de interés público, porque son temas para especialistas, que la gente y ella misma desconocen. Señaló que los periodistas no están autorizados para opinar sobre las licitaciones que lleva a cabo el gobierno. Inclusive, el caricaturista, David Manrique, fue sancionado, porque a la jueza le pareció ofensivo el trabajo artístico del monero. Además, condenó a los periodistas a jamás volver a publicar nada que les incomode a los demandantes, a pagarles una indemnización y a publicar partes de la sentencia en un diario de amplia circulación.

La sentencia ya fue apelada por los periodistas. El asunto lo resolverá en segunda instancia una Sala Civil de apelación del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Seguramente el caso llegará hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de ser necesario al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El caso es paradigmático y de gran importancia; es necesario consolidar los criterios protectores del trabajo periodístico que nuestro tribunal constitucional y que los tribunales internacionales ya han emitido. Los jueces mexicanos, con excepción de los ministros de la Corte, se niegan a garantizar el ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas y el derecho a la información de toda la sociedad, lo que, sin duda, debe ser revertido.

Los criterios que se pretenden fortalecer para garantizar la libertad de los periodistas a informar, a partir del caso Contralínea, son:

1. Que los periodistas sólo tienen el deber de acreditar que sus fuentes informativas existen y de realizar una razonable investigación respecto de los hechos que informan y no a que su opinión o su “verdad” sobre los hechos investigados necesariamente coincida con la “opinión” o la “verdad” de los demás. Las opiniones no pueden ser ciertas o falsas.

2. Que los periodistas no tienen que aportar pruebas formalmente generadas, como si fuesen jueces o ministerios públicos, para demostrar que sus fuentes de información existen. Deberá ser suficiente que por cualquier medio, por ejemplo una inspección en una página de internet, se acredite la existencia de las fuentes.

3. Que los periodistas no puedan ser sancionados, salvo que se demuestre que sus fuentes no existen, que las emplearon sabiendo sobre su inexistencia y con la indubitable intención de dañar. Además se tiene que acreditar la existencia de una verdadera lesión al patrimonio moral de quien demanda.

4. Que los periodistas no deben ser criminalizados con la imposición de sanciones económicas desproporcionadas y tampoco a que por siempre y para siempre, como lo pretende la jueza Alonso, dejen de escribir sobre ciertos temas y personas.

Defender a la revista Contralínea, implica proteger las libertades de todos los mexicanos. Viva la revista Contralínea!

Queja masiva a la CNDH por la censura a Carmen Aristegui

2011-02-07T18:53:00.000-08:00

QUEJA MASIVA

RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL

DE LOS DERECHOS HUMANOS

QUIENES SUSCRIBIMOS LA PRESENTE QUEJA, señalamos como domicilio para oír y recibir todo tipo de comunicaciones el ubicado en la calle _____, número _________, colonia ___________, Delegación _________, Distrito Federal, Código Postal ___________, y autorizamos para los mismos efectos al también quejoso SERGIO ANTONIO MÉNDEZ SILVA, a quien designamos como nuestro abogado en el presente procedimiento, ante usted con el debido respeto comparecemos para exponer:

Que con fundamento en los artículos XVII, XXII, XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre ; los artículos 1 y 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ; los artículos 1, 20.1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos ; los artículos 2, 3, 16 y 22.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ; los artículos 1, 8, 17 y 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 25 a 49 y demás relativos y aplicables de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; los artículos 1 a 16 y 75 a 139 y de más relativos y aplicables del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, venimos a interponer formal QUEJA por diversos actos que conculcan los derechos fundamentales de los/as suscritos/as, cuya perpetración son atribuibles a diversas autoridades administrativas federales.

A efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 80 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, manifestamos los datos siguientes:

I. Los nombres y domicilios de los agraviados y de las personas que presentan la queja. Todos/as los/as que suscriben la presente queja, cuyos nombres están al final del documento.

II. Los hechos presuntamente constitutivos de violación a los derechos humanos. Se precisarán más adelante.

III. Los servidores públicos o autoridades a quienes se imputen los hechos.

• EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

• EL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN.

• EL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

• LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.

IV. Las pruebas en las que sustenta su dicho la parte quejosa. Se precisan más adelante.

HECHOS

1. El tres de febrero de dos mil once, un grupo de diputados federales, entre los que se encontraban Gerardo Fernández Noroña, Mario Di Constanzo y Jaime Cárdenas Gracia, realizaron una protesta pacífica en la Cámara de Diputados. Dicha protesta consistió en exhibir una manta con la foto del señor Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, con una leyenda que decía: “Tú dejarías conducir a un borracho tu auto? No, verdad? Y por qué lo dejas conducir el país?”.

Además de denunciar el supuesto alcoholismo de Felipe Calderón, la protesta fue motivada también por la reciente aprobación de un reglamento de sesiones de la Cámara de Diputados, por medio del cual se pretende impedir, mediante sanciones, las manifestaciones de los diputados que generen alguna afectación al orden de las deliberaciones de la asamblea.

2. La protesta pacífica de los diputados federales, que fue reprimida por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Ramírez Marín, al grado que ordenó suspender ilícitamente la sesión de la Cámara de Diputados, constituyó un hecho público y notorio del que dieron cuenta los medios de comunicación del país, la mayoría al siguiente día, el cuatro de febrero de dos mil once. Uno de los medios de comunicación que dio cuenta de la protesta fue MVS Noticias, cuyo noticiero matutino era encabezado por la periodista Carmen Aristegui.

3. El cuatro de febrero del presente año, la periodista Carmen Aristegui dijo públicamente, en su espacio noticioso en MVS Noticias, lo siguiente:

“Estamos también revisando lo ocurrido ayer en el Congreso. A ver… Por dónde le entramos al asunto? La sesión de la Cámara de Diputados fue suspendida, momentos después de haber iniciado, después de que legisladores del PT se manifestaron al pie de la tribuna en contra del gobierno de Felipe Calderón. Pero no fue una manta cualquiera; no fue una crítica cualquiera; no fue un señalamiento propio, digamos, del debate legislativo y de las discusiones de los temas del interés del país y de las leyes y las reformas, etc. Fue un señalamiento, específico, duro, sobre algo, que de ser cierto, tendría que ser analizado de otra manera. Nos habla del asunto, Omar Aguilar. En esta parte el reportero expone la información sobre la protesta pacífica y refiere el contenido de la manta en la que se criticaba el alcoholismo del señor Felipe Calderón.”

Después de la nota del reportero, Aristegui dijo:

"Este día de ayer en San Lázaro fue muy duro, como se puede apreciar, mientras que se reprochaba a los petistas por esta manto donde se leía la frase: “Tú dejarías conducir a un borracho tu auto? No, verdad? Y por qué lo dejas conducir el país?” Mientras que se reprochaba a los petistas por una manta con estas características, pues por otro lado también, en otro lugar de San Lázaro, pues los panistas Manuel Clouthier y Julio Castellanos estaban en este jaloneo y en este intercambio de empujones (…) fue Clouthier quien empujó a Castellanos, ahora se sabe que porque no le estaba dando la palabra que el pedía en una reunión interna de los panistas (…) Pero regresemos al punto de la manta. Es durísimo lo que ahí se plantea (…) pero dejémoslo ahí; dejemos el tema que fue el zafarrancho o la situación crispada en San Lázaro y pongámosle atención al asunto y dejemos la pregunta abierta: no es la primera vez que se habla de este tema de un PRESUNTO alcoholismo de Felipe Calderón. Si usted es usuario de las redes sociales, por ejemplo, en ese circuito de comunicación de la sociedad mexicana es frecuente ver expresiones que aluden a esa circunstancia, QUE NO PODEMOS CORROBORAR, NO HAY INFORMACIÓN ESPECÍFICA, POR LO MENOS QUE NOSOTROS DISPONGAMOS DE ELLA, para saber si efectivamente el Presidente de la República tiene o no problemas de alcoholismo. Pero es un tema delicado. Por supuesto que hay que verlo con la gravedad del asunto: saber si hay o no ese problema, si hay o no esa problemática, en la persona de Felipe Calderón Hinojosa. En las democracias del mundo, suele verse de vez en vez, que se piden estudios médicos para saber cuál es la condición de los gobernantes, qué tipo de salud tienen, pues porque al final de cuentas están en una posición de altísima responsabilidad y las sociedades, hablemos en genérico, las sociedades requieren necesariamente saber cuál es la condición, precisamente, de quien está tomando decisiones a nombre del interés general. Por eso, lo que ayer pasó, por lo que en el clima de la redes sociales se puede percibir, con razón o sin ella, sí merecería una atención seria, una atención particular sobre esta interrogante: TIENE O NO PROBLEMAS DE ALCOHOLISMO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Debería, realmente, la propia Presidencia de la República dar una respuesta clara y nítida formal, al respecto. No hay nada de ofensivo, me parece, cuando alguien, SI ES QUE FUERA EL CASO, atraviesa por un problema de esta naturaleza. El alcoholismo que es un fenómeno de salud, muy estudiado y muy conocido tiene diferentes explicaciones cuando sucede en las personas, requiere tratamiento, en fin, es una situación que no debe ser vista con caricatura. Si es el caso, si efectivamente hay elementos firmes que hagan presumir, efectivamente, un problema de alcoholismo en Felipe Calderón, tendría que ser tratado con la seriedad del caso, y me parece que frente a lo que pasó ayer, la respuesta más fácil es denostar el asunto y criticarlo y decir que no es la manera en que los legisladores deben comportarse (...).”

4. El día seis de febrero, en las redes sociales, principalmente en Twitter, empezó a rumorarse que la periodista Carmen Aristegui había sido despedida de Noticias MVS. Esta información sería corroborada, el mismo día, por el dueño de MVS, Alejandro Vargas, por medio de su cuenta de Twitter.

5. Quienes integramos la audiencia del programa noticiosos de Carmen Aristegui, nos esteraríamos, horas después, que la periodista había sido despedida porque se había negado a expresar públicamente una disculpa al señor Calderón, por lo que ella había dicho sobre el presunto problema de alcoholismo de éste.

Supimos, por información que la propia empresa MVS hizo pública el siete de febrero de dos mil once, que la periodista había sido despedida porque supuestamente había violado el código de ética de la empresa de comunicación; código que ninguno de nosotros/as, que formamos parte de la audiencia del programa de Carmen Aristegui, conocemos, pues jamás se hizo público.

6. Se ha difundido en las redes sociales, que Carmen Aristegui fue despedida de Noticias MVS, por la presión ilícita e ilegítima que el señor Calderón ejerció en contra de la empresa de comunicación, con motivo de la furia que al presidente le causaron los comentarios de la periodista.

Se ha dicho, en las redes sociales, que el señor Calderón y el señor Alejandro Vargas, dueño de la empresa MVS, acordaron despedir a Carmen Aristegui a cambio de que la empresa no enfrente problemas con el gobierno, respecto del futuro refrendo de las concesiones de radio y televisión de las cuales es titular la citada empresa privada de comunicación.

Estos hechos, por tratarse de la materia de radio y televisión, involucran también al Secretario de Gobernación, al Secretario de Comunicaciones y Transportes y a los integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

7. Quienes suscribimos la presente queja, todos/as integrantes de la audiencia de la señora Carmen Aristegui, consideramos extraordinariamente preocupante y agraviante que la periodista haya sido despedida por los comentarios objetivos, críticos e imparciales que realizó respecto del hecho noticioso del presunto alcoholismo del señor Calderón.

Consideramos que la periodista Carmen Aristegui ha sido víctima de la censura gubernamental y privada, con lo que se ha violado no sólo el derecho a expresarse de la propia periodista (dimensión individual de la libertad de expresión), sino también nuestro derecho a la información (dimensión social de la libertad de expresión), pues, como lo hemos dicho, somos miembros de la audiencia del programa noticioso de la señora Aristegui.

Tenemos derecho a recibir información de la persona de nuestra elección, que en este caso es la periodista Aristegui, por lo que este acto de censura proveniente del señor Felipe Calderón, es también un ataque a nuestro derecho a la información y a vivir en una sociedad democrática en la que se respeten los derechos humanos.

8. Asimismo, consideramos que el señor Calderón, por ser el Presidente de la República, debe ser especialmente tolerante con las críticas que se le formulen en los medios de comunicación y en las redes sociales.

El umbral de protección del patrimonio moral del señor Calderón, que incluye su derecho a la vida privada, es menor al que tiene cualquier ciudadano, por ser un funcionario de alto nivel del Estado mexicano.

Es por ello que sugerir, y no afirmar, como lo hizo Carmen Aristegui en su programa, que el señor Calderón padece un problema de alcoholismo, es un asunto de pleno y total interés público, pues un posible problema de salud del Presidente, sin duda puede repercutir en el destino de nuestro país, lo que es de absoluto interés para todos/as nosotros/as, ciudadanos libres y conscientes de México. Tenemos derecho a saber sobre la salud de quien dirige la administración pública federal.

9. Por todo lo anteriormente expuesto, quienes suscribimos, todos/as integrantes de la audiencia del programa noticioso de Carmen Aristegui, consideramos que el acto de censura del que ha sido víctima la periodista, constituye una afectación directa a nuestro derecho a la información sin discriminación, así como a nuestra prerrogativa a vivir en una sociedad democrática en la que se protejan ampliamente los derechos fundamentales de todos/as, por lo que se han violado en nuestro perjuicio, y en perjuicio de la propia periodista Aristegui, los artículos 1, 3 (por lo que se refiere a la democracia como forma de vida), 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

10. Asimismo, le solicitamos, como efecto inmediato de la presentación de esta queja, que dé inicio a un procedimiento de investigación por los hechos que denunciamos en este escrito.

Manifestamos que durante la secuela del procedimiento aportaremos un desarrollo más amplio y detallado de las violaciones de las que somos víctimas, así como un amplio número de pruebas para demostrar lo que decimos y denunciamos.

PRUEBAS

1. VIDEO. Mediante el cual se da cuenta de la protesta realizada en el recinto de la Cámara de Diputados, el tres de febrero de dos mil once, por parte de los legisladores del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, Mario di Constanzo y Jaime Cárdenas. En este video se aprecia la manta que se empleó en la protesta pacífica y que hace referencia del presunto alcoholismo del señor Calderón.

Este video está disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=oSLP9BKRoHE&feature=related

2. VIDEO. Mediante el cual se da cuenta de la información expuesta por la periodista Carmen Aristegui, el día cuatro de febrero del presente año, en la que hace referencia a la protesta legislativa pacífica llevada a cabo en la Cámara de Diputados un día anterior y se refiere al presunto problema de alcoholismo del señor Felipe Calderón.

Este video está disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=M4mi7c4WpM0

Por lo expuesto y fundado, a usted Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respetuosamente pedimos:

PRIMERO. Tenernos por presentada en sus términos la presente queja y darle trámite.

SEGUNDO. Realizar una investigación exhaustiva sobre los hechos denunciados, con la finalidad de precisar a todas las autoridades responsables de violar los derechos humanos de los suscritos y de la periodista Carmen Aristegui, así como para determinar qué otros derechos humanos se han violado en nuestro perjuicio y en perjuicio de la señora Aristegui, además de los ya expuestos en la presente queja, ya sea que estén contemplados en la legislación interna o bien en los diversos tratados internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO. Solicitar los informes respectivos a las autoridades señaladas como responsables.

CUARTO. Tenernos por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones.

QUINTO. En su oportunidad y previos los trámites de ley, resolver emitir una recomendación a las autoridades responsables, en el sentido de hacer cesar sus conductas violatorias de los derechos humanos de los suscritos y de la periodista Carmen Aristegui y garantizar a nuestro favor el respeto pleno a nuestros derechos fundamentales. Asimismo, que la comisión a su cargo presente las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República y ante la Secretaría de la Función Pública, en aquellos casos en que la conducta prevaricadora de los servidores públicos denunciados, tipifiquen delitos o bien constituyan faltas administrativas, sancionadas por la ley correspondiente.

SEXTO. Admitir, desahogar y valorar las pruebas aportadas con la presente queja, así como permitir la aportación de más pruebas a favor de los suscritos y de la periodista Carmen Aristegui.

A T E N T A M E N T E

México, Distrito Federal, al día de su presentación.

FIRMAS DE TODOS/AS LOS/AS AGRAVIADOS/AS

La absurda sentencia dictada por la jueza 54 Civil del DF en contra de los periodistas de la revista Contralínea

2011-01-17T13:37:00.000-08:00

Estas son algunas partes (pronto pondré el resto) de la sentencia dictada por la jueza 54 Civil del Distrito Federal, Ýassmín Alonso Tolamatl, el 3 de enero de 2011, en contra de los periodistas de la revista Contralínea:

“Por último, resulta aplicable el contenido de los artículo 1916 del Código Civil, el cual reza lo siguiente:

“ARTÍCULO 1916: (cita textualmente el artículo)

“Asimismo, cobra vigencia la LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL DISTRITO FEDERAL, publicada en la Gaceta de Gobierno del Distrito Federal el día diecinueve de mayo de dos mil seis, cuyos artículos disponen lo siguiente:

“Artículo 9.- (cita textualmente el artículo)

“Artículo 10.- (cita textualmente el artículo)

“Artículo 11.- (cita textualmente el artículo)

“Artículo 12.- (cita textualmente el artículo)

“Artículo 23.- (cita textualmente el artículo)

“Artículo 24.- (cita textualmente el artículo)

“Artículo 25.- (cita textualmente el artículo)

“Artículo 26.- (cita textualmente el artículo)

“Artículo 27.- (cita textualmente el artículo)

“Ahora bien, tomando en consideración que estamos en presencia de una resolución de primer grado, corresponde a la suscrita realizar de manera oficiosa el análisis de los elementos constitutivos de la acción, en términos de la siguiente jurisprudencia: (cita la jurisprudencia con número de registro 190846, cuyo rubro es: ACCIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA.)

“Ahora bien, como ha quedado apuntado en el presente sumario se ejercita la acción de daño moral derivado del ejercicio indebido de la libertad de expresión . Por lo que a efecto de determinar la procedencia de la acción intentada, se debe tomar en cuenta que el artículo 1916 del Código Civil, dispone que por daño moral se entiende la alteración profunda que la víctima sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación, honor, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito; por su parte el diverso numeral 1830 del ordenamiento legal en cita, establece que es ilícito el hecho contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres.

“En ese orden de ideas, para no incurrir en alguna de las hipótesis contenidas en tales preceptos legales, los medios de comunicación impresa están obligados a corroborar la veracidad de las notas informativas que pretendan publicar; es decir, debe verificar que aquello que van a hacer del conocimiento público se apegue a la realidad, para estar en aptitud d publicar una información objetiva y veraz, y no afectar el honor y reputación de las personas, causándoles un demérito en su prestigio, lo que de acuerdo con el artículo 1º de la Ley de Imprenta vigente, constituye un ataque a la vida privada, única limitante a la libertad de expresión, prevista en los numerales 6º y 7º de la Constitución Federal; en consecuencia, dichos medios deben ajustar a la verdad sus notas informativas, cuidando además los términos que emplean al radactarlas, atendiendo a que no debe ser justificante que quien hace una publicación ignore el significado jurídico del término empleado, puesto que el desconocimiento de la ley no puede servir de excusa para un medio de comunicación que se presume cuenta con especialistas y profesionales en la labor informativa.

“En efecto, el ejercicio de los derechos de opinión, crítica, expresión e información, no puede realizarse indiscriminadamente, dado que la libertad de expresar libremente las ideas, no puede exceder los límites establecidos en los artículos 6º y 7º de la Constitución, mismos que, respectivamente, señalan: (cita la jueza textualmente los artículos. Cita algunas jurisprudencias: la 189,743, DAÑO MORAL. EXPRESIONES CUYA PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVO ACREDITAN EN SÍ MISMAS QUE SE PRODUJO y la 191,835, DAÑO MORAL. PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS QUE LO CAUSAN.)

“Luego entonces si en el presente sumario, como ha quedado apuntado se ejercita la acción de daño moral, en términos del artículo 1916 del Código Civil, por lo cual los extremos a probar según la Teoría Objetivista , es únicamente el ataque directo efectuado en contra de los demandados, sin que sea necesario el acreditamiento del daño efectuado y la relación de causalidad entre el ataque sufrido y el daño efectuado, lo anterior atendiendo a la exposición de motivos efectuada para la reforma del artículo 1916 del Código Civil, en la que dispone la teoría objetivista, que indica que el daño moral se causa con la realización de un hecho ilícito, entendiéndose como tal un acto contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres.

“El elemento antes mencionado ha quedado debidamente acreditado con la simple exhibición de los artículos materia de esta resolución, atento a que los mismos por sí solos constituyen un ilícito, dado que son un ataque directo a los actores pues se está realizando un ejercicio indebido de la libertad de expresión, puesto que los mismos contienen información que no fue corroborada al afirmar que las licitaciones fueron obtenida (sic) de manera contraria a derecho, y en base a influencias, siendo que en el presente sumario no quedo (sic) debidamente acreditado que las licitaciones hayan sido adjudicadas de manera ilegal, puesto que no existe resolución alguna que así lo haya decretado; por lo que queda acreditado la ilicitud en el actuar atento a que se excedieron en la libertad de expresión al afirmar situaciones que no fueron debidamente comprobadas y que constituyen un ataque a los actores. (Cita la jurisprudencia 170,103, DAÑO MORAL. HIPÓTESIS PARA LA PROCEDENCIA DE SU RECLAMACIÓN.)

“Al respecto, tomando en consideración que en el presente controvertido se ejercita la acción de reparación de daño derivado de la publicación de notas periodísticas, estamos en presencia de la libertad de expresión, (…).

“Sin embargo, como ha quedado apuntado, dicha libertad de expresión tiene sus limitantes, entre ellas, la que con la publicación de diversos artículos periodísticos no se afecte el derecho de privacidad de las personas que se mencionan, al respecto también es cierto que dentro de la legislación aplicable, los periodistas tienen el derecho a guardar secresía (sic) en relación a las fuentes de donde tuvieron la información contenida en sus notas periodísticas, empero como ya quedo precisado. En el caso a estudio, no se actualiza tal hipótesis dado que el actor no pretende que se revelen las fuentes de información sino que ejercita la acción de daño moral derivada del ejercicio indebido de la libertad de expresión que como ya se vio, queda acreditado con las publicaciones reseñadas a lo largo de esta resolución y que por sí mismas constituyen un ataque directo a los accionantes. Lo anterior se encuentra regulado en el artículo 25 de la LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL DISTRITO FEDERAL, mismo que es del tenor literal siguiente: (cita el artículo textual).

“Ahora bien, la parte actora a efecto de acreditar la acción intentada rindió de su parte los siguientes medios de prueba: (cita todas las pruebas aportadas por las partes actoras)

“Los medios de convicción antes rendidos debidamente valorados, de conformidad con las reglas de la experiencia jurídica, en términos de los estatuido en el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, influye en el ánimo de la suscrita para determinar la procedencia parcial de la acción intentada. (…)

“En la especie con las publicaciones efectuadas se causa un daño a la parte actora, atento a que de conformidad con la teoría objetiva, es menester únicamente acreditar el ataque directo, lo que queda debidamente colmado en atención a que las publicaciones efectuadas se utilizan palabras, frases insultantes por sí misma (sic), (la jueza refiere los contenidos de las columnas y los reportajes de los periodistas Miguel Badillo, Nancy Flores y Ana Lilia Pérez).

“En ese orden de ideas del contenido en general de los artículos periodísticos se desprende que los mismos se refieren a frase (sic) insultantes en contra de los actores, puesto que refieren en primer término a ANTONIO JUAN MARCOS ISSA, como el ciego y que si bien es cierto que el mismo es invidente como lo refiere, también lo es que no es dable señalarlo en los términos peyorativos con lo que se realizó y más aún con el adjetivo calificativo antes precisado dado que con el mismo se denosta y se hace resaltar la diferente capacidad por cuanto hace a la ausencia de visión del antes mencionado; asimismo se refiere a los demás actores como personas que forman parte de una banda y que las empresas accionantes se tratan de empresas deshonestas y que obtienen sus contratos de manera desapegada a la ley, lo que en si (sic) implica una afectación a la imagen de los mismos, acreditando dicha afectación con las testimoniales a cargo de Manuel Mayoral Piana y Gerardo Amado Rodríguez Gaytan (sic); Jorge Armando Basualdo Ramírez, José Luis Ramos Rivera y Guillermo Kelly Salinas, desahogada en audiencia de fecha ocho de septiembre e dos mil diez, en la que la totalidad de los testigos son contestes en cuanto al conocimiento de la parte demandada, las publicaciones efectuadas, en las que se tacha a los actores como miembros de una mafia organizada, que utilizan artimañas y que de manera ilegal han sido beneficiadas en cuanto hace a la obtención de las licitaciones; refiriendo que a raíz de las publicaciones efectuadas en las revistas CONTRALINEA (sic), FORTUNA, en la columna OFICIO DE PAPEL y la editorial que las maneja, que en las mismas se refiere a ANTONO JUAN MARCOS ISSA, lo de determinan como “EL CIEGO”; y que a raíz de dichas publicaciones la imagen y la credibilidad de las empresas accionantes y las personas físicas se vieron afectadas, existiendo entre el actuar y el daño causado la relación de causalidad entre ambas, puesto que con las publicaciones efectuadas se disminuyó la consideración de las demás personas hacia los actores.

“Lo anterior en términos de los artículos 24 y 25 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, los cuales rezan: (cita la jueza el texto de los artículos).

“En ese orden de ideas, se declara que los demandados actuaron de manera ilícita al haber efectuado imputaciones carentes de sustento hacia los actores al referirse como una mafia y adjetivos denostativos, violando con ello la limitante a la libertad de expresión dado que se atacó de manera directa a los demandados al emitir artículos cuyo contenido se encuentra encaminado a desprestigiarlos al referirse que se trata de mafias.

“En efecto, en primer término no quedó demostrado que los actores hayan actuado de manea ilegal en la obtención de las licitaciones a que hacen mérito, puesto que el hecho de que se encuentren abiertos diversos procedimientos de investigación, de ninguna manera acredita por si (sic) solo el actuar con desapego a la ley; por otra parte, en relación a que la información proporcionad (sic) es información de interés público, dicha cuestión no puede ser considerado atento a que por interés público, el Diccionario Jurídico Contemporáneo, escrito por el Maestro Rafael Martínez Morales, editado por IURE EDITORES, en su página precisa que el interés público, lo define como el deseo social para el logro de determinado beneficio común o para la realización de ciertas acciones tendientes a la consecución de los fines que persigue un grupo nacional, que pueden estar o no previstos en el orden jurídico.

“Así, es claro que las licitaciones efectuadas por PEMEX, no pueden ser consideradas como de interés público, puesto que, en primer término LA PETROQUÍMICA, es una rama de la industria que en nuestro país n ha sido desarrollada a gran escala, siendo ésta una rama específica que cuenta con una teminología especial y conocimientos técnicos que el público en general e inclusive la suscrita desconoce, puesto que los expertos en tal cuestión son las empresas dedicadas a la citada rama, y por ende al carecer de dichos conocimientos, no es factible que el público en general tenga interés si sería más conveniente a los intereses de la paraestatal el comprar un buque o rentarlo, dado que dicha cuestión es inherente a la paraestatal y por el hecho de que maneje recursos que son del erario, no podría válidamente considerarse como de interés público dado que se caería en el absurdo de que se tendría que cuestionar y por ende facultar a los periodistas para emitir opiniones subjetivas en relación a cualquier adquisición, licitación o actuar de cualquier ente de Gobierno, por lo cual en la especie no se actualiza la excluyente de responsabilidad prevista en el segundo párrafo del artículo 25 de ley de Responsabilidad Civil.

“(…)”

Una propuesta para el presidente de la Corte

2011-01-16T12:49:00.000-08:00

Publicado en el número 216 de la revista Contralínea, del 16 al 22 de enero de 2011. Dar click en este vínculo.

En México nos han hecho creer que los jueces no realizan funciones políticas, que no gobiernan, que no tienen ideología, que son imparciales y que lo que piensan no se ve reflejado en sus decisiones. Es más, se nos ha hecho creer que sólo el poder ejecutivo es el que gobierna. Por eso, en la publicidad del ejecutivo siempre aparece la leyenda “gobierno de la república”. Sin embargo, esta es una creencia absolutamente falsa, que no encuentra sustento en la realidad social.

En una república como la mexicana, los órganos del Estado son los que ejercen la función política, de dominación, de gobierno. El legislativo gobierna emitiendo leyes, el ejecutivo gobierna haciéndolas cumplir y el judicial gobierna dirimiendo controversias. Entre los tres órganos de gobierno se reparte la gestión integral del Estado. Es por ello que, sin la menor duda, los jueces tienen encomendada una clara función política.

En las escuelas de Derecho, dominadas por los positivistas individualistas conservadores, se les enseña a los futuros juristas a olvidarse del sentido ideológico de las leyes y les dicen que sólo se deben de encargar de su sentido deóntico, que es aquel que transmite la especial forma de pensar de que algo debe ser realizado por alguien. De esta manera, los juristas, que después se integrarán a la judicatura, se quedan con la idea de que su labor consiste en aplicar las leyes dejando de lado su propia conciencia, sus deseos, sus pasiones, su lado humano. Según esta creencia, para que los jueces sean objetivos y certeros, deben aplicar las leyes sin criticarlas desde su cosmovisión.

El poder judicial es un espacio privilegiado para promover y ejercer una práctica jurídica alternativa, pero para ello hay que modificar de raíz el modelo judicial, profundamente represor, que ahoga toda pretensión de crítica ideológica en su interior. En Europa, por ejemplo, existen asociaciones nacionales y regionales de jueces que se organizan a partir de su manera de pensar, según sean de izquierda o de derecha. Con el actual modelo judicial mexicano, algo así resulta imposible. En 2008, el magistrado federal Francisco Salvador Pérez fue sancionado por el Consejo de la Judicatura Federal porque se atrevió a expresar su opinión a favor de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APPO, y del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, aunque, claro, el Consejo dijo que los motivos de la sanción fueron las supuestas irregularidades cometidas por el magistrado en el ejercicio de su encargo.

El 3 de enero de 2011, el ministro liberal, garantista, Juan Silva Meza, fue elegido como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el periodo 2011-2014. Entre el abanico de personalidades conservadoras en el Pleno del tribunal constitucional, sin duda, Silva era el mejor candidato, por su acreditado compromiso con la defensa de los derechos humanos: estuvo a favor de juzgar por genocidio a Echeverría, votó en contra de la Ley Televisa, apoyó a Lydia Cacho, a las víctimas de la Guardería ABC y a los presos políticos de Atenco, sólo por dar algunos pocos ejemplos de su compromiso moral con la libertad. Si bien el liberalismo, como ideología política, está a la derecha, la afiliación de Silva al garantismo jurídico, lo ubica en la extrema izquierda dentro de la tendencia individualista.

Ahora que el ministro Silva Meza será tanto el presidente del Pleno de la Corte como del Consejo de la Judicatura Federal, le propongo que defienda la libertad de conciencia y de opinión de los jueces y magistrados federales, a partir de la protección a los derechos humanos de los gobernados, y no únicamente su autonomía técnica. El trabajo jurídico consiste fundamentalmente en interpretar y argumentar y respecto de ello nadie tiene la verdad absoluta, como lo demuestran las discusiones que se llevan a cabo en los órganos del Poder Judicial de la Federación.

Es importante que desde el propio poder judicial se promueva la constitución de organizaciones de jueces con sentido político, a partir de sus ideologías, tal y como ocurre en Europa. Una medida de este tipo abonaría a la transparencia y permitiría que la sociedad conozca más y mejor a los juzgadores federales, lo que democratizaría la función judicial. Se debe estar atento a lo que pasa en la judicatura, ya que, a fin de cuentas, en una sociedad que aspira ser democrática, como la mexicana, la última palabra siempre será la de un juez.

Mi colaboración para el Boomerang, sobre la elección del ministro Juan Silva Meza como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

2011-01-05T09:52:00.000-08:00

Comparto mi colaboración para el Boomerang, noticiero nacional de la red de radios comunitarias de AMARC-México, sobre la elección del ministro Juan Silva Meza como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el siguiente link pueden escuchar la entrevista que me hizo Carlos Aparicio, conductor del noticiero y director de Radio Bemba, y también pueden bajar el podcast:

Entrevista a Sergio Méndez Silva respecto de la elección del ministro Juan Silva Meza como nuevo presidente de la Suprema Corte

El presidente Calderón y Twitter

2010-12-21T14:59:00.000-08:00

Publicado en el número 213 de la revista Contralínea. Del 19 de diciembre de 2010 al 1 de enero de 2011. Dar click en este vínculo.

Soy un activista dedicado a la defensa de los derechos humanos. Como parte de mi labor me mantego muy activo en Facebook y en Twitter, las dos redes sociales más populares, creo yo, por internet.

Facebook funciona por medio de “solicitudes de amistad”; Twitter por medio de “seguimientos”. En ambas redes sociales existe la posibilidad de eliminar contactos que antes habían sido aceptados. En Twitter se les puede dejar de seguir o bien se les puede bloquear. Cuando un usuario es bloqueado por otro, permanentemente se le impedirá seguir al bloqueador y, con ello, no se podrá leer nada de lo que este último escriba en su time line o barra de escritura. Bloquear a alguien, por tanto, es una decisión drástica.

Twitter es ampliamente empleado por figuras públicas: artistas, deportistas y políticos. En el caso de estos últimos, suele ocurrir que ocupen cargos públicos. En México, uno de los servidores públicos más seguidos en Twitter es, sin duda, el presidente de la República, Felipe Calderón; tiene más de trescientos mil seguidores. El señor Calderón es muy activo en Twitter. El presidente tiene, además, su cuenta verificada, lo cual se logra si el usuario demuestra ante los administradores de la red social que tiene una gran cantidad de seguidores y que es una figura pública.

Como consecuencia de la dura crítica a la que es sometido en Twitter, el presidente ha bloqueado a muchos usuarios de la red social. El señor Calderón no es nada tolerante con sus opositores y menos con quienes le insultan. Los bloqueos de usuarios en Twitter por parte del señor Calderón son inconstitucionales, por ser discriminatorios, por atentar en contra de la prerrogativa de petición, la libertad de expresión y el derecho a la información.

El presidente de México es un servidor público, de tal suerte que debe recibir todas aquellas peticiones y opiniones que se le formulen, por cualquier medio y por cualquier vía. Si el presidente abrió voluntariamente la vía del Twitter para comunicarse con los demás, debe estar dispuesto a recibir las expresiones de todos los ciudadanos por esa misma vía. Además, el señor Calderón, en su cuenta de Twitter, se ostenta como presidente de la República y señala como página personal oficial la de la Presidencia de México. La constitución federal no exige que las peticiones o las opiniones que se le formulen al presidente sean por alguna vía específica. Para los particulares todo aquello que no está prohibido está permitido, y sí la vía del Twitter no está expresamente prohibida constitucionalmente para formular peticiones u opiniones a los servidores públicos, entonces es un medio claramente válido. Para los servidores públicos, el deber de contestar las peticiones que se les formulen por cualquier vía, por parte de los ciudadanos, proviene directamente de la propia constitución general de la República. También, quienes ostentan un cargo público tienen el deber constitucional de ser tolerantes con las opiniones críticas, incluso con aquellas que consideren ofensivas.

Al bloquear a otros usuarios de Twitter, ya sea porque lo critican o porque lo insultan, el presidente Calderón está aplicando un criterio discriminatorio para evitar que se le formulen peticiones y para impedir el intercambio de opiniones. Impide que los usuarios bloqueados se comuniquen con él por un medio tan expedito y tan directo como Twitter. Estas dos características de la red social, lo expedita y lo inmediata, la convierten en un medio de comunicación único para presentarle peticiones y opiniones al presidente de la República, y más cuando es un hecho público y notorio que el mismísimo presidente Calderón es el que administra y controla su propia cuenta. Sostengo que una petición al presidente por medio de Twitter, es como si se le estuviese entregando una carta en persona. Esta característica siu generis de la red social, la convierte en un medio irremplazable, incluso por la oficialía de partes común de la Presidencia de la República. Esta última no es un medio directo ni expedito como sí lo es Twitter.

En una sociedad que aspira ser democrática, como la mexicana, el presidente debe ser especialmente tolerante con las críticas, incluso con aquellas que le pudiesen resultan ofensivas. El debate político, ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe ser desinhibido, fuerte, sólido, sin cortapisas. Mientras no exista un criterio objetivo para determinar cuáles expresiones son ofensivas y cuáles no, el presidente está obligado a escucharlas todas, so pena de que se le considere como un violador de los derechos fundamentales de los gobernados.

Es falso que el presidente de la República pueda bloquear a otros usuarios de la red social, como consecuencia de que todos aquellos que la integran se comprometieron a respetar los términos de uso de Twitter, que permiten bloquear a quien sea. Las reglas de uso de Twitter constituyen, en todo caso, un convenio que se suscribe entre particulares. Los particulares no pueden, ni siquiera de manera voluntaria, acordar términos en los convenios que vayan en contra de normas jurídicas de orden público y de interés general. Es por ello que, aunque los usuarios mexicanos de Twitter hayan aceptado, al suscribir las reglas de uso, ser bloqueados por otros usuarios que son servidores públicos mexicanos, como el presidente Felipe Calderón, su manifestación de voluntad es nula de pleno derecho, pues implicaría la renuncia a diversos derechos fundamentales como los de petición, expresión, información y no discriminación.

La conducta del presidente Calderón en una simple red social lo exhibe de cuerpo entero, como una persona intolerante, que no oye ni ve a nadie que se dirija a él de manera crítica. Lamento mucho la actitud del presidente de la República, aunque admito que esperar algo diferente de un señor de la guerra es algo muy ingenuo.

Las radios perseguidas

2010-11-23T06:48:00.000-08:00

Publicado en la revista Contralínea, número 209, correspondiente al mes de noviembre de 2010. Dar clik en este link.

Un movimiento revolucionario recorre todo el territorio nacional: el de las radios comunitarias y alternativas. A lo largo y ancho del país, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, las comunidades y los colectivos de ciudadanos politizados e inquietos se organizan para instalar y operar sus propios medios informativos. La gente necesita instrumentos de comunicación cercanos, útiles, eficaces y que sean operados con sentido solidario, humanista y democrático. Para concretar estas exigencias, nada mejor que las radiodifusoras comunitarias y alternativas.

Las radios comunitarias y alternativas, en tanto proyectos autogestivos, facilitan la organización y la movilización con sentido político de los núcleos sociales a partir de sus propias aspiraciones. Así, por ejemplo, este tipo de radios, surgidas de la base social, están seriamente comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la salvaguarda del medio ambiente o la protección de la democracia, así como con la denuncia sin concesiones de los abusos cometidos tanto por la clase política como por la empresarial.

Sin embargo, este levantamiento cívico, pacifista y libertario, generó una dura reacción de la oligarquía empresarial y política. Las radios comunitarias han sido excluidas del marco regulatorio en materia de radio y televisión. Ni la Ley Federal de Radio y Televisión ni la Ley Federal de Telecomunicaciones reconocen la existencia, a partir de su propia naturaleza, de las radios comunitarias y alternativas. Esto ha provocado que la radiodifusión comunitaria esté sujeta a una serie inacabable de trabas burocráticas para obtener el reconocimiento del Estado.

Para una radio comunitaria o para una radio alternativa la obtención de un permiso de transmisión, otorgado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), se convierte en un viacrucis legal y financiero que suele acabar en fracaso. Las leyes les otorgan a las autoridades un amplísimo margen de discreción para conceder o negar un permiso y los estudios técnicos necesarios para motivar una solicitud de uso de una frecuencia son muy caros. El gobierno federal, además, cuenta con eficaces filtros políticos y técnicos. Para que se niegue un permiso de transmisión, basta que la Secretaría de Gobernación señale que el peticionario no es idóneo para obtenerlo o bien que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes diga que los estudios técnicos demuestran que hay saturación de frecuencias y que no cabe una más o bien que la Comisión Federal de Competencia manifieste que el peticionario del permiso representa una competencia desleal para los empresarios de la radio y la televisión. Asimismo, el peticionario se encuentra en absoluto estado de indefensión ante la negativa de las autoridades de otorgar el permiso de transmisión, puesto que la COFETEL les niega ilícitamente a los interesados el acceso a sus propios expedientes, con lo que se les impide que conozcan las actuaciones de las autoridades, así como los trámites que se realizaron ante ellas.

El trato discriminatorio al que son sometidas las radios comunitarias y alternativas las orilla indefectiblemente a la ilegalidad y con ello el Estado encuentra el pretexto perfecto para criminalizarlas mediante la imposición de sanciones penales y administrativas. La Ley General de Bienes Nacionales sanciona hasta con doce años de prisión a quienes operen una radio sin el permiso de la COFETEL y la Ley Federal de Radio y Televisión permite que el Estado decomise los bienes muebles e inmuebles propiedad de las personas que transmitan sin la autorización legal.

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sección México, (AMARC-México) ha señalado, a partir de los criterios establecidos tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que las sanciones penales y administrativas que el Estado mexicano les impone a quienes operan una radio comunitaria o alternativa sin permiso, son desproporcionadas, innecesarias y no idóneas y que constituyen un fuerte inhibidor para la libertad de expresión y el derecho a la información en México, lo que impide, en última instancia, el desarrollo de la democracia incluyente. El veintinueve de octubre de dos mil diez, el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León condenó a dos años de prisión al doctor Héctor Camero Haro, de la radio comunitaria “Tierra y Libertad” de Monterrey, por usar una frecuencia sin permiso. La sentencia fue apelada por AMARC y el caso se perfila para que lo resuelva en definitiva la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Las radios comunitarias y alternativas en México son constantemente agredidas tanto por las autoridades federales como por las estatales y las municipales. La Procuraduría General de la República organiza operativos desmedidos y violentos, en los que participan innecesariamente cientos de agentes policiacos, para catear los inmuebles de las radios y detener a sus ocupantes. En Ocumicho, Michoacán, un centenar de agentes de la PGR desmantelaron violentamente la radio indígena purépecha “La Preferida”, de apenas tres watts de potencia, en cuyas instalaciones sólo se encontraban mujeres y niños, quienes fueron agredidos por los policías. En Veracruz, el presidente municipal de Paso del Macho permanentemente agrede a los integrantes de la radio comunitaria “Radio Diversidad”. En Chiapas, el gobernador Juan Sabines ejecuta operativos ilegales para desmantelar a las radios comunitarias, no obstante que la materia de radio es competencia exclusiva de la Federación.

Es urgente que el Estado reconozca la existencia de las radios comunitarias y que les otorgue un marco regulatorio que acabe con el estado de criminalización que sufren. Mientras esto no ocurra, el Estado mexicano compromete día con día su responsabilidad internacional en materia de derechos humanos.

¿Y Echeverría, señor Calderón?

2010-10-25T07:31:00.000-07:00

Publicado en la revista Contralínea, número 205, de la semana del 24 al 30 de octubre de 2010. Dar click aquí:

El 2 de octubre de 1998, los integrantes del Comité 68 presentaron, ante la Procuraduría General de la República (PGR), una denuncia por genocidio y otros delitos graves en contra del ex presidente Luis Echeverría y otros ex servidores públicos, por los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968.

En noviembre de 1998, la PGR resolvió no darle trámite a la denuncia, con el argumento de que los delitos ya habían prescrito. Los denunciantes impugnaron la resolución de prescripción de la PGR mediante el juicio de amparo. En abril de 1999, el Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal les otorgó el amparo a los activistas y le ordenó a la PGR que atendiera la denuncia.

El Ministerio Público interpuso el recurso de revisión en contra de la resolución del juez de amparo, mismo que fue turnado al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. El tribunal se declaró incompetente y remitió el expediente a la Suprema Corte. La Primera Sala atrajo el asunto y le ordenó a la PGR que integrara la averiguación previa por genocidio, en contra del ex presidente Echeverría y otros.

Tras la decisión de la Corte, la denuncia del Comité 68 fue turnada para su trámite a la entonces recién creada Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP). Al caso del 2 de octubre le correspondió el número de averiguación previa PGR/FEMOSPP/2/2002.

Una vez integrada la investigación, el Fiscal Especial ejercitó acción penal en contra de Echeverría y otros, y solicitó al Poder Judicial el libramiento de las correspondientes órdenes de captura. No obstante, el Juez Décimo Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Ranulfo Castillo, negó las órdenes de aprehensión, pues consideró que los delitos ya habían prescrito.

La PGR apeló la decisión del juez Castillo. El recurso se turnó al Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, encabezado por el magistrado José Mattar. Por la relevancia del caso, la PGR le solicitó a la Corte que ejerciera su facultad de atracción. Sin embargo, la Primera Sala rechazó, en votación dividida, atraer el asunto. Los ministros dijeron que en el caso El Halconazo, respecto del cual se pronunciaron previamente, ya habían resuelto lo más importante jurídicamente sobre la materia, como por ejemplo, lo relativo a que el delito de genocidio no había prescrito en el caso de Echeverría, pues el término de 30 años para que operara la prescripción en su beneficio, había comenzado a correr a partir del día siguiente de haber culminado su mandato presidencial.

El expediente fue devuelto al magistrado Mattar, quien determinó librar la orden de aprehensión en contra del ex presidente, por la presunta comisión del delito de genocidio. Para evitar que Echeverría fuese sujeto a prisión preventiva en un penal, el Congreso reformó el artículo 55 del Código Penal Federal, para que las personas mayores de 70 años, como era el caso de Echeverría, fuesen beneficiadas con la prisión domiciliaria. La orden de aprehensión se ejecutó y Echeverría estuvo preso en su casa. Después, el juez Castillo dejó en libertad al ex presidente.

La PGR apeló la nueva decisión del juez penal y el recurso fue turnado otra vez al Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal. El magistrado Ricardo Paredes, quien había sustituido al magistrado Mattar, determinó revocar el auto de libertad, para dictar un auto de formal prisión en contra de Echeverría. Con esta importante decisión, el Poder Judicial de la Federación abría la posibilidad de que por primera vez en la historia de México, un ex presidente fuese procesado penalmente.

Lamentablemente el triunfo sería efímero. La defensa de Echeverría, integrada por los abogados Velázquez y Bonilla, interpuso una demanda de amparo en contra del auto de formal prisión, del trámite administrativo de identificación y del sometimiento del ex presidente al rutinario estudio criminológico.

El asunto fue turnado al magistrado Jesús Luna Altamirano, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, quien resolvió otorgar el amparo y la protección de la justicia federal al señor Echeverría, por no haber, según él, elementos de convicción en contra del ex presidente que permitieran presumir su participación en los hechos del 2 de octubre. A Luna no le parecieron suficientes las más de cinco mil pruebas que aportó la FEMOSPP. No obstante, el magistrado consideró que sí había encontrado elementos que acreditaban la existencia del delito de genocidio en contra de un grupo nacional, conformado por los estudiantes del movimiento del 68.

Tanto la PGR como la defensa de Echeverría impugnaron el amparo otorgado por el magistrado Luna. El recurso fue remitido al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyos integrantes se declararon incompetentes y decidieron solicitar a la Suprema Corte que ejerciera su facultad de atracción. El 5 de diciembre de 2007, en votación dividida, la Primera Sala de la Corte rechazó atraer el caso. El expediente fue devuelto al Quinto Tribunal Colegiado, cuyos integrantes resolvieron confirmar el amparo otorgado a favor de Echeverría.

Tras la desaparición de la FEMOSPP, la Coordinación General de Investigación, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR, asumió la investigación del caso del 2 de octubre. Actualmente, la averiguación previa por genocidio en contra de Echeverría se encuentra en etapa de “perfeccionamiento”; el ex presidente no ha sido exonerado, pues está en libertad bajo las reservas de ley. Las pruebas en el expediente son contundentes en contra de Echeverría. Jurídicamente, la vía está libre para que en cualquier momento la PGR ejercite de nuevo acción penal en contra del ex presidente de México. Por eso la pregunta: ¿Y Echeverría, señor Calderón?

La Suprema Corte y el caso Radilla

2010-09-26T10:28:00.000-07:00

Publicado en la revista Contralínea, número 201, del 26 de septiembre de 2010. Dar click sobre este vínculo.

A las víctimas inocentes de la guerra del señor Calderón

El 31 de agosto del presente año, el Pleno de la Suprema Corte inició uno de los debates jurídicos más importantes en la historia judicial de nuestro país, con el objeto de resolver si las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano y sus órganos de gobierno. El asunto se discutió también en las siguientes sesiones del Pleno, los días 2, 6 y 7 de septiembre de 2010.

Durante la presentación de un libro jurídico, en la que participaba el presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, uno de los panelistas le dijo al ministro que la sentencia del caso Radilla, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de noviembre de 2009, vinculaba también al Poder Judicial de la Federación, pues la resolución establecía obligaciones específicas a su cargo:

1) la implementación, en un plazo razonable y con la respectiva disposición presupuestaria, de programas o cursos permanentes dirigidos a los jueces federales, relativos al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en relación con los límites de la jurisdicción penal militar, y

2) La implementación de un programa de formación para los jueces federales, sobre el debido juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas, lo que implicaba la restricción de la competencia de la jurisdicción penal militar.

El tema también se había discutido en el seno del Consejo de la Judicatura Federal, órgano encabezado igualmente por Ortiz. Como el tópico le había parecido de grande importancia, el ministro presidente les solicitó al resto de los consejeros de la judicatura que detuvieran la discusión, hasta en tanto se pronunciara el Pleno de la Suprema Corte.

Para determinar lo que procedía respecto al cumplimiento de la sentencia del caso Radilla por parte del Poder Judicial de la Federación, el ministro Ortiz formuló al Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país, la consulta a trámite número 489/2010. Le correspondió al ministro José Ramón Cossío elaborar el proyecto de dictamen.

El ministro Cossío propuso en su proyecto que:

1) El Estado mexicano tenía el deber de cumplir con todas las obligaciones que adquirió al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como con todas las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo involucren, por haber aceptado su competencia contenciosa desde el 16 de diciembre de 1998,

2) La jurisprudencia de la Corte Interamericana era obligatoria para el Estado mexicano, sólo en aquellos casos en los que México fuese parte. El resto de la jurisprudencia interamericana a pesar de no ser obligatoria, constituía un criterio interpretativo relevante de los derechos humanos y era un parámetro para cumplir con los instrumentos internacionales por parte de los jueces federales,

3) La sentencia del caso Radilla establecía deberes específicos en materia de reparaciones que el Poder Judicial de la Federación debía cumplir, en particular en lo relacionado con la adecuación de los criterios judiciales relativos a la restricción de la jurisdicción penal militar,

4) Había medidas establecidas en la sentencia que, no obstante no ser consideradas como reparaciones, el Poder Judicial de la Federación debía cumplir, como el deber de los jueces federales de interpretar los derechos y las libertades en armonía con lo que disponen los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pues con esta práctica se ampliaba el alcance de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución, lo que garantizaba la protección eficaz de la persona humana, y

5) El Poder Judicial de la Federación debía atender y cumplir la sentencia del caso Radilla, para lo cual el presidente de la Suprema Corte debía dictar un acuerdo para iniciar el procedimiento encaminado a ello.

Sin duda, el proyecto de dictamen elaborado por el ministro Cossío resultaba ampliamente garantista y representaba un avance extraordinario para la protección y la defensa de los derechos humanos en México. Con todo y ello, la propuesta de Cossío enfrentó la oposición franca y beligerante del ministro Sergio Aguirre Anguiano, cuyas posiciones fueron respaldadas por los ministros José de Jesús Gudiño y Luis María Aguilar.

Como hábil tribuno, el ministro Aguirre logró entorpecer el debate en el Pleno, empleando argumentos absurdos e insostenibles. Primero alegó que la Corte no había sido formalmente notificada de la sentencia, luego dijo que la consulta a trámite no tenía base constitucional, después señaló que no existía norma alguna que regulara el procedimiento para que la Suprema Corte diese cumplimiento a una sentencia dictada por la Corte Interamericana. Incluso, don Sergio Salvador llegó a sostener una barbaridad, apoyada fielmente por el ministro Gudiño: que la jurisdicción de la Corte Interamericana, aceptada ya por el Estado mexicano, no tenía base constitucional, pues la Constitución Federal sólo reconocía la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Lamentablemente para el país, Aguirre logró su propósito y el proyecto de Cossío fue desechado. El presidente de la Corte designó a la ministra Margarita Luna Ramos como nueva ponente.

La postergación del cumplimiento de la sentencia del caso Radilla por parte del Estado mexicano, es un acto de profunda irresponsabilidad. El 15 de diciembre de este año, el Estado deberá reportar a la Corte Interamericana la situación que guarda el cumplimiento de la sentencia; sin embargo, al Máximo Tribunal parece no importarle.

Mi artículo sobre el Caso Rosendo Radilla Pacheco en versión PDF descargable

2010-09-21T11:14:00.000-07:00

Agradezco a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) la publicación íntegra, en su página web, de mi artículo intitulado "La investigación de desapariciones forzadas en México: discordancias con la justicia internacional, mostradas frente al Caso Rosendo Radilla".

Mi artículo íntegro en versión PDF descargable

Con el Boomerang, noticiero nacional de la red de AMARC-México.

2010-09-21T10:59:00.000-07:00

Los días 31 de agosto, 2, 6 y 7 de septiembre de 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debatió sobre si el Poder Judicial de la Federación debía cumplir con la sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de noviembre de 2009.

Les comparto mi colaboración para el Boomerang, noticiero nacional de la red de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC-México). Den click en el siguiente link:

Mi comentario para el Boomerang.

La investigación de desapariciones forzadas en México: discordancias con la justicia internacional mostradas frente al caso Rosendo Radilla

2010-09-01T13:37:00.000-07:00

Foto del señor Rosendo Radilla Pacheco

Como abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C (CMDPDH) me encargué de coordinar el proyecto “Justicia Transicional”, que tuvo una duración de 10 meses, a partir del 1º de julio del 2005. El proyecto fue desarrollado con el objetivo de contribuir al proceso de reconciliación en nuestro país, por medio de un diagnóstico serio respecto de la práctica estatal de la desaparición forzada de personas y otras violaciones graves, generales y sistemáticas a los derechos humanos cometidas en el pasado. Se emplearon el litigio estratégico y la incidencia como herramientas fundamentales para recuperar la memoria histórica y lograr que las víctimas y sus familiares accedieran a la justicia integral, sin dejar de considerar la reparación debida de los daños.

En particular, la labor de la CMDPDH consistió en asistir jurídicamente a la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violación a los Derechos Humanos en México (AFADEM) respecto de las desapariciones forzadas de cientos de campesinos guerrerenses, perpetradas por las fuerzas castrenses y policíacas mexicanas durante los años setentas. Por décadas, los familiares de los detenidos-desaparecidos en Guerrero han reclamado justicia para las víctimas y castigo para los responsables. Para organizar y coordinar sus acciones conformaron AFADEM.

Uno de los casos que la CMDPDH ha atendido conjuntamente con AFADEM es el del señor Rosendo Radilla Pacheco, luchador social de Atoyac de Álvarez, Guerrero, quien fue detenido por el Ejército mexicano en un retén, el 25 de agosto de 1974. Desde entonces está desaparecido.

Para investigar los casos de los cientos de detenidos-desaparecidos en México, el ex presidente Vicente Fox creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR). El fiscal fue el doctor Ignacio Carrillo Prieto. Entre los casos que fueron del conocimiento de la fiscalía se encuentra el del señor Radilla Pacheco.

A partir de mi experiencia en el caso Radilla Pacheco, puedo afirmar que respecto de los casos de desaparición forzada, la FEMOSPP desarrolló un trabajo técnicamente deficiente. Por un lado, se negó a integrar las averiguaciones previas y a consignar empleando el tipo penal de desaparición forzada de personas y, por el otro, dejó de aportar pruebas importantes para acreditar la responsabilidad penal de los acusados.

Para la fiscalía especial, tanto las averiguaciones como las consignaciones debían realizarse utilizando el tipo penal de privación ilegal de la libertad en la modalidad de plagio o secuestro. Según el órgano de la PGR, debía emplearse un tipo penal que existiera al momento de cometerse las detenciones-desapariciones. No importaba que estas últimas fueran de naturaleza permanente, sino que en el momento histórico en que se ejecutaron, dichas conductas estuvieran tipificadas, pues de no ser así se estarían integrando averiguaciones previas y se estarían realizando consignaciones por acciones no delictivas. En los años setentas existía el delito de secuestro y no el de desaparición forzada de personas, que fue incluido en el Código Penal Federal en el año 2001. La lógica de la fiscalía trajo consecuencias negativas.

El 21 de abril de 2003, el fiscal especial consignó a Luis de la Barreda Moreno, a Miguel Nazar Haro y a Juventino Romero, como probables responsables del plagio de Jesús Piedra Ibarra. La FEMOSPP empleó el tipo penal de secuestro, contemplado en el artículo 366 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal vigente en 1975, año en que ocurrieron los hechos.

El Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en la ciudad de Monterrey, negó las órdenes de aprehensión, pues consideró que el delito ya había prescrito. La fiscalía apeló la resolución del juez, la cual fue radicada en el Primer Tribunal Unitario del Cuarto Circuito. No obstante, el magistrado se declaró incompetente y solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atrajera el asunto. El Procurador General de la República también solicitó al Máximo Tribunal que ejerciera su facultad de atracción. En atención a que el caso cumplía con los requisitos de interés y trascendencia, la Primera Sala de la Suprema Corte atrajo el recurso de apelación extraordinaria. El ministro Juventino Castro y Castro fungió como ponente.

La Primera Sala resolvió que el delito de secuestro cometido en perjuicio de Jesús Piedra no había prescrito, por ser de naturaleza permanente. La Corte señaló que el derecho de acción del Estado no se inicia el día en que el agente del delito priva de la libertad a la víctima, sino en el momento en que el secuestrador deja en libertad al plagiado. El 5 de diciembre del 2003, producto de la sentencia de la Corte, el magistrado del Primer Tribunal Unitario del Cuarto Circuito consideró procedente el libramiento de las órdenes de aprehensión en contra de los secuestradores de Jesús Piedra, algunos de los cuales pasaron varios meses en prisión preventiva.

Mediante la tramitación de juicios de amparo, los abogados de los probables responsables lograron que el delito de secuestro, por el que se acusaba a sus clientes, fuera reclasificado por el de violación a las garantías individuales, tipificado en la fracción II del artículo 364 del Código Penal Federal. Este delito sería derogado mediante una reforma publicada, en el Diario Oficial de la Federación, el 19 de mayo del 2006. Quienes se encontraban sujetos a prisión preventiva por el plagio de Jesús Piedra Ibarra, recobraron inmediatamente su libertad.

Este episodio se originó como consecuencia de las fallas cometidas por la FEMOSPP en las consignaciones. Fue técnicamente incorrecto que la fiscalía ejercitara acción penal en contra de los probables responsables empleando el tipo penal de secuestro y no el de desaparición forzada de personas. Entre un tipo y otro hay diferencias abismales.

Según los criterios emanados de los órganos del Poder Judicial de la Federación, el secuestro sólo puede ser cometido por particulares; el hecho de que los delincuentes sean militares o policías sólo agrava la pena, no involucra al Estado; la finalidad de los secuestradores será siempre obtener un rescate o causar daños y perjuicios a la víctima; se ejerce presión en contra de los familiares del plagiado así como en contra de los agentes del Estado, con el objeto de que actúen según la conveniencia de los secuestradores; es un delito común susceptible de prescripción . En cambio, en la desaparición forzada de personas el sujeto activo siempre será un servidor público que ejerce sus funciones o que actúa con motivo de ellas; también pueden participar los particulares, pero contando en todo caso con la autorización, aquiescencia o apoyo del Estado; no se comete con la finalidad de solicitar un rescate o causar daños o perjuicios a la víctima, sino con el objeto de evitar que el sujeto pasivo sea rescatado, que se conozca su paradero y que se defienda de la privación de la libertad mediante los recursos que la ley le reconoce; es un delito de lesa humanidad que no prescribe.

La FEMOSPP consignó a los probables responsables de la detención-desaparición de Jesús Piedra Ibarra fundando su acto en el tipo penal de secuestro, pero alegando motivaciones incongruentes con dicha descripción legal, pues señaló que la privación de la libertad de Piedra Ibarra había sido producto de una política de Estado, ejecutada por sus agentes, quienes actuaron en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.

Ante la clara incongruencia de la fiscalía, los abogados defensores lograron reclasificar el delito de secuestro por otro delito que con mayor claridad pudiese ser cometido por servidores públicos en ejercicio de sus funciones: la violación a las garantías individuales. Desafortunadamente, la clara indiferencia del Poder Judicial de la Federación, por decir lo menos, respecto de los crímenes de lesa humanidad evitó que se analizaran a detalle los hechos, con el objeto de que se caracterizara correctamente el delito cometido y con ello se reclasificara el delito de secuestro, no por el de violación de garantías, sino por el de desaparición forzada de personas. El Poder Judicial de la Federación pudo y debió hacerlo, no había nada que se lo impidiera, ni de jure ni de facto.

La posición de la fiscalía de clasificar las detenciones-desapariciones como secuestros y no como desaparición forzada de personas, parte de un error técnico fundamental: no considerar la naturaleza permanente de esta última conducta. Según la fiscalía, debía emplearse el tipo penal de secuestro, por que en los años setentas no existía el tipo penal de desaparición forzada de personas, de tal suerte que si se hubiese consignado por este último tipo penal, se estaría acusando a los responsables de cometer conductas que en su momento no eran consideradas delictivas por la ley penal. No hay delito ni pena sin ley. El argumento de la fiscalía carece de sustento lógico y jurídico.

El 15 de abril del 2002, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional, por la que demandó la invalidez de la reserva impuesta por el Estado mexicano, por conducto del Senado de la República, al artículo IX de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, así como la invalidez de la declaración interpretativa consignada en el mismo instrumento internacional, relativa a la aplicación del principio de la no retroactividad. Las autoridades demandadas fueron el Presidente de la República, la Cámara de Senadores, el Secretario del Gobernación y el Secretario de Relaciones Exteriores. La Corte le asignó a la controversia el número de expediente 33/2002. El Ministro ponente fue Juan Díaz Romero .

No obstante que el Pleno del Alto Tribunal no le dio la razón al Jefe de Gobierno, pues resolvió que la controversia era parcialmente procedente pero infundada, de dicho litigio emanaron tesis jurisprudenciales extraordinariamente relevantes:

No. Registro: 181,147

Jurisprudencia

Materia(s): Penal

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XX, Julio de 2004

Tesis: P./J. 48/2004

Página: 968

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ESE DELITO ES DE NATURALEZA PERMANENTE O CONTINUA.

El referido delito que contempla el artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el día nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro (coincidente con lo previsto en los artículos 215-A del Código Penal Federal y 168 del Código Penal del Distrito Federal), de acuerdo con el derecho positivo mexicano, es de naturaleza permanente o continua, ya que si bien el ilícito se consuma cuando el sujeto activo priva de la libertad a una o más personas, con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información sobre su paradero, dicha consumación sigue dándose y actualizándose hasta que aparecen los sujetos pasivos o se establece cuál fue su destino.

Controversia constitucional 33/2002. Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 29 de junio de 2004. Unanimidad de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Elba Hurtado Ferrer.

El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy veintinueve de junio en curso, aprobó, con el número 48/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de junio de dos mil cuatro.

No. Registro: 180,653

Jurisprudencia

Materia(s): Constitucional, Penal

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XX, Septiembre de 2004

Tesis: P./J. 87/2004

Página: 1121

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. EL PLAZO PARA QUE OPERE SU PRESCRIPCIÓN INICIA HASTA QUE APARECE LA VÍCTIMA O SE ESTABLECE SU DESTINO.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 102, fracción IV y 7o. del Código Penal Federal, tratándose de delitos permanentes o continuos, que son aquellos que se caracterizan por su consumación duradera, el plazo para la prescripción inicia a partir de que cesa su consumación. En tal orden de ideas, si el delito de desaparición forzada de personas que contempla el artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el día nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro (que coincide con el previsto en los artículos 215-A del Código Penal Federal y 168 del Código Penal del Distrito Federal) tiene esa naturaleza, en tanto que se consuma momento a momento durante todo el tiempo en que la víctima se encuentra desaparecida, ha de concluirse que el plazo para que opere su prescripción de acuerdo con lo establecido en los numerales primeramente citados, empieza a correr hasta que la conducta ilícita deja de consumarse, esto es, cuando el sujeto pasivo aparece (vivo o muerto) o se establece su destino.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy treinta y uno de agosto en curso, aprobó, con el número 87/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta y uno de agosto de dos mil cuatro.

Es muy importante resaltar que los criterios judiciales expuestos son obligatorios, no son tesis aisladas. En términos del artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se aplica para la tramitación de las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “(l)as razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para las Salas, tribunales unitarios y colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean éstos federales o locales.” En el caso particular, los criterios emanados de la controversia constitucional 33/2002 fueron aprobados como obligatorios por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas sesiones.

Como se puede apreciar de la tesis jurisprudencial P./J. 48/2004, la Suprema Corte resolvió que la desaparición forzada de personas es un delito “de naturaleza permanente o continua, ya que si bien el ilícito se consuma cuando el sujeto activo priva de la libertad a una o más personas, con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información sobre su paradero, dicha consumación sigue dándose y actualizándose hasta que aparecen los sujetos pasivos o se establece cuál fue su destino.”

Por tanto, resulta irrelevante el momento “primigenio” que dio origen a la desaparición forzada, pues el delito se consuma segundo a segundo, minuto a minuto, día a día, hasta en tanto aparezca viva o muerta la víctima o se sepa de su paradero o su destino. Cada momento de consumación puede ser considerado como “primigenio”, pues el delito se “reconsuma” en todo momento, permanentemente, como si en cada instante se estuviese deteniendo-desapareciendo a la víctima.

La conducta es lo que define la naturaleza del delito. Una conducta que se consuma de manera instantánea o de forma permanente o continuada, una vez tipificada dará lugar a un delito instantáneo, permanente o continuado, según sea el caso. Puede ser que la conducta no esté tipificada, lo cual no impide que se consume de diversas maneras, determinándose así su forma de ser o su “naturaleza”.

Es un hecho que en los años setentas, la conducta que caracteriza a la desaparición forzada de personas no estaba tipificada, es decir, no existía como delito. No obstante, también es un hecho que en esos años el Estado mexicano ejecutó, por conducto de sus agentes o por medio de particulares, una política encaminada a privar de la libertad a una o más personas, fundamentalmente opositores políticos, seguida de la falta de información sobre el paradero de las víctimas, con lo que se les impidió a estas últimas ejercitar las garantías constitucionales, entendidas como recursos de naturaleza procesal, reconocidas en el sistema jurídico mexicano, con el fin de salvaguardar su vida y/o su integridad personal.

La conducta, pues, existió y se consumó, con independencia de que en esos años no estuviera tipificada. Pasaron las décadas y las detenciones-desapariciones seguían consumándose y “reconsumándose”, hasta que en año 2001, momento en el que se incluyó a la desaparición forzada en el Código Penal Federal, dicha conducta “no tipificada” cambió de status jurídico, y pasó a ser considerada como delito, o sea, como conducta penalmente trascendente. Es por ello que resulta irrelevante que en los años setentas no estuviera tipificada la desaparición forzada de personas, pues los hechos que la caracterizan se han consumando permanentemente, desde el primer momento en que se cometieron, hasta llegar al día de hoy, cuando el tipo penal específico forma parte del catálogo de delitos reconocidos en la leyes penales sustantivas, federal y del orden común.

La FEMOSPP siempre estuvo en posibilidad jurídica de integrar las averiguaciones previas y de realizar las consignaciones empleando el tipo penal de desaparición forzada de personas. En estos momentos, suspendida la fiscalía, la Procuraduría General de la República puede reclasificar el delito de secuestro por el de desaparición forzada, con lo cual se corregiría el error de fondo cometido por el Ministerio Público de la Federación encargado de atender los crímenes del pasado.

Otro error grave cometido por la fiscalía especial, está relacionado con los medios empleados para acreditar la responsabilidad de quienes idearon, ordenaron y ejecutaron la política estatal de aniquilar a la oposición política recurriendo a delitos de lesa humanidad. Los abogados defensores de los acusados, con sorna señalaban que las pruebas que motivaron las consignaciones eran básicamente hemerográficas y bibliográficas. Los críticos decían que resultaba absurdo y aberrante intentar responsabilizar a alguien de cometer delitos tan graves, con base en notas periodísticas, libros y expedientes viejos.

En lo que a la investigación se refiere, la fiscalía especial no estuvo errada. Recabó pruebas documentales importantes, de archivos históricos que estuvieron vedados por décadas. Sin duda, los expedientes de los detenidos-desaparecidos, así como las notas periodísticas y las fuentes bibliográficas son documentos muy útiles y valiosos, que pueden ser empleados para demostrar la política criminal ejecutada por las más altas autoridades civiles y militares mexicanas, para exterminar a los opositores políticos. Sin embargo, dichas pruebas resultan endebles si no se les concatena, analiza y expone con rigor técnico y científico.

Jamás se encontrará un documento en el que los responsables de la política criminal del Estado digan, de puño y letra, “yo fulano, ordeno la desaparición forzada de tal o cual dirigente político”. Las pruebas de los actos criminales están desperdigadas, sin orden y muchas veces sin sentido, hasta que son integradas y analizadas con un método correcto e idóneo, lo que es posible si se cuenta con la participación de expertos, de peritos.

Para demostrar que en los años de la represión brutal en México, sesentas, setentas y ochentas, nada se movía sin que lo supieran y lo ordenaran las más altas autoridades civiles y militares del Estado, empezando por los presidentes de la República en turno, se requiere una reconstrucción histórica de los acontecimientos. Para lo cual, serán de enorme utilidad todos los elementos de prueba aportados por la fiscalía especial, siempre y cuando un experto les dé el orden, la sistematicidad y la contundencia necesarios para desentrañar la verdad histórica.

Sobre la participación de historiadores en casos forenses, hay muchos ejemplos. Uno que resulta de enorme relevancia, es el que tiene como protagonista al profesor de la Universidad de Valencia, Joan del Alcázar, quien participó en la causa penal seguida en España, en contra del ex dictador chileno Augusto Pinochet .

En octubre de 1998, Augusto Pinochet fue detenido en Londres, mientras convalecía en una clínica privada después de someterse a una operación en la espalda. La detención se debió a una solicitud del juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional de España, quien instruía, en contra de Pinochet, el sumario 19/97, por terrorismo y genocidio, por la instrumentación de la “Operación Cóndor” .

En enero de 1999, mientras el asunto era sustanciado ante un Comité Judicial de la Cámara de los Lores británicos, el presidente de dicho órgano, lord Browne-Wilkinson, consideró necesario conocer con precisión desde cuándo Pinochet podía ser considerado jefe del Estado chileno. El asunto revestía de la mayor importancia, porque los lores británicos analizaban si era procedente reconocerle a Pinochet la “inmunidad soberana”, por haber sido jefe de Estado.

Para definir lo anterior había dos posiciones. La defensa sostenía que el ex dictador debía ser considerado jefe de Estado desde el 11 de septiembre de 1973, fecha del golpe militar contra el presidente socialista Salvador Allende. Según los abogados de Pinochet, el mismo día del golpe de Estado, los militares expidieron el decreto ley número 1, mediante el cual se constituyó la Junta de Gobierno, cuya presidencia fue otorgada a Augusto Pinochet. Al siguiente día fue expedido el decreto ley número 9, que equiparaba el cargo de presidente de la junta militar con el de presidente de la República. Por su lado, la fiscalía señaló que Pinochet debía ser considerado jefe de Estado desde el 26 de junio de 1974. En esta fecha, la junta militar expidió el decreto ley número 527, por el cual se nombró “Jefe Supremo de la Nación” al presidente de la junta de gobierno.

Entre el 11 de septiembre de 1973 y el 26 de junio de 1974 había 10 meses de distancia. Durante ese lapso, la junta militar chilena asesinó o desapareció a más de dos mil personas. Si Pinochet era considerado jefe de Estado desde la primera fecha, en caso de que se le otorgase “la inmunidad soberana”, no podría ser acusado de ningún crimen. En cambio, si se le reconocía dicha calidad desde la segunda fecha, podría enfrentar la acusación por los delitos cometidos por la junta militar durante los 10 meses que van de septiembre del 73 a junio del 74.

Con el objeto de que Pinochet no fuera amparado por la impunidad, el juez Garzón le solicitó al profesor Joan del Alcázar que elaborara un peritaje que permitiera definir con certeza histórica la fecha en que Pinochet podía ser considerado jefe de Estado. Para solucionar la interrogante, Del Alcázar utilizó documentación hemerográfica. La información más importante había sido consignada en el diario chileno “La Tercera”, del 28 de junio de 1974, cuyo titular decía: “Asumió como Jefe de Estado. Gral. Pinochet fue investido con las insignias del mando.” La misma información fue expuesta en el diario “El Mercurio” y en la revista “Ercilla”. Además, “La Tercera” expuso íntegro el discurso de Pinochet, tras ser embestido como Jefe Supremo de la Nación. El diario enmarcó la perorata en un recuadro intitulado “Discurso del Jefe de Estado”. La transcripción de la arenga decía: “La Divina Providencia ha querido que este soldado que les habla, en su calidad de Presidente de la Junta de Gobierno, sea hoy ungido como Jefe Supremo de la Nación chilena.”

Con estos y otros elementos, el profesor Del Alcázar le entregó al juez Garzón un peritaje que en esencia señalaba que: el 27 de junio de 1974, el propio Pinochet había afirmado que su calidad de presidente de la junta militar cambiaba, pues a partir de ese momento debía ser considerado jefe supremo de la nación o jefe del Estado. El perito historiador concluyó que para el ex dictador había un antes y un después. Que el 26 de junio de 1974, el acusado había reconocido que, por designios de la “Divina Providencia”, asumía la jefatura del Estado chileno.

En el caso de Pinochet se emplearon pruebas hemerográficas históricas que permitieron solucionar un problema de la mayor importancia en un caso forense. Lo mismo pudo hacerse y no se hizo en los casos mexicanos. El fiscal especial jamás ofreció un peritaje elaborado por un historiador experto, que fortaleciera las pruebas documentales, bibliográficas y hemerográficas que recopiló, las cuales sin duda eran aptas para demostrar la existencia de una política de Estado, cuyo objetivo era aniquilar a la oposición política, y cuyo diseño e instrumentación corrió a cargo de las más altas autoridades civiles y militares que gobernaron en nuestro país durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta.

De esta falla enorme de la fiscalía, que tiene que ver con la generación de pruebas aptas, se beneficiaron los probables responsables de cometer delitos de lesa humanidad, pues el Poder Judicial de la Federación se consideró libre para señalar que, no obstante las miles de pruebas hemerográficas y bibliográficas aportadas, no existía elemento directo alguno que permitiera demostrar, ni siquiera indiciariamente, que los acusados hubieran sido los responsables de los terribles crímenes que se les imputaban.

No obstante, y a pesar del tiempo transcurrido, todavía es posible lograr en el ámbito interno, que las averiguaciones previas seguidas en contra de las personas acusadas de cometer delitos de lesa humanidad, sean perfeccionadas. Hay que emplear los recursos jurídicos que sean necesarios para lograr que se reclasifique el delito de secuestro por el de desaparición forzada de personas. Asimismo, es indispensable que se aporten peritajes elaborados por historiadores forenses, con la finalidad de darle sistematicidad y orden, mediante un método científico y técnico, a todas las pruebas documentales existentes que, para ser justos, fueron obtenidas eficientemente por la fiscalía especial.

A guisa de corolario.

El 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso Radilla. La resolución fue producto de la demanda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la Corte, en contra de los Estados Unidos Mexicanos, el 15 de marzo de 2008.

La Comisión señaló en su escrito inicial, que el Estado mexicano era responsable internacionalmente, por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, a manos de efectivos del Ejército, el 25 de agosto de 1974, en el Estado de Guerrero. El órgano actor manifestó en su demanda, que las violaciones a los derechos humanos del señor Radilla se mantenían en el tiempo, pues México, hasta ese momento, no había establecido el paradero de la víctima ni se habían encontrado sus restos. La Comisión remató diciendo: (…) a más de 33 años de los hechos, existe total impunidad ya que el Estado no ha sancionado penalmente a los responsables, ni ha asegurado a los familiares una adecuada reparación”.

Respecto de los hechos que se le imputaban, el Estado mexicano aceptó parcialmente su responsabilidad, según lo manifestó en su escrito presentado ante la Corte el 21 de septiembre de 2008, mediante el cual interpuso cuatro excepciones preliminares, contestó la demanda de la Comisión y formuló observaciones al escrito de solicitudes y argumentos de las víctimas y sus representantes.

La Corte Interamericana -integrada por Cecilia Medina, Diego García-Sayán, Manuel Ventura, Margarette May Macaulay y Rhadys Abreu Blondet- resolvió por unanimidad que:

1. El Estado era responsable de la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida, consagrados en los artículos 7.1, 5.1, 5.2, 3 y 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar y garantizar contenida en el artículo 1.1 de la misma y con los artículos I y XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco.

La Corte, al rechazar las excepciones preliminares opuestas por el Estado, entre cuyos objetivos principales era impedir que el tribunal declarara violada la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas por parte de México, señaló, entre otras cosas, que sí era competente para analizar las violaciones al citado instrumento internacional a la luz de los hechos, por la naturaleza permanente de la desaparición forzada de personas.

En su sentencia, la Corte Interamericana señala que la desaparición forzada de personas constituye una violación grave, autónoma, múltiple y permanente a los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas, cuya prohibición ha alcanzado ya el carácter de ius cogens internacional, por encontrar sustento en normas de cumplimiento obligatorio, que no aceptan acuerdo en contrario por parte de los Estados. El tribunal interamericano realiza una interpretación conforme, de la declaración interpretativa del Estado a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, para que el principio de no retroactividad no impida el efecto útil del instrumento internacional, considerando la naturaleza permanente del delito de desaparición forzada.

También establece que el tipo penal que debe emplearse para realizar las investigaciones y sancionar a los responsables, es el de desaparición forzada de personas y no el de secuestro.

2. El Estado era responsable por la violación del derecho a la integridad personal consagrado en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las hijas y el hijo de la víctima.

3. El Estado era responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y los artículos I incisos a), b) y d), IX y XIX de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de las hijas y el hijo del señor Radilla Pacheco.

4. El Estado incumplió el deber de adoptar disposiciones de derecho interno establecido en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos I y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, respecto de la tipificación del delito de desaparición forzada de personas.

Y como medidas de reparación, dispuso también por unanimidad, que el Estado:

1. Investigue lo relativo a la desaparición forzada del señor Radilla y sancione a los responsables.

2. Continúe buscando a la víctima o, en su caso, sus restos mortales.

3. Adopte las reformas legales pertinentes, para hacer compatible el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales, para el efecto de que todo miembro de las Fuerzas Armadas que cometa violaciones a los derechos humanos en perjuicio de civiles, como la desaparición forzada de personas, bajo ninguna circunstancia sea sometido a la jurisdicción militar.

Como una garantía al derecho al juez natural, al debido proceso y al acceso a la justicia, la Corte declaró la nulidad de la reserva impuesta por México al artículo IX de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que permitía a la jurisdicción militar conocer de casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares. Señala en la sentencia que el fuero de guerra es una excepción y no una regla, por lo que en todo caso en el que esté implicado un civil, aun como víctima, será competente la justicia ordinaria y no la militar.

4. Adopte las reformas legales pertinentes para hacer compatible con los estándares internacionales, el artículo 215 A del Código Penal Federal, que tipifica el delito de desaparición forzada de personas.

5. Capacite a los servidores públicos en relación con los límites de la jurisdicción penal militar y la debida investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas, en atención a los estándares internacionales en la materia.

6. Haga pública la sentencia, en el Diario Oficial de la Federación, en un diario de amplia circulación nacional y en la página web de la PGR.

7. Realice un acto público de reconocimiento de su responsabilidad por la desaparición forzada del señor Radilla y en desagravio a la memoria de la víctima.

8. Realice una semblanza de la vida del señor Rosendo Radilla, por medio de una publicación.

9. Brinde atención psicológica y/o psiquiátrica gratuita a las hijas y al hijo del señor Radilla, a través de las instituciones públicas de salud especializadas.

10. Pague a los sobrevivientes de la víctima y a sus representantes, las correspondientes indemnizaciones por el daño material e inmaterial sufrido, así como los gastos y costas que se generaron por la tramitación del procedimiento.

La Corte y las violaciones graves a los derechos humanos

2010-08-01T16:23:00.000-07:00

Publicado en la revista Contralínea. Número 193, del 1 al 7 de agosto de 2010. Dar click en este vínculo.

El 8 de abril de 2010, el Senado aprobó un paquete de reformas a la constitución de nuestro país, en materia de derechos humanos. Las reformas propuestas recibieron el elogio de las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. No obstante, los diputados decidieron mandar a la congeladora el dictamen aprobado por los senadores.

En términos generales, estoy de acuerdo con el dictamen del Senado; creo que es un avance significativo, histórico. Sólo tengo una objeción: me parece un retroceso, que la facultad de la Corte de investigar violaciones graves a los derechos humanos le sea retirada, para otorgársela a la CNDH. Esta decisión tiene como finalidad, mantener en estado de impunidad las arbitrariedades cometidas por la “clase política”. Jamás será lo mismo un pronunciamiento sobre violaciones graves a los derechos humanos que emita el Tribunal Supremo de nuestro país, a la declaratoria que eventualmente emita el Ombudsman nacional.

Los tribunales constitucionales y/o supremos siempre están conformados de manera colegiada, por juristas versados en las diversas ramas del Derecho, con diversas ideologías, que, además, deben destacarse por su alta autoridad moral. Los tribunales de este tipo son siempre terminales, por lo que sus decisiones son las últimas en el ámbito interno del país de que se trate. En cambio, el Ombudsman nacional es un único individuo, no necesariamente jurista ni experto en la materia de su competencia, aunque sí con alta autoridad ética. Entre ambos órganos, la diferencia es, por tanto, cuantitativa y cualitativa. El tribunal, como órgano judicial terminal de máxima jerarquía, le imprime a sus decisiones un sentido de autoridad suprema, cuyo peso político y social resulta determinante.

Durante el presidencialismo priista, el papel de la Corte era irrelevante; sin embargo, hoy, las cosas son diferentes. El Máximo Tribunal de nuestro país ha demostrado que es capaz de dictar resoluciones garantistas (Ley Televisa, Atenco, indígenas queretanas, despenalización del aborto, reconocimiento al cambio de sexo y género, empleo de la píldora poscoital, etc), lo que ha provocado una reacción autoritaria de la “clase política”. Particularmente, los/as políticos/as han enfocado su atención en la facultad de la Corte de investigar violaciones graves a los derechos humanos. Esta facultad molesta sobremanera a la “clase gobernante”, pues la Corte la ha expuesto como abusiva, arbitraria, cínica, insensible, frívola y prevaricadora.

La facultad que tiene la Corte de investigar violaciones graves a los derechos humanos es única en el mundo; además, es una creación original del Constituyente de 1917: está establecida en el artículo 97 constitucional. Para darle contenido al concepto de “violaciones graves”, la Suprema Corte ha dicho que éstas se identifican por ser, en algunos casos, generalizadas; por mantenerse en el tiempo; por producirse en un lugar, entidad o región; por ser atribuidas a las autoridades, ya sea por acción o por omisión; por ser sistemáticas, al existir un plan o la intención específica de las autoridades para producirlas, sin importar el número de personas agraviadas; por ser hechos que impliquen una amenaza al orden social y/o al Estado de Derecho, sin que sea necesario que las violaciones sean generalizadas. Estos criterios no son limitativos, son supuestos o hipótesis referenciales.

El Tribunal Supremo ha ejercido este medio de control constitucional en muy pocas ocasiones (Caso León, 1946; Caso Aguas Blancas, 1996; Caso Puebla, 2006; Caso Atenco, 2006; Caso Oaxaca, 2007; Caso Guardería ABC, 2009), pero, considero, con efectos devastadores para la credibilidad y la autoridad política de la “clase gobernante”. Sólo en el Caso Puebla, la Corte determinó que no se acreditaron las violaciones graves a los derechos humanos. No obstante, a pesar de lo resuelto por la Corte, el gobernador de Puebla, Mario Marín, jamás podrá reponerse del golpe político fulminante a su credibilidad. Este caso provocó algo inédito en la historia de la Corte: los ministros de la minoría, se deslindaron de la decisión de la mayoría y publicaron un libro con sus votos particulares (Las costumbres del poder. El Caso Lydia Cacho. Editorial Porrúa).

Se ha hecho de todo para limitar la facultad de investigación de la Corte: después de las elecciones del 2006, se eliminó la prerrogativa del tribunal de investigar las violaciones graves al voto público; al siguiente año, y ante la falta de una ley reglamentaria, los ministros/as conservadores/as impulsaron la aprobación del acuerdo del Pleno 16/2007, que regula de manera restrictiva las atribuciones indagatorias del tribunal, pues, entre otras cosas, la Corte no puede señalar las responsabilidades de los servidores públicos abusivos. Ahora, el Senado propone quitarle esta facultad a la Corte y dársela a la CNDH.

La facultad de investigación no se le debe quitar a la Corte; por el contrario, se debe fortalecer, para que el Máximo Tribunal la siga ejerciendo en aras de proteger ampliamente los derechos humanos de los/as mexicanos/as.

El esfuerzo más garantista para que la Corte ejerciera eficazmente su facultad de investigación, lo hizo el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, con su dictamen en el caso de la Guardería ABC. El doctor Zaldívar propuso un nuevo paradigma para el ejercicio de la atribución indagatoria: la posibilidad de responsabilizar a los servidores públicos de todos lo niveles, por sus abusos y su prevaricación, con la finalidad de mandar un mensaje de que en México debe acabar la impunidad. Mi corazón y mi mente están con el esfuerzo del ministro Zaldívar.

CON "LA VOLADORA RADIO". RADIO ALTERNATIVA Y COMUNITARIA.

2010-07-13T21:29:00.000-07:00

Les dejo el siguiente link a la página web de "La Voladora Radio", radiodifusora alternativa y comunitaria, con la que participé comentando el tema de la "Iniciativa México". Mi participación es a partir del minuto 40.

http://podcast.lavoladora.net/tag/iniciativa-mexico/

El caso de Héctor Camero Haro de la radio comunitaria "Tierra y Libertad", de Monterrey, Nuevo León. Un ejemplo de la criminalización de la radiodifusión comunitaria en México

2010-06-01T15:04:00.000-07:00

Foto del doctor Héctor Camero Haro

Históricamente, la Organización “Tierra y Libertad” se ha dedicado a gestionar, siempre de forma pacífica y dentro de la legalidad, proyectos sociales, políticos y culturales, con el objetivo de defender los derechos humanos de los sectores más vulnerables e impulsar el desarrollo humano de sus miembros y de la sociedad regiomontana. Con la finalidad de difundir su labor humanista y mantener debidamente informadas a las familias agremiadas sobre sus actividades, la organización decidió conformar una radio comunitaria. Actualmente, Radio "Tierra y Libertad" pertenece a la red de radios comunitarias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias-México (AMARC-México).

En el año de 2002, con el ánimo de mantenerse dentro del marco de la ley, los integrantes de Tierra y Libertad acudieron ante el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Nuevo León para solicitar un permiso para operar una radiodifusora comunitaria. No obstante la respuesta de la autoridad fue discrecional, arbitraria y ambigua, lo que en los hechos implicó una negativa a otorgar el permiso.

El 18 de abril de 2008, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, en representación del titular de la dependencia, presentó una denuncia en contra de “Tierra y Libertad”, ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales (UEIDAPLE), de la Procuraduría General de la República (PGR), por el supuesto uso, explotación y aprovechamiento del espectro radioeléctrico sin permiso o autorización, conducta tipificada en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, misma que fue radicada bajo el número de averiguación previa 83/UEIDAPLE/2/2008.

El 6 de junio del mismo año, elementos de corporaciones policíacas del orden federal llegaron hasta las instalaciones de la radiodifusora “Tierra y Libertad” y aseguraron los enseres y aparatos para la trasmisión (transmisor y antena), así como dos computadoras, una consola y micrófonos (no considerados como enseres y aparatos para la trasmisión). Posteriormente, por medio de notas periodísticas, la comunidad “Tierra y Libertad” tuvo conocimiento de que el operativo se realizó para cumplir la orden de cateo 54/2008, emitida por el Juez Cuarto de Distrito.

Por la tarde del 3 de octubre del 2008, Héctor Camero Haro y Gilfrido Verdugo Corral, integrantes de la comunidad “Tierra y Libertad”, recibieron un citatorio para que se presentaran a las diez de la mañana del mismo día ante un agente del Ministerio Público de la delegación de la PGR en Nuevo León. El Estado había dado inicio a la integración de una averiguación previa y, con ello, puso en marcha una estrategia represiva en la que se privilegian medidas de naturaleza penal.

A instancia de la PGR, los señores Camero y Verdugo comparecieron en la averiguación previa en calidad de testigos y no de indiciados o de acusados, con la clara intención, por parte del Estado, de privarlos de los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a todo acusado en un procedimiento penal: el derecho a contar con abogado defensor, a tener acceso al expediente y a no declarar para no autoincriminarse.

El 14 de octubre de 2008, por citación de la PGR, Héctor Camero Haro compareció en calidad de testigo ante el Ministerio Público. El 14 de noviembre de 2008, Héctor Camero y Gilfredo Verdugo nuevamente comparecieron con la misma calidad. El 12 de marzo de 2009, el agente del Ministerio Público le notificó al señor Camero que tenía la calidad de indiciado. El 1 de abril de 2009, Héctor Camero Haro rindió su declaración ministerial en calidad de probable responsable.

Adicionalmente, la comunidad “Tierra y Libertad” nunca fue notificada legalmente de que se hubiera iniciado algún procedimiento administrativo que deviniera en la clausura y desmantelamiento de la radio comunitaria que operaba. Con ello, el Estado impidió de manera deliberada que la comunidad se defendiera en un procedimiento menos lesivo que el procedimiento penal.

El 26 de mayo del presente año, Héctor Camero fue consignado por el Ministerio Público de la Federación ante un Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. El delito por el que consignaron al señor Camero no es grave. El Código Federal de Procedimientos Penales señala que los jueces de distrito que instruyen procesos tienen dos días para radicar las consignaciones y diez días para librar o negar las órdenes de aprehensión. Contra la posible orden de aprehensión, el jueves 11 de junio los abogados de AMARC-México presentaron un amparo ante los jueces de distrito en materia penal en el Estado de Nuevo León, mismo que fue turnado por incompetencia a los jueces de distrito del Estado de Coahuila. El lunes 15 de junio de 2009, el juez de distrito competente de Coahuila otorgó una suspensión provisional a favor de Héctor Camero para que no fuese detenido por la PGR.

El 12 de junio, el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nuevo León libró una orden de aprehensión en contra de Héctor Camero; éste no fue detenido por contar con una suspensión provisional otorgada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila. Este último juez le fijó al señor Camero una garantía de $5,000.00 y le ordenó que compareciera ante el juez que libró la orden de aprehensión a efecto de que no dejara de surtir efecto la suspensión provisional.

El 24 de junio de 2009, el señor Camero, tal y como lo ordenó el juez de distrito de Coahuila, rindió su declaración preparatoria ante el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, asistido por lo abogados de AMARC-México.

El martes 30 de junio del mismo año, el juez federal en materia penal del Estado de Nuevo León dictó un auto de formal prisión en contra de Héctor Camero, no obstante no fue detenido ni ingresado a prisión por contar con una suspensión provisional otorgada por un juez de amparo. El mismo día, el juez que instruyó el procedimiento penal contra el señor Camero, también notificó la apertura de la instrucción dentro de un juicio ordinario.

El 2 de julio de 2009, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila resolvió otorgarle al doctor Camero la suspensión definitiva en contra de la orden de aprehensión. El mismo día, el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León fijó la cantidad de $18,277.00, como monto de la caución que Héctor Camero debía cubrir para mantener su libertad, una vez que la suspensión definitiva dejara de surtir efectos, por el cambio de su situación jurídica al ser declarado formalmente preso.

Mediante escrito presentado el primero de septiembre de 2009, Héctor Camero ofreció una primera tanda de pruebas de descargo, consistentes en la ampliación de sus declaraciones (ministerial y preparatoria), testimoniales y la inspección judicial de un cd de audio que contenía algunos de los programas que transmitía la Radio “Tierra y Libertad”. El mismo día, el doctor Camero ofreció un segundo grupo de pruebas de descargo: documentales privadas, en las que decenas de integrantes de la comunidad “Tierra y Libertad” expusieron ante el juez penal su apoyo a la labor de la radio y al trabajo de Héctor Camero. Asimismo, se ofreció la ratificación de todas y cada una de estas pruebas documentales. Mediante acuerdo de 3 de septiembre de 2009, el juez instructor fijó los días 13 a 16 de octubre y 19 a 23 del mismo mes para el desahogo de las pruebas ofrecidas. En los días determinados por el juez penal fueron desahogadas todas las pruebas de la defensa del doctor Camero.

Mediante acuerdo de fecha 20 de octubre de 2009, notificado al día siguiente, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila determinó sobreseer el juicio de amparo con número de expediente 480/2009, por haber cambiado la situación jurídica del doctor Camero al dictarse en su contra el auto de formal prisión por el juez penal instructor. Por acuerdo de 10 de noviembre de 2009, notificado al día siguiente, el juez de amparo informó que la resolución de sobreseimiento había causado ejecutoria.

El 5 de noviembre de 2009, el juez penal instructor les notificó a Héctor Camero y a sus abogados defensores, que el día 4 del mismo mes y año había declarado agotada la instrucción y ponía el expediente a disposición de las partes para que en el término de diez días ofrecieran más pruebas, las cuales debían ser desahogadas en un término de 15 días hábiles posteriores al día de su admisión.

Mediante escrito presentado el día 12 de noviembre de 2009, la defensa de Héctor Camero ofreció una nueva tanda de pruebas de descargo, consistentes en documentales públicas y privadas entre las que se encontraba el expediente que integra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la criminalización de los integrantes de la Radio “Tierra y Libertad” por parte del Estado, así como inspecciones judiciales sobre diversas páginas de internet. El juez penal determinó que el desahogo de las pruebas sería el día 11 de diciembre de 2009. Tal y como se programó, el día de las audiencias se desahogaron la totalidad de las pruebas ofrecidas por la defensa del doctor Camero. Durante la audiencia, la defensa de Héctor Camero le indicó al juez penal que no había acordado nada respecto del ofrecimiento del expediente de la CNDH como prueba de descargo. El juez tomó nota y señaló que acordaría lo conducente a la brevedad. Mediante acuerdo de fecha 5 de enero de 2010, el juez penal instructor le solicitó a la CNDH la remisión del expediente de la queja CNDH/5/2008/3436/Q, y para ello le otorgó un término de 5 días, contados a partir de la fecha en que le fuese notificado el acuerdo de mérito. La CNDH, en atención al requerimiento del juez, remitió el expediente solicitado.

El veintisiete de enero de dos mil diez, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), determinó otorgar el permiso en materia de radiodifusión a la persona moral denominada “Por la Igualdad Social Asociación Civil”, del Estado de Nuevo León, asignándole la frecuencia 98.5 de Frecuencia Modulada (FM). La COFETEL difundió el otorgamiento del permiso mediante el boletín de prensa 05/2010. La asociación beneficiada tiene su origen y nacimiento en la comunidad “Tierra y Libertad”, por lo que el otorgamiento del permiso favorece fundamentalmente a esta última.

El otorgamiento del permiso a “Tierra y Libertad” motivó el ofrecimiento de una nueva tanda de pruebas de descargo a favor de Héctor Camero Haro. Se ofrecieron testimonios y documentos que demuestran que el permiso concedido a “Por la Igualdad Social” también beneficia a Héctor Camero, pues la persona moral permisionada es propiedad de la comunidad “Tierra y Libertad”, a la que pertenece el inculpado. La defensa anunció al juez instructor que entre las pruebas que ofrecería para su admisión y desahogo se encuentraba la protocolización del acta de asamblea de la asociación “Por la Igualdad Social”, en la que consta la incorporación formal de Héctor Camero a dicha organización.

El juez instructor admitió en su totalidad la nueva tanda de pruebas de descargo y citó a Camero a una nueva audiencia para su desahogo, la cual se verificó sin ninguna complicación.

El acta notariada de la incorporación del señor Camero a "Por la Igualdad Social" fue debidamente exhibida ante la COFETEL y el acuse correspondiente fue presentado ante el juez penal. Este documento fue la última prueba de descargo que se ofreció a favor del doctor Camero.

El 19 de julio de 2010, la defensa del señor Camero le solicitó al juez penal el cierre de la instrucción por no haber más pruebas de descargo que ofrecer. El 20 de julio de 2010, el juez acordó el cierre de la instrucción y le dio al Ministerio Público de la Federación veinticinco días para presentar su escrito de conclusiones. El Ministerio Público presentó conclusiones acusatorias. Asimismo, el juez le otorgó el mismo término al doctor Camero para presentar sus conclusiones, lo cual hizo el 29 de septiembre de 2010.

Todas las pruebas aportadas por la defensa del doctor Camero acreditan que "Radio Tierra y Libertad" es un medio de comunicación comunitario, propiedad de toda la comunidad denominada "Tierra y Libertad", sin fines de lucro y cuya operación sin permiso no generó ningún daño ni a otros particulares ni al espectro radioeléctrico. Igualmente, los abogados de AMARC-México demostraron que el doctor Camero apoya a la radio como mero locutor, sin obtener sueldo alguno y que es un luchador social con un comportamiento ejemplar y solidario con sus semejantes.

La argumentación central de la defensa ha sido que el empleo del derecho penal en contra de los integrantes de las radios comunitarias es abusivo, pues no es un medio necesario, ni proporcional ni idóneo para sancionar el empleo sin permiso del espectro radioeléctrico. Asimismo, la defensa ha argumentado que el empleo abusivo e ilícito del derecho penal en contra de las radios comunitarias inhibe la libertad de expresión de los integrantes de las radios y el derecho a la información de sus audiencias. El Estado cuenta con otros medios menos lesivos que el derecho penal para recuperar las frecuencias que son utilizadas sin permiso estatal. El Estado no gana nada con encarcelar a los integrantes de las radios comunitarias que operan radios sin permiso, pues los medios administrativos, que no implican la imposición de sanciones privativas de la libertad, son suficientes para evitar el empleo ilícito del espectro radioeléctrico.

No obstante el cúmulo de argumentos vertidos y de pruebas ofrecidas por la defensa del señor Camero para que fuese absuelto, el juez penal dictó sentencia condenatoria el 29 de octubre de 2010, misma que le fue notificada al acusado el 3 de noviembre del mismo año. El juez decidió imponerle al doctor Camero dos años de prisión como sanción, el pago de una multa y la pérdida de los enseres de la radios asegurados por la PGR.

El 9 de noviembre de 2010, los abogados de AMARC-México interpusieron el recurso de apelación en contra de la sentencia condenatoria. El recurso fue turnado al Segundo Tribunal Unitario del Cuarto Circuito. Se integró el Toca Penal 713/2010. Posteriormente se expresaron los agravios respectivos.

El 20 de mayo de 2011, el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Cuarto Circuito dictó sentencia, en el sentido de confirmar en sus términos la sentencia condenatoria dictada en contra del doctor Camero por el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León.

En contra de la sentencia del tribunal de segunda instancia, el señor Héctor Camero Haro presentó una demanda de amparo directo, misma que fue admitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, Nuevo León, mediante acuerdo de fecha 25 de agosto de 2011, recaído en el expediente 190/2011.

A finales del mes de septiembre de 2011, el doctor Héctor Camero, con la asistencia de los abogados de AMARC-México, solicitó a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atracción del amparo directo que promovió, por considerarlo de interés y trascendencia jurídicas.

El 4 de noviembre de 2011, en sesión privada de la Primera Sala de la Suprema Corte, el Ministro José Ramón Cossío Díaz decidió hacer suya la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción presentada por el doctor Héctor Camero.

Asimismo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ejercicio de la facultad de atracción del caso. A finales de mes de noviembre de 2011, la Primera Sala de la Suprema Corte admitió a trámite la solicitud del tribunal colegiado y turnó los autos a la ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz. El señor Ministro ya turnó su proyecto al resto de los ministros y la ministra de la Primera Sala.

Actualmente, AMARC-México está en espera de que la Primera Sala fije la fecha para discutir si atrae o no atrae el caso del señor Héctor Camero, con la finalidad de resolver el fondo de manera definitiva.

Para más información sobre la criminalización de las radios comunitarias en México, visitar los siguientes vínculos en los que se pueden consultar los artículos que he escrito al respecto:

Las radios perseguidas. Artículo publicado en la revista Contralínea.

El empleo abusivo del derecho penal en México contra las radios comunitarias. Artículo publicado en la revista Dfensor, de la CDHDF.

El caso de Rosa Cruz Rosas, integrante de la radio comunitaria indígena "Uékakua" (La Preferida), de Michoacán, perseguida por el Estado mexicano.

El doctor Héctor Camero Haro cuenta la historia de la fundación de "Radio Tierra y Libertad", de Monterrey, Nuevo Léon:

Reportaje sobre el desmantelamiento por parte de la PGR de la radio comunitaria "Tierra y Libertad":

El caso de Rosa Cruz Rosas, integrante de la radio comunitaria indígena "Uékakua" (La preferida), de Michoacán, perseguida por el Estado mexicano

2009-08-27T22:54:00.000-07:00

Ocumicho, es una comunidad del municipio de Charapan, en el Estado de Michoacán de Ocampo. El municipio fue creado el 7 de diciembre 1877, y su denominación traducida del purépecha al español significa “Lugar de tierra colorada”. Charapan, San Felipe de los Herreros, Cocucho y Ocumicho son las comunidades representativas del municipio. La casi totalidad de los habitantes de estas comunidades son indígenas purépechas. La costumbre y los usos rigen sus relaciones; la historia y sus tradiciones definen su identidad como pueblo originario.

Entre los miembros de la comunidad la necesidad de comunicarse de manera efectiva, eficaz y en su propia lengua era indispensable. Necesitaban informar sobre sus propias necesidades; organizarse, convocarse, apoyarse. La transmisión escrita de información en una comunidad cuyos miembros casi no hablan español y en su mayoría no sabe leer ni escribir, además de cara, era claramente inadecuada. Es por ello que, en el ejercicio de sus derechos, la comunidad decidió instalar y operar su propia radio; decidieron instalarla en la casa del jefe de tenencia del pueblo, en la calle Emiliano Zapata, número 100, en Ocumicho. La bautizaron como “Radio Uékakua”, que en español significa “la preferida”. Era una pequeña radiodifusora con apenas 3 watts de potencia.

Quienes participaban en las transmisiones de “Radio Uékakua” eran, en su inmensa mayoría, mujeres purépechas, que hablaban en su propia lengua y transmitían información local que, por lo general, era sólo del interés para la propia comunidad. Quienes participaban eran voluntarias y voluntarios que no percibían remuneración alguna. Su compromiso con su comunidad, con su pueblo y con su Estado los distinguía. Entre quienes participaban en la radio, con el único afán de servir, se encontraba la señora Rosa Cruz Rosas.

La señora Cruz se gana la vida como artesana. Elabora hermosas y complejas figuras de barro, casi exclusivamente diablitos tradicionales de la región, que le han valido el reconocimiento de las autoridades federales y locales; doña Rosa es asidua ganadora de premios, por su estupenda y fructífera labor artística.

La comunidad purépecha de Ocumicho siempre mostró su ánimo de sujetarse a la legalidad, en lo que respecta a la operación de su radio. Desde el año 2002 solicitó el permiso que el Estado requiere para autorizar las transmisiones; no obstante, jamás obtuvo respuesta. La comunidad siguió operando su radio.

El día 29 de enero de 2009, la Procuraduría General de la República desplegó un inmenso operativo para desmantelar la radio de la comunidad de Ocumicho. Más de 100 elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) catearon el inmueble donde se encontraba la radiodifusora “Uékakua”. A la hora del cateo, sólo niños, niñas y mujeres, una de ellas embarazada, se encontraban en la casa particular, sede de “La preferida”. Con lujo de violencia, los agentes policíacos amedrentaron y golpearon a los y a las menores, así como a las mujeres: a una señora la sacaron de la casa a rastras, a una niña la estrujaron, le taparon la boca y la sometieron torciéndole la mano. La consecuencia más dramática del operativo, fue el aborto que se le provocó a la mujer embarazada. Sin miramientos, el equipo de la radio fue asegurado. “La preferida” dejó de transmitir.

La PGR intervino por una denuncia que presentó la Secretaría de Gobernación en el 2008, en contra de quien o quienes resultaran responsables de usar, aprovechar y explotar el espectro radioeléctrico sin permiso de la COFETEL, conducta tipificada en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales. Quienes son acusados de cometer este delito, corren el riesgo de que se les imponga una pena que va de 2 a 12 años de prisión y una multa que oscila entre los $16,440 y los $54,800, según lo dispone el artículo 149 de la misma ley.

No obstante el operativo policíaco en contra de la radio, la PGR no había logrado individualizar su acusación; necesitaba a alguien a quien incriminar y consignar. El 14 de mayo de 2009, a las 9 de la noche, supuestos agentes ministeriales, vestidos de civil, se presentaron en las oficinas de la Jefatura de Tenencia de Ocumicho. Le pidieron al policía del pueblo que buscara a cualquier persona que tuviera relación con la radiodifusora, pues, según dijeron, le regresarían el equipo que había sido asegurado en el operativo. El policía, un habitante de Ocumicho, confiado, le dijo a doña Rosa que atendiera a las personas. Cuando la señora Cruz se presentó, acompañada por su hija de 16 años, ante los supuestos agentes, éstos le preguntaron sobre la identidad de los dueños de los aparatos. Doña Rosa respondió que la comunidad de Ocumicho era la propietaria. Los sujetos le dijeron que debía firmar un documento sin saber su contenido, a lo que ella se negó. No obstante, la PGR había logrado identificar a una persona vinculada con la radio, contra la cual procedería penalmente. Los individuos anotaron en una libreta el nombre de doña Rosa y el de su hija. A raíz de este episodio, la PGR inició la integración de una averiguación previa en contra de la señora Cruz. A la procuraduría no le importó que doña Rosa ni siquiera hubiera estado presente el día que los agentes de la AFI desmantelaron violentamente la radio indígena.

El sábado 13 de junio de 2009, la PGR le notificó a doña Rosa Cruz que tenía la calidad indiciada en la averiguación previa 82/UEIDAPLE/LE/2/08. La citaron para que rindiera su declaración ministerial, en calidad de probable responsable, el día 15 de junio. El documento estaba fechado el día 3 del mismo mes y año. Doña Rosa debía presentarse en la Subdelegación B de la PGR, en Uruapan, Michoacán.

El 23 de junio de 2009, a las 10 de la mañana, doña Rosa Cruz se presentó en la Subdelegación de la PGR en Uruapan, acompañada por Sergio Méndez Silva y Omar Viniegra Ávila, abogados de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), sección México, así como por un profesor universitario que fungió como traductor. En la diligencia, la señora Cruz, por consejo de sus abogados, se abstuvo de declarar y solicitó rendir su declaración ministerial por escrito, ante el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales (UEIDAPLE), en la Ciudad de México. La solicitud fue aceptada por la procuraduría.

El día 27 de agosto de 2009, los abogados de AMARC tuvieron conocimiento de que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la UEIDAPLE, había determinado ejercitar acción penal en contra de la señora Cruz. Por ello, el 18 de septiembre de 2009 la señora Cruz presentó una demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Celaya, Guanajuato, en contra de todos los jueces federales en el Estado de Michoacán, por el posible libramiento de una orden de aprehensión. El mismo día, la demanda de garantías fue turnada al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien la radicó, la admitió y le asignó el número de expediente 761/2009. En la misma fecha, el juez de amparo le otorgó a la señora Cruz la suspensión provisional.

Mediante acuerdo de 28 de septiembre de 2009, publicado al siguiente día, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato les dio vista a la señora Cruz y a sus abogados, de los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables. Entre los informes se encontraban el del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, y el del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan.

El Juez Séptimo señaló en su informe, que por resolución interlocutoria del 27 de agosto de 2009, dictada dentro de la causa penal III-43/2009 instruida en contra de la señora Cruz, se declaró incompetente por razón del territorio para conocer de la citada causa penal. Manifestó que declinó su competencia a favor del juez de distrito en turno, con sede en Uruapan, Michoacán, pues en esa jurisdicción presuntamente se había cometido el supuesto delito. Remitió los autos en original y duplicado, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esa ciudad. El expediente fue turnado al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien el 10 de septiembre de 2009 ordenó abrir por separado un incidente para resolver la incompetencia planteada.

Asimismo, en su respectivo informe, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán señaló básicamente lo mismo que lo dicho por el Juez Séptimo; sólo agregó que al momento de rendir su informe no había emitido resolución alguna respecto del incidente de competencia, ni tampoco sobre la procedencia de la orden de aprehensión solicitada por el fiscal consignador. Ante esta circunstancia, la señora Cruz, por consejo de sus abogados, decidió desistirse de la demanda de amparo que interpuso. Mediante acuerdo de fecha cinco de octubre de dos mil nueve, publicado al día siguiente, el juez de distrito de amparo resolvió sobreseer el juicio de garantías con número de expediente 761/2009. Por medio del proveído de 22 de octubre del mismo año, el juez declaró que el auto anterior causo estado, pues la quejosa no interpuso el recurso de revisión en contra de la resolución de sobreseimiento.

Los abogados de AMARC-México le sugirieron a la señora Cruz que dejará pasar un tiempo prudente, antes de interponer una nueva demanda de amparo indirecto, para que el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, resolviera el incidente de incompetencia y lo relativo con la orden de aprehensión solicitada por la PGR. La señora Cruz estuvo de acuerdo con la recomendación de sus abogados.

El 6 de noviembre de 2009, la señora Cruz interpuso una nueva demanda de amparo indirecto ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Uruapan, en contra de una posible orden de aprehensión dictada por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. En la misma fecha, la demanda de garantías fue turnada a la Jueza Sexta de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien inmediatamente la radicó con el número de expediente 854/2009-I-S. En el mismo proveído, previo a la admisión de la demanda, la jueza federal previno a la quejosa para que aclarara ciertos puntos de su escrito inicial. Inmediatamente la señora Cruz desahogó la prevención, no obstante, la jueza de amparo, mediante acuerdo del 9 de noviembre, la tuvo por no desahogada por la falta de precisión en la información expuesta por la quejosa. Nuevamente la señora Cruz desahogó la prevención y la jueza, mediante proveído del 10 de noviembre, la tuvo por correctamente cumplida, por lo que determinó admitir a trámite la demanda de amparo, otorgar la suspensión provisional y requerirle a las autoridades demandadas, ordenadora y ejecutoras, sus respectivos informes previos y con justificación.

Mediante escrito de fecha 12 de noviembre de 2009, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán rindió su informe con justificación. El juez señaló que no era cierto el acto reclamado por la quejosa, pues el 23 de octubre de 2009, en la causa penal 106/2009-III, había determinado negar la orden de aprehensión solicitada por la PGR, en contra de la señora Rosa Cruz Rosas. El juez también señaló que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, había apelado su resolución, por lo que dicho recurso fue remitido al tribunal unitario en turno, del decimoprimer circuito judicial. Con estos elementos, la señora Cruz, por recomendación de sus abogados, decidió desistirse de su segunda demanda de amparo, el 19 de noviembre de 2009. Mediante acuerdo de la misma fecha, publicado el día 23 del mismo mes y año, la jueza de amparo decretó el sobreseimiento del juicio de garantías.

El recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público de la Federación fue turnado para su resolución, al Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito. El tribunal integró el toca 350/2009 y el 8 de diciembre de 2009 confirmó la decisión del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, en el sentido de negarle a la PGR la orden de aprehensión en contra de la señora Rosa Cruz Rosas. Con esta resolución, el juez federal instructor penal determinó regresar el expediente de la averiguación previa al agente del Ministerio Público investigador, para que continúe con la indagatoria. Al día de hoy, la averiguación previa está en etapa de perfeccionamiento.

MÉXICO Y LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

2008-05-05T18:39:00.000-07:00

“EXPERIENCIA DE MÉXICO ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS”. Autores: María del Mar Monroy García y Fabián Sánchez Matus. Miguel Ángel Porrúa, Konrad Adenauer Stiftung, LX Legislatura Cámara de Diputados. México 2007. 843 páginas.

Por Sergio Méndez Silva*

La inestabilidad política en el Continente Americano, y particularmente el conflicto político, social y diplomático generado por la República Dominicana,1fue la razón por la que se convocó, en 1959, en Santiago de Chile, a la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. En esta reunión se considerarían dos asuntos prioritarios: la tensión internacional en el Caribe y el ejercicio efectivo de la democracia representativa en relación con los derechos humanos.

“En esta oportunidad, el ambiente fue políticamente más propicio para la adopción, en el marco del sistema interamericano, de medidas adecuadas para la promoción y protección de los derechos humanos, en efecto, además de una resolución concerniente a los principios que deberían gobernar el sistema democrático y otra que encomendó al Consejo Interamericano de Jurisconsultos el estudio de la posible relación que existe entre el respeto por los derechos humanos y el ejercicio efectivo de la democracia representativa, se aprobó una resolución que encomendó al Consejo Interamericano de Jurisconsultos la tarea de elaborar un proyecto de Convención sobre derechos humanos, y se resolvió crear –en el ínterin- una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya función sería promover el respeto de tales derechos.”2

Las bases de la composición y estructura de la Comisión Interamericana fueron consignadas en la segunda parte de la Resolución VIII de la Quinta Reunión de Consulta. Tendría siete miembros, independientes en su actuación, propuestos, por ternas, por los Estados miembros del Consejo de la OEA, pero actuarían a título personal. Además, esta misma resolución le encomendó al Consejo de la OEA que organizara a la Comisión y le señalara sus atribuciones.

El Consejo cumplió con el mandato de los ministros de relaciones exteriores el 25 de mayo de 1960, día en que aprobó el Estatuto de la Comisión. El artículo 2 estableció que la Comisión Interamericana sería un órgano autónomo de OEA.

Sus primeros miembros fueron electos el 29 de junio del mismo año. Finalmente, el 3 de octubre de 1960, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue instalada con la debida formalidad. Washington D.C., fue designada como ciudad sede.

Durante este proceso se presentó un proyecto que propuso que el Estatuto contemplara un procedimiento para el examen de peticiones o comunicaciones individuales, el cual no sería aceptado por la mayoría de los integrantes del Consejo.

Las facultades de la Comisión se limitaban exclusivamente a promover entre los Estados partes el respeto por los derechos humanos consignados en la Declaración Americana. Esto constituyó un impedimento para que la Comisión asegurara la protección de los derechos humanos; en otras palabras, quedó impedida de resolver sobre peticiones individuales.

No obstante sus limitaciones legales, la Comisión Interamericana, desde su primer período de sesiones, recibió una cantidad considerable de peticiones individuales.

La Carta de la OEA fue reformada en 1967, mediante la adopción del Protocolo de Buenos Aires. En virtud de esta enmienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se transformó en un órgano formal de la OEA, con lo que se consolidó definitivamente su base jurídica, y adquirió la legitimidad institucional y constitucional de la cual no había gozado.

La “convención interamericana” a la cual se refieren los artículos XV y XXIII del Protocolo de Buenos Aires, se adoptaría hasta 1969 y se le denominaría “Convención Americana sobre Derechos Humanos” o “Pacto de San José”. Con el paso del tiempo la Convención Americana se convertiría en un instrumento de referencia e invocación necesaria para todo defensor de los derechos humanos en América.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue adoptada en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, que se realizó del 7 al 22 de noviembre de 1969, en San José de Consta Rica.3 Creó un nuevo órgano de protección de los derechos humanos: la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte tiene su sede en Costa Rica. Además, la Convención otorgó nuevas atribuciones a la Comisión Interamericana.

Existen dos sistemas de protección a los derechos humanos en el Continente Americano: uno para los Estados partes en la Convención Americana, basado en el mismo instrumento; y otro para los Estados que no son partes en la Convención, basado en la Carta de Bogotá y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

El sistema interamericano de protección de los derechos humanos basado en la Convención Americana es mucho más completo que el basado en la Carta de Bogotá. La Convención Americana otorga mayores facultades a la Comisión Interamericana y, lo más importante, crea al órgano judicial del sistema: la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

México ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 24 de marzo de 1981. El instrumento internacional fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981. Nuestro país reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1998. La Declaración de reconocimiento fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 1998, se depositó ante el Secretario General de la OEA el día 16 del mismo mes y año, y se publicó nuevamente en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1999.

La primera petición ante la Comisión Interamericana, en contra el Estado mexicano, se presentó el 26 de septiembre de 1986. Los peticionarios fueron Alejandro y Auro Cebrián Elizondo, dos hermanos neoleoneses, sometidos a tres procesos penales por fraude. Alegaban violaciones al debido proceso. El 23 de marzo de 1998, la Comisión emitió el informe sobre inadmisibilidad número 24/88, el motivo: los peticionarios no acreditaron las violaciones denunciadas. A partir de este momento, la relación entre México y el órgano protector de los derechos humanos ha sido verdaderamente intensa. Nuestro país es el segundo más denunciado ante la Comisión Interamericana.

Es en este contexto, que la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la fundación alemana Konrad Adenauer Stiftung y la casa editorial Miguel Ángel Porrúa, patrocinan y publican el libro intitulado “Experiencia de México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, de Fabián Sánchez Matus y María del Mar Monroy García, ex director general y ex directora de incidencia, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, organización especializada en el litigio ante el los órganos interamericanos de derechos humanos, con más de 18 años de experiencia.

El libro resulta novedoso y muy útil. Es novedoso porque representa el primer esfuerzo serio de investigación y análisis integral de la relación de nuestro país con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y es útil, porque compila y sistematiza todos los informes emitidos por la Comisión, de 1988 al 2006, respecto de México.

La primera parte del libro, expone, mediante un análisis estadístico, los datos duros de la experiencia de México ante la Comisión: a) los informes sobre peticiones individuales y sobre medidas cautelares: cuántos se emiten por año, promedio de duración del trámite de los casos, los estados de la República donde se cometen las violaciones, el contenido de los informes, etc; b) los comunicados de prensa de la Comisión respecto de México; c) la participación del sociedad civil.

La segunda parte desarrolla de manera clara, breve y didáctica las características y las atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: estructura, funciones, competencia, procedimiento, resoluciones, etc.

La tercera parte, es una compilación de: a) todos los informes emitidos por la Comisión respecto de México, de 1988 al 2006; b) los informes especiales sobre México, tanto de la Comisión en pleno, como de sus Relatorías; c) un glosario de los casos sobre peticiones individuales, medidas cautelares e informes especiales, en el que se indica el estado del país donde se cometieron las violaciones, las autoridades responsables, los derechos alegados por los peticionarios, los temas tratados, los derechos protegidos, etc.

Este libro, sin duda, es de gran utilidad tanto para los especialistas (litigantes, jueces, académicos) como para el público en general, pues contribuye con la difusión de las bondades y las fallas del sistema interamericano de promoción y protección a los derechos humanos, llena un hueco en la literatura sobre el tema y permite conocer, sobre bases objetivas, la naturaleza de la relación de México con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

* Abogado defensor de los derechos humanos. Ex integrante de la Dirección Jurídica de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. y del Programa de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. Abogado del Comité 68 Pro Libertades Democráticas A.C, Trabajó como abogado consultor de la organización internacional Women´s Link Worldwide.
1 El dictador dominicano, Rafael Trujillo, además de ser un violador implacable de los derechos humanos de su pueblo, brindó apoyo a elementos rebeldes y colaboró en acciones que culminaron con el intento de asesinato del Presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt. Este incidente provocó que la VI Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en San José de Costa Rica en agosto de 1960, decidiera imponer sanciones contra la República Dominicana. Las sanciones consistieron en la ruptura de relaciones diplomáticas e interrupción parcial de relaciones económicas. En 1961, Trujillo fue víctima de un atentado, con la participación decidida de los Estados Unidos. Cfr. REMIRO BROTONS, Antonio, op. cit. supra, nota 43, p. 131; Cfr. GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo y Marcos ROITMAN ROSENMANN (Coordinadores), La democracia en América Latina. Actualidad y perspectivas, 1ª ed., La Jornada ediciones en coedición con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en ciencias y humanidades (UNAM), México, 1995, p. 659.
2 FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor, El sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Aspectos institucionales y procesales, 2ª ed., Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José (Costa Rica), 1999, p. 50.
3 Cfr. HITTERS, Juan Carlos, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Editora Comercial, Industrial y Financiera, Argentina, 1991, Tomo II, pp. 20 a 23.